POLITICA
García-Mansilla enfrenta una cautelar y desata tensión en la Corte tras el rechazo del Senado

La designación de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema por decreto presidencial desató un conflicto institucional de alto voltaje político y judicial. A pesar de haber prestado juramento y estar participando activamente del máximo tribunal, una medida cautelar dictada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, lo obliga a abstenerse de firmar resoluciones por 90 días, mientras se analiza la legalidad de su nombramiento.
La medida llega luego de que el Senado rechazara con 51 votos negativos el pliego del magistrado en una sesión que también se pronunció en contra de la designación de Ariel Lijo. Ambos habían sido propuestos por el presidente Javier Milei y designados en comisión a través del decreto 137/2025. Sin embargo, Lijo nunca llegó a asumir, mientras que a García-Mansilla se le tomó juramento, generando una grieta interna en la Corte.
El presidente Milei y su entorno insisten en la legalidad del decreto, amparándose en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución, que permite nombrar jueces en comisión en circunstancias excepcionales. Pero el caso tomó un giro judicial cuando un amparo colectivo impugnó la medida, y Ramos Padilla ratificó su competencia en el expediente, rechazando los planteos del Gobierno, incluida su recusación y el intento de trasladar el caso al fuero contencioso administrativo.
La reacción del Gobierno al rechazo de los pliegos de Lijo y García Mansilla: “El Senado es el refugio de la casta”
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que García-Mansilla continuará en funciones hasta el 30 de noviembre de este año, como lo establece el marco legal para los jueces designados en comisión. Pero la situación se volvió más compleja: más de 40 juristas y constitucionalistas firmaron un documento en el que solicitan su cese inmediato, argumentando que su permanencia compromete la legitimidad institucional del tribunal.
En paralelo, dentro de la Corte Suprema reina la cautela. García-Mansilla habría planteado informalmente a sus colegas un pedido para “revalidar” su cargo, pero hasta el momento no formalizó el pedido. Sus tres compañeros, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no emitieron un pronunciamiento oficial, aunque son conscientes del riesgo que implica la firma de fallos por parte de un juez cuya legitimidad está judicialmente cuestionada.
El impacto de este conflicto excede lo político. El tribunal tiene en agenda causas de alto voltaje institucional, como el caso Vialidad que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner, y cualquier resolución firmada por el nuevo integrante del máximo tribunal podría ser impugnada, abriendo un frente de judicialización sin precedentes.
Ramos Padilla ordenó que la Corte no le dé participación a García-Mansilla tras el rechazo del Senado
Uno de los jueces con más trayectoria, Ricardo Lorenzetti, se expresó públicamente y dejó clara su postura: “Nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo en una entrevista con Eduardo Feinmann, recordando que ya había rechazado ese mecanismo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Desde el oficialismo sostienen que la medida cautelar no invalida la validez de los fallos firmados por él.
García-Mansilla, por su parte, ya presentó un escrito ante el juzgado de Ramos Padilla en el que rechaza su competencia, argumentando que un juez no puede remover a otro, y que la cuestión corresponde al ámbito del juicio político.
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POLITICA
El Gobierno prepara la denuncia contra los detenidos por la violencia afuera del Congreso y no descarta la figura de terrorismo

El Gobierno prepara denuncias contra los manifestantes involucrados en los incidentes ocurridos este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso, durante las protestas contra el proyecto de ley de reforma laboral, mientras se desarrollaba el debate en el Senado.
Fuentes de Casa Rosada indicaron que las denuncias “se están terminando de formular”, mientras que desde el Ministerio de Seguridad Nacional marcaron las figuras que se iban a utilizar eran las de “atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones”.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló esta mañana a A24 que “en todo el operativo se detuvieron a 71 personas”. Estos se distribuyeron de la siguiente manera: 27 fueron detenidos en operativos realizados por Nación en las estaciones terminales, 20 fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad en la misma zona de la movilización y 24 fueron detenidos por las distintas fuerzas de seguridad nacionales en las inmediaciones del Congreso.
Los funcionarios nacionales indicaron que todavía no está determinado si se inicará algún tipo de denuncia o acusación por terrorismo. Y es que uno de los puntos de mayor tensión durante la movilización de ayer fue la imagen de un grupo de personas preparando y arrojando bombas molotov a los efectivos policiales.

“Quienes atacan con piedras y bombas molotov a efectivos policiales no son delincuentes, son terroristas”, había tuiteado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ayer durante el desarrollo de los incidentes. En Seguridad Nacional marcan que todavía no se identificó a ninguna de las personas que participaron de estos hechos ni una confirmación exacta de a qué organizaciones responden.
“Es complejo identificar grupos con estas características violentas”, marcó la ministra esta mañana en una entrevista televisiva. Al ser consultada, Monteoliva marcó que se podría tratar de “una ala de la izquierda combativa, los que se autodenominan antisistema, los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que podían tener las bombas molotov”. “Había un grupo de socialistas beligerantes. Los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas”, agregó.
En el Gobierno confirman que no habrá denuncias particulares contra integrantes de la Confederación General de los Trabajadores (CGT). “Se corrieron, estaban negociando mientras los demás tiraban bombas molotov. Entendieron que no había que escalar el nivel de violencia”, afirmó un funcionario nacional a Infobae.
Monteoliva informó que se están resguardando todas las imágenes y que ya se solicitaron a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las identificaciones. La ministra atribuyó los hechos a “decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir al personal y generar caos”, aunque no se presentaron pruebas ni se precisó la vinculación partidaria. “Las van a pagar”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.
En el Ministerio de Seguridad de la Ciudad consignan que hubo 20 detenciones durante el operativo de ayer que quedaron a disposición de la Unidad Flagrancia Este. De este grupo de personas, ayer a las 23 horas se liberaron a cinco personas, que quedaron a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas la enorme mayoría sea puesta en libertad.

Como otro de los saldos, tres policías fueron heridos, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con perdido de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano. Los otros dos fueron traumatismo en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.
El Gobierno consignó que se produjeron roturas de baldosas en la Plaza del Congreso, incendios de contenedores y lanzamiento de objetos contra el vallado policial. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires estimaron en $270 millones el costo de la reparación del espacio público dañado durante la protesta. En total, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del Congreso y se desplegó un operativo especial de limpieza. También hubo roturas y vandalismo tanto en calles como en veredas de la zona.
Finalizada la movilización, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana puso en marcha un operativo de limpieza que contó con la participación de 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.
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POLITICA
Tras la media sanción de la reforma laboral, la CGT se reúne hoy para definir si convoca a un paro general

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) definirá este lunes si convoca a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado y que comenzará a tratarse esta semana en la Cámara de Diputados. La reunión del Consejo Directivo fue adelantada en medio del malestar sindical por el avance del oficialismo.
Uno de los cotitulares de la central, Cristian Jerónimo, aseguró que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. La definición formal quedará en manos de la conducción, que se reunirá de manera virtual, a las 11.
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La central obrera endureció su postura en las últimas horas, luego de que distintos gremios reclamaran una reacción frente al tratamiento legislativo del proyecto. El Frente de Sindicatos Unidos —integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA— ya anunció un paro con movilización al Congreso para el día del debate en Diputados.
El anuncio se produce en un contexto de tensión interna entre los sectores más dialoguistas y aquellos que reclaman una medida inmediata. La discusión se aceleró ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se adelante.
Presión sindical y mensaje a Diputados
Jerónimo envió un mensaje directo a los legisladores nacionales. “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”, dijo.
En la previa de la reunión, el dirigente insistió en que la central obrera usó todas las herramientas disponibles para intentar acordar. “Agotamos las instancias de diálogo por la reforma laboral, hablamos con gobernadores y senadores. El Gobierno quiere ser el verdugo, romper los derechos y conquistas de los trabajadores, el proyecto es una construcción de relato para tapar otras cosas”, sostuvo en Radio Con Vos.
También cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa. “Es una locura, va en contra de los derechos de los trabajadores. Tiene una redacción maliciosa, carga ideológica, va en contra de los derechos laborales. Se hizo para tapar el fracaso del plan económico del Gobierno”, afirmó.
Los puntos en conflicto de la reforma
El rechazo sindical se concentra en las modificaciones sobre indemnizaciones, jornada laboral, derecho de huelga y funcionamiento de las asambleas sindicales. También generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, que contempla una reducción de hasta el 50% del salario en determinados casos.
Desde el Gobierno defendieron esos cambios. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”. Además, sostuvo que la medida busca limitar licencias prolongadas que generaron “costos ocultos” para las empresas.
Para Jerónimo, el ministro “dijo claramente que quieren romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores”.
Qué puede pasar en el Congreso
La reforma laboral comenzará su debate en comisiones de Diputados esta semana, aunque la fecha de sesión aún no fue confirmada. El oficialismo busca acelerar el tratamiento, mientras que en la oposición dialoguista persisten dudas sobre algunos artículos.
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En ese escenario, la CGT evaluará si formaliza un paro nacional de 24 horas como herramienta de presión política y legislativa. La decisión quedará definida tras la reunión de este lunes.
“Vamos a exigirle a la CGT un paro con movilización”, adelantó Abel Furlán, secretario de la UOM, en declaraciones a Futurock, y alertó que “la gente se empezó a dar cuenta de que esto es pérdida de derechos”
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Victoria Villarruel se reunió con un gobernador opositor y escala su interna con el Gobierno

La vicepresidenta Victoria Vilarruel, sigue enfocada en ampliar sus márgenes de autonomía en medio del largo conflicto larvado que mantiene con el presidente Javier Milei y su entorno.
Este sábado, como parte de esa agenda, mantuvo un encuentro con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el marco de un festival provincial.
Quintela es uno de los gobernadores peronistas que no mostraron cercanía al Gobierno desde que este asumió en diciembre de 2023. Se lo vincula al sector de la oposición dura.
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La acción de Villarruel se da un contexto de aislamiento de la vicepresidenta por parte del Ejecutivo Nacional y sus legisladores libertarios en el Senado.
A su vez, el gobernador de La Rioja también se encuentra en una situación de aislamiento, al igual que otros gobernadores como los de Tierra del Fuego, Formosa y Buenos Aires.
Victoria Villarruel declaró ante la prensa provincial que “el objeto es que sientan que pensamos en ustedes, que sepan que en Buenos Aires los tenemos presentes”.
De esta manera, la vicepresidenta y presidenta del Senado confronta con la agenda de Javier Milei, estructurada alrededor del antagonismo político con los gobernadores y dirigentes que no compartan sus ideas, y lo hace haciendo de ambulancia para algunos de estos políticos, muchos de ellos peronistas y en crisis de liderazgo en su espacio político.
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