POLITICA
Así es el proyecto que el Consejo de Mayo le propuso al Gobierno y que enfrenta a la CGT
El Gobierno de Javier Milei avanza en silencio sobre un proyecto que promete alterar la estructura del mundo del trabajo en la Argentina. Lejos de las versiones preliminares que circularon durante las últimas semanas, el Consejo de Mayo presentó al Ejecutivo un borrador con los “verdaderos ejes” de la reforma que el oficialismo buscará discutir en el Congreso antes de fin de año.
Según anticiparon fuentes del Consejo a Infobae, el texto no plantea una “reforma laboral tradicional”, sino una serie de cambios graduales que apuntan a “modernizar” el sistema de contratación y reducir los costos que enfrentan las empresas al emplear trabajadores registrados. El documento, que aún no fue difundido oficialmente, ya encendió alarmas en la Confederación General del Trabajo (CGT), donde consideran que el proyecto “avasalla derechos adquiridos” y podría “debilitar la representación sindical”.
Entre los principales puntos que propone se encuentra la creación de un nuevo régimen de contrato laboral flexible, con menos cargas indemnizatorias para las empresas, pero con mayores incentivos para la formalización. El esquema reemplazaría el actual sistema de indemnizaciones por un fondo de cese laboral, administrado de manera privada y alimentado por un aporte mensual del empleador. Este punto, aseguran, sería “inamovible” dentro del proyecto y representa uno de los mayores motivos de rechazo dentro del movimiento obrero.
El texto también impulsa una revisión integral de los convenios colectivos de trabajo, con la idea de habilitar negociaciones “más dinámicas” por sector o región, y reducir la rigidez que —según el oficialismo— obstaculiza la generación de empleo. Además, se prevé digitalizar los registros laborales, simplificar los aportes patronales y establecer un mecanismo de evaluación de productividad como criterio para la actualización de salarios.
Fuentes del Consejo destacaron que “no se trata de eliminar derechos, sino de adaptarlos a un contexto productivo y tecnológico completamente distinto al de hace 40 años”. En esa línea, el proyecto buscaría acompañar el proceso de automatización y el crecimiento del trabajo remoto, incorporando regulaciones específicas para plataformas digitales, freelancers y oficios tecnológicos.
Sin embargo, desde la CGT el diagnóstico es diametralmente opuesto. En Azopardo advierten que detrás del discurso de “modernización” se esconde un intento de “precarizar” el trabajo registrado y “licuar el poder de los sindicatos”. Uno de los integrantes del consejo directivo aseguró que “lo que el Gobierno presenta como flexibilidad, en realidad es desprotección”.
El enfrentamiento ya se hace sentir en los pasillos del Ministerio de Capital Humano, donde algunos funcionarios intentan mediar para evitar una ruptura total con el sindicalismo. “Hay voluntad de diálogo, pero no vamos a frenar un cambio que el país necesita”, afirmó un integrante del equipo económico.
El documento, que circula entre los principales despachos oficiales, forma parte del paquete de leyes que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso en las próximas sesiones extraordinarias. Aunque aún podría sufrir modificaciones, desde el entorno del Presidente aseguran que la esencia del proyecto no cambiará: reducir la litigiosidad laboral, fomentar el empleo privado y generar un entorno más competitivo para las empresas.
El Consejo de Mayo, que integran economistas, juristas y dirigentes cercanos al oficialismo, tiene un rol clave en la redacción de estas propuestas. “Estamos construyendo un marco laboral del siglo XXI”, señalaron sus voceros, convencidos de que el proyecto representa una oportunidad histórica para actualizar el mercado de trabajo argentino.
Pese a los esfuerzos por mostrar diálogo, el texto enfrenta un escenario complejo: la CGT prepara una serie de reuniones con legisladores opositores para intentar bloquear su avance y ya evalúa medidas de fuerza si el Gobierno insiste en tratarlo sin consenso.
Mientras tanto, en Balcarce 50 confían en que el proyecto será una carta fuerte para mostrar iniciativa política en el cierre del año. “Es la señal que necesitaba el mercado para entender que la Argentina va en serio con la desregulación”, resumió un funcionario con llegada directa a Milei.
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El gobierno de Javier Milei logró anoche un importante triunfo en el ámbito legislativo. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma laboral, que impactará en el mundo del trabajo en caso de que la próxima semana reciba el último aval del Senado, algo que descuentan en la Casa Rosada.
La Libertad Avanza (LLA) pudo festejar gracias a que se aseguró el apoyo de sus aliados habituales —Pro, UCR y MID— y de un grupo de gobernadores. Fue decisivo el aporte que le dieron, sobre todo, a la hora de conseguir el quorum para iniciar la sesión, los legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones)y Raúl Jalil (Catamarca).
El oficialismo pudo aprobar el proyecto de modernización laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. Esa fue la cosecha que consiguió Milei en el debate en general. Pero el análisis de la votación en particular permite distinguir las diferencias en torno a ejes centrales de la iniciativa que afectará la vida laboral de los argentinos.
Hubo cinco títulos en los que LLA tuvo más dificultades para lograr consensos. En esas votaciones pesaron, ante todo, los alineamientos políticos o la necesidad de los aliados de Milei de desmarcarse de temas sensibles, que impactaban directamente a los sindicatos o determinados sectores, como la creación del fondo para las indemnizaciones; la eliminación del concepto de “ultraactividad”; la derogación del estatuto del periodista; los límites al derecho a huelga; y el desfinanciamiento del Incaa.
El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.
Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.
En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.
Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.
Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.
Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.
Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.
Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.
UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.
Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.
Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.
Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.
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El Gobierno de la provincia de Misiones dejó sin efecto la designación de Karina Mabel Acosta como Directora de Turismo Social del Ministerio de Turismo, luego de que se viralizara un video suyo en Cancún que desató una ola de críticas.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 252, firmado en Posadas el 18 de febrero de 2026, que anula el nombramiento establecido por la resolución N° 219 del 16 de febrero de 2024. El documento lleva la firma del gobernador Hugo Mario Passalacqua y del ministro de Turismo, José María Arrúa. Según informaron fuentes cercanas al Gobierno, la medida fue tomada ya que “no habrá tolerancia con actitudes de este tipo por parte de funcionarios públicos”.
El desplazamiento se produjo luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se la ve practicando parapente en Cancún, México. En las imágenes, Acosta afirma estar “volando por los aires de México, Cancún, para todos los pobres” y, entre risas, agrega: “Fuera, pobres”.
La ahora exfuncionaria se desempeñaba en el cargo de Directora de Turismo Social, categoría 23 del Agrupamiento Administrativo del Plantel de Cargos del Personal Permanente de la Jurisdicción 14 – Ministerio de Turismo– Unidad de Organización 01, Unidad Superior.
El contenido generó una inmediata reacción negativa en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron tanto el tono como el mensaje del video, en especial al conocerse que quien hablaba ocupaba un cargo público vinculado al área de Turismo Social. “¡La tendrían que esperar con la renuncia redactada y que la firme!”, “Ojo con la caída. Suele ser ruidosa” y “Esta mujer es pobre, pero de cerebro”, fueron algunas de las reacciones más fuertes de los usuarios.
El decreto establece que el instrumento será refrendado por el ministro de Turismo y dispone su registro, comunicación y notificación a las áreas correspondientes, entre ellas el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de Contaduría General y el Instituto de Previsión Social. Además, se indica que, tras cumplir con los pasos administrativos, el documento será archivado en la Unidad Sectorial de Personal correspondiente.
Karina Acosta, conocida en redes como “KarinaReina7” en TikTok (perfil que actualmente no se encuentra disponible, ya que fue dado de baja), se presentaba como creadora digital de Posadas y “coaching profesional”. En Facebook, también figuraba como presidenta de una asociación denominada Comunidad Solidaria. Su última actividad pública registrada en redes fue el 1° de febrero, durante el lanzamiento de los Carnavales Misioneros.
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