El Registro Nacional de Armas (RENAR) implementó a través de la Resolución 17/2025 una serie de medidas que actualizan el régimen de la base de datos y control de armas y usuarios pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y Armadas de la Argentina.

El objetivo de estos cambios es adaptar los procedimientos de altas y bajas de material institucional, además de ordenar el sistema de registro y fiscalización de la condición de legítimo usuario y portador de armas de fuego. Se trata de una de las tareas principales del RENAR, restituido a principios de julio a través de una medida oficial tras haber sido disuelto hace aproximadamente una década.

La normativa responde a modificaciones previas dispuestas por el Decreto 409/2025 al régimen general de armas, modernizando procedimientos y estableciendo nuevas obligaciones para todas las instituciones mencionadas en el marco de la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Los cambios empezaron a correr a partir del 19 de junio, cuando el Gobierno publicó la normativa a través de Boletín Oficial que alcanzaba al personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, servicios penitenciarios, policías provinciales, asociaciones de tiro y usuarios civiles en todo el país.

Esta actualización implica la aprobación de instructivos específicos para las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, abarcando tanto miembros en actividad como personal retirado de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Fuerzas Armadas, junto con sus equivalentes provinciales y porteños.

El nuevo régimen también exige que las instituciones mantengan actualizados ante el organismo los inventarios de armas institucionales. Cada fuerza debe recordar que, para otorgar permisos de tenencia y portación, es esencial la correcta evaluación de antecedentes personales, profesionales y condiciones psicofísicas del solicitante.

En este sentido, el texto subraya que es “indispensable establecer con claridad el deber de las fuerzas comprendidas de informar y mantener actualizada ante el RENAR la situación psicofísica, disciplinaria y patrimonial del personal a su cargo que posean armas registradas o permisos de portación, con el fin de prever sanciones ante el incumplimiento de tales deberes”. La falta de actualización o el incumplimiento de la entrega de información por parte de las fuerzas implicará la responsabilidad administrativa de sus funcionarios, según explicita el texto normativo.

Para acceder al estatus de legítimo usuario y a la autorización de portación, tanto el personal en actividad como quienes estén en situación de retiro deberán adecuar sus solicitudes a los nuevos instructivos. El personal con permisos vencidos también deberá realizar un trámite completo bajo los parámetros vigentes. El texto también aclara que los miembros exonerados o dados de baja obligatoriamente por cuestiones disciplinarias perderán la condición de legítimo usuario y deberán ajustar sus acciones.

Otros aspectos centrales de la resolución son los plazos y modalidades para la actualización de datos y declaraciones. Todos los agentes de las fuerzas comprendidas contarán con sesenta días corridos desde la publicación oficial para enrolarse de manera electrónica a través del portal habilitado (mirenar.minseg.gob.ar), declarando su pertenencia institucional, domicilios vinculados a la guarda del material e información de contacto. Paralelamente, las fuerzas tendrán un plazo de noventa días corridos para informar al RENAR, vía declaración jurada digital, el estado psicofísico y la situación de revista de sus miembros que poseen armas o tramitan permisos de portación.

A partir de la publicación del Decreto 409/2025 a mediados de junio, la cartera que conduce Patricia Bullrich hizo cambios significativos en la reglamentación de la Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos. Esto modificó los procedimientos de tenencia y portación de armas de fuego para personal de las fuerzas de seguridad nacional. La resolución impactó tanto en el personal activo como el retirado, al igual que la reciente medida publicada en Boletín Oficial.

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En medio del debate en comisión del Senado por el proyecto de emergencia pediátrica, la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, generó controversia al afirmar que “los niños argentinos no tienen derecho” a atenderse en el Hospital Garrahan. La frase, pronunciada en un contexto en el que pedía reorganizar el sistema de salud para fortalecer la atención en las provincias, provocó murmullos en la sala y respuestas inmediatas de legisladores de distintos bloques. “La salud en las provincias está en su mínima expresión… Es una realidad general”, sostuvo antes de lanzar su comentario más cuestionado.

La primera en responder fue Lucía Corpacci, del peronismo, quien remarcó: “Yo le tengo que decir que todos tienen derecho a la atención”. Luego, Guadalupe Tagliaferri, también del PRO pero del sector opositor al gobierno de Milei, recordó: “Lo que dice la Constitución Nacional sobre el derecho a la salud es que lo tiene que garantizar Nación”.

El cruce más fuerte llegó de la mano del senador de Evolución, Martín Lousteau, quien calificó los dichos como “agraviantes” y sostuvo: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Que alguien diga que los niños cuando tienen patología grave no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan muestra cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona”. Además, advirtió que si una familia tiene recursos “puede conseguirse el tratamiento privado caro”, pero si no los tiene “le decimos que no tiene derecho a ser atendido”, lo que consideró un “nivel de agravio y violencia inusitado”.

Martín Lousteau

Lousteau insistió en su rechazo: “No puedo imaginarme cómo alguien puede decirles a padres que sus hijos no tienen derecho a venir a un hospital de alta complejidad porque nacieron en otro lugar”. Estas palabras se contrapusieron a la visión de Álvarez Rivero, que enfatizó la responsabilidad provincial en la gestión sanitaria y cuestionó que el Garrahan, financiado por fondos nacionales, brinde mayormente servicios a pacientes de la Ciudad y el AMBA.

En su réplica, la senadora del PRO buscó aclarar su postura: “Fui malinterpretada, porque los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”. No obstante, ratificó su planteo: “No podemos dejar de entender que la competencia es provincial… Hay que decir la verdad: le provee más servicios a la Ciudad y al AMBA. Esa es la atención mayoritaria”. Sus explicaciones, sin embargo, no lograron disipar la polémica.

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Carmen Álvarez Rivero,emergencia pediatrica,Hospital Garrahan,salud pública