El Gobierno frena el aumento a las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras define la judicialización de la ley que incrementa los fondos derivados al sector. El Ejecutivo no logró frenar el rechazo al veto en la Cámara de Diputados y espera que el Senado lo convalide en el corto plazo.

Es por eso que los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan sobre la estrategia judicial para no tener que aplicar la erogación presupuestaria que indica la ley. En Nación sostienen que buscan evitar realizar un doble aumento en caso de que la Justicia les ordene avanzar con lo dispuesto por ambas cámaras del Congreso.

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La mesa política de Balcarce 50 reconoce que el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre que el oficialismo estaba “considerando” un incremento de las prestaciones fue promovido por pedido de diputados aliados para intentar justificar su voto a favor del veto. “No sirvió y por ahora no se va a hacer”, agregan.

El secretario de Comunicación expresó además que la medida se iba a financiar mediante el recorte de fondos de pensiones por invalidez “mal otorgadas”, que todavía no están auditadas en su totalidad. El Ministerio de Salud comenzó a principios de año un proceso de chequeo sobre el universo total de 1.000.000 pensiones, pero solo logró por el momento notificar a 280.000 beneficiarios.

La encargada de trabajar el enfoque jurídico es la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, en conjunto con su mesa de abogados, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro. La primera definición del gabinete es que no promulgarán la ley luego de que la Cámara Alta rechace el veto.

Una de las opciones que el Gobierno evalúa es recurrir a la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión en el Senado en la que se votaron las iniciativas. Nación mantiene la intención de argumentar que la autoconvocatoria de Senado es ilegal y que lo aprobado durante la sesión no tiene validez. Planea invocar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta.

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La otra apunta a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo bajo el argumento del impacto fiscal de la medida, que ya lo incluyó en los considerandos del veto. Sostienen además que las fuentes de financiamiento de la ley no contemplan más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla y apela a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Las distintas oficinas de la Casa Rosada enfrentan a la par un parate luego de la filtración de audios del extitular de la ANDIS en los que denuncia un presunto pedido de coimas. La mesa chica de Balcarce 50 se está enfocando en desarrollar un plan de acción para contener el frente interno y luego el externo. Es por eso que tampoco se dedicará a preparar un aumento a pensiones de discapacidad mientras el organismo se encuentra en plena auditoría e intervención.

Gobierno, Discapacidad

Artículo publicado originalmente en TN

En la última una semana el gobierno de Javier Milei se pareció mucho a un boxeador que viene ganando la pelea, se descuida, baja la guardia y recibe un par de duros golpes que lo aturden y lo hacen cambiar el plan de combate.

También se le puede aplicar aquella famosa frase que dice que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Y eso le pasó en el Congreso de la Nación.

La oposición, con el kirchnerismo a la cabeza, hizo lo que se esperaba. Juntó los votos en Diputados y en el Senado, y rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad y dio de baja cinco decretos de desregulación de organismos del Estado. Además, convirtió en ley el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

A la Casa Rosada solo le quedó sostener el veto al aumento del 7,2% a los jubilados. Contó con el apoyo de los gobernadores, que -como contraparte- lograron la sanción del reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La historia es conocida. Milei suele castigar a los gobernadores que no se alinean con el ajuste que aplica la administración nacional. Pero luego tiene que ir a pedirle los votos para sostener los vetos, por carecer en el Parlamento de la fuerza propia y suficiente para lograr ese objetivo.

Pero en las últimas semanas el Presidente vivió también otra realidad. Los heridos que dejó La Libertad Avanza con el cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales y la bonaerense, se hicieron sentir a la hora de votar.

Milei sabe que debe ganar -y bien- los comicios para aumentar su poder en el Congreso desde el 10 de diciembre. Aunque, con ese escenario favorable, para poder sacar las leyes que necesitará su Gobierno deberá seguir apelando a los aliados del PRO -partido al que somete cada vez que puede- y a los que le quedan en el radicalismo.

Pero no fue solo el Parlamento el que trastocó todos los planes de la Casa Rosada. El golpe inesperado provino de la fuerza propia, con el escándalo de los audios que ponen en superficie supuestos actos de corrupción con la compra de medicamentos, un lamentable clásico de la Argentina que atravesó diferentes gobiernos.

Puertas adentro del mundo libertario admitieron que el Gobierno entró en una especie de estado de shock.

No es para menos. En esos audios aparecía Diego Spagnuolo, por entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hablando de un sistema de corrupción con el presunto pago de coimas o sobornos que involucraba droguerías como la Suizo Argentina.

Pero el sacudón mayor fue la mención de Spagnuolo respecto a que, el año pasado, había puesto al tanto de todo esto al propio Milei, y que involucraba a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y a su mano derecha, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem.

“¿Por qué ahora?” y “¿Quién lo difundió?” fueron las dos preguntas que más se escucharon por los pasillos del poder sobre el audio de Spagnuolo. Empezaron entonces las múltiples versiones.

Que fueron los servicios de inteligencia, como parte de la pelea entre Karina Milei y el poderoso asesor Santiago Caputo. O que fueron los diputados que rompieron con el bloque de LLA y crearon Coherencia, su propio espacio, como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.

Pero uno de los detalles no menores de este caso es que quien se queja es nada menos con Spagnuolo, un hombre que siempre fue de extrema confianza de Milei, al punto tal que era su abogado.

Lo que también llamó la atención es el silencio del propio Milei, quien suele ser muy locuaz a la hora de hablar de los problemas que se le presentan al gobierno y sobre la corrupción kirchnerista. Durante días, desde la presidencia solo hubo silencio. Eso sí: Spagnuolo fue eyectado rápidamente de su cargo.

Nadie explicó aún otra cosa: si estos audios son del año pasado, según se desprende de la investigación judicial, ¿por qué el Gobierno no hizo nada para cortar ese supuesto sistema de coimas, sobre todo si Spagnuolo había puesto sobre aviso al propio Presidente?

Por estas horas se hizo muy conocida una selfie que Spagnuolo se había sacado junto a Karina, “Lule” y Martín Menem. Todos sonrientes.

Ahora, el miedo está recostado sobre la posible aparición de nuevos audios o videos, y lo que pueda salir de los celulares y dispositivos electrónicos que el juez Casanello le secuestró a los implicados en la causa, para conocer sus contenidos. Y especialmente, si Spagnuolo ratifica ante la Justicia todo lo que se escuchó.

En la Rosada evalúan qué hacer. El viernes estuvieron todos juntos para definir una estrategia. Karina, Caputo, los Menem y el vocero Manuel Adorni. Nadie mueve un dedo sin la autorización de Milei.

Se habló de desacreditar a Spagnuolo y denunciarlo por no haberse presentado ante los Tribunales frente a las sospechas de coimas. El problema es que el exfuncionario aseguró que le dijo todo a Milei. Entonces, ¿por qué el Presidente no lo denunció? Todo es muy oscuro, por ahora.

Los Kovalivker, los dueños de la droguería Suiza Argentina, son muy conocidos, no solo por el gobierno de Milei sino por varias administraciones anteriores. Y lo que preocupa ahora es qué puede llegar a decir ante la justicia Emmanuel Kovalivker, a quien este viernes se lo detuvo con 266 mil dólares.

Todo este escándalo, Cristina Kirchner no se lo iba a perder para castigar a Milei. Es más, su abogado Gregorio Dalbón fue quien hizo la denuncia y el juez Casanello ordenó los operativos, por pedido del fiscal Franco Picardi.

A través de las redes sociales CFK trazó un paralelismo entre este caso y la causa de Vialidad, que la tiene con prisión domiciliaria luego de que se la condenara a seis años de cárcel, y recayó culpas en Milei.

La que tampoco se lo iba a perder es la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien dijo en Chubut que la Argentina atraviesa “un momento difícil y confuso”.

La aparición de Villarruel sirvió para que Guillermo Francos saliera a mencionarla como la responsable de relacionar al extitular de la ANDIS con el Presidente. El jefe de Gabinete está al frente de una estrategia oficial para desvincular a Milei y su hermana de las denuncias de Spagnuolo.

¿Y la campaña electoral? Para el kirchnerismo y el PJ este caso es como un bálsamo en un momento en que las encuestas le dan un mal augurio, tanto en las elecciones provinciales como nacionales.

Aunque tienen por qué preocuparse. La causa por el fentanilo contaminado no sabe dónde puede terminar y cómo puede afectarlos. Ariel García Furfaro es todo un problema para el kirchnerismo.

Mientras tanto, el Gobierno debe recalcular qué hacer. Ya se estaba replanteando el tema con los problemas en el Congreso y ahora vive un día a día con la estrategia de campaña.

El silencio manda por estas horas, por lo menos hasta que alguien hable.

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A menos de 20 años de una Cristina Kirchner senadora y principal impulsora de la ley vigente que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que se creó de manera específica para que el Congreso no bloquee casi nunca este tipo de normas, una oposición unificada en el Senado ahora pretende quitarle una herramienta clave a un Ejecutivo libertario que se excedió, sin lugar a dudas, al momento de utilizarla. Lo llamativo de la estrategia fue el dictamen fantasmal que se apuró en la Cámara alta, que casi aterriza en la sesión del jueves pasado y que ya queda en fila para un próximo encuentro en el recinto.

Veamos la cronología. El miércoles último se “avanzó”, si es que se puede decir de esa manera, en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), que pasó de usual aliada de Javier Milei a pintarse la cara para la guerra. Sólo de esa forma se entiende lo milimétrico de dicha reunión, tras años de trifulcas entre legisladores hoy alineados.

En realidad, el acuerdo de toda la oposición fue sellado durante la noche del martes, según reconocieron a Infobae desde dos despachos inmiscuidos en la negociación. Todo quedó en una especie de actuación -algo paupérrima- en varias ocasiones, y que dejó declaraciones insólitas que regala la versión taquigráfica de dicha jornada, como contó este medio -y un centenario matutino nacional- ese día.

Para tener una idea de lo que implica todo esto, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo rechazan -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el despacho incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían. El peor escenario para la Casa Rosada.

Fundamentos

“La ley 26.122 ha resultado en la práctica una dificultad para el rol de control que la Constitución asigna al Congreso, en particular con el sistema previsto en su artículo 1°, violentando así las ideas de división de poderes, sistema republicano y control que lo inspiraron”, señalaron legisladores del PRO, el kirchnerismo, la UCR y el peronismo disidente que firmaron el dictamen en cuestión. El régimen actual tiene, como ya se dijo, casi 20 años de vigencia.

Según explicaron los senadores en cuestión, “la fórmula erróneamente adoptada por la Ley 26.122 consagra la aprobación tácita o ficta de los decretos de necesidad y urgencia por la mera inacción del Congreso”. En esa línea, detallaron: “La experiencia parlamentaria nos enseña que es más fácil dilatar el pronunciamiento de las Cámaras que obtener una sanción expresa sobre un tema determinado”. Este punto es uno de los más sólidos a la hora de observar el tema.

Otro argumento utilizado: “No resulta conveniente, por otra parte, que el mero silencio de las Cámaras implique una vigencia sin límite de la norma, la que además podría generar una numerosa cantidad de reclamos judiciales, con sentencias contradictorias que pueden terminar generando una conflictividad aún mayor”.

El jueves pasado, previo a la sesión que dejó abollado al oficialismo parlamentario, un sector quiso empujar esto sobre tablas y una votación. El Gobierno resistió. Sería por unos pocos días. Más allá de esto, una eventual aprobación de la ley luego pasará a Diputados y, ante una sanción, el Ejecutivo vetará. Después, habrá que insistir en ambas Cámaras con dos tercios. Todo esto debería ocurrir antes del 10 de diciembre, cuando será el recambio. Por eso las elecciones son, como siempre, trascendentales.

De por sí, el próximo cónclave en el recinto tendría otra instancia importante y con fuerte derrota para la Casa Rosada: los no libertarios se preparan para desactivar de manera total el veto a la ley que declaró la emergencia en discapacidad. Diputados ya lo hizo y la norma recuperará vigor.