POLITICA
Si el escándalo estallaba antes, ¿Mauricio Macri hubiera escuchado a Vidal?
Artículo publicado originalmente en TN
Se repite una vez más la historia de líderes populistas que caen en su propia trampa cuando promueven acusaciones de corrupción contra las “viejas elites” que ellos vienen a reemplazar, prometen desarmar esos curros eliminando regulaciones e intervenciones del Estado, pero a la vez desestiman y desprecian los controles institucionales sobre lo que va a seguir haciendo ese Estado, porque asumen que el ejercicio del poder debe darles impunidad para hacer cualquier tipo de negocios con las “nuevas elites”.
“Nuevas elites” que no son más que viejos nombres y lealtades recicladas en muchos casos. Como sucede, en el gobierno libertario, con los primos Menem, los capos de los laboratorios que le venden al Estado, y toda la burocracia opaca que se mueve en el medio.
Los primos Menem tienen justamente un papel protagónico en este entuerto con Diego Spagnuolo y la Agencia de Discapacidad, de un lado rechazando aumentos del gasto en la materia para “sostener el equilibrio de las cuentas públicas”, del otro presuntamente ligados al desvío de parte de esos fondos para financiar la campaña, o a “la Corona”, no deja de ser aleccionador: Javier Milei debería haber sabido que tarde o temprano esto le iba a pasar, porque tenía que conocer los bueyes con los que araba, y porque lo mismo le había pasado al tío Carlos Saúl en los 90′, a Silvio Berlusconi en Italia, a Salinas de Gortari en México, a Collor de Melo en Brasil y a muchos otros integrantes de esta familia de populistas antiestatistas a la que él pertenece.
No es exactamente la misma esa corrupción que la que promueven los populismos estatistas, para los cuales, como vimos con los Kirchner, los empresarios no son más que gestores e intermediarios de negocios que el Estado crea y controla.
Pero es igual una corrupción intolerable para los ciudadanos de a pie. Más todavía cuando se la practica, como es nuestro caso, en medio de procesos de ajuste en los que se les niega dinero público a amplios sectores sociales que lo necesitan, mientras una parte sustancial del mismo se sigue filtrando, como casi siempre, a los bolsillos de los políticos y sus amigos.
Incluso, este tipo de curros de ocasión suele ser más propenso a generar escándalos, y, por tanto, a imponer altos costos a los gobiernos, porque en el estatismo los participantes en los negociados y el trato entre ellos tienden a ser muy estables, así que las chances de filtraciones y de arrepentimientos son relativamente bajas, mientras que en la corrupción de populismos de derecha la inestabilidad, el apuro por hacer grandes negocios lo más rápido posible, y, por tanto, la desprolijidad y las filtraciones suelen ser la pauta, no la excepción.
Es lo que explica que mientras en los 90′ había escándalos todos los días, en los 2000 fueron mucho más raros, y recién años después se empezó a desnudar la trama bien armada y custodiada del saqueo al fisco.
Todo esto también debería haberlo sabido Milei. Sin embargo, miró para otro lado, o porque se confió, igual que Menem en su momento, en que con tal de que bajara la inflación la sociedad iba a ignorar sus “desprolijidades”, o porque en serio se creyó que una vez que se empezara a achicar el Estado, la corrupción iba a disminuir sola, por arte de magia y nada de eso le iba a traer problemas.
Como sea, quien también debió haber advertido que esto inevitablemente sucedería, y que el escándalo de Libra era solo un anticipo de lo que iba a pasar con un grupo gobernante tan desprolijo, oportunista y antirrepublicano como éste, fue Mauricio Macri.
No es que no se lo advirtieron: el comportamiento opaco y la propensión a abusar del poder del Presidente y su círculo íntimo fueron, desde el principio, dos de los temas que más preocuparon a la cúpula del PRO, que más críticas generaron en los informes que la Fundación Pensar, a cargo de María Eugenia Vidal, vino realizando sobre la gestión, y que más se discutieron cuando llegó la hora de firmar o no un acuerdo con LLA. Macri ignoró todas las advertencias.
¿Hubiera sido distinto si el escándalo de Spagnuolo y los fondos de Discapacidad saltaba antes de que se presentaran las alianzas, a principios de este mes?
Tal vez el resultado final hubiera sido el mismo. Pero seguro Macri no se habría podido negar a escuchar las advertencias sobre lo que cada día que pasa se torna más evidente, y el actual escándalo ilumina de forma directa: su acuerdo no puede terminar bien.
O conduce a la extinción de su partido y la evaporación de sus banderas republicanas, porque los dirigentes que provienen del macrismo van a correr cada vez más con el peligro de terminar como María Julia, o concluye en conflictos abiertos entre los “aliados” ante este tipo de escándalos, en que se desnuda que el abuso de poder y el manejo opaco del dinero por parte de los Milei y su gente no es un error, ni una desviación: están en su naturaleza.
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Javier Milei,María Eugenia Vidal,Martín Menem,Mauricio Macri
POLITICA
En su última actividad del año en Casa Rosada, Javier Milei recibió al viceprimer ministro de Nueva Zelanda
En la última actividad oficial que realizó en la Casa Rosada en este 2025, el presidente Javier Milei recibió este martes al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, para fomentar las relaciones bilaterales.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la actividad, los mandatarios conversaron principalmente sobre cuestiones comerciales vinculadas a ambos países.
El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, mientras que el funcionario neozelandés llegó junto a su pareja, Alexandra Vincent Martelli.
De acuerdo con un estudio del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), en noviembre de este año, la Argentina exportó 63,4 millones de dólares a Nueva Zelandia.
Los principales productos que se vendieron fueron harina de soja (USD57,5M), frutas y nueces procesadas (USD1,25M), y otros residuos de vegetales (USD1,25M).
El comercio bilateral con este país viene creciendo sostenidamente desde hace 5 años a una tasa anualizada del 29,6%, según datos de esta plataforma digital.
Por otra parte, Milei tiene sintonía ideológica con Seymour, que en su tierra natal es el líder de partido Asociación de Consumidores y Contribuyentes (ACT, por sus siglas en inglés), un espacio fundado en 1993 que defiende el libre mercado.
En lo económico, esta agrupación cree en que “el Gobierno no puede crear riqueza por sí mismo, porque cada dólar que posee proviene de impuestos de quien lo creó”, por lo que la misión del Poder Ejecutivo debería ser establecer “las condiciones” para que se pueda emprender.
“ACT apoya a quien invierte en sí mismo para mejorar sus habilidades, trabaja horas extra para ahorrar para una granja o una casa, o se arriesga a renunciar a un salario fijo para emprender su propio negocio. No deberías ser castigado por ello con impuestos cada vez mayores ni con una burocracia excesiva”, señala en su página web.
En esta línea, el partido del país de Oceanía sostiene que los funcionarios deben ser cuidadosos “con el gasto, manteniendo bajos los impuestos, prestando solo servicios esenciales y haciéndolos bien”.
“El gobierno debería regular con cuidado, estableciendo reglas cuando no hay otra manera de resolver un problema y eliminando burocracia cuando ya no es necesaria”, indica.
Entre los principales logros, en su página web, ATC destaca que “ha derogado las normas antiempresariales del Partido Laborista para que los empleadores puedan contratar con confianza y expandir sus negocios”.
En cuanto a la seguridad, también hay una afinidad de pensamiento, ya que el partido entiendo que “la principal tarea del Gobierno es frenar la delincuencia”.
“Quienes trabajan, ahorran y se sacrifican por un futuro mejor, no deberían vivir con el temor de que alguien les haga daño o les arrebate lo que han logrado con su esfuerzo. No se trata solo de frenar la delincuencia, sino de preservar los valores de nuestra sociedad. Esto significa proteger la dignidad de cada persona y recompensar su creatividad. Si quieres algo, debes crearlo tú mismo y comerciar con otros, no arrebatárselo por la fuerza”, considera la agrupación.
En lo que respecta a derechos sociales, ACT explica que “defiende la humanidad y la dignidad inherentes de todos los neozelandeses, independientemente de su raza, ascendencia o género”, por lo que rechaza “la idea de que los servicios públicos, la representación democrática o las obligaciones legales deban diferir según quién forme parte de su árbol genealógico”.
Bajo esta premisa, el actual gobierno de Nueva Zelanda eliminó las cuotas de contratación basadas en la raza, quitando los requisitos que generaban que “los contratos gubernamentales favorezcan a las empresas propiedad de maoríes”.
POLITICA
Cambia el tribunal que decide sobre el régimen de detención de Cristina Kirchner: podría favorecer a la expresidenta
La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner, internada mientras se recupera de una operación de peritonitis, apuesta a que en enero, cuando comience la feria judicial, puedan flexibilizarse las condiciones en las que ella está cumpliendo su condena a seis años de prisión en el departamento de San José 1111, en Constitución. Así lo informaron a fuentes de la causa. El argumento es que durante enero no intervendrán dos camaristas que votaron en contra de los pedidos de la exmandataria.
Mientras sigue internada en el Sanatorio Otamendi, sin una fecha prevista para el alta, Cristina Kirchner viene pidiendo que se amplíe su régimen de visitas, que le quiten la tobillera electrónica que controla sus movimientos en su vivienda y que se le permita ampliar las dos horas que tiene permitido subir a la terraza.
Todos estos planteos ya los efectuó ante el Tribunal Oral Federal N° 2, que es el que la condenó, pero fueron rechazados.
En cuanto a las visitas, el tribunal las restringió a tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana. Fue luego de una reunión masiva con nueve economistas en la casa de San José 1111.
También rechazó ampliar la lista de visitas automáticas e incluir a Alicia Kirchner, a las hijas de ella, Romina y Natalia Mercado, y al exministro Juan Martín Mena, su asesor jurídico personal, entre otros.
Ante el rechazo del tribunal, su abogado Alberto Beraldi planteó recursos y llegó en apelación con sus pedidos hasta la Cámara de Casación Penal. Lo mismo hizo la fiscalía con su reclamo para que se le impida el uso de la terraza.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación que hasta ahora resolvieron en su caso son Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Sala IV.
Pero el viernes 1° de enero cambia la integración de la Sala e intervendrán los jueces que estarán de turno durante la feria judicial.
Estos son Borinsky, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Juan Carlos Gemignani. De todos ellos, Gemignani y Carbajo están excusados de intervenir en esta causa.
Con lo que la sala que deberá decidir está integrada por Borinsky, Ledesma y Yacobucci. Borinsky ya votó en este caso, y lo hizo en favor de flexibilizar las condiciones de detención de la expresidenta.
Votó en contra, por ejemplo, del uso de la tobillera, pero su posición quedó en minoría porque se impuso el criterio de sus colegas Barroetaveña y Hornos. También fue más flexible con la concesión de permisos para recibir visitas.
Consideró que la expresidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.
Sin embargo, nada asegura que el juez siga manteniendo esas posturas, después de que la Corte Suprema de Justicia se pronunció y rechazó el planteo de Beraldi sobre la tobillera porque dijo que no estaba adecuadamente fundamentado.
El planteo del abogado se basaba en la disidencia del juez Borinsky, que había sostenido que la tobillera era innecesaria para alguien con custodia policial permanente, figura pública sin riesgo de fuga y en un contexto donde las tobilleras disponibles son escasas.
También la Corte habló del régimen de visitas, pero aquí no fue taxativa. Dijo que era inoficioso pronunciarse.
Incluso puede cambiar la postura con el uso de la terraza, ya que cuando la expresidenta sea dada de alta, deberá, por ejemplo, tener un espacio para su adecuada rehabilitación.
El criterio de Borinsky, más flexible que el de sus colegas ausentes por vacaciones, puede provocar cambios en las condiciones de detención de la expresidenta.
Sobre todo, si se considera que lo acompañará en la feria la jueza Ángela Ledesma, más sensible a las garantías de los presos condenados, aun en prisión domiciliaria.
El tercer juez, Guillermo Yacobucci, tiene posturas más duras en cuanto al régimen de prisión domiciliaria y suele votar en disidencia con Ledesma en la sala donde actúan juntos.
Por eso, no sería extraño pensar en una votación dos a uno, que podría favorecer, aunque sea parcialmente, la manera en que la expresidenta está cumpliendo su condena por la causa Vialidad.
se recupera de una operación de peritonitis,se pronunció,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Causa AFA: ordenan levantar el secreto fiscal y bancario de Javier Faroni y otros involucrados en las transferencias millonarias
Avanza en la Argentina la investigación judicial sobre las transferencias millonarias de la AFA en Estados Unidos. El juez federal Luis Armella ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario Javier Faroni y de todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la casa matriz del fútbol argentino en el exterior.
El objetivo, según la resolución, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”. Para avanzar en ese sentido, el magistrado también pidió información a bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional —RRAG/GAFILAT y Grupo Egmont—, incluidos estados de cuenta, legajos KYC, datos de firmantes autorizados y transferencias cursadas.
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La causa tiene como epicentro el manejo de fondos asociados a contratos internacionales de la Selección. La fiscal Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación sobre el empresario Javier Alejandro Faroni —ligado a Claudio “Chiqui” Tapia— y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette.
En el expediente figuran además, como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades, Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.
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El avance judicial se apoya en documentación local y en registros de tribunales estadounidenses. En los últimos días, la Justicia de EE.UU. puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a la AFA. Las operaciones habrían sido canalizadas a través de una red de sociedades comerciales y contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la conducción encabezada por Tapia, con Pablo Toviggino como tesorero. El foco está en transferencias “presuntamente diseñadas para sortear controles y evitar a los organismos fiscales”.
El punto de partida fue la denuncia que el empresario Guillermo Tofoni presentó en septiembre del año pasado ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense. Allí advirtió que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos utilizando cuentas bancarias en territorio norteamericano. “La entidad habría desviado montos significativos fuera del sistema financiero argentino”, planteó en su presentación.
Los investigadores identificaron como pieza central del esquema a TourProdEnter LLC, la empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección.
Según la denuncia, la firma acumuló cerca de 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, “sin declararlos ante el fisco argentino”. El dinero habría provenido, principalmente, de un amistoso disputado por la Selección en China y del acuerdo de patrocinio con Binance, un gigante del sector de las criptomonedas. Los fondos, se sostiene, no ingresaron a cuentas de la AFA ni al país.
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TourProdEnter fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, vinculado políticamente al Frente Renovador. Una investigación periodística describió desvíos hacia sociedades “fantasma” radicadas también en Estados Unidos. En paralelo, documentos internos de la AFA muestran la aprobación de contratos con empresas como Betting Regional Asia y el cambio de agente de cobro para que las facturas fueran emitidas por TourProdEnter.
La trama también derivó en medidas en Argentina. Por orden de Armella, se allanaron la sede de la AFA en la ciudad de Buenos Aires, el predio de Ezeiza y el domicilio de Faroni en Nordelta, donde se buscaron contratos, computadoras y otros dispositivos. La Justicia ya le había prohibido salir del país.
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El Gobierno nacional decidió involucrarse de manera formal tras el alerta de Tofoni. En una nota enviada a la fiscalía federal de Florida se describió una supuesta “mala conducta financiera” y se aseguró que los montos desviados “pertenecen legítimamente” a los clubes. La ofensiva incluyó comunicaciones con organismos internacionales del fútbol.
En medio de la escalada judicial, TourProdEnter difundió un comunicado en el que admitió el vínculo comercial con la AFA, defendió la legalidad de sus operaciones y remarcó que Faroni “está retirado de la actividad política”.
Javier Faroni, AFA, Claudio Tapia
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