El juez federal Sebastián Casanello procesó por corrupción a quienes encabezaron la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y sostuvo que el Estado pagó sobreprecios por $5.984.594.394,24 (unos cuatro millones de dólares), pero advirtió que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en los hechos que dio por probados en su fallo. El juez sospecha que hay otros delitos y otros responsables aún no identificados.

¿Hasta donde puede llegar la investigación? La génesis de esta causa son los audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, por entoces titular de la Andis, vinculaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei con un presunto “choreo” montado dentro del organismo. Los audios trascendieron en agosto del año pasado. La voz adjudicada a Spagnuolo dice que ya había puesto sobre aviso de lo que estaba pasando a Javier Milei, con quien tenía una relación cercana (llegó a ser su abogado personal).

Ni Menem ni la hermana del Presidente están bajo investigación en estos momentos y esos audios no fueron siquiera usados como prueba en el expediente (el fiscal Franco Picardi prescindió de ellos, consciente de que en caso de ser declarados ilegales, podrían hacer caer la causa entera).

En la resolución de este lunes, Casanello revela una comunicación donde dos de los presuntos jefes de la asociación ilícita que funcionó en la Andis parecen aludir de forma críptica a Menem y al riesgo de que Spagnuolo cometiera “una torpeza” que los complicara a todos.

Se trata de un mensaje enviado por Pablo Atchabahian a Miguel Angel Calvete, el 6 de junio de 2025, dos meses y medio antes de que trascendiera el audio adjudicado a Spagnuolo y se abriera esta causa. El mensaje parece aludir a la interna política libertaria entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem (aliados de Karina Milei). Atchabahian dice querer “alinear” a todos los jugadores, cerrar filas y evitar la indeseada “torpeza” del “pelado”.

“Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no?. Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo. Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo (…)”.

Casanello, en su fallo, identifica al “Helvético” como Sebastián Nuner Uner, a quien describe como un alto ejecutivo de la Droguería Suizo Argentina (de la familia Kovalivker) “de marcada influencia en el grupo” que encabezó la presunta asociación ilícita. El juez no dice quién sería “Rioja”, que es la provincia de la que proviene la familia Menem. Tampoco hace mención explícita a Santiago Caputo. Casanello cita este mensaje como una prueba de que las dos presuntas bandas que operaban en paralelo en la Agencia, la de Calvete y la de Atchabahian, actuaban “en bloque”, alineadas, para cuidar la estructura que les habilitaba sus negocios.

En los audios que motivaron la denuncia que dio origen a esta causa se escucha una voz, atribuida a Spagnuolo, que dice:

–A mí me están desfalcando la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía… Un delincuente que estaba en la gestión de Macri.

–Van a pedirle guita a la gente, a los prestadores. Yo fui y le dije: “Javier, yo estoy denunciando el choreo, y abajo tengo gente que va a pedir guita”.

–Este tipo tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube. Es un quiosquito de 20 o 30 mil dólares por mes.

–A Karina le debe llegar el 3%. Seguramente…

–Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear.

–Yo hablé con el Presidente. No corrigieron nada. Les dije: “Están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo, pero no me podés tirar este fardo”.

El abogado Mauricio D’Alessandro, defensor de Spagnuolo, dijo que los audios fueron “manipulados con inteligencia artificial”. Hoy, una causa investiga, en paralelo con el expediente de Picardi y Casanello, el origen de estas grabaciones.

En la causa hay una alusión a Karina Milei, que el fiscal Picardi había incluído ya en su dictamen del año pasado. Se trata de un chat en el que uno de los interesados en hacer negocios en la Andis dice, menos de un mes después de que Milei asumiera la Presidencia: “La agencia la va a Manejar Diego Spagnuolo el abogado de Milei. Hay que llegar a Karina Milei. Ella es quien define todo”.

Tuvieron éxito con el resultado buscado, no se sabe todavía cómo: Garbellini, uno de ellos, fue nombrado director nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

El mensaje fue en un grupo de chat liderado por Atchabahian, que contó que estaba intentado llegar además a otros políticos en busca de negocios (como Facundo Manes y Jorge Macri). El plan era “cuatro años más de gestión” y después, “todos a Tenerife”, según anunció Atchabahian antes del nombramiento de Garbellini.

Casanello, en su fallo, advierte que el “esquema delictivo” develado “pareciera tener márgenes aún difusos” e incluir otros hechos. No será él quien continúe al frente de la causa, que sí seguirá teniendo como fiscal a Picardi. Casanello interviene en este expediente como subrogante a cargo del juzgado federal 11, que no tiene juez titular. Su suplencia se termina este jueves. La Cámara Federal deberá sortear a otro magistrado para que se haga cargo del juzgado y todas las causas que se tramitan en él.

Como parte de los otros presuntos delitos todavía no revelados, Casanello sostiene que “dentro de la propia Andis existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”. Cita en este punto el llamativo crecimiento patrimonial de Garbellini, como un posible indicio de presuntos sobornos que hoy no están acreditados. Pero dice que los negocios a costa del Estado también podrían haberse extendido fuera de la Andis, “por ejemplo en lo que toca a Ornella Calvete y su círculo”.

Ornella Calvete es la hija de Miguel Angel Calvete. Hasta que estalló este caso, era funcionaria del Ministerio de Economía. Según el fallo de hoy, que la procesó, participaba de los negocios ilegales de su padre. En su casa se encontraron 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1960 euros en efectivo. Poco antes del allanamiento en el que se le secuestró este dinero, en un diálogo con su padre, Ornella Calvete se había mostrado preocupada por cómo justificaría esos billetes si la Justicia se los encontraba.

Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, fue procesada junto a 18 personas en un fallo del juez federal Sebastián Casanello en la causa por sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El escándalo volvió a la primera plana luego de que la Justicia difundiera fotos de los fajos de billetes que tenía en su domicilio la exfuncionaria.

Para la Justicia, Ornella Calvete era partícipe necesaria de los “negocios espurios” a través de su padre Miguel Ángel Calvete, también procesado y consignado como jefe de una “asociación ilícita”. En tanto que el exdirector de Andis Diego Spagnuolo fue acusado formalmente de haber cometido un “cohecho activo”.

La prueba contra la hija de Calvete, “cuyo origen guardaría relación con las maniobras investigadas”, fue hallada en un cajón del vestidor en un allanamiento a su departamento.

Se trata de importantes sumas de dinero en efectivo: 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1960 euros en efectivo. Ese monto ahora está embargado, según el fallo al que accedió .

El pasado 9 de octubre, Casanello había ordenado una batería de medidas a pedido del fiscal Franco Picardi. Fue así que la Policía Federal llegó al domicilio de la exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio, en el piso 34 de una lujosa torre a metros de Puerto Madero.

Durante el allanamiento al departamento de Calvete se encontró el dinero que, para los investigadores, sería el “ocultamiento de la ganancia ilícita administrada”. Entre las perchas, cajas de relojes TAG Heuer y habanos Partagas, estaba el efectivo.

La exfuncionaria después declaró que “nunca tuvo su disposición ni administración” de los billetes. Luego de los primeros procedimientos en la causa y un mes antes de la orden del juez, Ornella se mensajeó con su padre, preocupada por que fuera revisada por las autoridades.

“Hay 15 policías en planta baja. No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”, escribió haciendo referencia a Diego Spagnuolo, por entonces director de la Andis y ahora procesado. “Hacete la gila”, le contestó su padre. Al poco tiempo, ella avisó que fue una falsa alarma.

Miguel Ángel Calvete, empresario con pasado político y lobbista de las droguerías, ”contó con la colaboración de su hija, Ornella”, afirma la resolución judicial. Para los investigadores, ella “participaba de los negocios del padre en todas sus facetas” y era parte del grupo sospechado de ser una “asociación ilícita”, donde se aprovecharían su rol e influencias como funcionaria del Gobierno.

En el fallo se describe que Ornella Calvete “no sólo conocía el esquema delictivo operado por su padre”, sino que también participaba en la creación y gestión de nuevos negocios y ganancias, “cuya gestión y resguardo resultaban, en parte, también su responsabilidad”. Asimismo, el efectivo es para la Justicia “un indicio de ilicitud”, ya que “la parte subterránea de la operatoria necesitaba dinero físico para evitar su trazabilidad”.

Calvete hija fue procesada, sin prisión preventiva, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, se embargaron sus bienes y dinero por el monto de $94.288.025.418.

Por su parte, Calvete padre fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario y cohecho activo, en calidad de autor. Además, asociación ilícita, en calidad de jefe. Su embargo suma $203.072.992.394.

En total, el fallo de Casanello procesó a 19 personas y les embargó los bienes. El juez actúa como subrogante y pronto dejará la causa, pero advierte que el “esquema delictivo” develado “pareciera tener márgenes aún difusos” e incluir otros hechos.