En una entrevista para Infobae en vivo, la abogada laboralista Elisa Cerri sostuvo que “la nueva ley laboral no va a crear trabajo, solo va a regular lo que ya existe”. Su análisis apuntó a los vacíos legales y a las dificultades prácticas que enfrentará el sistema laboral argentino tras la aprobación de la reforma impulsada por el oficialismo de Javier Milei.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Cerri describió el escenario de incertidumbre que atraviesan tanto empleados como empleadores frente a la inminente entrada en vigencia de la ley. “El DNU 73/2026 fue judicializado y está frenado, pero no tiene nada que ver un decreto de necesidad y urgencia con una ley aprobada por ambas cámaras”, explicó. “Si nosotros tenemos artículos de una ley que va en contra de la Constitución Nacional, se puede judicializar. La CGT lo podrá hacer en representación de todos los trabajadores, pero cada persona que tenga un conflicto puntual deberá ir a la justicia y plantear que esto le afecta y va en contra de la Constitución”.

El reemplazo de la ley para despidos e indemnizaciones

Cerri fue enfática respecto al impacto inmediato de la reforma: “La ley que aplica para el cálculo indemnizatorio es la que esté vigente al momento del despido. Si a la persona la despiden después de que entre en vigencia la reforma laboral, le va a aplicar la ley reformada”. Ante la consulta sobre la posibilidad de reclamar la aplicación de la ley anterior, la especialista fue tajante: “Si vos querés empezar un proceso judicial para reclamar la aplicación de la ley anterior, lo podés hacer, pero no te lo recomiendo porque lo vas a perder”.

La abogada desmitificó los rumores sobre topes indemnizatorios: “El tope de diez salarios fue un mito que circuló, pero no es real. Lo que sí cambió es qué incluye o no el cálculo indemnizatorio. El trabajador que va a ver afectada su indemnización es el más jerárquico, sobre todo en multinacionales, porque a ellos sí se les redujo la indemnización al no contemplar bonos ni acciones en la base”.

Inseguridad jurídica y judicialización por los “grises” de la reforma

Elisa Cerri subrayó que la reforma deja grandes zonas de inseguridad jurídica: “Cuando vos dejás muchos grises en una ley, eso aumenta la litigiosidad. Si sacás la obligación del empleador de proteger la dignidad del trabajador, eso ya es litigioso de por sí”. Agregó que “la ley anterior protegía la vida moral y no solo la económica del trabajador. Ahora, la reforma dice que si no hay perjuicio económico, el empleador tiene derecho a cambiar condiciones como el horario, y eso es polémico”.

Sobre el banco de horas, advirtió: “Eso va a aplicar a todos los trabajadores automáticamente. El consentimiento en el contrato de trabajo es polémico porque hay una relación de poder desigual. El trabajador puede firmar para no perder el empleo, no porque quiera, y si logra probarlo ante la justicia, probablemente le den la razón”.

En cuanto al pago en cuotas de indemnizaciones, Cerri aclaró: “El tema de las 12 cuotas es una parte procesal que se aplica inmediatamente. Si estás en juicio, existe la posibilidad de que te paguen la indemnización en cuotas”.

Omisiones de la ley y comparación internacional

La especialista criticó la ausencia de temas contemporáneos en la reforma: “No hay un solo artículo que hable sobre inteligencia artificial, trabajo remoto o automatización. En Europa, cuestiones como la relación laboral en Uber están resueltas hace años, y acá seguimos discutiendo si un chofer de aplicación es o no empleado”.

Cerri también se refirió a la informalidad estructural en el país: “La queja principal de los empleadores para regularizar el empleo no está satisfecha con esta ley. La rebaja de cargas patronales es solo para quienes contraten a partir de diciembre de 2025 y por dos años. No aplica a los empleadores actuales. No se puede hablar de fomentar el empleo en blanco si no bajamos el costo de contratar formalmente”.

En cuanto al impacto en la litigiosidad, fue contundente: “No creo que baje la litigiosidad. La industria del juicio está sola porque tenemos al 50% de la gente en negro. En 2025 hubo 120 mil juicios laborales cuando hay 20 millones de personas en condiciones de trabajar”.

Para cerrar, Cerri se refirió al traspaso de la justicia laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires: “Es una decisión política que siempre estuvo atravesada por los intereses de cada sector. En la práctica, muchos jueces y funcionarios están pasando a la ciudad porque les ofrecen convenios. No creo que haya tanta diferencia en el funcionamiento, aunque seguramente se judicializará el traspaso”.

“La ley laboral no tiene el objetivo de crear empleo, sino de regular las relaciones existentes y sancionar las irregulares. Pensar que va a crear trabajo es como decir que la ley penal va a reducir la inseguridad. Las soluciones son mucho más profundas”, concluyó.

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El Senado debate este viernes la nueva reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil. Apenas iniciada la sesión, el kirchnerismo cuestionó a La Libertad Avanza (LLA) por leer los discursos.

La senadora opositora Juliana Di Tullio tomó la palabra y le pidió a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que “haga cumplir el reglamento” y le prohíba a los miembros del bloque oficialista leer sus exposiciones.

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Con un ejemplar del reglamento del Senado y otro de la Constitución Nacional en alto, Di Tullio dijo: “Lo que quiero es decirle que hay prohibiciones y entre ellas está la lectura. No se puede leer porque alguien tiene que estudiar las leyes complejas que Ejecutivo envía y si no tienen a nadie que las estudié y las lea, es una vergüenza”.

“Alguno debe tener la capacidad de estudiar el tema. Debe haber leído el 98% de lo que dijo”, agregó la senadora en referencia al senador salteño, Gonzalo Guzmán Coraita.

Rápidamente, la senadora María Emilia Orozco respondió a Di Tullio con una chicana en referencia a Cristina Kirchner: “Si ustedes fueran tan reglamentaristas y lo respetaran así como lo exigen, tanto el reglamento como la Constitución…Si respetaran las normativas, no tendrían a su máxima referente condenada con una tobillera. Así que empecemos por casa”.

Tras el comentario de Orozco, Di Tullio acusó a Villarruel de violar el reglamento al darle la palabra a otros senadores para hacer “un tema libre” de su reclamo. “La verdad, sigan haciendo lo que quieran con el reglamento. A usted le da lo mismo, presidenta. Pueden hacer lo que quieren porque usted los habilita”, remarcó la senadora del peronismo.

Los debates

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad genera fuertes cruces en el Congreso y en la opinión pública. El proyecto busca modificar el régimen penal juvenil y establecer que los mayores de 14 años puedan ser juzgados por delitos graves.

Desde el oficialismo y sectores aliados, insisten en que la medida es necesaria para combatir la inseguridad y dar respuesta a las víctimas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y parte de la oposición rechazan la iniciativa, argumentando que no resuelve el problema de fondo y puede vulnerar derechos de los adolescentes.

En la previa a la sesión, Patricia Bullrich salió al cruce y dejó en claro su postura sobre la iniciativa.

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“Hoy votamos la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. Quienes voten en contra tendrán que hacerse cargo. Porque cuando se elige la impunidad, también se elige abandonar a las víctimas”, lanzó la senadora, en un mensaje directo a sus colegas y a la sociedad.

Bullrich remarcó que “la edad no puede ser una excusa para delinquir” y advirtió: “Sin consecuencias no hay justicia”.

Senado, Juliana Di Tullio, Victoria Villarruel