POLITICA
Desde su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner recibió a nueve economistas del PJ
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para dar a conocer que, en el Día del Militante, recibió en la calle San José 1111 a un grupo de economistas que le entregó un documento de más de 400 páginas sobre un modelo económico nacional.
Este encuentro se produce mientras la exmandataria cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria, medida que le fue concedida por su edad (72 años) en la causa Vialidad, y por la que utiliza una tobillera electrónica.
El propósito de la reunión, según detalló Fernández de Kirchner, fue la presentación de “consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”. El trabajo fue elaborado en el ámbito del Partido Justicialista, donde un grupo de más de 80 profesionales se dividió en comisiones y trabajó durante “más de 45 jornadas” para concretar el extenso documento.
La expresidenta subrayó que el material no es un trabajo definitivo, sino una “hoja de ruta abierta al debate y a la acción” que será elevada al Partido Justicialista para su apertura y discusión. Esta actividad política y la recepción de profesionales se desarrollan desde su lugar de cumplimiento de la pena.
En su mensaje, Fernández de Kirchner enmarcó el documento en un diagnóstico crítico de la situación actual, afirmando estar “convencida que Argentina enfrenta una encrucijada histórica” debido a las “tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales” que redefinen el escenario global.
Finalmente, la exmandataria instó a la dirigencia a “abandonar la macroeconomía del desacuerdo y construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión”. Concluyó destacando que la crisis actual no es meramente económica, sino “una crisis de proyecto de país”.
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Causa Vialidad,Condena,Cristina Kirchner,Prisión domiciliaria
El Gobierno comunicará en los próximos días al Congreso la ampliación del temario de sesiones extraordinarias, previstas del 2 al 27 de febrero, e incluirá el debate por un nuevo Régimen Penal Juvenil. La decisión reactivará en la Cámara de Diputados la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores.
De acuerdo a lo que explicaron fuentes del oficialismo consultadas por TN, la expectativa es que el proyecto no se convierta en ley durante las extraordinarias y que el senado no haga un “debate exprés”, por lo que será una discusión extensa.
La Cámara baja podría retomar el tratamiento de un proyecto enviado por el presidente Javier Milei en 2024, que ya fue debatido en un plenario de cuatro comisiones encabezado por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado —Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Familia y Minoridad— y que logró un dictamen de mayoría proponiendo reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
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No obstante, el Presidente podría decidir retirar esa iniciativa e ingresar un nuevo proyecto. El Régimen Penal Juvenil impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo planteaba una reducción aún mayor, al establecer la imputabilidad desde los 13 años.
Rodríguez Machado, hoy integrante de La Libertad Avanza, explicó en diálogo con TN que “hay que conformar dos comisiones, las de Justicia y Familia y Minoridad —las otras dos ya se integraron en diciembre y serán encabezadas por Bertie Benegas Lynch, en Presupuesto, y por mí en Legislación Penal— para luego convocar nuevamente al plenario de comisiones”.
La finalización del período parlamentario y la nueva integración de las cámaras hicieron que el dictamen de mayoría perdiera estado parlamentario. Ese dictamen había sido alcanzado tras ocho meses de trabajo, con reuniones con especialistas propuestos por distintos sectores, y había logrado consensuar 12 proyectos presentados por diputados nacionales. Sin embargo, la iniciativa sigue vigente y puede volver a ser tratada.
El proyecto del Poder Ejecutivo
En junio de 2024, el gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa buscó priorizar el derecho de las víctimas y establecer un régimen diferenciado en materia de resocialización y sanciones penales para los menores en conflicto con la ley.
La Comisión de Legislación Penal llevó adelante el debate en plenario con las demás comisiones, a lo largo de diez reuniones por las que pasaron 30 especialistas. Además de la pena de prisión, el proyecto prevé sanciones alternativas como amonestación, prohibición de contacto o acercamiento, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad.
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Estas medidas podrían aplicarse siempre que las penas no superen los seis años, no haya resultado de muerte de la víctima ni antecedentes de procesamientos firmes, y previo dictamen de una junta interdisciplinaria.
Entre las iniciativas consensuadas se encuentra el proyecto presentado por la exdiputada Marcela Campagnoli. En diálogo con este medio, señaló que “nosotros trabajamos un proyecto integral desde la Coalición Cívica, que no solo atiende la baja de la edad de imputabilidad, sino también un sistema de resocialización del menor, con institutos adecuados y distintas formas de integración según los delitos cometidos. La baja de imputabilidad por sí sola no soluciona nada: habrá delincuentes de menor edad. En cambio, una propuesta integral que permita la resocialización del menor, lo obligue a terminar sus estudios secundarios y controle su salud puede ayudar”.
Campagnoli agregó que “hoy rige un sistema tutelar para menores de 16 a 18 años, creado en 1980, donde todo queda a criterio discrecional del juez, sin garantías procesales para el menor, que un adulto sí tiene. Es lamentable que la primera respuesta de un Estado, muchas veces ausente, hacia un menor sea la penal. Por eso es necesaria una propuesta integral, que ponga el foco en la sanción, pero también en la reinserción social”.
La exdiputada, que integró la Comisión de Legislación Penal, también advirtió que en países de la región como Brasil y Chile la edad de imputabilidad es más baja, lo que llevó a algunos a sostener que una reforma similar en Argentina podría disuadir la delincuencia juvenil. Sin embargo, remarcó que una simple modificación legal, sin un abordaje integral del tratamiento de los menores, podría tener consecuencias negativas e irreversibles tanto para ellos como para la sociedad.
El nuevo impulso del debate
En los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a instalar el tema en la agenda pública. “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión. En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la reforma del Código Penal. No hay medias tintas: el que las hace las paga. Tenemos clara nuestra posición”, publicó en redes sociales.
Menem hizo referencia al asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, ocurrido en Santa Fe en diciembre pasado, cuyo crimen fue cometido y filmado por jóvenes de 14, 15 y 16 años. En la misma línea, la senadora libertaria Patricia Bullrich anunció que, a raíz de ese caso, se abriría durante 2026 la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad.
Un antecedente similar se dio en 2025, tras el crimen de Kim Gómez, una niña de 7 años que murió durante un violento robo en La Plata en el que participaron dos menores de 14 y 17 años.
Reforma del Código Penal, Diputados, Cámara de Diputados, La Libertad Avanza
POLITICA
La Argentina participará de una cumbre de altos mandos militares del hemisferio convocada por EE.UU.
WASHINGTON.- En una nueva señal de la creciente atención que el gobierno de Donald Trump está poniendo sobre la región, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, convocó para el 11 de febrero próximo una reunión en esta capital con líderes militares de 34 países del hemisferio occidental, entre los que estará representada la Argentina, según pudo confirmar .
Está previsto que a la reunión, de carácter militar, asista el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare, quien viajará unos días antes a Estados Unidos. Se espera que la reunión en Washington se centre, en parte, en mejorar la coordinación regional para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, además de que el Ejército norteamericano transmitiría su visión operativa a las fuerzas de la región.
“Los líderes de defensa participantes explorarán la importancia de las sólidas alianzas, la cooperación continua y los esfuerzos conjuntos para contrarrestar las organizaciones criminales y terroristas, así como a los actores externos que socavan la seguridad y la estabilidad regional”, declaró la oficina del general Caine en un comunicado, el viernes pasado.
Aunque no se reveló la lista completa de países participantes, los altos mandos militares de naciones como Dinamarca, Gran Bretaña y Francia -que tienen territorios en la región- fueron invitados a la reunión. El encuentro -presentado como una jornada de trabajo- estaba previsto para esta semana, pero se pospuso por las condiciones climáticas adversas en gran parte de Estados Unidos.
Luego de la intervención militar norteamericana en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, los ataques a las presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico y la disputa de Trump con sus aliados europeos y la OTAN por sus intenciones de tomar el control de Groenlandia, la reunión en Washington pondrá de relieve las posibles implicaciones militares de la llamada “Doctrina Donroe” de la administración republicana y una nueva estrategia de seguridad que pone el foco en el hemisferio occidental.
El viernes pasado, el Pentágono presentó la Estrategia de Defensa Nacional para 2026, en la que sitúa a América Latina en el centro de la agenda norteamericana. “Tras años de abandono, el Departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorios estratégicos en toda la región», señaló el documento.
“También impediremos que nuestros adversarios desplieguen fuerzas u otras capacidades que representen una amenaza en nuestro hemisferio. Esta es la enmienda Trump a la Doctrina Monroe: una restauración sensata y contundente del poder y las prerrogativas estadounidenses en este hemisferio, en consonancia con los intereses de Estados Unidos”, amplió.
“A través de este enfoque de sentido común de America First, las alianzas y los socios de Estados Unidos tienen un papel esencial que desempeñar, pero no como las dependencias de la generación pasada», afirma el documento presentado por el Pentágono, que insiste en que lo más importante es “la defensa del territorio nacional y la disuasión de China”.
Si bien Caine y sus principales asesores han intentado presentar la reunión como una oportunidad para mejorar la cooperación en materia de seguridad entre los socios regionales, el encuentro se produce en un momento complejo para las relaciones de Washington con sus vecinos, como Canadá y México, y los aliados en Europa, como quedó demostrado en el reciente Foro Económico Mundial en Davos.
Según publicó The New York Times, que califico al encuentro como “inusual”, Caine estará acompañado por el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte, que supervisa la defensa del territorio nacional y Groenlandia, y por el teniente general Evan Pettus, jefe interino del Comando Sur, que supervisa América Latina. El general Francis Donovan, nominado el mes pasado por Trump para asumir el mando del Comando Sur, está a la espera de la confirmación del Senado.
El 25 de noviembre pasado, Caine visitó Trinidad y Tobago, situada frente a las costas de Venezuela, donde se reunió con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. En un comunicado emitido en ese momento, la oficina del general indicó que el viaje -en medio de la tensión por los operativos norteamericanos en el Caribe- se había centrado en “fortalecer la estabilidad regional y la unidad regional en lo que respecta a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”.
Guillermo Idiart,Estados Unidos,Argentina,Washington,Conforme a,Estados Unidos,,Tormenta invernal Fern. Qué se sabe de la ola de frío extremo en Estados Unidos y cuáles son las zonas más afectadas,,Pacto energético. Con un primer cargamento, Venezuela reabre la ruta petrolera hacia Estados Unidos,,Siete muertos y un herido. Un avión privado se estrelló en Estados Unidos en medio de la histórica tormenta invernal
En desmedro de la industria nacional, el gobierno de Javier Milei, cerró una compra millonaria para la obra de un gasoducto en Vaca Muerta a una empresa de la India y cuestionó el alto costo de los productos de Techint.
A través de un largo descargo en las redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó el hecho de tener que adquirir productos a precios más altos solo por tratarse de una empresa nacional.
El Gobierno confirmó que sumará la baja de imputabilidad al temario para las sesiones extraordinarias
“Me motiva compartir estas reflexiones al escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a Grupo Techint por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos?”, publicó en X, el funcionario.
A lo que agregó: “Un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario”. Según explicó el ministro en su posteo la empresa de Paolo Rocca, había ofrecido los tubos sin costura un 40% más caros que la firma india.
El FMI aseguró que en 2026 Argentina será la cuarta economía de mayor crecimiento dentro del G20
“Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen”, destacó Sturzenegger.
En tanto, sumó: “Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación. Importar insumos más baratos puede mejorar el tipo de cambio real y generar rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país”.
“Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos”, concluyó el exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa.
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Federico Sturzenegger,Grupo Techint,Importación,Industria Argentina,Vaca Muerta
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