En medio de una agenda de sesiones extraordinarias sin respiro, el oficialismo libertario no dejó pasar la negativa que el kirchnerismo empuja -desde diciembre pasado- para integrar comisiones y, en los últimas días, se convirtió en un Pac-Man de los espacios que corresponden al principal bloque opositor.

La cuestión no es menor: La Libertad Avanza ya mira de reojo la preparatoria del martes próximo, donde se definen las principales autoridades de la Cámara alta y, según deslizaron desde un despacho de peso a Infobae, “no se vacilará” en resolver por cuenta propia -más guiños de aliados- si el cristinismo no presenta candidatos para dichos cargos, o si intentara enturbiar el encuentro en el recinto.

Veamos el primer punto. Como no quiso sumarse a las comisiones, en diciembre pasado, el conglomerado del oficialismo -comanda Patricia Bullrich– y la oposición dialoguista se repartieron, para las de 19 butacas, 13 ellos y seis para los de tribus peronistas y filo justicialistas, como el camporismo. En tanto, en las de 17, los guarismos fueron fijados en 12 y cinco, respectivamente.

Días atrás, presentaron los nombres en la de Acuerdos, de 17; y de Relaciones Exteriores, de 19. Ante la siesta cristinista, la bancada Convicción Federal, de cinco soldados que en los papeles se dicen “perucas” y se encuentran aún en el interbloque K -con anuncios de ruptura operados de forma penosa desde hace larguísimos meses, hasta que ocurra de verdad- enviaron su propuesta, la cual fue convalidada.

En Acuerdos fue a parar la tucumana Sandra Mendoza, quien se hizo conocida en la Cámara alta por la “espada de Dómacle”. Aún no se sabe si responde a Juan Manzur, al gobernador Jaldo, o si puso fichas en dos canastas. En la segunda apareció Guillermo Andrada (Catamarca). Entonces, a la rama K le quedaron cuatro y cinco pare ubicar. Un pésimo escenario, si de proporcionalidad se tratara. Sin embargo, eso se convirtió rápido en un tentempié.

La sorpresa principal vio la luz el jueves último, cuando se reunió la de Acuerdos para dictaminar el pliego del exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea. Allí se mostró la dialoguista salteña Flavia Royón y, de esa manera, el cristinismo pasó a tan solo tres de 17.

“Desde hace semanas que se notificaron a todos los bloques para que enviaran a sus representantes en las comisiones que intervienen en las extraordinarias. El kirchnerismo sigue siendo el único espacio que no mandó nada. Comprendo tantas décadas como dueños de la ‘Casa’. Ya no lo son más”, recordaron a este medio desde un despacho con poder de decisión en el Senado.

En tanto, un legislador top del oficialismo resaltó: “No olvides que el año pasado, en pleno vendaval de trompadas desde el Congreso hacia el Ejecutivo, el kirchnerismo y supuestos ‘dialoguistas’ se autoconvocaron en comisiones que no estaban citadas de forma oficial. Un delirio. También lo hicieron en el recinto. Hay poca memoria, pero pasó hace unos meses. Ni hablar durante sus gobiernos. Muchos periodistas, enemigos y ‘enemigas’ celebraron todo esto, mientras el Gobierno de Javier Milei se desangraba. ¿Y ahora voy a pensar que son republicanos de pura cepa?“.

De cara al martes próximo está convocada la sesión preparatoria, donde se ratifican o eligen nuevas autoridades. Al cristinismo le toca la definición de la vicepresidenta de la Cámara. La mayoría estima que el interbloque que comanda José Mayans (Formosa) presentará un nombre. “No vino en toda la semana y nos dejó a la deriva. Ni siquiera sé qué pasó. No hay instrucciones. Demasiada incertidumbre”, reconoció un apenado legislador cerca de la medianoche del jueves. Otro, más ofuscado, sentenció: “¿Viste la ‘inmensa’ movilización en el Congreso y en las provincias por el paro? Flaco favor nos hizo la CGT. Los pocos tiros, cuando salen, son con cebita“.

Nadie quiere arriesgar, aunque la idea que prevalece -nunca se puede descartar algún telefonazo rojo desde Casa Rosada que rompa todo- es que se mantengan las principales autoridades. Es decir, el titular provisional del Senado -segundo escalafón en sucesión presidencial-, Bartolomé Abdala (San Luis-LLA); así como las estratégicas secretarías parlamentaria y administrativa para los respetados Agustín Giustinian y Alejandro Fitzgerald, respectivamente. Para aliados irán vicepresidencias primera y segunda.

Tampoco habría encono con las dos prosecretarías relacionadas de las áreas recién mencionadas, aunque una no está cerrada. Dependen del radicalismo, siempre con internas juguetonas. Lo que sí resulta insólito, a esta altura, es la resolución de la prosecretaría de coordinación operativa, hoy en manos de Manuel Ignacio Chavarría, también designado autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

Infobae contó en enero pasado que su nueva vida laboral no genera ningún tipo de inconveniente, en lo formal. Lo que sí consterna en el Congreso es que el funcionario, en vez de renunciar, haya solicitado una licencia “ad honorem”. ¿Qué significaría esto? Continuar con contratos y personal a cargo en el Senado. Y chofer. Un disparate que, incluso, choca con el pluriempleo en el Estado que prohíbe la propia Constitución nacional. “Hay que preguntar los motivos en una oficina específica de Balcarce 50, donde están muy interesados que siga un personaje que, acá, fue poco menos que un fantasma”, fue la lapidaria frase que oyó este medio de un oficialista al término de la semana.

La causa que más inquieta a Claudio “Chiqui” Tapia incorporó una maniobra que expone el foco actual del expediente. La defensa de los propietarios de TourProdEnter LLC, empresa radicada en Estados Unidos, solicitó apartar como querellante a Guillermo Tofoni, el empresario que obtuvo en Estados Unidos miles de documentos bancarios sobre el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El planteo busca restringir la intervención del denunciante que accedió a la ruta financiera de los fondos y cuya participación podría aportar información clave para comprometer a los acusados en la investigación por presunta administración fraudulenta.

Infobae accedió a información sobre este incidente procesal, producido en el expediente que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, que analiza el circuito internacional de fondos de la Selección argentina durante los últimos cuatro años, desde que TourProdEnter fue designada agente de cobro exclusiva de los contratos en el exterior.

El 13 de febrero de 2026, la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette presentó un escrito solicitando que se rechace el reconocimiento de Tofoni como “parte querellante”, según documentación a la que accedió Infobae. El argumento central es que el empresario no cumple la condición de “particular ofendido” exigida por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación. Según la presentación, el propio Tofoni habría admitido que el supuesto perjuicio no lo afecta de manera directa y singular, sino que se extendería “junto con todos los clubes del fútbol argentino”, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.

La defensa argumentó que el denunciante busca que el sistema de administración de justicia le sirva como una agencia de investigación privada sin costo, con el fin de reunir datos para mejorar su posición negocial en sus pretensiones contractuales o comerciales.

Además, planteó que el caso debería ser analizado como un eventual incumplimiento contractual y no bajo la órbita penal, invocando el principio de “ultima ratio” del derecho penal y señalando que la controversia debería resolverse en el ámbito comercial.

La exclusión de Tofoni como querellante tendría consecuencias concretas: perdería la capacidad de impulsar medidas de prueba, acceder plenamente al expediente y recurrir decisiones con el peso procesal de una parte.

Guillermo Tofoni es un empresario de extensa trayectoria, agente oficial de la FIFA y fundador de World Eleven, empresa especializada en gestión de partidos internacionales y eventos internacionales. Su relevancia en el mercado explica el impacto de su intervención en el expediente: no es un denunciante sin antecedentes, sino un operador histórico del negocio global del fútbol que llevó la disputa al ámbito judicial.

En su respuesta ante el juzgado, Tofoni negó las acusaciones de la defensa y aseguró que él aportó la prueba más relevante en el proceso. “La paradoja es que justamente fue quien suscribe quien nutrió y aportó abundante prueba en esta causa en virtud del discovery iniciado en Estados Unidos. Es decir, se da la circunstancia al revés de lo que postulan los imputados”.

Detalló que “la totalidad de la información financiera incorporada a esta causa fue obtenida mediante un procedimiento formal de discovery tramitado ante tribunales de los Estados Unidos, mecanismo que —por su propia naturaleza— exige como presupuesto ineludible la acreditación de un interés legítimo, concreto y actual por parte del requirente”. En el mismo escrito, al que accedió Infobae, indicó que las autoridades judiciales estadounidenses analizaron el reclamo presentado y concluyeron que su pedido resultaba jurídicamente atendible, habilitando el acceso a información bancaria altamente sensible de las personas aquí denunciadas.

Subrayó que esto implica “necesariamente, un reconocimiento previo de legitimación y de la existencia de una posible afectación patrimonial directa, pues de otro modo dicho acceso jamás hubiera sido autorizado”. Según Tofoni, esa circunstancia “descarta cualquier hipótesis de actuación meramente especulativa o exploratoria, como pretende sostener la defensa”.

La investigación judicial se centra en el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Selección argentina en el último cuatrienio. TourProdEnter LLC fue designada como agente de cobro exclusivo de la AFA en el exterior, con facultades para gestionar y percibir ingresos por partidos amistosos, eventos, concesiones y contratos de sponsoreo.

De acuerdo con la denuncia, las maniobras que integrarían la administración infiel habrían sido ejecutadas por Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, en complicidad con Faroni y Gillette, responsables de la sociedad radicada en Estados Unidos, según la documentación judicial. Tofoni planteó ante el juzgado que la constitución de esa firma y su figuración como mandataria de la AFA representó “un capítulo más de la administración fraudulenta”.

Afirmó que, además de los fondos que la empresa habría cobrado y habría hecho desaparecer tras un entramado de entes de paja, omitiendo su rendición a las cuentas de la AFA, TourProdEnter tenía acordada una comisión del 30 %, que “no tendría justificación alguna y también consistía en una vía más de consumar el fraude”.

El período investigado coincide con el ciclo más rentable de la historia reciente de la Selección, coronado con la obtención del Mundial de Qatar 2022. Ese título multiplicó el valor comercial de los amistosos internacionales y de los acuerdos de patrocinio.

El expediente ya atravesó una discusión sobre competencia. Un intento de derivación al fuero federal fue rechazado. El camarista Ignacio Rodríguez Varela determinó que no existían elementos que permitieran considerar que la afectación patrimonial comprometiera bienes o intereses federales ni el ejercicio del empleo público nacional. También sostuvo que los fraudes “no dejan de ser comunes” por el solo hecho de involucrar sumas elevadas o trascender varias jurisdicciones.

Tofoni consideró que esa resolución refuerza que los hechos denunciados encuadran “razonablemente en el delito de administración fraudulenta en perjuicio tanto de quien suscribe como de la Asociación del Fútbol Argentino, destacando además la existencia de documentación concreta que individualiza transferencias, montos y maniobras de desvío de fondos”. La defensa, por su parte, insiste en que se trata de una reedición de una denuncia archivada y que el conflicto es de naturaleza comercial.

El debate de fondo gira en torno al control del flujo de información sensible en la causa. El empresario no solo denunció, sino que obtuvo documentación bancaria extranjera e incorporó esos datos al expediente, generando una asimetría informativa ahora en discusión. Si la jueza lo reconoce como querellante, podrá seguir impulsando medidas, ampliar la hipótesis investigativa y aportar nueva documentación del sistema financiero estadounidense. Si lo excluye, su margen de intervención quedará reducido y el avance de la causa dependerá exclusivamente de la iniciativa fiscal y judicial.

En una investigación centrada en el manejo de más de USD 300 millones y el circuito internacional de fondos de la Selección campeona del mundo, la disputa por la querella se transformó en un punto neurálgico.

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