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El Gobierno denunciará al juez que anuló el veto a la Emergencia en Discapacidad y apelará la sentencia

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El Gobierno confirmó que denunciará al juez Adrián González Charvay, quien anuló el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, argumentando que el magistrado se “extralimitó en sus funciones”. La denuncia será presentada ante el Consejo de la Magistratura, presidido por la Corte Suprema, y estará impulsada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Al mismo tiempo, el Ejecutivo apelará la sentencia ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Desde Balcarce 50 justificaron su postura aduciendo que la medida judicial vulnera facultades exclusivas del Ejecutivo, establecidas por la Constitución, lo que implicaría “mal desempeño” por parte del juez. Desde allí consideran que la resolución genera una interferencia indebida en decisiones políticas y fiscales de alcance nacional.

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El Gobierno podría recurrir a la Corte Suprema en caso de no sostener los vetos sobre jubilaciones y discapacidad

En paralelo, el equipo legal del oficialismo está preparando una estrategia judicial robusta para evitar la aplicación de la ley. Entre las alternativas en estudio figura recurrir a la Corte Suprema para cuestionar la validez de la sesión del Senado que convalidara la ley, alegando que se trata de una autoconvocatoria ilegal. También se evalúa acudir al fuero Contencioso Administrativo, invocando la imposibilidad de financiar la medida debido a que las fuentes previstas cubren menos del 15% del desembolso necesario.

Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Presidente podría estar evaluando mejorar los montos de asistencia para personas con discapacidad, como una forma de generar consenso con sectores aliados, aunque aclaró que aún no hay definiciones precisas respecto al monto o fechas de implementación.

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La CGT eligió a los nuevos miembros de su triunvirato de mando

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Sin un líder único capaz de reunir a todas las tribus bajo un mismo techo, y con el desafío urgente de negociar con la gestión de Javier Milei la letra chica de una reforma laboral, la CGT renovó hoy sus autoridades y eligió otra vez a una conducción tripartita. El nuevo triunvirato estará a cargo de Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Sindicato de Camioneros).

Los tres son de raíz moyanista, aunque Sola y Jerónimo reportan desde hace tiempo a “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y a los autodenominados “independientes” (Uocra, Upcn y AySA), respectivamente.

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El nuevo triunvirato fue validado este miércoles en el Congreso de Congresales de la CGT, que se desarrolla en el estadio de Obras Sanitarias. La alternativa de repetir un triunvirato sirvió para contener a diferentes sectores. Es un atajo al que ya se recurrió en otras tres oportunidades: 2004, 2016 y 2021.

Jorge Sola

Jorge Sola fue uno de los pocos dirigentes que levantó la mano para hacerse cargo en soledad de la secretaría general. Es el jefe del Sindicato del Seguro desde 2016 y nació hace 59 años en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Es abogado, profesor de biología y cursó una maestría en Ciencias Políticas y Sociología en Flacso.

En 2012 dio un paso importante en su trayectoria sindical al sumarse al consejo directivo de la CGT que conducía Hugo Moyano, que recientemente había roto su alianza con Cristina Kirchner. En ese momento, la central obrera estaba dividida en tres sectores: la CGT Azopardo, liderada por el camionero; la oficialista, alineada con el kirchnerismo y encabezada por el metalúrgico Antonio Caló, y la Azul y Blanca, conducida por Luis Barrionuevo. Sola por ese entonces se sentía cómodo con el moyanismo.

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Jorge Sola, en el atril, el 1° de mayo de 2023; atrás, tres históricos: Andrés Rodríguez, Héctor Daer y Hugo MoyanoHernán Zenteno

Hijo de un camionero y una empleada doméstica, Sola comenzó a abrirse paso en el ajedrez sindical. Ganó la conducción de su gremio, que tiene hoy casi 20.000 afiliados, y su formación académica lo diferenciaron de otros dirigentes vinculados a patotas y de verba más enredada y a veces incomprensible.

Cuando Moyano se alejó de la CGT y ubicó en el triunvirato a Juan Carlos Schmid, primero, y a su hijo Pablo, después, Sola amplió su red de alianzas internas y encontró un lugar entre “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y los autodenominados “independientes” (Uocra, UPCN y Obras Sanitarias). Como Secretario de Prensa de la CGT se hizo cargo de la redacción de los documentos y de la lectura de los discursos en los actos, y así fue ganando protagonismo. El estatal Andrés Rodríguez, uno de los sindicalistas más influyentes, lo auxilió cuando la obra social del Seguro corrió riesgos financieros.

Tiene una mirada moderna del mundo laboral. Fue el primero en incluir en su convenio colectivo el teletrabajo y lanzó una fundación de Inteligencia Artificial en convenio con la UBA. Pretende que la CGT active su propio centro de formación profesional y que releve estadísticas. Promete una mirada más federal, no centralizada únicamente en lo que denominó el “AMBAcentrismo”.

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Cristian Jerónimo

Es el más joven del nuevo triunvirato, con 41 años. Es el secretario general del Sindicato del Vidrio desde 2018, cuando reemplazó a Roberto Merlino, quien es hoy su adjunto y supo estar alineado a la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo.

Jerónimo cuenta con 16.000 afiliados y negocia salarios con tres cámaras empresas vinculadas al sector de la construcción. Se inició en la Juventud Sindical que lideró Facundo Moyano y así fue que se abrió paso entre el clan camionero. Se hizo ladero de Pablo Moyano en la CGT, donde ocupó una secretaría que se ocupó a asuntos de salud y prevención de adicciones.

Los sindicalistas Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo estuvieron el año pasado en Washington en un panel con Kristalina Georgieva, la jefa del FMI

De a poco fue tomando distancia de Pablo Moyano para cultivar un perfil más dialoguista. Hizo migas con Gerardo Martínez, el histórico jefe de la Uocra, que lo apadrinó y fue su principal impulsor para llegar ahora a la cúpula cegetista. De la mano de Martínez, que ocupa la secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT, una suerte de cancillería laboral que lo hizo miembro permanente de la Organización Internacional del Trabajo, Jerónimo conoció los pasillos de organismos internacionales y hasta participó de un mano a mano con Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Octavo Argüello

Tiene 63 años y es el hombre de confianza de Hugo Moyano en la CGT. Se incorporó el año pasado al triunvirato de mando en reemplazo de Pablo Moyano, que había renunciado por diferencias con el resto de la cúpula sobre la estrategia para negociar con el gobierno de Milei.

El desembarco de Argüello fue el atajo perfecto para que Camioneros no se vaya de la central obrera y también para mantener alineados a los gremios del transporte. Argüello fue el armador político del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), el partido político fundado por Moyano hace 12 años y que hoy forma parte de la alianza Fuerza Patria.

Héctor Daer, Octavio Argüello, Carlos Acuña y Hugo Moyano incidieron en el armado de la nueva cúpula de la CGT

En 1984 fue elegido delegado gremial en la empresa de recolección Venturino, en San Martín. Al conocer a Hugo Moyano se transformó en dirigente del rubro de recolección de residuos, desde donde comenzó a escalar internamente en el poderoso sindicato de los camioneros. Integra hoy el triunvirato de mando de la CGT que tendrá mandato hasta 2029. Ya advirtió que el primer gran desafío será la reforma laboral.

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La Corte Suprema admitió el reclamo de Chubut al gobierno nacional por la represa Futaleufú

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La disputa por la administración y el dominio de los recursos hidroeléctricos en la provincia sumó un capítulo clave en las últimas horas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de admitir el reclamo formulado por el gobierno de Chubut contra el Estado nacional en torno a la represa Futaleufú.

En un fallo considerado de alto impacto institucional, el máximo tribunal corrió vista al Poder Ejecutivo nacional para que responda a la demanda en un plazo de 60 días y reconoció la competencia originaria de la Corte en el caso. La medida refuerza el histórico reclamo chubutense en defensa de su autonomía y del control de los recursos estratégicos de su territorio.

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El eje de la controversia gira en torno a dos normas centrales del marco regulatorio eléctrico argentino: la ley 15.336 y la ley 24.065. Según argumenta la administración provincial, estas disposiciones vulneran de manera “manifiestamente ilegal y arbitraria” el derecho constitucional de las provincias a disponer de los recursos naturales localizados en su jurisdicción, entre ellos los cursos de agua y las fuentes de energía hidroeléctrica. La presentación fue impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres junto al fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y solicita que se declare la inconstitucionalidad de las leyes nacionales en disputa, sobre la base de que afectan la facultad provincial para decidir sobre la gestión y el futuro de la central.

La relevancia institucional del caso aumenta de cara al vencimiento, en junio de 2025, de la concesión original de la represa, que fue otorgada en 1995 a la empresa Aluar, principal productora de aluminio del país. Este activo energético resulta estratégico no solo para el desarrollo regional, sino también para la transición hacia fuentes de generación más limpias. Para Chubut, la definición sobre la titularidad y el manejo de Futaleufú es un punto central en la política de recursos y en su capacidad de decidir sobre la licitación, prórroga o establecimiento de nuevos marcos regulatorios para su explotación.

La central hidroeléctrica Futaleufú se ubica en el noroeste chubutense y comenzó a operar en 1978, con la finalidad original de abastecer a la planta industrial de Aluar en Puerto Madryn. Con el paso de las décadas, se consolidó como uno de los principales reservorios de energía eléctrica de la Patagonia, desempeñando un papel vital en la seguridad energética y en el abastecimiento tanto local como nacional. La infraestructura y la administración de la represa constituyen además un elemento simbólico en la discusión sobre el federalismo energético, ya que varias provincias patagónicas reclaman mayor participación en la toma de decisiones sobre sus recursos.

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Ignacio Torres tomó la decisión de la Corte como un triunfo de su gestión (Foto: Reuters/Matías Baglietto)

La reacción del gobernador Torres ante la decisión de la Corte fue inmediata. El mandatario señaló tras la admisión de la demanda: “Es un respaldo contundente a un reclamo histórico de nuestra provincia”.

“La defensa de la autonomía y la soberanía sobre los recursos es innegociable”, subrayó. Sectores políticos y productivos de Chubut interpretaron el avance de la causa como una validación de la postura provincial con respecto a la necesidad de hacer valer el federalismo en materia energética y de recursos naturales.

El fallo de la Corte Suprema tuvo a los jueces Horacio RosattiCarlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como firmantes y dispone que el Estado nacional deberá formalizar respuesta en un plazo máximo de dos meses. El reconocimiento de la competencia originaria por parte del tribunal clarifica el canal institucional de resolución del conflicto, y brinda un encuadre para próximos debates de alcance federal entre provincias y nación.

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A nivel político, la admisión del reclamo se interpreta como una señal de atención sobre la tensa relación entre la gestión central y los distritos patagónicos en materia de administración de recursos estratégicos. El desenlace del litigio no solo determinará el destino inmediato de Futaleufú y la futura concesión de la central, sino que podría sentar un precedente relevante para otros reclamos provinciales relativos a la gestión de represas, cuencas y proyectos energéticos de gran escala.

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Cómo funciona el régimen que permite a civiles tener fusiles semiautomáticos en Argentina

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El Gobierno Nacional, a través del Registro Nacional de Armas (Renar), formalizó este miércoles 5 de noviembre un nuevo sistema que regula la adquisición y posesión de fusiles semiautomáticos por parte de civiles. La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalla el procedimiento y las condiciones para legítimos usuarios y entidades de tiro deportivo que deseen obtener este tipo de armamento, antes sujeto a un principio de prohibición general. La medida reglamenta el Decreto 397/2025 y establece un régimen de autorización y supervisión específica.

El procedimiento para acceder a armas semiautomáticas, como fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR, exige un trámite riguroso ante el Renar. Los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones estrictas, detalladas a continuación:

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La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece el nuevo sistema de tenencia
La normativa alcanza a fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR

Uno de los pilares del nuevo régimen es la demostración de un uso deportivo comprobado por parte del solicitante. Para cumplir con esta condición, los legítimos usuarios deben acreditar al menos una de tres circunstancias específicas.

La primera opción es una certificación emitida por una entidad de tiro con instalaciones propias que reconozca al solicitante como un tirador asiduo. La segunda vía es la demostración de participación en competencias de tiro, nacionales o internacionales, en disciplinas que utilicen armamento de estas características.

La tercera alternativa es que la solicitud provenga directamente de una entidad de tiro habilitada. En este caso, el arma podrá ser utilizada exclusivamente por sus socios en prácticas deportivas o con fines didácticos, con el debido registro de su uso. Las entidades de tiro autorizadas para el uso de armas cortas, largas y tiro práctico pueden solicitar este tipo de armamento bajo estas condiciones.

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El Renar también evaluará condiciones complementarias para aprobar las solicitudes. Se realizará una verificación de antecedentes del solicitante, con el objetivo de asegurar que no existan sanciones ni actuaciones administrativas en trámite ante el organismo.

Otro requisito fundamental es la antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional. Esta pauta busca garantizar que quienes accedan a este armamento de mayor calibre cuenten con experiencia previa demostrable y un historial sin infracciones. El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional puede considerar cualquier otro elemento probatorio que juzgue pertinente para la evaluación final.

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Se exige una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional

La normativa incluye un anexo con el modelo de la declaración jurada obligatoria que todos los solicitantes deben firmar. En este documento, la persona o entidad se compromete a no modificar el sistema de funcionamiento del arma para convertirla en automática. El arma debe permanecer exclusivamente en estado semiautomático.

La declaración también establece que la tenencia autorizada será estrictamente personal. Esto implica que el arma no se puede transferir o prestar a terceros. Finalmente, los solicitantes deben aceptar someter el armamento a verificaciones futuras coordinadas por el Renar.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.

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