El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó este viernes que se hubieran entablado negociaciones para un auxilio financiero por parte de bancos estadounidenses de alrededor de 20 mil millones de dólares, adicionales al swap, como había informado en octubre el medio norteamericano Semafor. The Wall Street Journal informó ayer que las entidades se inclinaban a otorgar préstamos por 5 mil millones de dólares.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una operación más, con la sola intención de generar confusión”, apuntó Caputo, contradiciendo así lo publicado ayer por el medio financiero.

Según el diario estadounidense, la operación, que había comenzado a gestarse con JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup para acceder a un préstamo por US$20.000 millones extra, fue descartada por las entidades bancarias.

De acuerdo a lo publicado por los periodistas Alexander Saeed y Justin Baer, las entidades esperaban precisiones del Departamento del Tesoro sobre los colaterales y garantías que podrían llegar a usar para cubrirse de eventuales pérdidas.

De todas formas, el artículo planteaba que los bancos privados se encontraban barajando la posibilidad de otorgar al país un auxilio financiero por unos US$5000 millones mediante una operación de recompra—o “repo”— a corto plazo. El Gobierno usaría esos fondos para afrontar un próximo vencimiento de deuda de alrededor de US$4000 millones en enero, expresaron.

Si bien las fuentes citadas por el WSJ señalaban que las conversaciones con la Argentina estaban en su fase inicial y podrían modificarse o incluso caerse, el ministro de Economía rechazó este viernes que se estuviera llevando negociaciones con los bancos privados norteamericanos.

El ministro de Economía ya se había expresado ayer por redes sociales sobre el artículo del WSJ, aunque no había hecho ningún tipo de aclaratoria sobre lo allí mencionado. Caputo simplemente le contestó a un usuario de X que preguntaba sobre el acuerdo de forma agresiva. “¿Qué mier… es esto?“, planteó citando un tuit sobre el artículo. ”Excelente pregunta», contestó el funcionario sin brindar mayores precisiones.

Noticia en desarrollo

El Tribunal Oral Número 7 sobreseyó el jueves al empresario Enrique Pescarmona en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. La decisión se fundamentó en una “incapacidad sobreviniente” que le impide al ejecutivo de IMPSA participar del proceso judicial y ejercer su defensa de manera adecuada, según determinó un examen médico oficial.

Enrique Pescarmona padece un cuadro de Alzheimer, según el informe del Cuerpo Médico de la Corte Suprema. Esta condición neurodegenerativa le provoca al empresario, de 84 años, una “incapacidad para comprender” los hechos que se le imputan y el desarrollo del juicio en su contra. Por este motivo, los jueces determinaron que no está en condiciones de afrontar su defensa.

La resolución del tribunal coincidió con el criterio de la fiscal Fabiana León. La funcionaria judicial entendió que la acreditación de un cuadro clínico crónico e irreversible impedía la comparecencia o intervención del imputado. Pescarmona había declarado como colaborador en la causa y la fiscalía lo acusó de realizar pagos indebidos a exfuncionarios por un total de al menos 700 mil dólares.

La tercera audiencia del juicio, con más de 80 imputados conectados a través de la plataforma Zoom, continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Se repasaron los descargos de distintos empresarios y las declaraciones de quienes se acogieron al régimen del imputado colaborador.

Algunos empresarios rechazaron las acusaciones en su contra. Negaron citas, cifras o visitas a los lugares mencionados en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, las cuales calificaron de “fantasiosas”. Otros afirmaron que los pagos a funcionarios en realidad fueron “aportes voluntarios” para campañas electorales.

El exfuncionario Walter Fagyas, por ejemplo, argumentó que su cercanía a Roberto Baratta hacía común que viajara con Centeno y que portara mochilas, pero negó que estas contuvieran dinero. El empresario arrepentido Hugo Dragonetti, de la firma Panedile, señaló errores en la imputación y ofreció correcciones.

Afirmó que una entrega de 2010 no ocurrió en el primer subsuelo de una cochera, sino en el segundo. También disputó un monto y aclaró que el pago fue de treinta y cinco mil dólares, no la cifra indicada. Precisó además que otras entregas fueron por 100 mil y 200 mil dólares.

La jornada incluyó la lectura de la declaración como arrepentido del exsecretario de Obra Pública, José López. Dijo que Julio De Vido le explicó el funcionamiento del sistema de recaudación. Relató que, tras la muerte de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner lo citó a su despacho, le mostró unos cuadernos del expresidente y le advirtió que “podía ser parte del problema o la solución”.

López afirmó: “A Cristina le conté todo, que había un sistema de recaudación con las obras viales”. También se leyó su explicación sobre los bolsos que llevó a un convento en General Rodríguez en 2016. Atribuyó el dinero a Fabián Gutiérrez, exsecretario de los Kirchner, quien le pidió cambiarlo de lugar. “Fabián era Cristina”, aclaró López en su declaración.

Antes de la audiencia, Cristina Kirchner cuestionó el proceso en sus redes sociales. Calificó como “truchos” los escritos de Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación que originó la investigación periodística de y la posterior causa judicial.

La fiscal Fabiana León acusa a la expresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita. Sostiene que el sistema de recaudación ilegal dependía “pura y exclusivamente de su voluntad”. El texto de la acusación señala que las pruebas demuestran que el dinero era entregado mayormente en los domicilios utilizados por Cristina Fernández y Néstor Kirchner.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Federico González del Solar.