POLITICA
El Gobierno apunta al Presupuesto 2026 y pisa el acelerador con la reforma laboral tras el recambio legislativo
La llegada de nuevos legisladores al Congreso reconfiguró el tablero político y le dio oxígeno al Gobierno de Javier Milei para relanzar su agenda parlamentaria más ambiciosa. En la Casa Rosada no lo disimulan: diciembre será un mes decisivo y el oficialismo pretende llegar al brindis de fin de año con el Presupuesto 2026 aprobado y el proyecto de reforma laboral en la cancha, con dictámenes encaminados.
El cronograma que maneja el Ejecutivo es ajustado. Para los primeros días del mes está previsto el envío formal del paquete laboral, que apunta a desarmar varios de los pilares del actual sistema de contratación y litigios. Una semana más tarde, la prioridad será dictaminar el Presupuesto en Diputados, con el objetivo de llevarlo al recinto antes del cierre del período ordinario. La lectura política es clara: sin ley de gastos y recursos aprobada, la gobernabilidad entra en una zona gris que el Presidente quiere evitar.
El recambio parlamentario jugó a favor del oficialismo. La Libertad Avanza (LLA) amplió su presencia tanto en Diputados como en el Senado y, con el respaldo tácito de sectores del PRO y de gobernadores dialoguistas, se encamina a conformar mayorías circunstanciales. Del otro lado, Unión por la Patria enfrenta una sangría política que se traduce en menor capacidad de maniobra. Los intentos por forzar sesiones sin el número necesario quedaron expuestos esta semana y dejaron al principal bloque opositor con poco margen para condicionar el debate.
El Consejo de Mayo apura definiciones y presentará antes de tiempo las reformas impulsadas por el Ejecutivo
En Balcarce 50 destacan un dato como determinante: el alineamiento de mandatarios provinciales que hasta hace poco orbitaban el kirchnerismo y hoy prefieren sentarse con el equipo económico libertario. El nuevo bloque “federal” que impulsan gobernadores del Norte Grande es leído como un gesto de pragmatismo político: las provincias necesitan respuestas concretas para cerrar sus números y el Gobierno es, hoy, la ventanilla que promete esas definiciones.
La negociación se mueve, además, por carriles informales. En el oficialismo admiten contactos permanentes entre dirigentes del PRO, operadores libertarios y ministros provinciales. El mensaje que baja Economía es simple: el cálculo del gasto será una herramienta para ordenar cuentas, priorizar obras con financiamiento genuino y dejar atrás la discrecionalidad política.
La reforma laboral, en cambio, es el frente más espinoso. El proyecto buscará reducir la industria del juicio, flexibilizar modalidades de contratación e introducir cambios en el sistema de indemnizaciones. Desde el Ejecutivo asumen que el debate será áspero y no descarta que el tratamiento se extienda hasta el primer trimestre de 2026. Los sindicatos ya activaron sus alertas y la justicia del trabajo aparece como un actor que podría convertirse en un escollo adicional.
En el frente económico, los datos ofrecen una postal heterogénea. La actividad empezó a mostrar señales de recuperación, con sectores como el financiero traccionando hacia arriba. Pero la industria sigue golpeada y el consumo masivo no termina de rebotar. En paralelo, anuncios de despidos y cierres de plantas alimentan la inquietud social en algunas regiones.
Aun así, en el equipo de Luis Caputo sostienen el discurso optimista. La baja de la inflación es presentada como el principal activo del Gobierno y el ancla para la recuperación. Con noviembre en torno al 2% y diciembre bajo observación, el objetivo anual cercano al 30% se exhibe como un hito en una Argentina acostumbrada al desorden de precios.
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Congreso Nacional,Javier Milei,Presupuesto 2026,Reforma Laboral
POLITICA
Nueva fuga en el PRO: tres diputados más se alinean con Javier Milei y el bloque libertario roza la primera minoría
La Cámara de Diputados atraviesa una reconfiguración política que podría modificar el equilibrio interno del Congreso. En las próximas semanas, La Libertad Avanza (LLA) sumará tres representantes más provenientes del PRO, un movimiento que acelera el crecimiento del bloque oficialista y lo deja muy cerca de desplazar al peronismo como primera minoría parlamentaria.
Los pases incluyen a los santafesinos Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni, quienes en las últimas horas confirmaron su desembarco en la bancada libertaria, además de una tercera incorporación indirecta pero estratégica: la banca nacional que dejará Silvia Lospennato cuando asuma como legisladora porteña también será ocupada por una dirigente alineada a Patricia Bullrich, que se integrará al bloque de La Libertad Avanza.
Tres diputados se alinearon a La Libertad Avanza y el oficialismo amplía su fuerza en Diputados
Con estos movimientos, el oficialismo pasará a contar con 94 diputados, mientras que Unión por la Patria quedará en 96. La diferencia, sin embargo, podría acortarse aún más si se concretan nuevas rupturas dentro del bloque peronista, donde algunos legisladores ya analizan armar bancadas propias en desacuerdo con la conducción política de Cristina Kirchner.
El contexto es complejo para el peronismo. No solo enfrenta diferencias internas, sino también el avance de sectores provinciales que se muestran cada vez menos dispuestos a sostener una identidad nacional unificada. En los pasillos del Congreso, se habla de posibles nuevas salidas que podrían desencadenar un empate técnico o incluso permitir que LLA se convierta en el primer bloque de la Cámara baja.
Desde el oficialismo siguen de cerca cada movimiento, conscientes de que alcanzar la primera minoría no es solo una cuestión simbólica. La condición de bloque más numeroso permite un mejor posicionamiento en el armado de comisiones, donde se definen los proyectos que llegan al recinto y se moldea la agenda legislativa.
La integración de dirigentes que responden a Patricia Bullrich marca, además, un corrimiento político dentro del PRO. Mientras un sector apuesta a mantenerse como fuerza diferenciada, otro avanza decididamente hacia un alineamiento directo con el gobierno de Javier Milei.
Vale recordar que, en la última semana, Luis Picat (Córdoba), Federico Tournier (Corrientes) y Mariano Campero (Tucumán) oficializaron su llegada al bloque oficialista tras mantener una reunión con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni.
La conducción del líder riojano también juega un rol clave como titular del recinto, ya que impulsa la distribución de espacios parlamentarios por bloque y no por interbloque, una definición que favorece directamente al oficialismo si lograra ubicarse en el primer puesto.
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Cámara de Diputados,La Libertad Avanza,PRO,Unión por la Patria
El pastor evangélico Norberto Saracco, de reconocida trayectoria en comunidades cristianas, cuestionó la decisión del Senado de instalar un oratorio en el antiguo despacho del legislador expulsado Edgardo Kueider, y denunció como “un pequeño gesto de discriminación” la presencia de la bandera que identifica al Estado del Vaticano y a la iglesia Católica. “Nos retrotrae a tiempos que creíamos superados”, afirmó el referente religioso.
Saracco dirige desde hace casi 40 años la iglesia cristiana evangélica Buenas Nuevas, en Parque Avellaneda y en julio pasado había criticado la presencia y el mensaje del presidente Javier Milei en la inauguración del templo evangélico Pastor del Cielo en la ciudad de Resistenciao
Más allá de definir como “paradojas de la historia” el hecho de que se preserve como un espacio de oración el despacho que perteneció a un exlegislador investigado en Paraguay por presuntos hechos de corrupción, tras ser encontrado en un control policial con 200.000 dólares sin declarar, el pastor Saracco objetó la decisión del Senado, que preside Victoria Villarruel.
Según imágenes que se difundieron en las redes sociales, el despacho se acondicionó con tres filas de bancos y un estrado con la bandera argentina y la del Vaticano. No se observa, sin embargo, símbolos estrictamente relgiosos.
“Es auspicioso que en un país donde casi el 90% de sus habitantes declara profesar alguna fe se dedique un espacio a la espiritualidad, la reflexión y el rezo. Pero no radica aquí el problema y el escándalo. El hecho es que lejos de ser un espacio abierto a la espiritualidad de todos es un recinto para algunos”, dijo el pastor, uno de los fundadores del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires.
Argumentó que “la presencia de la bandera que identifica a la iglesia Católica y al Estado del Vaticano nos retrotrae a tiempos que creíamos superados.
“No creo que detrás de este desatino esté la iglesia católica como tal. Más bien supongo que en su afán de conquistar ciertas voluntades algunos son más papistas que el Papa. De todos modos, los hechos están y se dan en las más altas esferas del poder”, declaró Saracco, al preguntarse: “Cuánto nos falta para vivir en un país donde la libertad e igualdad se lleven de la mano”-
La decisión de instalar un oratorio con símbolos de la Iglesia Católica fue tomada por el Senado en momentos en que la Conferencia Episcopal Argentina reclamó sin éxito a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, el “urgente tratamiento” de un proyecto que regula las apuestas en línea e impone restricciones, por entender que en la actualidad se promueve una práctica indiscriminada del juego online entre los adolescentes y jóvenes. La comisión ejecutiva del Episcopado y las autoridades de Pastoral Social enviaron cartas a Villarruel para que evite que la iniciativa, aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados, pierda estado parlamentario a fines de este mes.
Senado de la Nación,Victoria Villarruel,Conforme a,Senado de la Nación,,Reclamo a Milei. Villarruel recibió a los nuevos senadores oficialistas con un reproche por el presupuesto del Senado,,»No estamos eligiendo un Papa». Luis Juez apoyará la jura de la senadora Villaverde, que fue investigada por narcotráfico,,Senado. Bullrich busca cerrar el apoyo de la UCR para la agenda de sesiones extraordinarias
POLITICA
El Gobierno rechazó un informe de la ONU que advirtió por el hacinamiento de presos en comisarías y el rol de las fuerzas en las marchas
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) publicó este viernes un duro informe con advertencias sobre la situación de presos en comisarías y cárceles de Argentina y sobre el rol de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Sin embargo, desde el Gobierno nacional expresaron en un comunicado su “enérgico rechazo” al texto porque “omite graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández”.
“El documento —abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista— exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos», remarcó el Ministerio de Seguridad en su repudio.
El documento apunta a irregularidades relacionadas al trato de personas privadas de su libertad, condenadas o con procesos abiertos. Especialmente a la situación de detención prolongada en comisarías, para la cual manifestó su “seria preocupación” por las condiciones en “dependencias policiales que son sumamente deficientes”.
El organismo describe esa situación con algunos ejemplos: “Celdas sin ventilación ni luz natural, falta de instalaciones sanitarias adecuadas, escaso acceso a agua potable y alimentación insuficiente y la falta de espacios al aire libre o zonas de recreo”. También remarcó que el Comité observó “demoras significativas” en la atención médica a las personas detenidas.
Por eso reclamó al Estado nacional terminar con el uso de estas dependencias policiales para privaciones de libertad de “larga duración” y “garantizar un trato adecuado a quienes permanecen bajo custodia en estas instalaciones mientras se busca una solución urgente para poner fin a esta práctica”.
La ONU cuestionó el uso excesivo de la fuerza en el contexto de protestas. Reclamó al Estado que “debilitó” las disposiciones para que los agentes federales se identifiquen durante operativos y que con las resoluciones firmadas, el Ministerio de Seguridad “amplía su discreción para recurrir al uso de armas de fuego ante la mera sospecha”.
Lo mismo hizo con los nuevos reglamentos de 2024 para el uso de armamento no letal. “No especifica suficientemente las situaciones en las que pueden utilizarse dichas armas”, remarcó el Comité.
Los expertos de la ONU pusieron como ejemplo de preocupación las manifestaciones de marzo de este año, por la que resultó herido de gravedad el fotorreportero Pablo Grillo tras un impacto de un proyectil de gas lanzado por Gendarmería, que tiene al cabo Héctor Guerrero procesado penalmente en la Justicia, “particularmente las alegaciones de lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gas lacrimógeno, camiones hidrantes, y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante manifestaciones sociales”.
Para el ministerio de Seguridad, el documento elaborado en Ginebra, Suiza, “asesta ataques infundados a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno nacional, cuyo objetivo es garantizar un espacio público libre de violencia y piquetes, y reforzar el apoyo a las provincias en su lucha contra el delito”.
Y señaló que el informe “carece de equilibrio”, “omite hechos centrales de la realidad reciente”, “se aparta de su mandato técnico” y “reviste de una supuesta cosmética neutral a evidentes posiciones provenientes de organizaciones militantes”.
El Gobierno nacional va más allá incluso y acusa al Comité contra la Tortura de elaborar un documento “plagado de una narrativa que engrandece selectivamente al gobierno anterior”.
“El informe omite selectivamente hechos graves ignorando de manera absoluta episodios de extrema gravedad ocurridos durante la administración de Alberto Fernández”, remarca y enumera “las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa durante la pandemia”; “el luctuoso caso de Magalí Morales, muerta bajo custodia policial en circunstancias gravísimas que nunca fueron esclarecidas”; “los excesos policiales registrados en distintos puntos del país durante la eterna cuarentena impuesta”; y “el escándalo del Vacunatorio VIP”.
El Comité expresó su preocupación por “los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024″.
En particular, inquietan las informaciones recibidas que denuncian actos de tortura y malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de “bienvenida” e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía. Y puso como ejemplo el caso registrado el 2 de marzo del año pasado en el penal santafesino de Piñero, donde hubo simulacro de ahogamiento en tanques de agua o con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales.
También cuestionó “la sobreocupación y las condiciones materiales inadecuadas en las instalaciones penitenciarias del país”, el registro de “un aumento sostenido de la población carcelaria”. Y comunicó su preocupación por la transferencia del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad de la Nación ya que “podría tener un impacto adverso en el enfoque de la gestión penitenciaria”.
La ONU llamó además al Gobierno a “tomar las medidas necesarias” para prevenir y poner fin a las “detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y los actos de violencia desproporcionados” por parte de policías durante las aprehensiones en la vía pública en situaciones de flagrancia, en el marco de registros policiales y otros operativos policiales.
Y destacó “informaciones que señalan abusos en los operativos realizados por las patrullas municipales de la provincia de Buenos Aires” por lo que llamó a adoptar medidas para poner fin a estas prácticas con esquemas “cuasi policiales sin base legal ni supervisión judicial”.
“Resulta llamativo el tono del documento al cuestionar las patrullas municipales del Conurbano bonaerense, que operan para compensar la desprotección en la que la provincia somete a millones de ciudadanos. A su vez, el Comité ignora la responsabilidad provincial en la gestión policial y penitenciaria en jurisdicciones donde surgen los casos que menciona”, respondió el Gobierno.
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