En el bloque de diputados de La Libertad Avanza se respira confianza. Durante las últimas semanas lograron convertir al oficialismo a nada menos que 11 ex aliados y siguen con atención los próximos movimientos del peronismo que podría regalarle la primera minoría en la Cámara de Diputados. En simultáneo, se preparan para cumplir con el ambicioso cronograma de sesiones extraordinarias que impulsa el Poder Ejecutivo.

Gracias a la incorporación de ocho legisladores del PRO que responden a Patricia Bullrich y de otros tres radicales disidentes (antes conocidos como radicales “con peluca”), el bloque violeta suma 91 diputados. Apenas detrás del peronismo, que tiene 96, pero podría sufrir el desprendimiento de los diputados que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Entre los libertarios algunos piden cautela, porque consideran que podría ser un error estratégico seguir robándole bancas a los aliados como el PRO o la UCR, porque esto los terminaría empujando hacia posiciones más duras contra el Gobierno. De hecho, el fastidio de Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo, ya no es ningún secreto.

Por eso, depositan sus esperanzas en el quiebre del gobernador catamarqueño Jalil con el kirchnerismo. Eso le restaría cuatro bancas a Fuerza Patria y los libertarios solo tendrían que sumar dos voluntades para ostentar el bloque más grande. Los dos candidatos que los libertarios ya casi cuentan como propios son Verónica Razzini (rompió con el PRO el año pasado) y Alejandro Bongiovanni (PRO). Incluso la incorporación de este último no sería necesaria si el peronismo sufre un “efecto cascada” tras la salida de los catamarqueños. “Lo que importa es quién rompe primero, después de eso es más fácil que otros sigan atrás”, se entusiasma un importante referente del bloque LLA.

En simultáneo, los libertarios se reorganizan internamente. Tener un bloque tan grande les facilitará el control sobre el Congreso, pero también presenta un gran desafío: mantener la cohesión. Justamente esa fue una de las principales fallas durante los últimos dos años. Hubo escandalosas peleas internas, críticas abiertas a la conducción de Martín Menem, algunos papelones en el recinto y varias fracturas. En total se alejaron seis diputados que ahora conforman los bloques MID y Coherencia. Todo daño autoinfligido.

Para atacar ese problema, los libertarios comenzaron por darle un curso de instrucción básica a los nuevos legisladores sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados. “Ojalá a nosotros nos hubieran explicado la mitad cuando entramos”, dice con una sonrisa un libertario que llegó al Congreso en 2023.

Además, conformarán una suerte de secretaría parlamentaria colegiada. Esa mesa de coordinación estará integrada por Nicolás Mayoraz, actual presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales; la bullrichista Silvana Giudici, que desempeñó ese rol en el bloque PRO antes de su alejamiento; y Giselle Castelnuovo, flamante diputada que viene de ocupar el cargo de subsecretaria de Asuntos Políticos de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Según explicaron a Infobae, esta última se encargará principalmente de la “contención política” de los 91 miembros de la bancada.

“Los bullrichistas son muy disciplinados, Patricia los mantiene muy ordenados”, destacó un libertario. En ese sentido, remarcó que la conformación de las listas supervisada por Karina Milei donde hubo preeminencia de “puros”, la experiencia ganadas por los legisladores libertarios durante los últimos dos años y la incorporación de figuras con trayectoria legislativa propia del PRO y el radicalismo harán que el bloque tenga un peso político mucho mayor.

A pesar de todo, el bloque de diputados tiene un margen de autonomía acotado. Los libertarios no conocen más que por trascendidos periodísticos los lineamientos del proyecto de reforma laboral que comenzarán a tratar dentro de poco y también ignoran las modificaciones en el proyecto de Presupuesto que Diego Santilli está negociando con los gobernadores.

“Sólo sé que los cambios son más bien cosméticos, porque los gobernadores tienen ganas de acordar y la Casa Rosada tiene una capacidad increíble de pagar ‘barato’ los apoyos opositores”, explicó el mismo legislador.

Los diputados se preparan para comenzar el trabajo en comisión ni bien se produzca el recambio legislativo y calculan que la sesión en Diputados será entre el miércoles 17 y el jueves 18. No habrá negociaciones por separado en el Senado ya que los interlocutores, principalmente los gobernadores, son los mismos. Por lo que el Senado trabajará entre las Fiestas para darle sanción definitiva el Presupuesto el lunes 29 o el martes 30.

Aún no está definido, pero es probable que el Presupuesto se debata en conjunto con el proyecto de presunción de inocencia fiscal para discutir modificaciones en el régimen general y blindar la normativa simplificada del Impuesto a las Ganancias. La idea es incrementar el umbral para fraude fiscal, reducir los plazos de prescripción tributaria y crear el régimen de declaración jurada de Ganancias, entre otros puntos.

En tanto, en el Senado podría comenzar el debate de la modificación de la Ley de Glaciares, que redefine las denominadas áreas periglaciares y permitiría que las provincias amplíen las zonas habilitadas para la explotación productiva. Es un reclamo concreto de los gobernadores que no tiene costo fiscal para el Gobierno.

A mediados de enero se retomará la actividad, con la reforma laboral como nave insignia de la nueva etapa. Luego seguían las reformas del Código Penal, que contempla el endurecimiento de penas, y la tributaria.

Hasta el momento la conformación de los bloques es auspiciosa para el oficialismo ya que en el centro se están formando dos grandes espacios hegemonizados por gobernadores. De una lado Provincias Unidas, con el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, como principales referentes; y del otro lado una versión ampliada de Innovación Federal, donde jugarían los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén, Catamarca y Tucumán. Hasta el momento, ninguno da señales de querer confrontar con Milei.

“Todo parece indicar que el Congreso va a dejar de ser una moneda de cambio en la relación con las provincias”, especulan en la bancada que conduce Gabriel Bornoroni, uno de los ganadores políticos de las últimas elecciones.

Cuando el presidente Javier Milei anunció durante una entrevista que el Gobierno le iba a comprar submarinos a Francia, el embajador argentino ante ese país, Ian Sielecki, que justo se encontraba en Buenos Aires, llamó inmediatamente al ministro de Defensa, Luis Petri, y le pidió una reunión para conversar sobre el tema, que no estaba en agenda.

Hasta ese momento, tanto en el interior de las Fuerzas Armadas como en la Casa Rosada circulaba la versión de que las autoridades nacionales estaban evaluando alternativas para recuperar su capacidad militar debajo del mar, que perdió tras el hundimiento del ARA San Juan.

En rigor, las conversaciones con los distintos fabricantes de este tipo de embarcaciones comenzó hace poco más de tres años, durante la administración de Alberto Fernández, lo cual es habitual, debido a que son procesos que suelen tardar incluso décadas.

En ese momento, se firmó una carta de intención para comprarle varios sumergibles a la compañía Naval Group, la cual es la principal proveedora de la marina francesa y tiene casi 400 años de trayectoria.

Si bien comenzó en 1631 como una compañía pública, recientemente fue privatizada. No obstante, más del 60% de sus acciones continúa en manos del estado europeo, que tiene el mayor poder de decisión.

La firma ya tiene una fuerte presencia en América Latina a partir del contrato que firmó en 2008 con Brasil y que dio origen al programa PROSUB, que incluye la construcción de cuatro submarinos convencionales, que ya fueron entregados, y uno de propulsión nuclear, que sería el primero en la región.

De hecho, esta semana el país vecino puso en operaciones al tercero de ellos y lanzó al agua el cuarto, ambos construidos íntegramente en un astillero ubicado en la ciudad de Itaguaí, Río de Janeiro.

Si bien las negociaciones con la Casa Rosada recién están iniciando, la empresa tiene en su cartera varias opciones de navíos, que en todos los casos serían adaptados para cumplir con las necesidades específicas de la Armada Argentina.

El modelo en el que se mostró interesada la gestión de Milei es el Scorpene, la misma clase que adquirió Brasil, pero el acuerdo tiene como principal obstáculo el precio de la nave, que suele estar por encima de los 700 millones de dólares.

En diálogo con Infobae, el director de Ventas para países estratégicos, Grecia, Brasil y Latinoamérica de Naval Group, Laurent Mourre, dio precisiones sobre las propuestas de la compañía y las opciones de financiamiento que suelen otorgarse en este tipo de compras.

“Argentina, como Colombia, como Perú, pronto Chile y Ecuador, son todos países que tienen una flota bastante vieja y que quieren renovarla. Algunos ya quieren y otros van a querer. Yo creo que todos quieren modernizar la flota. Son procesos complejos por la complejidad de los productos y del proceso de adquisición, y son caros. Entonces, lo que puedo confirmar es que el gobierno argentino quiere comprar submarinos”, comenzó aclarando el empresario.

Al respecto, recordó que en el pasado la firma también recibió cartas de intención de Polonia y tras siete u ocho años de intensas conversaciones, finalmente no se realizó ninguna contratación. Algo similar ocurrió con Grecia.

“Involucra muchos aspectos. El primero es fundamental para muchos países, para casi todos, y es el económico. Es algo muy sensible en Argentina, porque es una nación que poco a poco está saliendo. Está mejorando la situación económica, pero todavía está con mucho reparo en lo que es el gasto público”, señaló.

Las propuestas de la empresa: construirlo en Argentina o importarlo

Al respecto, Mourre remarcó que “hay una diferencia grande entre el costo que puede representar el construirlo de manera local, en Brasil, en Francia o en otro lugar”, por lo que esta será una decisión clave para el futuro de las tratativas.

“Yo creo que un criterio muy importante es este, cuál es el impacto de costo. Si lo quieres construir en Argentina, Tandanor hoy es un astillero que necesitaría inversiones importantes para tener las condiciones de infraestructura para poder construir submarinos”, explicó.

Esto es, justamente, lo que sucedió en Brasil, que tuvo que hacer una inversión millonaria en la base naval de Itaguaí y formar a un equipo de profesionales para fabricar los Scorpene en su propio país y no tener que importarlos.

Si el Gobierno decidiera seguir el mismo camino, se tendría que acordar la creación de un programa similar al brasileño, entre Naval Group, la Armada y otros organismos públicos, lo cual “tardaría como 10 años” desde el lanzamiento del plan hasta la presentación de la primera unidad.

Si bien varias de las charlas por este tema son a través del Ministerio de Defensa, el representante de la firma europea subrayó que “la decisión política de este tipo de compra en cualquier país del mundo siempre va al más alto nivel”, por lo que tendría que ser un consenso entre Milei y su par francés, que por ahora es Emmanuel Macron.

“La relación geoestratégica entre Argentina y Francia es excelente. Yo creo que estamos en un mundo con grandes cambios. Es importantísimo que Francia consolide la relación con algunos países que están fuera de la esfera histórica”, opinó Mourre.

Además del Scorpene, la compañía también produce el Barracuda, que tiene propulsión nuclear -lo que lo hace mucho más rápido y eficiente- y también una versión de este mismo, pero adaptada al mecanismo convencional, es decir, diesel-eléctrico.

Asimismo, en la firma destacan que no solo ofrecen los buques, sino también el mantenimiento de los mismos, los sistemas eléctricos y equipamiento, e incluso el armamento.

En esta línea, Naval Group cuenta con la capacidad de fabricar misiles MU90, que es el torpedo ligero más potente del mundo, capaz de neutralizar todo tipo de submarinos y que es utilizado por 12 países.

También vende el F21, un torpedo submarino inteligente, que es de largo alcance y por su versatilidad puede ser implementado para atacar objetivos de varios tamaños y funciona hasta en condiciones complejas.

Además, la empresa diseñó un sistema de defensa antitorpedo llamado SINGER, que está basado en el revolucionario principio de confusión/dilución, esta contramedida genera cientos de objetivos falsos que se renuevan constante y aleatoriamente para saturar el procesamiento de datos de los torpedos más modernos y agotar su energía.

De todas formas, en la compañía evitan dar una cifra de cuánto le costarían a la Argentina los sumergibles e indican que ese número dependerá no solo de qué es lo que finalmente se contrate, sino fundamentalmente “del nivel de modificación que se tengan que hacer en relación con un Scorpene standard, que pueden tener costos muy altos o muy pequeños”.

“Cuando estamos en fase anterior a un, a un contrato y que haya una competencia potencial, hay competidores activos, así que es natural que el precio sea una información confidencial”, sostuvo Mourre.

El director de Ventas para América Latina de Naval Group precisó que “hay muchas modalidades diferentes” de financiamiento, pero generalmente todas “sirven para no pagar inmediatamente todo el valor”.

“Las condiciones de la financiación, que no dependen de Naval Group, pero sí el estado francés puede tener un papel relevante, porque puede dar una garantía para la financiación. Todo va a depender de la ganancia, la tasa de interés, del valor de la garantía, del seguro”, manifestó.

El mecanismo que se suele utilizar para estas transacciones es el de export finance (crédito de exportación), en el que “generalmente el gobierno da una garantía, la cual ya tiene algunas condiciones asociadas, no es un cheque en blanco”

“Solemos elegir para esto a bancos que ya conocemos, con los que estamos acostumbrados a trabajar y que conocen el país comprador o que facilitan las relaciones”, cerró.

El Gobierno no para de crecer en materia de diputados y senadores. Está a solo tres legisladores de convertirse en la primera minoría en la Cámara Baja, un paso clave para poder asegurar el Presupuesto 2026 y negociar la reforma laboral.

La contracara del oficialismo es Fuerza Patria. El kircherismo pierde continuamente diputados porque los gobernadores ya no quieren estar bajo el ala de Cristina Kirchner y deben pelear por los intereses de sus provincias.

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Es así como muchos jefes provinciales dejaron de tributar para el peronismo y conformaron un bloque aparte. El mismo tendrá 15 diputados que representan a Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones.

Este movimiento dejaría como primera minoría a La Libertad Avanza, que sigue creciendo por dos motivos claros: porque es la bancada del oficialismo y porque tiene algo que ofrecerle al resto de los legisladores.

Por esta última razón es que los diputados del PRO siguen pasándose al bloque oficialista, que sumará un voto más cuando Silvia Lospennato pase a la legislatura porteña.

El bloque libertario está lejos de los 129 votos que se necesitan para tener quórum propio, pero con la primera minoría puede presidir comisiones y manejar con mucha mayor holgura la Cámara Baja. Esto será clave para tratar los dos proyectos que el Gobierno impulsa desde hace tiempo: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

La Ley de Presupuesto 2026 está bastante más encaminada que la reforma laboral. El Ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Corrientes en lo que será la continuación de la gira que viene haciendo por todo el país para sumar voluntades de los bloques provinciales.

El proyecto de reforma laboral requiere de otras negociaciones que le llevarán más tiempo al Gobierno. En principio, ya lo comenzó a tratar en el último Consejo de Mayo, donde se redactaron algunos artículos del borrador.

En ese encuentro, el Ejecutivo mantuvo negociaciones con Gerardo Martínez, que representa a la UOCRA y a la CGT; con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; con Martín Rapallini, en representación de la UAI, y con representantes de la Bolsa de Comercio y de los grandes grupos empresarios.

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Ahora el gran paso lo tiene que dar el Gobierno. Entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, están tratando el último borrador, que va a ser presentado el 9 de diciembre.

El Gobierno va a tratar de asegurar los votos en Diputados, y luego saldrá a negociar con la CGT. La postura del Gobierno es clara: desfinanciar a los gremios y a las obras sociales.

Es posible que se llegue a una postura intermedia, pero está claro que demorará tiempo. No saldrá en diciembre y es probable que tampoco en febrero y marzo.

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