El pedido fue presentado ante el juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, quien en febrero de 2024 había ordenado la colocación de la tobillera electrónica a Gastón Ángel Guerra, por pedido de la querella representada por Cristina Fernández de Kirchner. Según la resolución vigente, el imputado tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación Argentina, del Instituto Patria y del domicilio de la ex presidenta y sus familiares.

En el escrito, presentado hoy, José Lucas Magioncalda, abogado de Guerra, sostiene que la medida “carece de razonabilidad” y que “se transformó en una sanción inadmisible para una persona que aún goza del estado de inocencia”. “El dispositivo electrónico colocado en su pierna no es una medida de seguridad —señala el texto—. Lejos de ello, luce como una sanción anticipada y estigmatizante, que conspira contra su progreso personal y contra el de su familia”.

“Una innecesaria protección para quienes han gozado de custodia estatal”

En un párrafo particularmente fuerte, Magioncalda plantea que la tobillera “fue colocada a fin de brindar una innecesaria protección para quienes, durante décadas, han gozado de custodia estatal solventada por todos los contribuyentes”, en alusión directa a la custodia permanente que mantiene Cristina Fernández de Kirchner.

El abogado además destaca que la ex presidenta “cumple sentencia recluida en su domicilio, debidamente custodiada, por lo que no se advierte la necesidad de monitorear los movimientos de mi defendido, una persona en estado de inocencia, a los efectos de evitar situaciones de supuesto peligro para la citada rea”.

La expresión “citada rea” —inusual en escritos judiciales contemporáneos— no pasa desapercibida en el escrito, ya que implica una abierta referencia a la condición de condenada de la ex mandataria.

Un “laburante” con tobillera

El planteo del defensor se apoya también en la situación económica y social de Guerra. Según el texto, el imputado “mantiene junto a su pareja un pequeño kiosco familiar” y, en ocasiones, trabaja como chofer por aplicación. Sus ingresos, según detalló Magioncalda, “no llegan al millón de pesos mensuales y se encuentran en franco descenso”.

El abogado insiste en que su cliente “no ha logrado conseguir empleo formal porque el dispositivo electrónico no es del agrado de sus posibles empleadores”, lo que —a su criterio— convierte la medida en un obstáculo directo para su derecho al trabajo.

“Nos encontramos ante un humilde y honesto trabajador, un verdadero laburante, cercenado en su desarrollo personal y familiar”, escribe Magioncalda, quien además subraya la “particular y elevada concepción ética” de su defendido, “poco frecuente en estos tiempos”, y sostiene que Guerra “se niega a recibir ayuda del estado porque entiende que debe ser destinada a ciudadanos físicamente desaventajados”.

De la protesta al repliegue

El abogado también remarca que Guerra “ha dejado de asistir a convocatorias y manifestaciones con fines políticos” y que “hoy solo se dedica a su trabajo y a su familia”. Y recuerda que en su momento “participó en manifestaciones públicas de carácter político como una vía de expresión de la profunda frustración que le ocasionaba el hecho de no poder ofrecer sustento a su familia”, pero que “ya no tiene interés en participar en protestas callejeras”.

El letrado concluye que “el principio de razonabilidad de la medida brilla por su ausencia” y que la tobillera constituye “una sanción anticipada incompatible con el estado de inocencia”.

El momento en que intentaron asesinar a CFK.

La causa “Revolución Federal”

Guerra está imputado junto a otros miembros del espacio denominado Revolución Federal, en una causa que investiga la presunta violación del artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes integren agrupaciones destinadas a imponer sus ideas “por la fuerza o el temor”.

La querella encabezada por Cristina Fernández de Kirchner ha intentado vincular a los acusados con el intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022, cuando un hombre apuntó con un arma a la entonces vicepresidenta en la puerta de su departamento de Recoleta.

Pese a ello, hasta el momento, no se ha probado una conexión directa entre los imputados y el ataque, y varios de ellos se encuentran excarcelados bajo medidas restrictivas, entre ellas, la colocación de tobillera electrónica. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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El Gobierno nacional anunció la creación del Programa Federal de Protección de Niñez y Adolescencia, una iniciativa que busca fortalecer la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Según explicaron, la medida fue motivada por una serie de desigualdades que se detectaron a la hora de combatir el maltrato infantil entre jurisdicciones.

Se trata de una política pública impartida por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. La misma fue aprobada por el secretario del organismo, Juan Bautista Ordoñez, en la Resolución 633/2025 que fue publicada en el Boletín Oficial.

“Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano el ‘Programa Federal de Protección de Niñez y Adolescencia’”, conforme los lineamientos establecidos en el Anexo I (IF-2025-121544506-APN-SSPF#MCH), que forma parte integrante de la presente medida“, establecieron en el documento oficial.

Según detallaron las autoridades, la iniciativa buscará no solo responder a los desafíos inmediatos que enfrentan los niños y adolescentes, sino también establecer mecanismos sostenibles y de calidad que garanticen la restitución de derechos y la protección integral de este sector de la población. Asimismo, apuntará a eliminar la desigualdad en recursos estatales entre jurisdicciones.

Luego de que remarcaran que la Argentina adhirió a compromisos internacionales para proteger los derechos de los niños y adolescentes, mencionaron que “los esfuerzos desplegados para garantizar su protección efectiva resultaron fragmentarios, desiguales y, en muchos casos, ineficaces frente a situaciones de violencia, abandono, institucionalización crónica y ausencia de cuidados”.

“La configuración federal del país ha dado lugar a sistemas provinciales con distintos grados de desarrollo, enfrentando limitaciones que condicionan su capacidad para prevenir y proteger a niños y adolescentes ante situaciones de vulneración”, profundizaron. Por este motivo, uno de los pilares fundamentales del programa será el fortalecimiento de los Organismos Provinciales de Niñez (OPN), que se articula con una cooperación intersectorial destinada a optimizar la respuesta estatal.

No obstante, para acceder a los beneficios y recursos que ofrece la iniciativa, las provincias deberán cumplir con una condición esencial: la elaboración y presentación de un Plan de Acción Provincial (PAP). Este documento, de naturaleza estratégica y operativa, deberá detallar las acciones concretas que cada jurisdicción implementará en su territorio, para poder adaptarse a las particularidades locales.

Entre las problemáticas que deben ser contempladas de manera obligatoria se encuentran la violencia en todas sus formas, el acoso y abuso sexual infantil, la ludopatía y los consumos problemáticos, la situación de niños y adolescentes sin cuidados parentales, el fortalecimiento familiar, la desinstitucionalización y la aplicación de medidas de protección y excepcionales.

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A pesar de esto, aclararon que las autoridades provinciales tendrán la posibilidad de ampliar el alcance de sus planes, por medio de la incorporación otras temáticas que respondan a las necesidades y realidades específicas de su territorio. De este modo, el programa no solo establece una base común de protección, sino que promueve la flexibilidad y la adecuación de las políticas públicas a los contextos locales.

De esta manera, la implementación del nuevo programa estará guiada por la Subsecretaría de Políticas Familiares, a la que se le ha otorgado la facultad de dictar todas las normas aclaratorias y complementarias necesarias para su puesta en marcha. Entre sus tareas centrales, estará la definición de los procedimientos y criterios que serán volcados en su correspondiente Manual Operativo.

En cuanto al financiamiento, la medida estableció que los gastos derivados de la creación y funcionamiento del programa serán cubiertos con fondos asignados a las “Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, incluidas dentro de los fondos que el ministerio deriva a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.