Con el ingreso al Senado del proyecto de Modernización Laboral, el oficialismo ya diagramó el debate en la cámara que preside la vicepresidenta Victoria Villarruel. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, busca una sanción rápida: su objetivo es que la iniciativa obtenga aprobación durante diciembre.

El primer paso será conformar las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que quedarían bajo la órbita de Bullrich y de Ezequiel Atauche, respectivamente. Con el control del debate en manos de La Libertad Avanza, el oficialismo marcará el ritmo de la discusión y definirá qué propuestas de la oposición se aceptarán, incluidos eventuales invitados o pedidos de informes al Poder Ejecutivo o a organismos nacionales e internacionales vinculados al mundo laboral.

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Villarruel, a través del secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, ya convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el martes 16 de diciembre a las 11, con el objetivo de coordinar el tratamiento del proyecto. Ese mismo día se reunirán las comisiones. Los tiempos son ajustados por los feriados de Navidad y fin de año.

A esa reunión de jefes de bloque asistirá el cordobés Luis Juez, quien dejó el PRO y conformó un monobloque denominado Frente Cívico. Será un aliado de los libertarios. Así, Bullrich reúne ya 21 senadores, mientras que el sector “amarillo”, conducido por Martín Goerling Lara, quedará reducido a tres.

Primeras posiciones

“Es muy necesaria la reforma”, sostuvo el senador libertario Francisco Paoltroni en diálogo con TN. “Hace 12 años que Argentina no genera empleo. De hecho, ha decrecido. Hay cinco o seis millones de trabajadores sin ningún tipo de derechos. Esta modernización es sumamente necesaria para revertir estos números. No hay argumentos para que (la ley) no se apruebe rápidamente. Tiene que generar formalidad, nuevas contrataciones y motorizar el crecimiento del país”.

Desde el peronismo, que ayer se reunió con la CGT y hoy con la CTA, la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) advirtió que la reforma debe iniciar su tratamiento en Diputados por incluir materia impositiva y derogar una decena de leyes tributarias.

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“El Senado no puede aceptar una iniciativa que, por mandato constitucional expreso, debe comenzar en Diputados. La Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: garantiza el equilibrio institucional. El artículo 52 es claro respecto al origen de las leyes de impuestos. Eludir este procedimiento vulnera competencias exclusivas y puede anular el proceso judicialmente”, afirmó.

Moisés agregó: “Antes de debatir el contenido, tenemos la obligación institucional de garantizar la constitucionalidad. Si el Ejecutivo incluyó materia impositiva, el Senado no puede abrir el tratamiento. El Congreso es el único órgano facultado para legislar en derecho laboral (artículo 75 inciso 12). Rige el principio de progresividad y las modificaciones deben ser razonables, proporcionales y orientadas a proteger al trabajador y al sistema de seguridad social”.

Rechazo de la CGT

La conducción de la CGT ratificó su rechazo al proyecto tras reunirse ayer con la bancada de Unión por la Patria (UxP), que encabeza José Mayans. Durante dos horas, el triunvirato integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), junto a referentes como Gerardo Martínez (Uocra) y Norberto Di Próspero (Legislativos), analizó la iniciativa con senadores opositores.

El senador Mariano Recalde, vocero del encuentro, afirmó: “Nuestro bloque no va a apoyar ninguna propuesta que perjudique a los trabajadores y a sus organizaciones”. Y agregó: “Acordamos trabajar unidos y sumar voluntades para ampliar el espectro opositor frente a esta reforma regresiva, que busca abaratar el trabajo, generar mano de obra esclava y facilitar los despidos más que las contrataciones, en este contexto económico”.

Los puntos en discusión

El proyecto del Ejecutivo introduce cambios en el régimen de indemnizaciones, reduciendo la base de cálculo. Se eliminan las vacaciones, el aguinaldo, propinas y premios de la fórmula.

La remuneración “normal y habitual” se define como la devengada al menos seis meses en el último año. Además, se fijan topes: la base no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable, con un piso del 67% de ese valor. “La indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido”, sostiene el texto.

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La iniciativa crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un sistema obligatorio para financiar las indemnizaciones por despido. También incorpora un “banco de horas”: empleador y trabajador podrán pactar la compensación de horas extra, por escrito y de manera voluntaria.

En materia salarial, se introduce el concepto de “salario dinámico”, que podrá fijarse por tiempo o rendimiento, por unidad de obra, comisión individual o colectiva. Las remuneraciones podrán liquidarse en pesos, moneda extranjera o en especie.

El oficialismo pretende dar este debate durante las sesiones extraordinarias, que van del 10 al 30 de diciembre. La semana próxima, con la conformación de las comisiones, buscará acordar con el resto de los bloques los tiempos para llevar la reforma al recinto, tras la firma de los dictámenes correspondientes.

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Conforme a

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La acusación sostiene que la entidad deportiva retuvo impuestos y contribuciones previsionales sin depositarlos en tiempo y forma, generando un perjuicio fiscal que asciende a $7.593.903.512,23.

La denuncia, firmada por Vanina Mariel Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, detalla que la AFA habría incurrido en la omisión de ingresar al fisco los montos retenidos, superando el umbral de $100.000 mensuales establecido por el Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430.

La denuncia especifica que las retenciones impositivas correspondientes a agosto y septiembre de 2025 permanecían impagas al 10 de diciembre de 2025, mientras que las de la seguridad social fueron ingresadas fuera del plazo legal, entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

Según la información de la División Recaudación Grandes Contribuyentes, el monto total de retenciones impositivas no ingresadas a término es de $916.005.301,41, distribuido entre IVA, Impuesto a las Ganancias y Ganancias Artículo 79, de los meses de agosto y septiembre de 2025.

Las retenciones de contribuciones de la seguridad social, ingresadas con posterioridad al vencimiento legal, alcanzan los $6.677.898.210,82, cubriendo el período de diciembre de 2024 a septiembre de 2025.

La denuncia subraya que la AFA, inscripta como asociación civil y dedicada a “servicios de asociaciones NCP”, no registra antecedentes penales previos. La DGI identifica como responsable principal a Claudio Fabián Tapia, presidente de la entidad, en su calidad de agente de retención y administrador de clave fiscal.

El escrito enfatiza que los fondos retenidos “no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente con la finalidad de solventar otras obligaciones de la sociedad”, y que el elemento subjetivo del delito, el dolo, se encuentra presente.

Finalmente, ARCA sostiene que la conducta denunciada se ajusta a la figura penal de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, citando el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La denuncia establece la competencia de la Justicia Nacional en lo Penal Económico y concluye que la acción de la AFA “pone en riesgo la actividad financiera del Estado”.

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