Mientras se desarrolla la sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, en las inmediaciones del Congreso se registran diversas manifestaciones en contra del Gobierno, como las habituales de los miércoles de grupos de jubilados, que vuelven a protestar en medio de un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad.

Según pudo constatar en el lugar, el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich dispuso como parte del operativo una importante presencia de móviles -entre ellos camiones hidrantes- y efectivos de infantería de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería y la Prefectura Naval Argentina (PNA).

En paralelo, el Gobierno porteño puso a disposición otro gran número de miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En la vereda de enfrente se encuentra Silvina, una abuela de Trelew (Chubut), que cada cuatro meses viaja a Buenos Aires junto con su nieta Ámbar para acompañarla en su tratamiento en el Hospital Garrahan.

“Acompañamos la lucha de los médicos, son muy importantes para nosotros. Estamos acá para acompañarlos a ellos y al establecimiento donde le salvaron la vida a mi nieta. Le pedimos a los diputados que aprueben la ley de emergencia por su pueblo y no por el Presidente”, dijo la mujer, en medio de la manifestación.

Como parte de la protesta, además, arribaron representantes del sindicato de Vialidad Nacional, cuya disolución dispuesta por el Ministerio de Desregulación quedó en suspenso tras la suspensión por 90 días de la medida por parte de la Justicia. Sin embargo, la oposición también incluyó una iniciativa que será votada en el recinto.

A la par, marcaron presencia grupos de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), así como también organismos de derechos humanos (como Abuelas de Plaza de Mayo) y representantes de colectivos de artistas.

Estos manifestantes protestaron por el tratamiento de una ley para resguardar el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación durante el vigente ejercicio fiscal; la reestructuración de organismos de la Secretaría de Cultura; y la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

De Liniers a la Plaza de Mayo, miles de manifestantes se movilizarán este jueves por el día de San Cayetano. A diferencia de otros años, la marcha finalizará con un acto de tono político frente a la Casa Rosada, con reclamos a la gestión de Javier Milei y cuestionamientos al ajuste y al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bajo el lema Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, impulsa la protesta la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) en alianza con sectores de la Iglesia, la CGT y las dos vertientes de la CTA. Se sumarán, además, agrupaciones de jubilados, estudiantes y organizaciones de Derechos Humanos. También se sumaría la organización kirchnerista La Cámpora.

Las columnas de los movimientos sociales partirán desde Liniers, en Cuzco y Rivadavia, y la intención es llegar a la Plaza de Mayo a las 14, cuando se prevé un acto de fuerte contenido político en el que se leerá un documento con críticas Milei. Habrá una parada intermedia en la plaza de Flores para hacer un homenaje al papa Francisco. La cúpula de la CGT se plegará a la movilización recién en Diagonal Sur, para el tramo final. Habrá aportes de militantes, pero será más que nada una adhesión simbólica.

“Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos”, dice la convocatoria de la Utep, liderada por Alejandro Gramajo, uno de los laderos de Juan Grabois y de fuerte vínculo con la Iglesia Católica.

En el documento, la Utep enumera razones por las que la movilización religiosa viró hacia una cuestión política.

“Nos movilizamos en un gran frente de unidad para enfrentar un proyecto que ataca a todo el pueblo argentino. Enfrentamos: el desguace sistemático de la Economía Popular y la estigmatización de sus trabajadores; el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste de un gobierno insensible; la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado; el desfinanciamiento planificado de la educación y la salud públicas, pilares de nuestra soberanía, mientras se benefician los grandes capitales y las corporaciones; la entrega de nuestra soberanía nacional a través de mecanismos como el RIGI, que regala nuestros bienes comunes a potencias extranjeras a cambio de nada; las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Sr. Lámelas, quien celebra el ajuste y promueve una agenda de entrega y subordinación, en una inaceptable injerencia externa en los asuntos internos de nuestra nación; a las políticas de endeudamiento con el FMI que son una condena a futuras generaciones y la pérdida de soberanía sobre la planificación de nuestra economía; un discurso de odio y negacionismo que desprecia nuestra historia, ataca la cultura y busca romper los lazos de solidaridad que son la base de nuestra comunidad; la creciente violencia y la política de hostigamiento y persecución hacia nuestros hermanos y hermanas migrantes, impulsada por un discurso de odio que busca crear chivos expiatorios, en abierta violación de nuestras tradiciones de acogida y de la propia Constitución Nacional; a la decisión de un gobierno que destruye la salud pública donde se atienden millones de trabajadores humildes que no cuentan con obra social y destruye instituciones que salvan vidas y son reconocidas por la comunidad internacional como el Garrahan”.