El primer escándalo del año para la gestión libertaria se desató tras la publicación por decreto y sin trámite legislativo de una reforma en el sistema de inteligencia, que cosechó una catarata de críticas de parte de la oposición, que no solo cuestiona la modalidad de aplicación sino también el texto, con voces que denuncian que esto devendrá en persecución política a los detractores del Gobierno.

Uno de los puntos que más rechazo genera por estas horas es la parte del articulado que autoriza a agentes de inteligencia a realizar aprehensiones de personas. Entonces, en medio de la polémica, en el Gobierno aseguraron a que la SIDE -comandada por Santiago Caputo a través de Cristian Auguarda– está terminando de confeccionar un protocolo que regule esta cuestión en particular.

El decreto les reconoce a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

Desde la oposición rápidamente denunciaron un “Estado policial” que tendrá como fin la persecución, mientras que distintos partidos políticos, organismos de derechos humanos y constitucionalistas evalúan hacer presentaciones judiciales contra la normativa.

Fuentes de la Casa Rosada que trabajan en la aplicación de esta reforma dicen que se va a delimitar la posibilidad de que los agentes hagan aprehensiones en tres situaciones: en flagrancia; en caso de una operación conjunta con la Justicia en la que el Poder Judicial pida la aprehensión de un supuesto delincuente que puede ocasionar un riesgo; o en el marco de una operación de inteligencia, con posibilidad de aprehender a un civil que no esté sospechado ”con el único objetivo de proteger al personal o la operación».

Ante la consulta de sobre cómo se evitarán los posibles excesos, cuando todavía quedan una serie de puntos grises sobre la nueva normativa, desde el Ejecutivo aseguraron que el texto del protocolo precisará que todas las actividades de inteligencia deberán estar “expresamente aprobadas” por la SIDE y que parte de esa aprobación deberá incluir qué tipo de acción se llevará a cabo y qué personal va a estar afectado, para que solo esos agentes puedan aprehender en esa situación puntual, bajo el control de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que reemplaza desde la publicación del DNU a la División de Asuntos Internos.

Otro aspecto que encendió las alertas sobre el texto del DNU es que ante la “fuga de información clasificada” se habilite la ejecución de tareas de inteligencia sobre el periodismo. Al respecto, en Casa Rosada alegaron que el texto busca “evitar cualquier sospecha de ese tipo” y que el artículo 4 en su inciso 3 prohíbe “producir inteligencia nacional o contrainteligencia sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Por otro lado, fuentes al tanto de la reforma dijeron que la parte que ahora quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que comanda Manuel Adorni, que se llamará Centro Nacional de Ciberseguridad y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, no estará dentro del sistema nacional de inteligencia y será un organismo civil. Según el texto del decreto, actuará como autoridad nacional en materia de ciberseguridad.

Como justificativo para redireccionar esta área a Adorni, un ladero de la secretaria general, Karina Milei, fuentes de la Casa Rosada dijeron que pretendieron “aumentar la transparencia”, ya que los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del sector público nacional ahora serán controlados por la Jefatura de Gabinete, que es además la que comanda la actividad diaria de los ministerios, y no por la SIDE.

Por su parte, la oposición del kirchnerismo, la izquierda y el interbloque Unidos -que nuclea a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal- ya evalúa cómo avanzar a nivel legislativo contra el decreto. Distintos sectores políticos y sindicales coincidieron con que este texto es ilegal. La CGT expresó su rechazo.

“Imaginate un policía que no precisa ir de uniforme y que puede aprehender personas por presumir que atentan contra el orden constitucional. El riesgo es el espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder», advirtió la diputada nacional kirchnerista Teresa García, cercana a Cristina Kirchner.

El diputado nacional Esteban Paulón, del socialismo, dijo que este texto implica “chau transparencia y control” de los fondos reservados.

A las críticas se sumaron el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Myriam Bregman (izquierda), Jorge Taiana (kirchnerismo), entre otros dirigentes.

Ante el revuelo, el Gobierno publicó un comunicado en el que justificó los cambios y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió una nueva investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, entre otros, por los dólares y euros que la entidad recibió entre 2020 y 2021, pero que no liquidó en el mercado oficial de cambios. La cifra bajo la lupa supera los US$200 millones provenientes de la FIFA, Conmebol, empresas que tenían o tienen acuerdos con la institución y supuestas donaciones durante la vigencia del cepo.

La maniobra que investiga el BCRA abarca un período definido: 2020 y 2021. Es decir, la etapa previa a la contratación de TourProdEnter LLC, cuando la AFA recibía todos sus ingresos en cuentas bancarias dentro del país, donde imperaba el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y el “blue”. Los sabuesos del Central pusieron la lupa en esos movimientos y estudian una supuesta violación a la ley penal cambiaria. En ese entonces, Miguel Ángel Pesce era la principal autoridad en el Central y Martín Guzmán dirigía el Ministerio de Economía.

El sumario se centra en 131.384.828,36 dólares y 94.999.920 euros -unos US$110 millones al tipo de cambio entonces vigente– que la AFA no liquidó en el mercado único libre de cambios, según sospechan los investigadores del BCRA, a diferencia de otros exportadores de bienes y servicios locales.

En aquellos años de cepo, cabe recordar, múltiples actores económicos reclamaban tener otro tipo de cambio o un dólar diferencial para pesificar sus ingresos internacionales porque la cotización oficial tenía un valor más bajo que las paralelas, como el blue, contado con liquidación (CCL) o MEP. Perdían con la brecha. Un ejemplo de esto fue el “dólar soja”, que le permitió al campo entrar su dinero a un mejor precio.

consultó a fuentes de la gestión anterior en el BCRA, quienes indicaron que ya habían realizado una instrucción sobre la liquidación de divisas de AFA. “Esas instrucciones llevan tiempo y después pueden ser tomadas o no por la Justicia penal económica”, agregaron. Por su parte, representantes de la AFA no emitieron respuesta.

El sumario del BCRA se abrió durante la última semana de diciembre con los movimientos de dinero de la entidad de la calle Viamonte divididos en dos grupos. Uno lo componen los millones que ingresaron a las cuentas de la AFA, pero supuestamente bajo un código que los exceptuaba de ser pesificados al tipo de cambio oficial y, por tanto, más bajo.

“Cambiaron el rubro del dinero y lo pasaron a donación”, sostuvieron. Ese rubro permitía ingresar dólares al país, “pero sin liquidar”, explicó una de las fuentes consultadas. “Cuando estaban ingresados correctamente (los dólares) utilizaban el código S24 de ‘otros servicios personales, culturales y recreativos’. Es como un rubro de servicios, pero para el fútbol. Y después lo cambian por el código |08: ‘otras transferencias corrientes’. Y bajo ese nombre genérico, no lo liquidan”, especificó.

El segundo bloque de transferencias que recibió la AFA, en tanto, se agrupó bajo el rótulo “Monto pendiente de Ingresos y Liquidación”, que en palabras menos técnicas, alude a remesas que no pasaron por el Mercado Único Libre de Cambios, como también se analizan posibles operatorias con dólares financieros, como el “contado con liqui” o CCL.

La mayor cantidad de los fondos que recibió la AFA entre 2020 y 2021 que quedaron bajo la lupa provinieron de Adidas, uno de los mayores patrocinadores de la entidad de la calle Viamonte, según las fuentes con conocimiento del caso. Allí, los papeles muestran cobros de la AFA por 94.999.920 euros.

Por debajo de la marca de las tres tiras, el Banco Central colocó bajo la lupa los giros provenientes de la sociedad comercial Argentina Football Distribution LLC. A esta firma, vinculada al servicio de AFA Play y la transmisión de partidos en el extranjero, le adjudican transferencias por US$ 65 millones.

También relacionado a la transmisión de eventos, en el BCRA incluyeron un capítulo para los giros de dinero de Fox e Imágen Satelital. ¿La cifra? US$45 millones. “Hay un acuerdo conciliatorio en diciembre de 2020”, detalló una de las fuentes consultadas. “Armaron un cronograma de pagos que fue el 18 de enero de 2021, por US$30 millones, y el 31 de julio de 2021, por otros US$15 millones”, sumó.

Con números más bajos constan los montos que AFA recibió de la FIFA y de la Conmebol. La principal organización del fútbol mundial aparece con giros que sumaron US$6,2 millones y 498.163 euros, en tanto que las transferencias de la confederación sudamericana fueron por US$5,9 millones y 8,6 millones de euros. “Esto arranca por FIFA, porque es donde primero se detecta que tenés tres cobros bajo el código S24 y de repente aparece con el código 108 en el Banco de Servicios y Transacciones (BST)”, indicaron.

Las fuentes consultadas con acceso al sumario aclararon, sin embargo, que la investigación que abrió el Central no tiene entre los apuntados a las empresas u organizaciones como FIFA o Conmebol. Por el contrario, sólo concentra su mirada en la AFA y sus autoridades. A su vez, señalaron que el BCRA le solicitó documentación a la casa madre del fútbol argentino sobre estas operaciones en siete oportunidades desde septiembre del año pasado. “Respondieron, pero no lo suficiente”.