El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, comenzó su conferencia de prensa a las 11.11 de este miércoles con un tono confrontativo y evitó profundizar sobre las controversias que lo rodean desde hace semanas: el viaje de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, al avión presidencial para ir a Nueva York; los vuelos de ida y vuelta a Punta del Este con su familia cuyos pagos no están aclarados; y la situación de sus bienes declarados.

“Con mi plata hago lo que quiero”, afirmó ante los periodistas en la sala de prensa de la Casa Rosada.

En el inicio de su alocución leyó un descargo en el que sostuvo que no brindaría precisiones que pudieran “entorpecer” la investigación judicial en curso. Tras presentar esa excusa, repasó medidas del gobierno de Javier Milei y defendió sus gastos, al señalar que corresponden al ámbito privado.

Luego, respondió cinco preguntas con cruces de por medio con la prensa. El ministro coordinador se retiró abruptamente tras una discusión en torno al último interrogante, momento en que relativizó la supuesta falta de respaldo del oficialismo. En total, habló más de media hora.

A continuación, las frases más fuertes de Adorni durante la conferencia:

• “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”.
• “Hay una investigación judicial en curso. No pude responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”.
• “Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”.
• “Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”.
• “Todo es parte de toda la operación política mediática y política que se armó contra el Gobierno; no sólo fue contra mí. Soy uno más en esta filita de ataques que estamos recibiendo”.
• “El viaje a Punta del Este fue estrictamente personal; fueron vacaciones con mis hijos menores de edad. Todos tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto. Si el día de mañana decido repetirlo, probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia. Yo pagué mi proporcional; se terminó”.
• “Sos apenas un periodista, no un juez. Vos no podés juzgar lo que hago con mi dinero. Con mi dinero hago lo que quiero; me lo gané legítimamente”.
• “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué. Ya no sé cómo explicárselos. La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial”.
• “Prácticamente todo lo que decís es falso [le dijo a uno de los periodistas]. ‘Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni’. ¿Te suena? Porque lo dijiste vos. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte? Has mentido descaradamente sobre mí, empezando por este tuit. Bastaba con ir a una fuente seria para decir que el gobierno me estaba apoyando, pero no vas a fuentes serias».

El gobierno nacional dispuso una reestructuración del Ministerio de Salud que, entre otras cosas, redefine el funcionamiento del área de discapacidad. Esta medida, formalizada mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 193/2026, elimina y crea unidades administrativas, y reasigna funciones al interior de la cartera sanitaria. La normativa fue firmada por el presidente, Javier Milei, y el ministro de la cartera sanitaria, Mario Lugones.

La norma introduce modificaciones en la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del Ministerio. De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Salud pasa a concentrar el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y otros beneficios previstos por ley.

Entre los cambios centrales, el decreto aprueba un nuevo organigrama que redefine la distribución de áreas administrativas, sanitarias y técnicas. En ese esquema se reorganizan direcciones nacionales, generales y coordinaciones vinculadas a la gestión de recursos, tecnología, asuntos jurídicos y relaciones institucionales, al tiempo que se ajustan dependencias existentes con el fin de ordenar funciones y circuitos internos.

En ese marco, el decreto incorpora nuevas áreas orientadas a fortalecer la gestión de políticas de discapacidad. Destacan dependencias como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios. También se crea la Dirección del Observatorio de Discapacidad, enfocada en la producción y análisis de información, y se reorganizan unidades con alcance territorial como la Dirección de Gestión Territorial, Acceso y Evaluación de Apoyos. Estas áreas tendrán intervención en los procesos de análisis de solicitudes, determinación de beneficios y monitoreo de su implementación en todo el país.

Dentro de la reorganización, se determina que el Observatorio de Discapacidad, que tendrá a su cargo la sistematización y análisis de información sobre el acceso a derechos, apoyos y prestaciones. También se reordenan las áreas encargadas de la gestión de pensiones no contributivas, con énfasis en la estandarización de procedimientos, el control de expedientes y la articulación con otros organismos del Estado.

En paralelo, la normativa elimina una serie de unidades organizativas. Entre ellas se suprimen áreas como la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria, distintas coordinaciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad —como las de Monitoreo Operativo, Comunicación y Enlace de Asignaciones Económicas—, y cargos dentro de la ex Unidad de Auditoría Interna.

En cuanto a la auditoría interna, el decreto define nuevas competencias para el seguimiento de planes de control, evaluación de riesgos y supervisión de informes, en coordinación con los lineamientos de la Sindicatura General de la Nación. Estas tareas estarán orientadas, según determina el texto oficial, a asegurar la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos.