El escándalo político que terminó de desmoronarse esta semana en el Gobierno se originó con la filtración de audios grabados por Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que aluden a un sistema de recaudación ilícita en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Tras la difusión de las grabaciones —que habrían sido grabadas hace más de un año y fueron editadas con precisión—, el Ejecutivo actuó con rapidez: removió preventivamente a Spagnuolo de su cargo, intervino la agencia bajo la órbita del Ministerio de Salud y ordenó una auditoría integral de todos los contratos vinculados al organismo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar explicaciones en su aparición pública. Defendió el accionar oficial y sostuvo que confía en que la auditoría arrojará claridad sobre el verdadero alcance de los hechos, y advirtió que, si se confirma la existencia de coimas, “lo vamos a hacer mierda”.

Coimas en Discapacidad: el Gobierno denuncia que hay utilización política y hace control de daños

El contenido de los audios resulta explosivo: Spagnuolo acusa directamente a Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, señalando que recibirían un porcentaje del 8% que cobraban los proveedores a cambio de contratos, de los cuales un 3% iría al entorno presidencial

Paralelamente, la causa judicial ya abrió la fase pericial: el juez Sebastián Casanello ordenó 14 allanamientos, incautaciones y secuestros de teléfonos, sobres con dinero, documentación y objetos clave en la investigación. El empresario Emmanuel Kovalivker, vinculado a la droguería Suizo Argentina —sospechada de canalizar las coimas—, fue sorprendido con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en un operativo en Pilar.

En tanto, fuentes legales y políticas consultadas señalaron que, si bien no hay pruebas contundentes aún, el peso de los audios y la presión mediática podrían derivar en consecuencias graves para la cúpula del Gobierno, en pleno año electoral

Desde el Congreso, la oposición ya exige que se informe de manera pública sobre los contratos revisados. El abogado Gregorio Dalbón ya presentó ante la Justicia una denuncia por presuntas maniobras de cohecho, administración fraudulenta y negligencia, que involucra a Milei, a su hermana Karina, al subsecretario Menem y a Kovalivker como posibles responsables.

La auditoría sumaria, prevista como prioridad por el Gobierno para contener el escándalo, busca determinar si los contratos fueron sustentables y transparentes o si existió un circuito sistemático de pagos ilegales. Fuentes oficiales aseguran que la investigación “no tapará nada” y será clave para determinar responsabilidades.

Guillermo Francos vinculó a Diego Spagnuolo con Victoria Villarruel y defendió a Karina Milei

¿Qué está en juego?

• Credibilidad política: Al estallar en plena campaña legislativa, el caso erosiona la narrativa de “mano firme contra la corrupción” del Ejecutivo.
• Fuerza institucional: La rapidez de la intervención y auditoría busca demostrar que el Estado responde con mecanismos de control ante irregularidades graves.
• Dimensión judicial: Con el despliegue de allanamientos y denuncias, la causa podría derivar en procesos penales contra figuras de alto perfil.
• Impacto simbólico: A nivel discursivo, los audios y sus relatos incrementan la percepción de que en Casa Rosada se consolidó un estilo de poder cerrado y opaco, opuesto al espíritu de renovación que pregonó Milesi.

Mientras los auditores repasan los contratos y la Justicia analiza los componentes incautados, el Gobierno se encuentra en una encrucijada para sostener su versión en medio del ruido político. El expediente de Spagnuolo pasó de ser un secreto oscuro a una mecha que prendió el tablero político nacional.

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Tras haber pasado por ambos recintos del Congreso, se formalizó el rechazo de ambas cámaras a un DNU y cuatro decretos delegados, emitidos por el Ejecutivo antes de que finalicen la vigencia de los poderes que le habían sido entregados por tiempo limitado.

A través de una serie de resoluciones que llevan, por un lado, la firma del presidente de la cámara Baja, Martín Menem, y por el otro, el de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel. Los decretos se desactivaron luego de que la oposición alcanzara los acuerdos necesarios primero en Diputados y luego del rechazo en el Senado. De esta manera, dejaron de tener validez tras su publicación en el Boletín Oficial.

Dentro del listado de normativas, figuran la Resolución 39/2025 que menciona al DNU 340/2025 en el que el Ejecutivo nacional aprobaba un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, declarando como servicio esencial a la navegación de agua marítima, limitando el derecho a huelga de los trabajadores.

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En paralelo, revocó mediante la resolución 43/2025 el poder utilizado para reorganizar y optimizar la estructura de la Administración Pública Nacional. Mediante el decreto 345/2025 se estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y al mismo tiempo la transformación del Instituto Nacional del Teatro, el cual pasó a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

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Al mismo tiempo, mediante la Resolución 94/2025, se hizo efectivo el rechazo decreto 461/2025 que establecía el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. Corrieron la misma suerte las normativa, en la que se materializaron las disoluciones y transformaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

En ese mismo texto, desestimado ahora por el Congreso, también el Gobierno había disuelto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), poniendo de manifiesto un informe elaborado por un Interventor, el cual indicaba que “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.

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Por otro lado, se oficializó el rechazo parlamentario a la reestructuración del el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Bajo la nueva configuración, el organismo pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin embargo, perdió validez legal. El rechazo se conoció a través de la resolución 44/2025.

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Cada una de estas notificaciones oficiales que hicieron formaron parte del paquete de discusiones que tuvieron lugar durante el mes de agosto. El tratamiento para derogar los decretos delegados de Milei comenzó el pasado 6 de agosto en la cámara Baja. El miércoles pasado la discusión continuó en el Senado, pero donde solo se acordó tratar en el recinto cuatro de los decretos de facultades delegadas, entre ellos los cambios en el derecho a huelga y la designación de ciertos servicios como esenciales, la transformación del BNDG, la disolución de Vialidad Nacional, la supresión de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y ajustes profundos en el INTI y el INTA.

Tal como lo había adelantado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estas herramientas con las que contaba el Gobierno no fueron renovadas. “Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, indicó en diálogo con la prensa.

El Gobierno frena el aumento a las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras define la judicialización de la ley que incrementa los fondos derivados al sector. El Ejecutivo no logró frenar el rechazo al veto en la Cámara de Diputados y espera que el Senado lo convalide en el corto plazo.

Es por eso que los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan sobre la estrategia judicial para no tener que aplicar la erogación presupuestaria que indica la ley. En Nación sostienen que buscan evitar realizar un doble aumento en caso de que la Justicia les ordene avanzar con lo dispuesto por ambas cámaras del Congreso.

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La mesa política de Balcarce 50 reconoce que el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre que el oficialismo estaba “considerando” un incremento de las prestaciones fue promovido por pedido de diputados aliados para intentar justificar su voto a favor del veto. “No sirvió y por ahora no se va a hacer”, agregan.

El secretario de Comunicación expresó además que la medida se iba a financiar mediante el recorte de fondos de pensiones por invalidez “mal otorgadas”, que todavía no están auditadas en su totalidad. El Ministerio de Salud comenzó a principios de año un proceso de chequeo sobre el universo total de 1.000.000 pensiones, pero solo logró por el momento notificar a 280.000 beneficiarios.

La encargada de trabajar el enfoque jurídico es la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, en conjunto con su mesa de abogados, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro. La primera definición del gabinete es que no promulgarán la ley luego de que la Cámara Alta rechace el veto.

Una de las opciones que el Gobierno evalúa es recurrir a la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión en el Senado en la que se votaron las iniciativas. Nación mantiene la intención de argumentar que la autoconvocatoria de Senado es ilegal y que lo aprobado durante la sesión no tiene validez. Planea invocar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta.

Leé también: El plan del Gobierno por el caso Spagnuolo: auditorias internas y sospechas por el origen de los audios

La otra apunta a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo bajo el argumento del impacto fiscal de la medida, que ya lo incluyó en los considerandos del veto. Sostienen además que las fuentes de financiamiento de la ley no contemplan más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla y apela a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Las distintas oficinas de la Casa Rosada enfrentan a la par un parate luego de la filtración de audios del extitular de la ANDIS en los que denuncia un presunto pedido de coimas. La mesa chica de Balcarce 50 se está enfocando en desarrollar un plan de acción para contener el frente interno y luego el externo. Es por eso que tampoco se dedicará a preparar un aumento a pensiones de discapacidad mientras el organismo se encuentra en plena auditoría e intervención.

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