El Gobierno reunirá este martes a la mesa política del oficialismo en la Casa Rosada.

Según pudo confirmar TN, el encuentro tendrá como objetivo central ordenar la agenda parlamentaria para el período de sesiones ordinarias y definir qué proyectos enviará el Poder Ejecutivo al Congreso en los próximos meses. “Se van a fijar cuáles son las prioridades de la agenda”, dijeron fuentes oficiales al tanto de la convocatoria.

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La reunión se realizará después de la gira internacional de Javier Milei, atravesada por la polémica en torno al viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Gobierno enfrenta cuestionamientos por la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el viaje oficial a Estados Unidos, un episodio que derivó en pedidos de informes y en la apertura de varias investigaciones.

En medio de las críticas, el oficialismo cerró filas en defensa del jefe de Gabinete. Milei lo respaldó públicamente en redes sociales y aseguró que muchas de las acusaciones “no tienen ni el más mínimo sentido”.

La estrategia legislativa que definirá la mesa política

El encuentro reunirá a los principales dirigentes del círculo de poder del oficialismo. La mesa política está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y suele contar con la participación de Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También forman parte el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y la senadora Patricia Bullrich. En algunos encuentros se suman además el ministro de Economía, Luis Caputo, y el dirigente Eduardo “Lule” Menem, cercano a la hermana del Presidente.

La reunión buscará establecer el orden de prioridades legislativas del Ejecutivo para los próximos meses y coordinar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. Según el esquema que se analiza en el oficialismo, el primer proyecto que se impulsaría sería la reforma de la ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto para abril.

Luego aparecería el debate sobre financiamiento universitario, seguido por una reforma política y una modificación del Código Penal. En paralelo, el Gobierno evalúa avanzar con el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales.

El objetivo del encuentro será definir el cronograma de envío de iniciativas y acordar la estrategia de negociación con los bloques aliados y con los gobernadores, clave para reunir los votos necesarios en el Congreso.

Tensiones internas en el círculo de poder del oficialismo

La reunión de este martes será también el primer encuentro de la mesa política después de la polémica por el viaje de la esposa de Adorni como parte de la comitiva presidencial y que se conociera un viaje en avión privado a Punta del Este.

En el Ejecutivo advierten que la sucesión de episodios de esta semana pueden acelerar definiciones políticas que el oficialismo venía evaluando para más adelante.

Se trata de la avanzada de Karina Milei sobre áreas del Estado que estaban bajo la órbita de Santiago Caputo. Entre ellas figuran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Legal y Técnica y sectores vinculados al área de Transporte.

Uno de los episodios que reflejó esa reconfiguración fue el desplazamiento de Sebastián Amerio como número dos de Justicia y la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro del área. En distintos sectores del oficialismo interpretaron ese cambio como una señal de recorte en la influencia política de Caputo dentro del Gobierno.

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Cerca del Presidente aseguran que Milei busca mantener a Caputo como estratega político, pero con menos control sobre áreas de gestión. En el entorno de Karina Milei, en cambio, reconocen que la coordinación entre ambos sectores es mínima.

En ese contexto, las reuniones de la mesa política podrían convertirse en el principal ámbito de encuentro entre las distintas terminales de poder del oficialismo.

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Las universidades públicas de Argentina comenzaron la semana con un paro docente que se extenderá durante varios días y que podría repetirse en las próximas semanas.

La protesta fue definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió intensificar el conflicto con el Gobierno nacional ante la falta de avances en la negociación salarial y el financiamiento del sistema.

El plan aprobado por el congreso de la federación —que reunió a decenas de sindicatos de base— incluye nuevas interrupciones totales de actividades hacia fines de marzo y nuevamente a finales de abril. La conducción gremial explicó que se trata de una estrategia de presión escalonada para el primer semestre.

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Además de las huelgas, el sector prepara una movilización federal universitaria prevista de manera tentativa para el 23 de abril. La convocatoria buscará reunir a docentes, estudiantes y autoridades académicas con el objetivo de defender el sistema público y reclamar mayor presupuesto.

Las organizaciones sindicales también planean instalar en distintas ciudades una “carpa por la universidad y la soberanía”, una iniciativa pensada para visibilizar el conflicto en el espacio público y sumar apoyos de otros sectores sociales y sindicales.

Entre las principales demandas figuran la reapertura urgente de las paritarias y el cumplimiento de la normativa vigente sobre financiamiento universitario. Desde Conadu advirtieron que seguirán de cerca el debate parlamentario ante posibles cambios en esa legislación y no descartaron ampliar las medidas de fuerza si la situación no se modifica durante las próximas semanas del gobierno de Javier Milei.

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La presentación de los fiscales federales de Corrientes, encabezada por el coordinador Carlos Schaefer, se dirigió contra una decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes que limitó la intervención del equipo de la unidad fiscal durante el juicio a Jorge Eduardo Espinoza, alias “Chaquito”. En febrero, en el marco de las audiencias, el tribunal determinó que solo podrían participar dos fiscales en cada audiencia, incluidas las intervenciones en la acusación final.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió lo anterior tras un planteo de la defensa oficial, estableciendo que únicamente podían intervenir dos integrantes de la unidad fiscal por jornada, también durante los alegatos. Esta dupla definida podría alternarse conforme al artículo 105 del código, el cual prevé dos defensores para el imputado.

En otros casos se ha repetido esta práctica. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó el mismo límite en el proceso que investigó la desaparición del submarino ARA San Juan, en el que también solo dos de los cuatro acusadores pudieron participar en las audiencias de debate.

El argumento de ambos tribunales es que debe mantenerse la “igualdad de armas” entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

A pesar de estas restricciones, el acusado Espinoza fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a trece años de prisión. Sin embargo, se estableció un precedente sobre cómo puede organizarse la acusación en un juicio oral. Pero quedó el antecedente de cómo se configura la acusación en un debate. Esto podría ser esgrimido de nuevo cuando, por ejemplo, el mismo Tribunal juzgue el Caso Loan.

Una nueva negativa

En marzo, previo a la sentencia, la Fiscalía Federal de Corrientes insistió con su planteo y presentó un nuevo argumento: mencionó que el escenario de lucha contra el narcotráfico había cambiado después de conocerse que en Entre Ríos se había gestado un plan criminal que incluía el asesinato de un fiscal federal y un juez federal.

Según la confesión de otros detenidos, Leonardo Airaldi planeaba ejecutar esa acción debido a que ambas víctimas, José Candioti (fiscal federal) y Leandro Ríos (juez federal), participaron en distintas etapas de los procesos en su contra. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también figuraba en la lista de objetivos. Roncaglia fue jefe de la Policía Federal y, previamente, titular del área de Drogas Peligrosas de esa fuerza.

Para los fiscales federales de Corrientes, lo sucedido en la provincia vecina es una causa nueva para revisar el criterio de dos fiscales y dos defensores. Schaefer recalcó la necesidad funcional de que un equipo, compuesto por fiscales y auxiliares fiscales, intervenga en juicios complejos.

Entre los fundamentos, el fiscal coordinador expuso que contar con un equipo que actúe “de manera simultánea, conjunta o alternada en la etapa de alegatos” resulta esencial por motivos de organización y distribución funcional del Ministerio Público Fiscal. La división del trabajo correspondía con la complejidad objetiva y subjetiva del proceso seguido contra Espinoza.

El expediente abordaba catorce imputados, de los cuales cuatro permanecen prófugos.

El reclamo era duplicar el número de acusadores, con la participación de cuatro fiscales. El pedido buscaba brindar transparencia, protección y seguridad al equipo fiscal: “Estamos frente a organizaciones narcocriminales. Con la participación de equipos alegando, también se diluye la posibilidad de amenazar y amedrentar al actor público”.

El fiscal coordinador subrayó que la intervención de más personas “no configura una multiplicidad de acusadores independientes. Se trata, por el contrario, de una única voluntad institucional que, ejercida de manera coordinada, se plasma en una única teoría del caso”.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes mantuvo su decisión inicial, lo que, a juicio de la acusación, constituyó una invasión a la independencia del Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía Federal de Corrientes presentó entonces un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Sin embargo, el mismo tribunal rechazó la medida, por lo que la cuestión fue elevada mediante una queja a la Cámara Nacional de Casación Penal. Este órgano debe resolver no solo este caso sino también el planteo de los fiscales del ARA San Juan, lo que podría determinar el criterio para futuras causas de alta complejidad institucional.

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