POLITICA
El Gobierno busca decidir sobre investigaciones del Conicet: “Priorizar lo técnico por sobre informes de Batman”

El Gobierno trabaja en un un decreto que lo habilite a decidir sobre las investigaciones que encara el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Entre otros, el organismo tiene a cargo trabajos sobre ciencias agrarias, exactas, naturales, sociales, de ingeniería y salud; y el Ejecutivo intentará tener participación en la definición de los proyectos.
“Lo que queremos es poder definir qué se investiga y qué no para priorizar lo técnico por sobre informes que hablan de Batman”, indicaron a TN desde Casa Rosada.
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Según detallaron, el texto ya transitó por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado presidido por Federico Sturzenegger-y el despacho de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
El Conicet está compuesto por 26.781 trabajadores: 11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2800 técnicos y 1400 administrativos, y tiene un presupuesto de $580.000 millones.
Si bien no hay precisiones sobre su publicación, otro decreto modificará el directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I).
Esta se encarga de financiar proyectos de investigación y pasará a estar compuesto de once miembros a solo tres que se designarán en los próximos días.
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Conicet,INVESTIGADORES ARGENTINOS,Javier Milei,STURZENEGGER
POLITICA
Ley de Glaciares: el titular de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales aseguró que “el resultado será la judicialización”

En una entrevista con Infobae a la Tarde, el director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, calificó de “inconstitucional” el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, tras participar en la primera audiencia pública, donde se registró la inscripción de más de 100 mil personas para exponer su preocupación por la protección del agua.
En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Nápoli mostró la cintita con sello de la Cámara de Diputados que lo acreditaba como expositor y destacó: “102 mil personas se inscribieron para participar. Es un estadio de River y un poco más”. Remarcó el carácter federal de la convocatoria: “Vimos testimonios de gente de todas las provincias, de todos los lugares”.
El conflicto por la nueva ley de glaciares y la masiva respuesta social
La jornada en el Congreso se inició con la presencia de 102 mil inscriptos para participar de las audiencias sobre la Ley de Glaciares, aunque solo 300 personas pudieron exponer en forma presencial. Napoli contextualizó: “Lo razonable hubiera sido reestructurar eso. Se podrían haber hecho audiencias simultáneas en el interior del país, en los lugares donde están las cuencas hídricas que más provisión de glaciares tienen”. Según explicó, la dimensión del interés social superó por mucho las expectativas iniciales: “Nosotros calculábamos 10 mil personas aproximadamente. Esto se expandió y da una idea del interés que representa”.
Durante la audiencia, Napoli subrayó la preocupación por el impacto de la minería de alta montaña: “No es que es no a la minería, es el 0,3% no a minería sobre glaciares, porque los glaciares no son compatibles con la actividad minera. Cuando la minería llega, el glaciar vuela por los aires”. Detalló que ese porcentaje del territorio nacional resulta clave para la provisión de agua en provincias como Mendoza, San Juan y Catamarca, donde se concentran proyectos de cobre que podrían habilitarse con la nueva ley.
En ese sentido, advirtió: “El resultado va a ser una judicialización, porque se van a judicializar cuando las provincias eventualmente planteen que este glaciar no es sujeto de protección porque no es reserva estratégica de agua, y después cuando se habilite el proyecto”. Criticó la urgencia política con la que se impulsa la reforma: “No estamos discutiendo ciencia, ni ambiente, ni minería. Estamos discutiendo política. Es una decisión política del Gobierno llevarla adelante”.
Riesgos constitucionales y acuerdos internacionales
El director de FARN sostuvo que el proyecto viola el piso mínimo de protección ambiental que debe fijar el Congreso según la Constitución. “Hoy las provincias son las titulares de los recursos naturales, pero no pueden hacer cualquier cosa con ellos porque el Congreso tiene la facultad de dictar el piso mínimo de protección”, explicó.

Además, Napoli mencionó que la iniciativa contradice acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que exige no retroceder en los niveles de protección ambiental, y el acuerdo con la Unión Europea, que prohíbe bajar estándares para atraer inversiones. “Estamos haciendo una apuesta de muy corto plazo que puede traer muchos problemas para adelante”, afirmó.
Consultado sobre la seguridad jurídica que buscan las empresas mineras, fue contundente: “No la va a haber, porque además las provincias están conscientes de que eso es así”.
El rol de IANIGLA y las dudas sobre el control provincial
Uno de los puntos más polémicos del debate es la transferencia de competencias al ámbito provincial. Napoli expresó su preocupación: “Si hoy tenemos un instituto que ha sido reconocido internacionalmente, no solamente por el trabajo, sino por el propio Inventario Nacional de Glaciares, su metodología es pública, todos la conocemos, y eso se lo pasamos a las provincias y no sabemos cómo van a operar”.
Describió la falta de transparencia en la selección de oradores para las audiencias y la incertidumbre sobre los criterios aplicados: “No se sabe por qué ni cómo le llegó ni de qué manera. Planteamos que la cuestión de la transparencia es muy importante en esto”.
Finalmente, recordó antecedentes negativos de la minería en zonas de glaciares, como el caso de Pascua Lama, clausurado en Chile por afectar ríos y vegas. “Esperemos que no se den acá”, advirtió.
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POLITICA
Antes de $LIBRA, Javier Milei y Mauricio Novelli promocionaron otra criptomoneda que terminó en fracaso

El teléfono de Mauricio Novelli, peritado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, es una caja de Pandora. Investigado en el marco del escándalo $LIBRA, no solo contiene documentos reveladores de los nexos creados entre los implicados y el entorno presidencial más cercano, sino que además expone una larga lista de acuerdos y convenios que terminaron rumbo al fracaso. Y $LIBRA no es el único.
En las voluminosas carpetas del peritaje al celular de Mauricio Novelli hay suficiente información sobre un proyecto que se gestó en 2021 y se lanzó en 2022: VULCANO.
En este caso, el negocio se presentaba como un videojuego que permitiría ganar dinero a través de su propia criptomoneda, el token $VULC. El videojuego nunca llegó a existir y fue calificado posteriormente como un fraude similar a otros de la época. Tras una breve subida de precio impulsada por la promoción, el valor del token colapsó y los desarrolladores abandonaron el proyecto, dejando a numerosos inversores perjudicados.

Cuando Milei ya era diputado nacional, el 18 de febrero de 2022, en uno de sus habituales posteos en X se dedicó a promocionar el activo digital de la empresa de videojuegos Vulcano, el emprendimiento de Novelli y su socio Jeremías Walsh
“Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, escribió.
Semanas después del posteo de Milei, $VULC perdió todo su valor.

El documento más antiguo data del 14 de diciembre de 2021 y es un acuerdo de locación de servicios por 60 días entre N&W Professional Traders y un programador, para que realice el desarrollo de software y programación del juego bajo la tecnología blockchain (“VULCANO”)
El pago por el trabajo fue en especies: 500.000 unidades de los activos digitales (tokens de VULCANO)
Quince días más tarde, el 29 diciembre de 2021, hacían alardes de contar con la figura de Milei para promocionar el negocio, vía redes sociales.

En uno de los documentos hallados dentro de los peritajes oficiales, a los cuales Infobae tuvo acceso, se detallan también los términos de un compromiso de adquisición de Tokens, fechado en enero de 2022.
Las partes son N&W Professional Traders (la empresa de Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) y un adquirente futuro. Es el modelo de contrato para el negocio.
Advierten los riesgos para quien acepte el acuerdo: “El adquirente reconoce y acepta que las inversiones en criptomonedas se encuentran sujetas a una serie de riesgos particulares entre los que se incluyen sin limitación: riesgos informáticos, técnicos o tecnológicos derivados de la funcionalidad, característica, uso y otras propiedades técnicas de las criptomonedas, así como de la tecnología subyacente de estos; riesgos por cambios regulatorios y legales propios de las criptomonedas ya que las operaciones con criptomonedas no cuentan con respaldo regulatorio o supervisión alguna de organismos gubernamentales en razón de que no han sido reconocidos como monedas de curso legal o medios de pago autorizados por las autoridades gubernamentales que regulan los sistemas monetarios y sus correspondientes tratamientos legales, los cuales pueden modificarse negativamente con relación a operaciones con criptomonedas así como riesgos económicos, financieros y de volatilidad en el valor de las criptomonedas, ya que los mismos no son considerados moneda de curso legal y su valor no está respaldado por ningún gobierno o institución financiera”
También hay presentaciones en PowerPoint en el que N&W Professional Traders se autodefine como sponsor de varios influencers, entre ellos Javier Milei, que por esas horas ya había sido elegido como diputado nacional.

Maximiliano Firtman, periodista de tecnología y director en Codemia, ya había alertado a través de su cuenta en X, a poco de desatado el caso $LIBRA, los antecedentes de VULCANO.
“El juego nunca existió. La cripto $VULC promocionada por Milei diciendo que es “un diagrama económico sostenible en el tiempo”, tuvo unas semanas después un comportamiento parecido a $LIBRA, pero a muchísima menor escala. Cuando bajó la cotización, abandonaron todo”, sostuvo.
Y señala un detalle no menor: “Cuando saltó lo de $LIBRA, Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli, borró de su canal de YouTube el video donde anunciaba ”el nuevo juego play to earn apoyado por Javier Milei y Agustín Laje».
En otro caso: CoinX
Dos meses antes de que Milei promocionara el proyecto VULCANO, hizo algo parecido: pero esta vez no eligió X, su red social preferida, sino Instagram. Lo hizo para publicitar CoinX, una plataforma de inversión que terminó siendo denunciada como una posible estafa piramidal.

“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de invertir para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles a @coinx.world de parte mía así los asesoran con lo mejor”, escribió el entonces diputado.
La cuenta que mencionó Milei no existe más.
Un año y medio después de la promoción lanzada por el ahora presidente, en agosto de 2023, allanaron por estafa a la empresa, en un procedimiento que fue ordenado por el Juzgado Federal N°12 de Ariel Lijo. La investigación había iniciado en 2022.
CoinX había sido intimada en junio de 2022 por la Comisión Nacional de Valores para que “cese de todo ofrecimiento de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables (a través de su sitio web, canal de YouTube y redes sociales)”.
Ninguna de esas publicidades fue gratis. No hay demasiadas constancias escritas de estos pagos. Pero sí existe un resumen del Banco Galicia de transferencias de la cuenta de N&W Professional Traders, que revela un pago de 200.000 pesos a Karina Milei, realizada en julio de 2023, pocos meses antes de que su hermano se convirtiera en presidente de la Nación.
LIBRA, MILEI, NOVELLI, VULCANO
POLITICA
El Gobierno no intervendrá en el conflicto electoral de la UOM y espera un fallo que aclare la situación de Abel Furlán

El Gobierno no intervendrá en el conflicto desatado en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) luego de que su titular, Abel Furlán, realizó el congreso para elegir autoridades nacionales sin acatar la suspensión ordenada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Así lo revelaron a Infobae fuentes oficiales, que aseguraron que la Secretaría de Trabajo no cederá ante las presiones de los opositores a Furlán para que se declare la acefalía de la UOM ni ante la intención del líder metalúrgico de que le extiendan el certificado de autoridades para darle legitimidad a su designación.
En el entorno de Julio Cordero, el titular de Trabajo, consideran que el conflicto en la UOM nacional está judicializado y por eso decidieron esperar una decisión de los magistrados laborales en un sentido o en otro antes de dictar alguna resolución acerca de la validez del congreso nacional de los metalúrgicos, que se realizó el miércoles pasado en abierto desafío al fallo dictado por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Como anticipó este medio, los camaristas laborales María Dora González y Víctor Arturo Pesino suspendieron la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la UOM y pospusieron la elección del Secretariado General del sindicato a nivel nacional tras una denuncia por presuntas irregularidades en los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo en aquella filial gremial.
Sin embargo, Furlán realizó igual el congreso de la UOM, en el hotel del Sindicato de Luz y Fuerza ubicado en Brasil 780, donde obtuvo el 80 % de los votos de los congresales (215 sobre 270), “configurando un respaldo mayoritario a su estrategia sindical y confirmando una estructura de conducción alineada a su gestión”, según informó el gremio metalúrgico en un comunicado.
Entre los principales novedades del nuevo secretariado figura la designación de Daniel Daporta, líder de la seccional Avellaneda, como secretario adjunto de la UOM, reemplazando a Naldo Brunelli, titular de la Seccional San Nicolás, que quedó afuera de la conducción nacional del gremio.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo consideró que la verosimilitud de las presuntas irregularidades en la votación de UOM Zárate-Campana está acreditada prima facie con la prueba presentada en el expediente y que el peligro en la demora se vincula con la elección nacional.
La resolución advirtió que la falta de pronunciamiento de las autoridades internas de la UOM ante la denuncia produce, en la práctica, una denegación y permite la intervención de la vía judicial directamente.
Por eso se ordenó la suspensión del acto electoral nacional hasta que el tribunal adopte un pronunciamiento definitivo sobre la nulidad planteada. El artículo 49 del estatuto de la UOM establece que el Secretariado Nacional debe ser elegido por un Colegio Electoral cuyos integrantes surgen de cada seccional y, según los camaristas, la validez de ese proceso queda en cuestión si no se resuelve previamente la situación de la Seccional Zárate-Campana.

Tras el acto de desobediencia de Furlán al realizar igual el congreso nacional que lo reeligió, sus opositores creen que los camaristas dictarán otro fallo que le quitará validez legal a la designación del líder de la UOM y que Trabajo deberá actuar en función de esa sentencia.
“La Seccional Campana-Zárate está acéfala y el congreso nacional de la UOM que votó a Furlán es nulo”, interpretaron en el sector disidente de esa filial, que lidera Angel Derosso, el candidato opositor que denunció fraude e irregularidades en la elección.
En el furlanismo, sin embargo, advirtieron que “son varios los gremios sin el reconocimiento del certificado de autoridades, como en el caso del SOMU, pero no van a tardar mucho en entregárselo a la UOM”.

Señalaron que las autoridades elegidas en el congreso metalúrgico “tomaron posesión de sus cargos y desde este miércoles ya ocupan sus oficinas” en la sede de la UOM nacional, ubicada en Alsina al 400, en Capital.
Desde la Secretaría de Trabajo, mientras, aclararon que no intervendrán en el conflicto hasta que se expida la Justicia: “Nosotros tenemos que ajustarnos al decreto que directamente nos quita la competencia en materia electoral, salvo en casos de acefalía”, dijeron.
La fuente consultada aludió así al decreto 342, dictado en mayo pasado, que limitó la injerencia del Estado en los procesos electorales sindicales, “priorizando la autonomía y autodeterminación de los gremios”. El Gobierno impulsó esa norma para adecuarse a los convenios sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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