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Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos

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Artículo publicado originalmente en La Nación

Hace 10 años, un viejo conocedor del sector público fue contratado por un candidato a presidente. Le encomendó una tarea: realizar un mapa del Estado en el que estén resaltados todos los rincones donde haya dinero para gastar. Cajas, en lunfardo político. Jamás aclaró si era para colocar ahí a los más eficientes y honestos o no.

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El diligente exfuncionario cumplió con la tarea. Uno de los renglones más importantes de aquella lista eran los fondos que se destinan a las pensiones graciables, donde se encuentra, entre otras cosas, las prestaciones para la discapacidad.

A los arqueólogos de la administración nacional nunca se les escapa este organismo que ahora se llama Agencia Nacional De Discapacidad (Andis), una estructura que tenía 1373 empleados en junio de 2022 y que actualmente fue reducido a 921 trabajadores y que antes se llamó Profe, programas federales.

La Andis asomó la cabeza después de que se conocieran los audios de Diego Spagnuolo, abogado y director de la agencia, donde habla de supuestos retornos que pagaban las droguerías que proveen medicamentos.

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En esas oficinas se cocinan compras millonarias que ni siquiera suelen hacerse por licitación sino por sistema de “compulsa” donde unos pocos son invitados a participar. Allí se contratan medicamentos, productos de ortopedia y prestaciones para los que tengan pensiones no contributivas, es decir, otorgadas por una ley especial y no por aportes.

Una de las formas de entender la magnitud del sistema de compras es repasar los números. Según datos oficiales del Ministerio de Economía, el año pasado la partida 36 llamada “Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas” ejecutó $548.628 millones.

Y en lo que va de 2025, ese número de presupuesto devengado llega a $467.494 millones de pesos, siempre según datos públicos actualizados al viernes. Para ponerlo en dólares y tomar magnitud, con la moneda norteamericano en $1337 en las pizarras del último día de la semana, en la Andis se confecciona un cheque de US$43,7 millones por mes para “atención médica”. Un punto a aclarar: no todo este importe es destinado a medicamentos.

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Detrás de esa cifra millonaria se mueve, desde hace tiempo, un fenomenal negocio donde reinan las droguerías, los prestadores de servicios, las compulsas a los de siempre, funcionarios de confianza del poder y una red de oficiosos repartidores de las compras.

Tan aceitado está el esquema llave en mano que, además de los directivos y gerentes del organismo, está la figura del “armador”. Se trata de personaje central en la trama que está al tanto del quién vende, a qué precio y que producto. Tanto los funcionarios como “el armador” cambió con la llegada de Javier al poder. Se fueron los anteriores y entregaron el “fondo de comercio” a sus continuadores. El esquema, se mantuvo.

Para entender lo que sucede en ese pliegue del Estado hay que hacer un poco de historia. Hasta la llegada de Mauricio Macri al poder, todo lo que tuviese que ver con discapacidad era jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social. Desde esta repartición, que en los años de Néstor y Cristina Kirchner fue manejada por Alicia Kirchner, es donde se decidía todo lo que concernía a las pensiones no graciables.

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“A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, o sea los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Esta cifra bajó a un 1.026.000, entre 2015 y 2019, para volver a subir a de 1.026.000 a 1.222.000 pensiones en diciembre de 2023″, dijo el 8 de agosto el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La expansión de la cifra, propia de un país que haya sido atravesada por una guerra o una catástrofe, terminó por generar la necesidad de darle otro marco al asunto. En el macrismo, entonces, se creó la Andis, bajo el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia.

El 27 de febrero de 2018, con el decreto 160, se creó Incluir Salud. Y acá sí se llega hasta el punto de más importante del tema ya que este es el organismo que demanda los medicamentos y los servicios. El programa federal Incluir Salud, ex Profe, no es una obra social, sino que brinda prestaciones mediante convenios directos con prestadores y con las provincias destinado a los titulares de las pensiones no contributivas que no tengan ninguna otra cobertura de salud. Formalmente, todas las provincias han adherido y han creado una Unidad de Gestión Provincial (UGP), donde los afiliados llegan a pedir la cobertura, los servicios o los medicamentos. Ahí empieza el camino que termina, en la sede central, con la compra millonaria.

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Ramsay 2250, en Belgrano, donde está el precio de deportes de la Andis 27/12/2023Soledad Aznarez – La Nación

Además de lo que pide el afiliado, Incluir Salud también debiera enviar dinero a las provincias, como una suerte de compensación por la atención a los pacientes en los hospitales públicos. Así funciona el sistema.

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Para acceder al plan, además de no tener otra cobertura, hay que ser titular de una pensión asistencial que tienen los discapacitados, así como también las madres con siete 7 hijos o más ,o mayores de 70 años en situación de pobreza. también pueden afiliarse los beneficiarios de pensiones por leyes especiales como excombatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores de Premios Nobel, de medallas Olímpicas o prelados, entre otros. Finalmente, están incluidos los beneficiarios de pensiones graciables que son personas designadas por legisladores del Congreso Nacional.

Ese es el universo de personas que a las que les compra el programa que está dentro del organigrama que hasta la semana pasada manejó Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo, en el Congreso

Diego Spagnuolo, en el Congreso

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Cuando se crea la Andis y posteriormente Incluir Salud, empezaron a acumularse las solicitudes de los afiliados al sistema. Así empezaron a vender y proveer decenas de droguerías y droguerías. Los márgenes de semejante la industria siempre permiten generar cadenas de felicidad compartidas entre los dos lados del mostrador.

Así las cosas, la cantidad de proveedores empezó a crecer, y en muchas oportunidades, con droguerías o prestadores cercanos a los gobiernos provinciales. Por entonces, los nombres que pisaban fuerte en la agencia eran Emilio Nana, Alan Norton, y Pablo Atchabahian, el último director en la era Macri. Daniel Garbellini, ahora separado del cargo por Milei, y Patricio Rama eran dos personas conocidas entonces.

Con la llegada de Alberto Fernández todo cambió. Hubo nuevas designaciones y entonces se cambió la forma de comprar. La decisión de la Casa Rosada del último kirchnerismo fue concentrar las adjudicaciones en unos pocos prestadores. En el caso de los medicamentos todo quedó en unos pocos. La más importante fue la Droguería Suizo Argentina, la Droguería Dihemo, otra llamada Del Sud y finalmente, la distribuidora de especialidades médicas Lowcedo. En la parte de prótesis, los prestadores más grandes son las ortopedias San Jorge y Alemana, ambas con compras muy por debajo de lo que se les pide a las droguerías.

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En ese momento empezó a tomar fuerza un nombre que poco tenía que ver con el mundo de las prestaciones médicas. Se trata de Luis Fernando Segura -conocido como Luifer-, hijo de Luis Segura, presidente de Argentinos Junios hasta 2014, fecha en la que dejó el club para asumir en la AFA tras la muerte de Humberto Grondona. Los Segura tenían una relación cercana con Fernández, hasta el punto de que padre e hijo fueron recibidos en la Casa Rosada en 2021 por el entonces presidente. De hecho, el exmandatario fue el jefe de Segura en la campaña que terminó en la recordada asamblea con 75 votantes para elegir el presidente de la AFA que terminó 38 a 38.

Con el tiempo, Luifer se adentró informalmente en la Andis y de convirtió en el primer “armador” de aquel complejo sistema de compras que ya tenía menos oferentes y una centralización total. De hecho, en las provincias se recibían las solicitudes de los afiliados a Incluir Salud y solo se limitaban a mandar todo a Buenos Aires. Y desde las oficinas centrales partía, y parte, la autorización y en su caso, el producto.

Semejante concentración enero que la Andis, además, se convierta en un fenomenal sistema logístico. Por dar un ejemplo, en 2023, mediante la orden de compra 483-0001-OCA23 se hizo una contratación directa al Correo Argentino para distribuir en todo el país los medicamentos por $542 millones, algo así como 135 milones de dólares si se toma en cuenta el precio de la moneda norteamericano de entonces.

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En ese momento, los márgenes del negocio daban para todo, hasta el punto de que algunas droguerías quejosas eran invitadas a no competir con algún inventivo mensual. Tal como había sucedido con Macri, la Andis y el Incluir Salud dependían de la Secretaría General, a cargo de Julio Vitobello.

Durante los primeros meses de Milei no hubo tantos cambios. Pero, entre febrero y marzo de 2024, el poder de Luifer Segura empezó a menguar. Detrás del “armador”, la Suizo Argentina había ganado más importancia a fuerza de espalda financiera para sostener los tiempos de pago del Estado, a su fuerza logística y a los enormes márgenes que entregaban un estado de felicidad compartida.

Cuando la dupla Spagnuolo y Garbellini asume, el sistema se mantuvo intacto. Como se dijo, fue un pase llave en mano. Solo que el “armador” perdió el favor del poder y en su reemplazo, siempre de manera informal, apareció Sebastián Nuner Uner, un abogado que ya tenía relación con los primos Menem, y que además, es uno de los directores de la Droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovadliker.

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Quizá la relación de Nuner y los Menem sea un conducto para analizar a la hora de que los audios empiecen a ser estudiados por la Justicia. De hecho, las 5 fuentes que contactó este cronista reconocían la existencia de algún vínculo entre ellos. Finalmente, los Menem, grandes arqueólogos de la Administración Pública, conocen estos rincones del Estado, perfectos para un alfil propio.

Pero el lugar de Nuner, a quién LA NACION le cursó mensajes pero no contestó, no es formal sino que ser “armador” no tiene designación en el Boletín Oficial. De ahí que siempre aparecen gestores de buena voluntad que se acercan al millonario pliegue del Estado donde se deciden compras millonarias sin licitación. Uno de los nombres que se escuchan cada tanto es el de Miguel Angel Calvette, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo y concejal en La Matanza, que habría tenido participación en la búsqueda de aportantes para la campaña libertaria en este sector.

Por encima de esta estructura del Andis está el Ministerio de Salud, donde ahora se encuentra alojado este instituto que salió de la Secretaría General. Allí está Mario Lugones, cuestionado no solo por este asunto sino por el escándalo del fentanilo contaminado que también transcurrió dentro de su organigrama, en el Anmat, el ente que debió controlar el producto.

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Lugones, hombre cercano al siempre presente Enrique “Coty” Nosiglia, está secundado por Cecilia Loccisano, actual viceministra de Salud y exesposa de Jorge Triaca, de histórica buena relación con la Droguería Suizo Argentina.

En medio de todo este magma de millones, compras y poder, los afiliados a este sistema llamado Incluir Salud, un nombre demasiado ambicioso a la luz de lo que sucede en este rincón del Estado.

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ANDIS,Coimas en Discapacidad,Diego Spagnuolo,Mario Lugones

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Enfrentados en Córdoba: Natalia de la Sota negó haberse “pasado al kirchnerismo” y dijo que a Schiaretti “le mienten”

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La diputada nacional Natalia de la Sota rechazó que haya recibido un ofrecimiento para integrarse a Provincias Unidas, el espacio que en Córdoba representa el exgobernador Juan Schiaretti, quien señaló que ella prefirió irse “al kirchnerismo”. La hija del exgobernador José Manuel de la Sota negó esa sentencia y aseveró que a Schiaretti “le mienten”. Consideró también que el exmandatario cordobés hizo un acuerdo con el presidente Javier Milei, y remarcó que ya no representa las ideas de su padre.

“Tengo la impresión de que a él le mienten. Le cuentan una historia para esconder la realidad. Alguien le ha dicho que me convocaron para formar parte de una lista, pero eso es absolutamente falso”, afirmó Natalia de la Sota en declaraciones que hizo llegar a , luego de la publicación de una entrevista en la que Schiaretti aseguró que le habían ofrecido estar en la lista de Provincias Unidas, pero “ella se fue al kirchnerismo”.

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Según De la Sota, “es totalmente lógico” que el exgobernador y también candidato a diputado nacional no la haya convocado, porque ambos se encuentran “en posiciones distintas desde que Schiaretti hizo un acuerdo con Milei”.

Natalia de la Sota y Juan Schiaretti, en otros tiempos.

“Primero, lo apoyaron electoralmente a Milei para la segunda vuelta; después, pusieron altos funcionarios en el gobierno libertario y, finalmente, le votaron las leyes que hacen daño a Córdoba y a los cordobeses”, acusó Natalia De la Sota, que se postula a diputada desde el sello Defendamos Córdoba.

El exgobernador De la Sota y Schiaretti conformaron una sociedad política con la que blindaron Córdoba a partir de una variante provincial del peronismo, que no se sumó al kirchnerismo. Según Natalia de la Sota, las ideas de su padre no están representadas en el espacio de Schiaretti.

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“No me fui a ningún lado, sigo en el lugar de siempre, con la misma identidad y las ideas de crecimiento con justicia social que impulsó José Manuel de la Sota, actualizadas a este tiempo amargo que trajo Milei a la Argentina. Nosotros somos Defendamos Córdoba. Estamos para defender a los cordobeses frente al daño que les está haciendo Milei. Son otros los que se fueron, los que siempre estuvieron detrás de [Mauricio] Macri y después se subieron alegremente al tren de los libertarios”, reprochó De la Sota, que comparte bloque (Encuentro Federal) con dirigentes cordobeses leales a Schiaretti y otros que representan a otros distritos, pero también integran Provincias Unidas.

“Schiaretti está en un proyecto personal que poco tiene que ver con Córdoba. Yo estoy en un proyecto colectivo para defender a Córdoba”, subrayó De la Sota en su réplica a Schiaretti.


prefirió irse “al kirchnerismo”,Crónica del salvataje. Las infartantes 72 horas en las que la Argentina se asomó al vacío,Juan Schiaretti,Córdoba,Elecciones 2025,Conforme a,,»Vacunatorios VIP». Revocan la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros, entre ellos su número dos a nivel nacional,,Aval internacional. EE.UU. pide consenso político y dejar el swap chino a cambio del paquete de ayuda económica,Juan Schiaretti,,Juan Schiaretti. “No queremos que el Gobierno se caiga ni que el país estalle; venimos a aportar racionalidad”,,Elecciones. El raid de Milei por Córdoba recalentó la campaña y le dio mayor visibilidad nacional a Schiaretti,,“Fines electorales”. Gobernadores de Provincias Unidas dijeron que la eliminación de las retenciones debe ser “por convicción” y no “por necesidad”

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Preocupación en la Corte Suprema: se aceleran las renuncias de jueces, Milei no envía pliegos y las vacantes que llegarán al 38% en 2026

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Las renuncias de jueces federales y nacionales se aceleraron este año y prometen ampliar las vacantes en el Poder Judicial, que pasarán del 33% actual al 38% ciento en el primer trimestre de 2026. La situación genera máxima preocupación en la Corte Suprema de Justicia, mientras el Gobierno sigue prometiendo que tras las elecciones enviara al Senado los pliegos de los jueces ya elegidos por el Consejo de la Magistratura.

La situación es grave porque no hay listas de conjueces para subrogar cuando no se pueden conformar mayorías y las causas quedan trabadas. Los conjueces son abogados de la matrícula, que se eligen por fuero, para suplir a los jueces titulares, pero deben tener acuerdo del Senado y hay fueros donde esas listas no existen.

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La Corte no tuvo tanta receptividad del Gobierno en este asunto como en el económico, del financiamiento del Poder Judicial. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se sentó mano a mano con el ministro de Economía, Luis Caputo, y acordaron las partidas para mantener el nivel salarial, al menos a la par de la inflación. Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, estaba sentado a la mesa y fue testigo del acuerdo.

Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia

El presupuesto elevado por el Gobierno al Congreso contempló estas partidas, excepto en un renglón: el de los bienes de uso del Consejo de la Magistratura, referido a infraestructura, tecnología y obras de mantenimiento.

Estaba presupuestada en la Justicia una partida de 29.000 millones de pesos y en el proyecto que llegó al Congreso quedaron 7.600 millones, un 73%. Tarea para el consejero de la magistratura y diputado Álvaro González, vicepresidente de la Comisión de Administración, cuando se debata el presupuesto en el Congreso.

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Las renuncias y jubilaciones de jueces se aceleraron este año porque la mayoría de los magistrados que llegan a la edad de jubilarse, o que les falta poco, prefieren adelantar la decisión por temor a que cambie la ley jubilatoria.

Hoy, los jueces se jubilan con un régimen especial que les garantiza el cobro del 82% móvil (es decir, que se ajusta junto con los sueldos en actividad). El cálculo ya no es sobre el último sueldo, sino sobre el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones (10 años), siempre que esas remuneraciones hayan estado sujetas a aportes. Esto redujo significativamente los haberes iniciales respecto al sistema anterior.

Además, los jueces en actividad designados después del 1° de enero de 2017 pagan el impuesto a las ganancias y al jubilarse, si estuvieron alcanzados, sus haberes también tributan. El haber promedio de un juez jubilado en 2025 era de unos 5.663.069 de pesos, según un relevamiento de Chequeado.

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El presidente de la Corte Suprema, Horacio RosattiRicardo Pristupluk

El Gobierno ya anunció que después de las elecciones avanzarán con una reforma al sistema previsional que incluye estos regímenes especiales. Los jueces aportan más que el resto de los próximos jubilados (18 por ciento contra un 11 por ciento) pero sus jubilaciones no tienen un tope como la del resto de los contribuyentes.

Antes que perder estos beneficios, muchos magistrados optaron en 2025 por jubilarse. Un estudio realizado por los propios magistrados sobre la base del Boletín Oficial, al que accedió , revela que en este año renunciaron 28 jueces. Además, hay 10 jueces que tendrán 75 años o más, que es la edad tope para que puedan seguir en el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado.

Este total de 38 jueces que podrían dejar el cargo a fin del primer semestre de 2026 (excepto los que tengan una medida cautelar que les asegure seguir en el cargo) llevarán las vacantes en el Poder Judicial nacional del 33 por ciento al 38 por ciento en 2026, dijeron fuentes judiciales.

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De las 28 renuncias de 2025, la mayoría fue del fuero laboral, con siete casos, y de los tribunales orales en lo criminal federal, con cuatro casos.

Entre los que tendrán 75 años en 2026 hay dos jueces de la Cámara de Casación Penal (Carlos Mahiques y Gustavo Hornos) y otros dos de la Cámara del Trabajo (Graciela Craig y Víctor Pesino).

El juez Carlos MahiquesArchivo

Estos números están encima de los escritorios de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que ven con preocupación este vaciamiento del Poder Judicial por las vacantes que se suman entre los jueces y también entre los fiscales nacionales y federales. El asunto es más preocupante cuando el 11 de enero próximo se pone en marcha el sistema acusatorio en Comodoro Py. El próximo lunes se suma Bahía Blanca a los distritos donde ya funciona como Salta, Jujuy, Santa Fe, Mar del Plata y Mendoza, entre otros.

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Actualmente están en manos del presidente Javier Milei 184 pliegos de jueces para cubrir otras tantas vacantes en juzgados, tribunales orales y cámaras nacionales y federales de todo el país. Otras 155 vacantes están en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay 77 concursos en trámite para cubrirlas.

Los cargos vacantes son en los tribunales civiles, comerciales, penal económico, en los tribunales orales y cámaras del interior del país. No son necesariamente vacantes políticamente sensibles, pero sí generan atrasos en la tramitación de los procesos. Solo en los tribunales orales federales porteños faltan la mitad de los jueces, lo que retrasa los juicios. En la Cámara en lo Penal Económico, que tiene seis jueces, solo hay dos en funciones. Además, falta el 50 por ciento de los jueces del fuero comercial y la mitad de los jueces civiles de familia.

Los pliegos en manos del Gobierno no incluyen los estratégicos candidatos de los juzgados federales de Comodoro Py (cuatro vacantes), de la Cámara Federal (dos cargos), de la Cámara de Casación Penal (tres vacantes). Esos concursos están en trámite en el Consejo de la Magistratura.

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Para cubrir cada cargo, el Consejo de la Magistratura hizo concursos, tomó exámenes escritos, hizo entrevistas personales y votó el envío de tres nombres al Poder Ejecutivo para cada vacante. El presidente Javier Milei debe elegir uno de los nombres de cada terna y enviarlo al Senado, donde el nombre del juez propuesto obtendrá acuerdo por mayoría o no.

Un plenario del Consejo de la Magistratura

El proceso es en general producto de una negociación política, donde el oficialismo y los partidos de oposición acuerdan dar apoyo a determinados candidatos según los deseos de cada bloque, y de los gobernadores. Sin diálogo político, los avances no se concretaron.

La semana pasada, el viceministro de Justicia Amerio se reunió con el presidente de la Cámara Civil, Omar Luis Díaz Solimine; la jueza y consejera de la magistratura Agustina Díaz Cordero y otros magistrados del fuero: les prometió que luego de las elecciones nacionales del 26 de octubre el Gobierno iba a enviar al Senado los pliegos de los candidatos que tuviera en su poder.

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Esta misma promesa fue hecha por el Gobierno en anteriores ocasiones y nunca fue cumplida. El 6 de noviembre de 2024, hace casi un año, el vocero presidencial Manuel Adorni y Amerio se pararon en la sala de conferencias de la Casa Rosada ante los periodistas para afirmar: “El Gobierno elevará 150 pliegos (al Senado de la Nación) para nombrar jueces, fiscales y defensores”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tuiteó: “La casta dejó una justicia vacía, sin jueces ni fiscales. Como consecuencia, los criminales no van presos y los corruptos no son condenados. Para solucionar la crisis que heredamos, en esta primera etapa enviaremos 150 pliegos al Senado para cubrir las vacantes”. No enviaron ninguna. Hoy, las ternas de candidatos a jueces que tiene en sus manos el Poder Ejecutivo ya no son 150, como hace seis meses, sino 184.


Hernán Cappiello,Conforme a

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Círculo rojo: Milei busca una nueva épica, malos pronósticos en el Congreso y reclamos urgentes de las provincias y el PRO

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“Por suerte apareció (Scott) Bessent, nuestro Terence Todman”, resalta un funcionario de gobierno y suelta una carcajada. El viernes, un cortocircuito imprevisto provocó un principio de incendio en el primer piso de la Casa Rosada, los bomberos actuaron con rapidez y tomaron control de la situación. Hubo algunos momentos de zozobra, incluso hubo que evacuar oficinas del ala que ocupa el asesor Santiago Caputo, que se había reunido minutos antes con Cristian Ritondo, pero nada comparado con el fuego que una semana atrás amenazó seriamente al proyecto libertario hasta que apareció otro bombero, el secretario del Tesoro. En el Gobierno volvieron a respirar, al menos de manera parcial. Dos viernes atrás, los ánimos eran propios de un funeral. “Estábamos muertos: no había nada que nos pudiera salvar”, reconoció un asesor presidencial muchísimo más aliviado después de que Bessent anunciara en sus redes el apoyo contundente de la administración republicana a Javier Milei y la confirmación posterior de ayuda financiera para rescatar al gobierno de una tragedia que, en la previa de las elecciones, hubiera tenido consecuencias indecibles.

Todman, de los primeros afroamericanos que llegó al mayor rango diplomático en Estados Unidos, fue a principios de los ‘90 el influyente embajador de la administración de George Bush (padre) que alineó a la Argentina, y fue clave para que Carlos Menem se sumara al Plan Brady de reestructuración de la deuda pública a cambio de reformas estructurales con las cuales el país cedió soberanía a grupos financieros. Menem brindó con Todman con espumante, en plenas relaciones carnales, un concepto inmortalizado por el entonces canciller Guido Di Tella. Esta vez fue Bessent, que ejecutó órdenes geopolíticas de Donald Trump y sacó el famoso “conejo de la galera”, un endorsement completamente inédito que se festejó en Casa Rosada y al que se aferraron en la cúpula del Gobierno después de intensísimas negociaciones durante todo el fin de semana pasado, entre Washington y Buenos Aires, que incluyeron a lobistas formales e informales, asesores libertarios y una decisiva participación de integrantes de la CPAC, el club de líderes ultraconservadores que integra Milei. Algunos cortocircuitos en la Cancillería con la administración republicana, que tampoco pasaron a mayores, se verá si pueden ser reparados después de las elecciones. Lo cierto es que el presidente volvió a tomar aire. A la espera de que se confirme la modalidad del préstamo del Tesoro, el swap por USD 20.000 millones y los requisitos, pero en la semana que pasó se calmaron los mercados y la volatilidad cambiaria, se recuperaron bonos y acciones y el riesgo país se desplomó por debajo de los 1.000 puntos -el viernes volvió a trepar por las restricciones anunciadas por el Banco Central-.

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Carlos Saul Menem y George Bush (padre)

La decisión del gobierno republicano, por su magnitud, tomó a todos por sorpresa, incluso a los que fatigaron activamente durante 48 horas los teléfonos rojos de Washigton. En la campaña del 2023, cuando a parte del equipo económico actual que trabajaba para los candidatos de Juntos por el Cambio le preguntaban por las chances de que el Tesoro norteamericano pudiera llegar a rescatar al país, respondían “cero”. Así lo escribieron en un paper de campaña.

El lunes, en la reunión de gabinete previa al viaje de Milei a la ONU en el que se encontró con Donald Trump y Bessent, y tras la apertura de los mercados que reaccionaron muy positivamente al anuncio norteamericano, el clima fue otro, producto del “golpe de efecto”. Y mientras la comitiva presidencial se embarcó hacia Manhattan, en Casa Rosada se empezaron a trazar los primeros lineamientos de la nueva estrategia de campaña que tendrá al mandatario como protagonista central, con recorridas por casi una docena de provincias para tratar de recuperar la épica perdida, tras un mes de parálisis y psicosis. Se bajó, además, una directiva a todos los ministros que desde empezarán a recorrer el interior del país y el área metropolitana: “Busquen gestión y saquen a relucirla”.

Un verdadero desafío para Luis Caputo, “Toto”, que enfrenta una encrucijada. La liquidación de USD 7.000 millones por parte de las grandes cerealeras provocó previsible malestar en productores y chacareros que fue expresado hasta por Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, que incluso meses atrás sonó como posible integrante del gabinete. El principal dilema, sin embargo, está atado a la corrección cambiaria que el Gobierno podría implementar después de las elecciones. En el 2018, Caputo abandonó la presidencia del Banco Central y el gobierno de Mauricio Macri tras quemar buena parte de las reservas, frente a la presión del FMI para dejar flotar el dólar y que el peso se devaluara. El ex presidente compró el acuerdo sellado entre Nicolás Dujovne y Christine Lagarde y Guido Sandleris reemplazó a “Toto”. Años después, el propio Macri reconocería como un error esa devaluación que sepultó su reelección.

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¿Golpe de efecto? En la mesa de estrategia política, que trabajó esta semana en Casa Rosada mientras los hermanos Milei y “Toto” Caputo se abrazaban a los Estados Unidos en la ONU -“fue una reunión muy emocionante”, exageró el ministro tras el encuentro con Trump y Bessent-, se comenzaron a delinear los primeros pasos de la campaña que tendrá al Presidente esta semana en Tierra del Fuego y otros destinos, y en distritos bonaerenses en los que se puede recuperar territorio o se ganó en la muy magra elección del 7 de septiembre que dinamitó el programa, como en Mar del Plata. Habrá, como se adelantó en esta sección, una parada obligada en el Movistar Arena, el 6 de octubre, para la presentación del nuevo libro del presidente, un evento con el que buscará reeditar parte de la mística del cierre de campaña del 2023.

Javier Milei y Luis Caputo en Naciones Unidas

Existe, sin embargo, una duda instaurada en el seno del gobierno en torno al impacto que el “golpe de efecto” Trump podría tener en la campaña. “Esto no es una panacea, pero ahora al menos hay algo de que aferrarse”, planteó un operador libertario.

La pregunta que se impone es entonces si con eso alcanza para torcer el malhumor generalizado de buena parte del electorado que en las elecciones provinciales de Buenos Aires expresó un rechazo masivo al Gobierno. Hace quince días, en el congreso bonaerense de la UIA, “Somos industria”, que se llevó a cabo en Costa Salguero, se trazó un panorama del sector y sobrevoló insistentemente la necesidad de construir consensos de manera urgente, en un panel conformado por dirigentes de distintos espacios. La famosa gobernabilidad de la que ahora la Casa Rosada parece haber tomado nota por pedido de Bessent. “De un viernes a un domingo no cambió nada, fue solo una elección a concejales, pero si vos no tenés el sustento político necesario para pasar la crisis económica no vivirías enterrado en esa crisis. Hay que cruzar un desierto y para eso necesitas consensos políticos”, planteó un industrial.

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Esa elección, por el contrario, enterró al gobierno y levantó a Axel Kicillof, que festejó el desdoblamiento y que esta semana sacó a pasear su proyecto presidencial por Manhattan, en un congreso con líderes globales y regionales como Yamandú Orsi y Lula da Silva, el mandatario brasilero que le prestó a Sergio Massa primero y a Cristina Kirchner después un puñado de estrategas que trabajaron con el PT y que, según trascendió en su momento, idearon el “Che Milei” que impuso la ex presidenta desde sus redes. Kicillof recorrió unos 8.500 kilómetros hasta Nueva York pero aún no visitó a la ex presidenta en su departamento de San José 1111 que está a solo 50 kilómetros de su despacho en La Plata. La última vez que discutieron telefónicamente, en el cierre de listas bonaerense, fue en un tono muy elevado. Un dirigente del peronismo que la vio hace unos quince días la notó muy disgustada con el gobernador. Dolida y furiosa, un sentimiento que empezó a acumular desde el momento en que su ex ministro no apoyó públicamente su decisión de lanzarse como presidenta del PJ. Unir esas partes de cara al 2027 será una tarea titánica. Es un oficio complejo para aquellos que trabajan para acercar posiciones como el intendente Federico Otermin, de Lomas de Zamora, que la visitó la semana pasada.

El Gobierno ya no se regodea con la crisis del PJ. Tiene su propia crisis, auto infligida. Recuperar la épica del 2023 no parece fácil: la gestión arrastra serios inconvenientes, el programa económico un deterioro severo, en especial en la economía real, con caída pronunciada de la actividad y una recesión en el consumo. El último estudio de la Universidad de San Andrés, que se publicó el viernes, volvió a mostrar un aumento en la desaprobación de la gestión de gobierno: alcanzó un 58%. El nivel de satisfacción con “la marcha general de las cosas” cayó al 32%, el nivel más bajo desde que asumió Milei. En el 2017, en la previa de las elecciones de medio término del segundo año de Macri, ese índice se ubicaba por encima del 50%. Cambiemos arrasó ese año en las urnas.

Karina Milei (Franco Fafasuli)

De todos modos, en el oficialismo se evidencia un contraste notorio entre el viernes anterior y esta semana cuando Trump se pronunció a cara descubierta en favor de la “reelección” de Milei. Bessent fue aún más sincero: “Mientras el presidente continúe con políticas económicas fuertes, estaremos para ayudarlo a llegar hasta las elecciones”.

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Otra vez el Congreso. La administración republicana pidió, según trascendió del propio Gobierno, que el oficialismo recomponga los puentes con los aliados y reconstruya acuerdos de gobernabilidad para avanzar en reformas estructurales. En el corto plazo, sin embargo, no pareciera haber buenas noticias en el frente parlamentario para la Casa Rosada, que se prepara para una semana compleja en materia legislativa, y otra vez se pondrá en aprietos al esquema de gobernabilidad parlamentaria de La Libertad Avanza.

El jueves, el rechazo a los vetos de emergencia pediátrica y financiamiento universitario podría tener luz verde definitiva tras el revés reciente en Diputados. 48 horas antes, el martes, la modificación de la ley 26.122 de regulación de los DNU que ya tuvo media sanción en el Senado tendría dictamen de comisión y estaría lista para ser tratada próximamente en el recinto. Se trata de un proyecto vital para un gobierno parlamentariamente débil que, en reserva, ya exhibió preocupación en el Congreso por la posible sanción de ese proyecto que, de aprobarse tal como salió del Senado, implicará que solo con una cámara, y no con las dos, pueden rechazarse los decretos de necesidad y urgencia.

En Diputados hay un debate generalizado: si debe aplicarse, en caso de que se apruebe -más allá de que el Gobierno dejó trascender que podría vetarla-, desde ahora o a partir del 2027, con una nueva administración. “No podemos cambiar las reglas del juego en mitad de mandato, es demasiado”, explicó un jefe de bloque. Es una discusión que todavía no está saldada, que aún no tiene los votos garantizados en el recinto y que, en el caso del PRO, no fue llevada al debate interno, a pesar de que el antecedente del Senado es contundente: de los siete senadores de ese bloque, cinco apoyaron la media sanción hace quince días.

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El PRO es un hervidero. La reciente discusión entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, en pleno recinto, expuso las fracturas internas. La diputada aún medita qué hacer a partir del 10 de diciembre: ella quiere asumir su banca en la Legislatura porteña, a pesar de que hay dirigentes que la quieren convencer para que siga en el Congreso. Laura Alonso, vocera del gobierno porteño, sí ya tomó la decisión de mudarse a la Legislatura. El ministro Hernán Lombardi aún duda. Por las dudas, como adelantó esta sección, se prepara Cristian Gribaudo.

Son movimientos que sigue con atención el jefe del PRO, que sigue disgustado con la foto de Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro vestidos de violeta en el lanzamiento de la campaña bonaerense, en el corazón de La Matanza. En la cúpula del PRO se preguntan si esos dirigentes son más permeables a las órdenes de “Balcarce 50 o de Balcarce 412″, la sede del partido. La respuesta es bastante obvia. “Cristian le había prometido a Mauricio que no haría nada que perjudicara la identidad del PRO”, subrayaron cerca de Macri. Esa desazón profundizó en los últimos meses una versión instalada que daría cuenta de que el jefe del PRO estaría decidido a conducir a un puñado de diputados de su riñón a partir del 10 de diciembre. Para tratar de reconstruir el partido, con otro jefe de bloque. Tiene lógica si se tiene en cuenta que con el recambio legislativo habrá una migración desde el PRO a La Libertad Avanza y el quiebre definitivo de la bancada amarilla tal como se la conoció hasta ahora. “Nosotros somos oposición”, abundó esta semana un ladero de Macri. En esa hipotética hoja de ruta se inscribiría la especulación que gira en despachos de Casa Rosada: ¿Santiago Caputo quiere a Ritondo de presidente de la Cámara baja? Habría que ver qué piensa Karina Milei.

Cristian Ritondo y Mauricio Macri

En la cúpula del Gobierno sobrevuela de todos modos una preocupación mucho más urgente: los avances de la comisión por el caso $LIBRA que preside Maximiliano Ferraro, que se tomó muy en serio su rol. La inquietud estuvo particularmente centrada en las presentaciones judiciales que realizó María Florencia Zicavo, mano derecha del ministro Mariano Cúneo Libarona, que amplió una medida cautelar para evitar presentarse en la comisión por considerar que el Parlamento se superpone a la investigación de la Justicia.

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Zicavo fue citada a la comisión por segunda vez. Walter Lara Correa, el juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, rechazó esta semana la ampliación de la cautelar de la funcionaria por “insustancial”. Fuentes inobjetables del oficialismo aseguraron que altos funcionarios del Ejecutivo intentaron contactarse con el juez. No por la suerte de Zicavo, si no por las posibles repercusiones en la figura de Karina Milei, que fue citada por segunda vez para este martes. El viernes, desde la comisión del Congreso se hizo la presentación en Comodoro Py para forzar a Zicavo a comparecer ante el Parlamento por la fuerza pública. La hermana del Presidente no va a presentarse este martes. En el seno de la comisión le propondrían una declaración en reserva en su despacho de la Casa Rosada, habilitada por la normativa vigente. En reserva, se trabaja además para citar a un colaborador que podría tener información directa de la reunión que mantuvieron en su momento el presidente y Hayden Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA.

Hay sectores del Congreso que no tienen mucha esperanza en que comparezca Karina Milei. En especial porque, según trasciende, se menciona un acuerdo implícito con un sector del peronismo, aún vigente, para proteger a la hermana presidencial.

Cristina Kirchner junto a Juan Manuel Urtubey

Acuerdos, sí o no. El peronismo atraviesa un profundo debate interno tras la detención de Cristina Kirchner y el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Con gobernadores atomizados, ocupados en sus distritos, empiezan a aparecer intentos para amalgamar sectores y sacarle los focos al PJ de la disputa bonaerense entre Cristina Kirchner, La Cámpora y Kicillof. Para darle un sentido federal y disputarle la taquilla a Provincias Unidas, el nuevo bloque de gobernadores que concentró en estos meses buena parte de la atención del círculo rojo en paralelo al deterioro del Gobierno. En especial, a uno de ellos, que ya no disimula sus ganas de ser candidato a presidente en el 2027.

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El martes, candidatos y dirigentes de Primero la Patria tendrán su primer plenario con candidatos y dirigentes de todo el país: desde Teresa García y Juan Manuel Urtubey, a José Glinski, Sergio Uñac y Nicolás Trotta. Un espacio que se reconoce como “no camporista”, pero alineado a la conducción de Cristina Kirchner, que busca “desprovincializar” al peronismo, por fuera de Kicillof, y confrontar abiertamente con el Gobierno.

Un bloque político mucho más refractario a La Libertad Avanza que Provincias Unidas, que mantiene por lo bajo puentes de comunicación con la Casa Rosada. Los gobernadores, sin embargo, quieren gestos concretos por parte de Milei, que recién vuelto de Nueva York pareciera haberse convencido de la necesidad de ponerse al frente de la estrategia, y de la campaña.

El Presidente sabe que no hay margen para más errores. Que la institucionalización del Ministerio del Interior, con Lisandro Catalán a la cabeza, y la conformación de una nueva mesa política no son suficientes. El sistema político de posibles aliados esperan más gestos, especialmente después de las elecciones, cuyo resultado ya no se avizora arrasador. A lo sumo, una victoria módica.

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¿Está dispuesto Milei a abrir el gobierno a dirigentes de otros espacios? Es la principal incógnita. Es lo que se preguntan gobernadores y legisladores. También Macri, que se cansó de los desplantes. El ex presidente dice querer colaborar. En las últimas semanas mantuvo una serie de charlas con colaboradores. Algunos de ellos incluso discutieron con él en torno al apoyo o no al gobierno. “Mauricio quiere que les vaya bien, pero le calientan mucho las pelotudeces que hacen con nosotros”, dijo uno de ellos.

Gobernadores de Provincias Unidas

Por ejemplo, el reclamo por la coparticipación federal que el gobierno se resignó a cumplir cuando la Corte Suprema resolvió la cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires, tras el recorte propinado en su momento por Alberto Fernández, en plena pandemia.

En los últimos meses, el gobierno se retraso con la transferencia del 1,55% correspondiente a la Ciudad, dispuesto por la Corte, por fuera del 1,40% automático que nación transfiere a diario a la administración porteña. Son unos 20.000 millones que se depositan todos los viernes y que el gobierno empezó a retacear, con más notoriedad el último mes. Jorge Macri, que retomó el vínculo con La Libertad Avanza gracias a la gestión de algunos operadores, avisó de la demora. El jueves, el ministro Gustavo Arengo y el procurador Martín Ocampo se reunieron con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, para encontrar una solución. No hubo avances técnicos. “El tema lo va a solucionar la política”, abundaron las fuentes. El gobierno quiere discutir el coeficiente, rebajarlo: desde la administración porteña le explicaron al Ejecutivo que ese reclamo lo tienen que hacer en la Corte.

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Para la Ciudad es una cifra considerable: está estipulado en $2 billones para el 2026, el 10% del presupuesto porteño que este martes será presentado en la Legislatura y que, según trascendió, contempla un aumento importante en obras por parte del jefe de Gobierno para darle más vuelo a la gestión. El publicista Rodrigo Figueroa Reyes trabaja desde hace algunos meses en la construcción de una nueva marca.

Jorge Macri y Javier Milei

Esa cifra por coparticipación no fue plasmada por el Gobierno en el Presupuesto que envió a mediados de mes al Congreso. En el PRO aún desconfían de Milei, algo similar a lo que ocurre con los mandatarios provinciales, que quieren ver en la ley madre los reclamos presentados a la Casa Rosada y al ministro de Economía, que se sumó a la mesa federal de negociación con las provincias. El debate parlamentario tomará vigor después del 26 de octubre, no antes. Quien alertó en el Congreso fue Ricardo López Murphy, candidato a diputado, que tiene un diálogo muy fluido con el PRO de la capital. Se le pronostica una buena elección en octubre. Quien está incómoda con el reclamo por coparticipación es Patricia Bullrich: ella fue la que impulsó y lideró el traspaso de la policía a la Ciudad en el 2016.

La ministra lidera todas las encuestas en la categoría del Senado, pero la opción de hacer una elección récord, como en las mejores épocas del PRO y JxC, ya quedó desechada. Peor aún es la situación de Alejandro Fargosi, que encabeza la boleta de LLA en la categoría diputados: está varios puntos por debajo de Bullrich.

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