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Así es el proyecto que el Consejo de Mayo le propuso al Gobierno y que enfrenta a la CGT

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El Gobierno de Javier Milei avanza en silencio sobre un proyecto que promete alterar la estructura del mundo del trabajo en la Argentina. Lejos de las versiones preliminares que circularon durante las últimas semanas, el Consejo de Mayo presentó al Ejecutivo un borrador con los “verdaderos ejes” de la reforma que el oficialismo buscará discutir en el Congreso antes de fin de año.

Según anticiparon fuentes del Consejo a Infobae, el texto no plantea una “reforma laboral tradicional”, sino una serie de cambios graduales que apuntan a “modernizar” el sistema de contratación y reducir los costos que enfrentan las empresas al emplear trabajadores registrados. El documento, que aún no fue difundido oficialmente, ya encendió alarmas en la Confederación General del Trabajo (CGT), donde consideran que el proyecto “avasalla derechos adquiridos” y podría “debilitar la representación sindical”.

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Entre los principales puntos que propone se encuentra la creación de un nuevo régimen de contrato laboral flexible, con menos cargas indemnizatorias para las empresas, pero con mayores incentivos para la formalización. El esquema reemplazaría el actual sistema de indemnizaciones por un fondo de cese laboral, administrado de manera privada y alimentado por un aporte mensual del empleador. Este punto, aseguran, sería “inamovible” dentro del proyecto y representa uno de los mayores motivos de rechazo dentro del movimiento obrero.

El texto también impulsa una revisión integral de los convenios colectivos de trabajo, con la idea de habilitar negociaciones “más dinámicas” por sector o región, y reducir la rigidez que —según el oficialismo— obstaculiza la generación de empleo. Además, se prevé digitalizar los registros laborales, simplificar los aportes patronales y establecer un mecanismo de evaluación de productividad como criterio para la actualización de salarios.

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Fuentes del Consejo destacaron que “no se trata de eliminar derechos, sino de adaptarlos a un contexto productivo y tecnológico completamente distinto al de hace 40 años”. En esa línea, el proyecto buscaría acompañar el proceso de automatización y el crecimiento del trabajo remoto, incorporando regulaciones específicas para plataformas digitales, freelancers y oficios tecnológicos.

Sin embargo, desde la CGT el diagnóstico es diametralmente opuesto. En Azopardo advierten que detrás del discurso de “modernización” se esconde un intento de “precarizar” el trabajo registrado y “licuar el poder de los sindicatos”. Uno de los integrantes del consejo directivo aseguró que “lo que el Gobierno presenta como flexibilidad, en realidad es desprotección”.

El enfrentamiento ya se hace sentir en los pasillos del Ministerio de Capital Humano, donde algunos funcionarios intentan mediar para evitar una ruptura total con el sindicalismo. “Hay voluntad de diálogo, pero no vamos a frenar un cambio que el país necesita”, afirmó un integrante del equipo económico.

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El documento, que circula entre los principales despachos oficiales, forma parte del paquete de leyes que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso en las próximas sesiones extraordinarias. Aunque aún podría sufrir modificaciones, desde el entorno del Presidente aseguran que la esencia del proyecto no cambiará: reducir la litigiosidad laboral, fomentar el empleo privado y generar un entorno más competitivo para las empresas.

El Consejo de Mayo, que integran economistas, juristas y dirigentes cercanos al oficialismo, tiene un rol clave en la redacción de estas propuestas. “Estamos construyendo un marco laboral del siglo XXI”, señalaron sus voceros, convencidos de que el proyecto representa una oportunidad histórica para actualizar el mercado de trabajo argentino.

Pese a los esfuerzos por mostrar diálogo, el texto enfrenta un escenario complejo: la CGT prepara una serie de reuniones con legisladores opositores para intentar bloquear su avance y ya evalúa medidas de fuerza si el Gobierno insiste en tratarlo sin consenso.

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Mientras tanto, en Balcarce 50 confían en que el proyecto será una carta fuerte para mostrar iniciativa política en el cierre del año. “Es la señal que necesitaba el mercado para entender que la Argentina va en serio con la desregulación”, resumió un funcionario con llegada directa a Milei.

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CGT,Consejo de Mayo,Javier Milei,Reforma Laboral

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Diputados: el Gobierno retrasa la conformación de la Comisión de Juicio Político mientras avanza el caso $LIBRA

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Mientras la Cámara de Diputados avanzó esta semana en la integración de casi 20 comisiones, una de las más sensibles quedó fuera del cronograma: Juicio Político. El órgano, clave para investigar eventuales responsabilidades del Presidente, la vicepresidenta, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema, sigue sin conformarse en un contexto atravesado por el avance del caso $LIBRA.

En el oficialismo aseguran que la constitución se formalizará en el corto plazo, aunque por ahora los nombres se manejan con hermetismo. La definición, según pudo saber de fuentes oficiales, quedará políticamente en manos de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y del titular de Diputados, Martín Menem.

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“Alguien de suma confianza”, resumió un dirigente libertario sobre el perfil que buscan para presidir la comisión. Entre los nombres que circulan aparece el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, aunque la decisión no está cerrada. En el oficialismo evalúan inclinarse por un diputado con formación jurídica, lo que acota el abanico de opciones.

Gabriel Bornoroni, uno de los libertarios que podrían quedar al frente de la Comisión de Juicio PolíticoManuel Cortina

La comisión arrastra, además, un antecedente conflictivo. Durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei, nunca llegó a activarse plenamente.

Si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, posteriormente, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. El conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.

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Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.

La exlibertaria Marcela Pagano Santiago Oroz

El reglamento de Diputados no establece plazos para la conformación de las comisiones, lo que le deja al oficialismo margen para dilatar su puesta en marcha. Aun así, en La Libertad Avanza (LLA) reconocen que buscan anticiparse a un eventual movimiento de la oposición.

Los bloques opositores podrían revocar la delegación que le otorgaron al presidente de la Cámara en la sesión preparatoria y, mediante una resolución, forzar la integración de la comisión y emplazarla a reunirse. Aunque ese escenario hoy aparece lejano, en el oficialismo prefieren evitarlo: avanzar con la integración, pero mantener el control político del cuerpo.

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La comisión debería estar integrada por 31 miembros. Con la actual correlación de fuerzas, 13 corresponderían a LLA, 12 a Unión por la Patria (UP), tres al interbloque Unidos y tres a Fuerzas del Cambio (Pro, UCR y MID). De ese modo, el oficialismo podría reunir una mayoría ajustada de 16 votos con el respaldo de sus aliados.

En la oposición ya suenan algunos nombres: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Mariela Coletta y Juan Brugge (Provincias Unidas); y, por UP, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Guillermo Snopek, Eduardo Valdés, Vanesa Siley y Ramiro Gutiérrez.

En paralelo, Diputados avanzó entre lunes y martes con la constitución de comisiones. El dato saliente fue que el oficialismo logró quedarse con la presidencia de dos áreas que hasta ahora controlaba la oposición: Salud y Discapacidad.

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Se trata de comisiones que el año pasado representaron un frente de conflicto para el Gobierno. Desde allí se impulsaron proyectos luego vetados por Milei y ratificados por el Congreso con mayoría agravada, como la emergencia en discapacidad y la ley de salud pediátrica, conocida como “ley Garrahan”.

En Salud, el tucumano Pablo Yedlin (UP) fue reemplazado por el libertario Manuel Quintar, de Salta. En Discapacidad, Daniel Arroyo (UP) dejó la presidencia en manos de Gerardo Huesen (LLA), también tucumano.

Diputados libertarios salen de una reunión en Casa RosadaHernan Zenteno

Los libertarios también se aseguraron el control de Energía y Combustibles, con el mendocino Facundo Correa Llano, y de Legislación General, que quedó a cargo de Santiago Santurio.

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A su vez Pro, en tanto, retuvo la comisión de Educación, encabezada por Alejandro Finocchiaro, un aliado del oficialismo. También quedó en manos de un aliado, el santacruceño José Garrido, la presidencia de Industria.

Por su parte UP mantuvo la conducción de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales (Ariel Rauschenberger), Cultura (Lorena Pokoik), Economía (Julia Strada) y Personas Mayores (Pablo Todero). Mientras que Provincias Unidas se quedó con Transporte (Jorge Rizzotti), Pyme (Pablo Farías) y Comercio (Juan Brugge).


caso $LIBRA,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Insólito. Un diputado de Pro compró un rifle de aire comprimido, lo envió al Congreso y activó un operativo de seguridad,,Denunciarán al fiscal. Los diputados acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la presunta estafa con $LIBRA,,Caso $LIBRA. La oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores

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Qué respuesta dio el diputado que pidió un rifle de aire comprimido por delivery al Congreso

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La mañana de este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación dio un giro inesperado cuando el personal de seguridad detectó un rifle de aire comprimido en el escáner de paquetería que ingresaba al Congreso. El paquete, dirigido al despacho de Javier Sánchez Wrba, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Pro, generó una inmediata activación del protocolo de seguridad.

El incidente se desencadenó cuando un repartidor, con la apariencia habitual de quienes realizan entregas, intentó ingresar el paquete al edificio. El personal de seguridad observó a través de la pantalla del escáner la silueta de un arma, lo que motivó la rápida intervención de los custodios. El joven quedó demorado y el edificio ralentizó su rutina habitual. El nombre de Javier Sánchez Wrba figuraba en el exterior del paquete, lo que llevó a la seguridad a contactarlo de inmediato.

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Al ser notificado, el diputado bonaerense se presentó en el ingreso del anexo y explicó ante los periodistas acreditados que el objeto era un rifle de aire comprimido adquirido para uso recreativo. “Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo”, afirmó Sánchez Wrba, y agregó: “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”.

La situación se vio reflejada en redes sociales, donde la noticia circuló rápidamente y motivó comentarios de otros diputados, como Esteban Paulón, quien realizó una publicación en la plataforma X que aludía al episodio sin mencionar directamente al legislador del Pro. Ante la repercusión, Sánchez Wrba remarcó: “Es un rifle de aire comprimido, ¿cómo se les ocurre que se van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”.

Javier Sánchez Wrba presentó una nota formal ante la presidencia de la Cámara para aclarar la procedencia y el destino del aire comprimido recibido en el Congreso

La presidencia de la Cámara, consultada por Infobae, se refirió a la actuación del equipo de seguridad y buscó disminuir la tensión generada, indicando que el arma “es un juguete y se lo llevó el diputado”.

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En respuesta formal al episodio, Javier Sánchez Wrba dirigió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde aclaró que la compra del aire comprimido se realizó por Mercado Libre y que, por un error logístico, el envío se dirigió a su despacho y no a su domicilio. “Por medio de la presente, me comunico con usted para hacerle saber que compré por MercadoLibre un aire a comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, señala la nota firmada por Sánchez Wrba, en un documento al que tuvo acceso Infobae.

El diputado adjuntó la factura de compra del producto y dejó constancia de su disposición para cualquier requerimiento adicional que permita despejar malos entendidos. En el texto presentado, Sánchez Wrba sostuvo: “Me encuentro a disposición por cualquier otra prueba que requiera para que no existan malos entendidos; así como puede consultar libremente con el comercio que emitió la factura y que envió la compra”.

Al esclarecer la situación, el legislador tomó el paquete y lo trasladó a la cochera del anexo, donde lo depositó en el baúl de su vehículo.

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Este caso no fue el único episodio reciente relacionado con objetos prohibidos que ingresan por error a las instalaciones del Congreso. Hace dos semanas, en el Senado, se vivió una situación similar cuando el senador Eduardo “Wado” de Pedro, del bloque Justicialista, olvidó un cuchillo de asado en su mochila, la cual fue retenida por la seguridad. El propio senador aclaró el hecho y prometió salames quintero de Mercedes como gesto de agradecimiento al personal de seguridad.

Las autoridades parlamentarias reiteraron la importancia de los controles y protocolos de seguridad, al tiempo que minimizaron la gravedad del suceso, sosteniendo que el rifle de aire comprimido corresponde a un objeto de uso recreativo y de venta libre. El episodio, que interrumpió la rutina habitual en el Congreso, se resolvió con la presentación de la documentación respaldatoria y la aclaración pública por parte del diputado involucrado.

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Un diputado pidió por delivery un rifle de aire comprimido que llegó al Congreso y activó un operativo de seguridad

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El diputado del PRO Javier Sánchez Wrba fue protagonista de un hecho insólito durante la tarde del miércoles cuando recibió en el Congreso un paquete por delivery que llevaba un rifle de aire comprimido y activó un operativo de seguridad.

El legislador pidió el rifle, con fines recreativos, a través de una aplicación de compra online y, según contó, se equivocó de dirección: en vez de poner su domicilio, puso el del Anexo de Diputados.

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Cuando el paquete llegó al edificio y fue escaneado, despertó un operativo de seguridad ante el temor de que fuera un arma verdadera.

Javier Sánchez Wrba, diputado nacional Pro. Foto Cámara de Diputados.

Ante los llamados del departamento de Seguridad a las autoridades de la Cámara, el diputado socialista Esteban Paulón, enterado de la situación y del envío al Anexo A del Congreso posteó en redes: “Otro día trancu en Congreso. Parece que un diputado/a compró una escopeta por MELI (Mercado Libre) y pidió que se la envíen a su oficina de… Congreso. Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.”, señaló Paulón.

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Sánchez Wrba tuvo que enviar una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, para aclarar la situación: “Me comunico con usted para hacerle saber que compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, escribió el diputado.

Factura del rifle que compró el diputado Javier Sánchez Wrba
Factura del rifle que compró el diputado Javier Sánchez Wrba

También adjuntó una factura con la compra para dejar asentado que se trataba de un rifle con fines recreativo.

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