Uno de los supuestos “ñoquis” de la Legislatura bonaerense, que entregaba casi totalmente su sueldo para financiar la política, admitió firmar un acuerdo de juicio abreviado para recibir una pena de tres años de prisión en suspenso en el caso “Chocolate” Rigau, mientras que los cabecillas de la maniobra se exponen a penas que llegan a los 6 años de prisión.

Se trata del caso por el que estaba preso el puntero del PJ Julio Rigau, que fue detenido sacando dinero de cajeros automáticos platenses cobrando el sueldo de unas 50 personas que figuraban como empleados de la Legislatura bonaerense.

Parte de esos sueldos eran entregados al exconcejal massista Facundo Albini y a su padre, Claudio Albini, exfuncionario de la Legislatura bonaerense.

La causa ya está elevada a juicio oral y público ante el tribunal oral criminal 5 de La Plata integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi.

Antes del juicio, la fiscal Viviana Arturi convocó a los acusados a una audiencia realizada por Zoom en la que ofreció la posibilidad de que se sometan a juicio abreviado. Participó de esa audiencia la querella a cargo de Poder Ciudadano.

La idea es reducir la cantidad de imputados que sean juzgados, ya que entre los funcionarios y los “ñoquis” ya son más de cincuenta.

En el caso de Claudio Albini, exsubdirector de personal de la Legislatura, la fiscalía adelantó que iba a pedir una pena de seis años y cuatro meses en las actuales condiciones de detención. En el caso de su hijo Facundo, exconcejal, la pena era de 4 años y 3 meses, con las mismas condiciones, dijeron a fuentes que asistieron al encuentro.

A Julio “Chocolate” Rigau, el “tarjetero”, le caben 5 años y 6 meses y a los dueños de las tarjetas de débito del Banco Provincia -exempleados “fantasma” o “ñoquis”-, tres años en suspenso.

Hay casi 50 exempleados “fantasma” o “ñoquis” acusados. Uno de ellos, Antonio Rodríguez, admitió -mediante su letrado, ya que el acusado no estaba presente- el juicio abreviado. Por lo tanto, aceptó un acuerdo para declararse culpable a cambio de una sentencia acordada con la fiscalía, de tres años en suspenso.

El resto de los acusados exploró la posibilidad de que les sea aceptada una “probation”. Se trata de otro instituto o solución alternativa a la pena de prisión que prevé la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar tareas comunitarias. La fiscalía lo rechazó.

En cambio, otros acusados pidieron que se estime el monto del daño supuestamente causado, para juntar dinero y pagarlo a manera de reparación integral y con eso dar por cerrada la causa penal.

Tras esta audiencia, el tribunal fijó otra para el 30 de abril con su presencia donde se escucharán las propuestas y las soluciones a las que lleguen los acusados con la fiscalía y se debatirán las cuestiones preliminares al juicio.

El objetivo de la audiencia de hoy fue que la fiscalía manifestara la pretensión.

Rigau, los Albini y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante dos años de por lo menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal, y cuya copia obtuvo .

El informe alerta, sin embargo, que el perjuicio para las arcas públicas sería muchísimo más elevado, según los expertos de la Policía Federal. Indicaron que a esa cifra preliminar sobre los años 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflación, también hay que sumar el desvío de fondos que pudo ocurrir en años anteriores. Algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde 2012.

Cuando la Justicia confirmó la prisión preventiva de los Albini, ellos pretendieron deshacerse de una mansión de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la ruta 2, mediante una venta simulada.

El caserón se ubica en el lote 13 “D” del club de campo Miralagos I, a la altura del kilómetro 64 de la autopista que conecta las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Albini compró el terreno de 1282 metros cuadrados en mayo de 2011.

El informe oficial también aportó un indicio más que complica a la presunta asociación ilícita que integrarían los “ñoquis”, Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini –en ese entonces apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa–, y su padre, Claudio Albini.

Los ñoquis, Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños.

Los chats de Rigau con sus jefes revelan cómo funcionaba el mecanismo, donde “Chocolate” debía rendirles el dinero en efectivo y reponer lo que faltaba si los titulares de las tarjetas usaban la plata para sus gastos.

Los chats exponen que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que en los papeles debían desempeñar y que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini. En un caso, uno de los titulares de las tarjetas reclamaba que le den de baja en la Cámara de Diputados porque al figurar en ese trabajo le impedía cobrar las asignaciones sociales.

De esas conversaciones, a las que accedió , surge que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de empleados ñoquis, dejarles parte del dinero a ellos y el resto “rendirlo” a Claudio Albini.

La Legislatura bonaerense mostró nulo interés por investigar la trama de corrupción y menos aún por cooperar con los pedidos de la Justicia. El caso explotó durante la presidencia en la Cámara de Diputados del insaurraldista Federico Otermín, hoy intendente de Lomas de Zamora, y continuó con el kirchnerista Alejandro Dichiara y el massista Alexis Guerrera, actual titular de la Cámara baja.

La Legislatura bonaerense completó una “investigación preliminar” plagada de inconsistencias, en la que descartó que se hayan cometido “irregularidades” –mucho menos delitos–, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados que la Justicia considera “ñoquis”, y hasta desechó un “perjuicio” económico para el Estado bonaerense, según consta en esas actuaciones cuya copia obtuvo .

El juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida alcanza también a Bettina Angeletti, la mujer del funcionario, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ellos dos. El levantamiento había sido solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la investigación penal. El objetivo es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.

La medida también busca -afirmó el fiscal en su pedido- “verificar el origen” de los fondos que ellos manejaron, “contrastar la información proveniente de las declaraciones juradas”, revisar sus compras y consumos, y “establecer si éstos encuentran sustento en ingresos, trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada”.

Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que aparecen como prestamistas o acreedoras de Adorni.

El fiscal quiere saber si tenían la capacidad económica y financiera para asmuir esos roles. La lista de las personas cuyos movimientos será investigados incluye a Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

Pollicita informó que pedía las medidas que afectan a Adorni y a su esposa después de analizar “los elementos ya incorporados” en la causa; entre ellos, los informes registrales, escrituras, declaraciones juradas patrimoniales y declaraciones testimoniales. Ayer y hoy declaró la escribana Adriana Nechevenko; antes, había testificado el exfutbolista Hugo Morales, primer dueño del departamento de Caballito en el que viven los Adorni.

Pollicita pidió que se levante el secreto sobre el jefe de Gabinete y Angeletti desde el 1 de enero de 2022, para hacer “una correcta reconstrucción del patrimonio de los nombrados con anterioridad al ingreso de Manuel Adorni a la función pública, así como de examinar, con la amplitud temporal necesaria, las variaciones patrimoniales registradas antes y después de ese hito”.

Una vez levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: ya pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte -desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad- la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti, la firma MasBe [la consultora de coaching de Angeletti] con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado».

También, que se informen posibles vínculos de ellos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.

La lista de los movimientos que el fiscal quiere que le informen es muy larga. Incluye, por ejemplo, “el detalle de ingresos y egresos, transferencias emitidas y recibidas, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos tomados u otorgados, resúmenes de tarjetas y toda otra operación que pueda ser de importancia para la pesquisa, con identificación de cuentas de origen y destino, contraparte, fecha, monto y concepto”.

En paralelo con lo derivado del levantamiento del secreto fiscal, Pollicita reclamó a ARCA que le remita la información que tenga de Adorni, Angeletti y MasBe, desde el 1 de enero de 2022, y “copia íntegra de las declaraciones juradas presentadas en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, con sus formularios completos, anexos, papeles de trabajo, acuses de presentación, aperturas patrimoniales y eventuales rectificativas”.

También cualquier información de índole laboral o previsional que tenga sobre ellos y lo que hubieran facturado.

En cuanto a las mujeres que aparecen como acreedoras de Adorni y su mujer, Pollicita pidió que, una vez levantado el secreto fiscal, ARCA le aporte la toda información patrimonial y económica “que resulte necesaria para establecer si contaban con capacidad económica compatible con los mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida en autos». Enumeró, entre otras cuestiones, las declaraciones juradas impositivas presentadas, los ingresos declarados, los bienes y activos y “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones” relativas a los inmuebles de la calle Miró (el departamento que compró Adorni en Caballito), en la avenida Asamblea (su departamento anterior, que hipotecó el 15 de noviembre de 2025) y el lote 380 del barrio Indio Cua, donde está la casa que Angeletti compró ese mismo día.

En cuanto a ese country, Pollicita ordenó que se le requiera a la administración que informe “qué modo fue cancelada la tasa de ingreso por la suma de US$5000″ que, revela el fiscal en su presentación, fue abonada el 30 de noviembre de 2024, dos semanas después de la compra de la casa.

La fiscalía también solicitó que se informe si hubo reportes de operaciones sospechosas (ROS) respecto de los investigados en esta causa.

Pollicita investiga, además, los viajes de Adorni y su mujer, y tiene en su poder la información sobre el vuelo de regreso del jefe de Gabinete y Angeletti, de Estados Unidos a la Argentina, cuando ella lo acompañó a su viaje oficial.

Angeletti pagó US$5154,55, algo parecido a lo que había dicho Adorni cuando intentó justificar el viaje de su mujer. Los dos volaron por Delta y no lo hicieron en clase turista: él viajó en el asiento 1G y ella, en el 1C.

El vuelo de él figura como reservado por “Jefatura.gob.ar”, con la marca de “misión oficial”, informaron fuentes con acceso a la causa. Salió 4910,35 dólares.

Los dos habían viajado, a la ida, en el avión oficial con el presidente Javier Milei, que dejó Nueva York antes que el jefe de Gabinete y voló a Chile para la asunción de José Kast. Adorni se quedó en Estados Unidos, donde se desarrollaba la Argentina Week. Su esposa lo acompañó.

Cuando se conoció el viaje de su mujer y las críticas de la oposición se multiplicaban, Adorni intentó justificar la presencia de ella. Dio una entrevista a A24 diciendo que él se estaba “deslomando” en Nueva York y que quería tener a su lado a su “compañera de vida”. Alegó que eso no le costó nada al Estado y confirmó que compartía con él el hotel -de lujo- en el que se instaló la comitiva presidencial. Dijo además que ella lo ayudaba en el viaje (no precisó si se trató de una ayuda profesional) y que tenía una “actividad” a desarrollar en Nueva York, aunque no dijo cuál. Angeletti se presenta a sí misma como “coach ontológica y de vida”.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348″, dijo Adorni en aquella entrevista. “Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, afirmó entonces.

El regreso del matrimonio de los Estados Unidos fue el 14 de marzo pasado, en el vuelo DL 115, que salió a las 22:25 y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. Fue un vuelo directo, sin escalas.

El boleto de Adorni fue emitido el 24 de febrero. Él no despachó valijas. En cuanto a Angeletti, el ticket se emitió el 25 de febrero y ella despachó dos valijas.