La CGT buscará este primer mes de 2026 torcer el destino de la reforma laboral de Javier Milei: intentará forzar cambios en el proyecto y, de todas formas, presionará para que fracase su sanción legislativa.

Será una carrera contrarreloj en la que también incidirá la interna sindical. El ala dialoguista, mayoritaria en la cúpula cegetista elegida el 5 de octubre, negociará en varios frentes sin acelerar los tiempos de un nuevo paro general, pero el sector duro no aceptará una versión atenuada de la reforma laboral y apurará la realización de las protestas para desgastar al Gobierno, en una decisión teñida por la carrera hacia 2027.

El triunvirato de la CGT tiene un claro signo dialoguista, ya que esa es la impronta de Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), pero, sobre todo, el mismo sesgo negociador es característico de quienes impulsaron sus designaciones en el máximo peldaño cegetista, que, aun en un segundo plano, ejercen una influencia decisiva en la estrategia que lleva adelante la central obrera.

A Argüello lo apadrina Hugo Moyano (Camioneros), Sola fue promovido por “los Gordos” Héctor Daer (Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio) y Jerónimo logró su encumbramiento gracias al apoyo de Gerardo Martínez (UOCRA) y un sector liderado por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria). En todos los casos, se trata de dirigentes de estirpe dialoguista que estuvieron aliados en la anterior conducción de la CGT, aunque Daer mantuvo (y mantiene) una postura más intransigente contra el Gobierno, que, según sus rivales internos, obedece al hecho de que es uno de los principales pilares sindicales de Axel Kicillof.

De los 36 sindicatos que integran el Consejo Directivo de la CGT, hay 10 más identificados con posturas ultraopositoras, como, por ejemplo, los alineados con el kirchnerismo (UOM y bancarios), los del transporte (Dragado y Balizamiento, Aeronavegantes y La Fraternidad) y algunos que mantienen una feroz disputa con el Gobierno como UATRE, cuya poderosa obra social está intervenida por la administración Milei.

¿Quiere decir que los 26 sindicatos restantes de la cúpula de la CGT sostienen una postura dialoguista a rajatabla? Todos los dirigentes más moderados buscan negociar, pero ninguno da muestras de querer inmolarse en ese intento si finalmente no logra resultados. Uno de los ejemplos es el de UDA, que lidera Sergio Romero, de buena llegada al Ministerio de Capital Humano, pero que este año se convertirá en combativo si no hay mejoras para los salarios docentes o se confirman las medidas del Gobierno que jaquean el financiamiento educativo.

Por eso será clave lo que suceda este mes de enero con la reforma laboral. La CGT, con mayoría dialoguista, buscará todos los caminos posibles para introducir cambios en el proyecto oficial porque algunos artículos dinamitan el poder sindical, su financiamiento o afectan derechos de los trabajadores. Eso quiere decir que se reforzarán las reuniones con gobernadores y legisladores con el fin de asegurar que Milei no tenga los votos suficientes en el Congreso para sancionar la iniciativa tal como está.

De la misma forma, la dirigencia cegetista apelará a sus fluidos contactos con el sector político del Gobierno (el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem, Martín y Lule, alineados con Karina Milei) para tratar de que la reforma laboral sea menos “hostil” hacia el gremialismo.

Aun así, parece imposible que la CGT avale la reforma laboral aunque quede una versión pasteurizada, de la misma forma que no lo hizo cuando se sancionó la Ley Bases, pese a que la presión sindical había conseguido, a través de las gestiones del diputado Miguel Angel Pichetto, que el Gobierno accediera a eliminar 42 artículos del capítulo laboral del proyecto que eran objetados por los gremialistas, como una forma de garantizar la aprobación parlamentaria de la iniciativa.

Lo más probable es que, aunque la CGT consiga desactivar varios artículos de la reforma laboral que rechaza, igual se decida avanzar en marzo hacia otro paro general para descomprimir las tensiones internas y graficar el rechazo conceptual del sindicalismo a cualquier intento de modificar las leyes laborales.

Por algo en la movilización cegetista del 18 de diciembre a la Plaza de Mayo sus cotitulares anticiparon que si el Gobierno no accedía a negociar la reforma laboral iban a concretar otra huelga general. Fue una amenaza dirigida a los funcionarios libertarios y, a la vez, una forma de atajar eventuales reclamos a viva voz de los manifestantes de un paro contra Milei, algo que habría puesto en aprietos a esta CGT de signo dialoguista.

Sin embargo, el factor político-electoral pesará en este tablero dominado por la reforma laboral. Hay dirigentes de la CGT que están apostando al proyecto presidencial de Kicillof y actuarán en sintonía con ese objetivo, lo que implica multiplicar las protestas sindicales y ganar la calle para debilitar a Milei.

En estas filas se visualiza el mes de marzo como decisivo: prevén que, tras el efecto apaciguador del receso veraniego, habrá más cierre de empresas y despidos de trabajadores, lo que configurará un escenario ideal para embestir contra el Gobierno.

Los dirigentes menos entusiasmados con el proyecto Kicillof Presidente, de todas formas, tampoco se mantendrán pasivos si la Casa Rosada decide imponer en el Congreso una reforma laboral sin cambios.

En ese caso, los dialoguistas y los duros se unificarán sin matices. Unos y otros buscarán hacer todo lo posible para cerrarle el paso al plan reeleccionista de Milei y soñar juntos con el regreso al poder en 2027.

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Javier Milei tiene decidido mantener sus giras por todo el país en este 2026. Es por eso que comunicó que los primeros destinos que visitará en este nuevo período serán Córdoba y Buenos Aires.

El Presidente visitó ambos lugares en más de una oportunidad durante el 2025, en plena campaña electoral.

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La confirmación de los viajes la hizo el propio Milei a través de sus redes sociales. “Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?“, le preguntó un usuario a través de X. Su respuesta no tardó en llegar: ”1) Córdoba, 2) Buenos Aires».

Según fuentes consultadas de LLA, todavía no hay fecha oficial para ninguno de los dos viajes. Sin embargo, en Córdoba se espera que durante la organización del evento —que podría ser un acto o recorrida— tenga participación Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

El paso de Milei por Córdoba y Buenos Aires en 2025

La última vez que Milei visitó Córdoba fue a mediados de diciembre de 2025, para recorrer la provincia con el “Tour de la Gratitud”, una manera que ideó La Libertad Avanza para festejar el triunfo en las elecciones nacionales de medio término.

En ese momento, el Presidente estuvo acompañado por Bornoroni, Gonzalo Roca (que encabezó la lista libertaria en ese territorio) y por Karina Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia.

Todos ellos encabezaron una caravana que recorrió las calles cordobesas, que también tuvieron la presencia de los seguidores libertarios.

Para el oficialismo era importante volver a Córdoba, ya que en octubre Roca se impuso con el 42.35% de los votos en las urnas, sobre el exgobernador Juan Schiaretti y Natalia De la Sota, hija del exgobernador José Manuel De la Sota.

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Por otro lado, el Presidente realizó más de una caravana en Buenos Aires, territorio liderado por Axel Kicillof. La última ocurrió el 17 de octubre, en Tres de Febrero.

Durante todas las recorridas del mandatario en esta provincia hubo tensión entre los manifestantes que apoyan al Gobierno y aquellos que pertenecen a la oposición.

Este último caso no fue la excepción: antes de la caravana hubo empujones entre los militantes de La Libertad Avanza y las personas en contra del oficialismo. Para evitar mayores problemas, Gendarmería se interpuso entre ambos sectores.

Tras esa situación, Milei llegó acompañado por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el primer candidato a diputado, Diego Santilli (que luego fue designado como ministro del Interior); Karina Milei y Cristian Ritondo, representante del PRO y jefe del bloque de ese espacio en Diputados.

El Presidente caminó entre los manifestantes, rodeado de un fuerte operativo de seguridad, escoltado por camionetas. Tras relacionarse durante unos metros con sus seguidores, el mandatario se subió a la caja de unas de uno de los vehículos que estaban presentes y habló a través de un megáfono. “El kirchnerismo quiere un país de bárbaros”, aseguró.

Para el oficialismo, la presencia en PBA es importante, ya que intenta desde principios de años mostrar músculo político para poder disputarle el poder a Kicillof en 2027.

Javier Milei, Córdoba, Buenos Aires

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara un aumento salarial para los altos funcionarios de su Gobierno nacional, que no lo incluiría a él y a la vicepresidente, Victoria Villarruel, la medida fue oficializada en el Boletín Oficial. No obstante, no se confirmó de cuánto será la suba que percibirán.

Por medio de la publicación del Decreto 931/2025, el jefe de Estado aprobó la modificación en el esquema salarial, que llevaba congelado desde diciembre de 2023. Asimismo, se instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a implementar “un nuevo sistema del empleo público en el ámbito del Sector Público Nacional”.

De esta manera, se solicitó una modificación en los “mecanismos de ingreso por mérito, evaluación periódica del desempeño, movilidad basada en competencias y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad y funciones, garantizando la transparencia, la igualdad de oportunidades y la profesionalización de la dotación“.

Por este motivo, informaron que, a partir de este mes, se traslada el porcentaje acumulado de aumentos salariales negociados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional —convenios aprobados en fechas específicas entre enero de 2024 y julio de 2025— a las retribuciones de los ministros, secretarios, subsecretarios y a funcionarios de rango equivalente.

A pesar de esto, aclararon que “los incrementos a los que se hace referencia por el presente artículo no serán de aplicación para los cargos de Presidente de la Nación y Vicepresidente de la Nación”. Asimismo, subrayaron que esta norma no tendrá efectivos retroactivos.

En el considerando, las autoridades explicaron que la decisión de aprobar los incrementos se sustentaron, por un lado, por el tiempo que estuvo vigente el congelamiento y, por otro lado, por el saneamiento que se logró hacer en las cuentas públicas a lo largo de la gestión.

“Se han logrado acumular 22 meses de superávit fiscal”, destacaron al agregar que la sostenibilidad demostrada por el programa económico generó un descenso en el índice de pobreza. En este sentido, valoraron que la situación de emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social se había estabilizado para finales de 2025.

A pesar de esto, una de las cláusulas claves determinó que, si el Ministerio de Economía constatara públicamente la existencia de déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones mencionadas “quedarán automáticamente congeladas” y quedará suspendida la aplicación de nuevos incrementos, incluso aquellos ya aprobados.

“La suspensión operará de pleno derecho, sin necesidad del dictado de un acto administrativo, y se mantendrá vigente hasta tanto se restablezca el resultado fiscal financiero superavitario”, dictaminaron. Asimismo, se facultó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a reglamentar las normas necesarias para aplicar la norma.

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Incluso, el documento invitó al Poder Judicial de la Nación, al Poder Legislativo Nacional, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de congelamiento de las retribuciones para sus propias autoridades en contextos de déficit dentro de su jurisdicción.

Por último, derogaron el artículo 4° del Decreto N° 235, vigente desde el 9 de marzo de 2024. La misma había sido aprobada con la intención de que las retribuciones de los altos funcionarios del Gobierno nacional quedaran congeladas, según los montos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2023.

En ese momento, las autoridades habían señalado que se trataba de una de las tantas medidas adoptadas “tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr una eficiente y eficaz asignación de los escasos recursos disponibles”.

“Frente a ese gravísimo cuadro de situación, no hay más alternativa posible que el ajuste de las cuentas y de las finanzas públicas, en especial, de aquellos que han asumido responsabilidades políticas superiores”, subrayaron al hacer referencia al 211,4% de inflación interanual para finales de 2023.

De la misma manera, apuntaron que “la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en dar el ejemplo”, tras confiar que la situación económica heredada de la antigua administración era reversible.