La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en la manera en que se seleccionan los candidatos a jueces federales y nacionales para que sea analizado por el Consejo de la Magistratura. La intención es fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección.

El nuevo reglamento de selección de jueces propuesto lleva la firma de solo los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y no la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Los cambios propuestos reducen la discrecionalidad política en los concursos para jueces en momentos en que el Consejo de la Magistratura se dispone a cambiar su relación interna de fuerzas, con mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza en el organismo. Ahora el peso de la selección pasa por el diseño del banco de preguntas, la definición de evaluación y la gestión del proceso.

Los jueces dispusieron elevar este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para su consideración y decidieron comunicarlo a las Cámaras nacionales y federales de todo el país y de los Supremos Tribunales de Justicia de las provincias. Se necesitan mayorías agravadas para su aprobación.

El trabajo lo venía realizando Rosenkrantz desde hace varios meses y Lorenzetti lo acompañó, dijeron fuentes del Consejo de la Magistratura. Rosatti quedó en soledad, lo que marca un cambio en la dinámica de funcionamiento de la Corte.

En el Consejo de la Magistratura hay otras propuestas, cerca de 14, pero en este caso se trata de una acordada de la Corte. En el Consejo se analizarán todas, dijo un consejero a , que señaló que no están obligados a hacer lo que dispuso la Corte.

El reglamento le pone límites al Consejo de la Magistratura al disponer, por ejemplo, que los concursos para jueces se realizarán de ahora en más con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice. Las entrevistas personales solo pueden dar puntos al candidato con un límite del 10% del total.

Con el argumento de reforzar la transparencia y reducir la discrecionalidad, el nuevo esquema redefine no solo cómo se evalúa a los candidatos, sino también dónde reside el poder real dentro del proceso.

Hay un fuerte giro hacia un modelo reglado, pues antes tenía peso el examen de oposición, antecedentes y la entrevista personal con una valoración subjetiva.

Ahora se impone una lógica de evaluación tabulada, automatizada y con reglas preestablecidas.

Entre las innovaciones aparece como regla la instauración de concursos anticipados. Es decir que siempre se harán concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes.

La medida busca licuar la influencia del contexto político en los concursos.

Otro cambio central es la implementación de un doble examen con anonimato reforzado. Una primera instancia general, de carácter objetivo y corrección automatizada, funciona como filtro técnico.

La segunda etapa, de carácter práctico, evalúa la capacidad de resolución de casos y redacción de sentencias. Todo el proceso se apoya en sistemas que garantizan la trazabilidad y el anonimato de los postulantes, en un intento por blindar la evaluación frente a interferencias externas.

La entrevista personal, uno de los momentos de mayor incidencia política, pierde peso. Su puntaje queda limitado a un 10% dentro del total, y su capacidad de alterar el orden de mérito se reduce al mínimo. Deja de ser el espacio donde se definían muchas ternas.

En paralelo, el nuevo reglamento introduce un sistema de evaluación de antecedentes tabulado. La formación académica, los promedios universitarios, la experiencia profesional y la trayectoria en la función judicial son ponderados mediante criterios objetivos y previamente definidos. La intención es sustituir valoraciones por métricas verificables.

También se avanza hacia la digitalización del proceso donde cada postulante contará con un legajo único, auditable y accesible, lo que mejora la transparencia y el control.

El nuevo modelo reduce de manera ostensible la capacidad de intervención de los consejeros en el concurso con la posibilidad de influir en las entrevistas o de alterar el orden de mérito, pues esa facultad queda acotada.

Eran frecuentes las quejas de candidatos que terminaban bien en los exámenes y perdían lugares en la lista definitiva, o al revés. También eran frecuentes los casos de los candidatos de mitad de tabla que ascendían en la lista final, merced a la política.

Ahora el poder pasa por el diseño del banco de preguntas, la definición de evaluación y la gestión del proceso.

La Corte Suprema consolida su influencia sobre el proceso de selección en desmedro del Consejo de la Magistratura.

Los cambios principales son la fijación de pautas objetivas de asignación para la categoría “especialización” y se incorporan indicadores como el de rendimiento académico en la carrera de grado.

Si antes el examen consistía en la elaboración de una sentencia, ahora hay dos etapas: en la primera, se evalúan los conocimientos de derecho del concursante; en la segunda, su capacidad de resolver situaciones prácticas de su función.

El nuevo examen busca mayor amplitud y objetividad en los conocimientos jurídicos y prácticos de los concursantes.

Antes los jurados elaboraban y corregían el examen. Ahora los que elaboran el examen no son los mismos que lo corrigen. Se evitan así filtraciones de consignas y sesgos en la calificación.

La primera etapa es una calificación automatizada que mide conocimientos sin discrecionalidad en la calificación. La segunda etapa fija criterios claros para la asignación del puntaje en la resolución del caso.

Se preserva el anonimato de los concursantes y se privilegia la aplicación de normas neutrales e igualitarias en la corrección de las consignas.

La discrecionalidad de la Comisión de Selección en la convocatoria a la entrevista y en la asignación de puntos, que muchas veces modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes, se limita. Así se busca eliminar la discrecionalidad política en la evaluación de los candidatos y se privilegia el resultado técnico de la evaluación de antecedentes y examen.

Alrededor de las 11 de este miércoles varios funcionarios asistieron a la conferencia de prensa que brindó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en un intento de dejar atrás las polémicas por sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio.

En un video difundido en redes se observa el ingreso a la sala de conferencia de prensa de la Casa Rosada de los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). Todos se ubicaron en primera fila.

En el fondo de la sala estaban Aime Ayelén Vázquez, jefa de Gabinete de Adorni, y dos colaboradoras de Caputo: Macarena Alifraco y la exfuncionaria de Medios Belén Stettler. Poco después se sumó el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, que quedó parado al lado de la puerta.

Por su parte, el asesor presidencial, Santiago Caputo, quedó parado a un costado del salón junto a Javier Lanari, secretario de Comunicación y de confianza de Adorni.

La conferencia de prensa de Adorni

Durante la conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, evitó dar precisiones sobre sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio. Además, que no iba a dar explicaciones porque hay una “investigación judicial en curso”.

El jefe de Gabinete —cuya continuidad en el cargo se puso en duda durante los últimos días, una versión que él mismo se encargó de desmentir— quedó en el centro de la polémica desde que se conoció que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, integró la comitiva presidencial que viajó a Nueva York el marco de la Argentina Week, que adquirió una casa en un country que no forma parte de su declaración jurada y que durante los feriados de carnaval viajó junto con su familia en un avión privado a Punta del Este.

A su vez, la semana pasada, había revelado que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, operación que fue denunciada por la diputada Marcela Pagano, exlibertaria, quien pidió investigar a Adorni por enriquecimiento ilícito. Las sucesivas revelaciones dejaron al jefe de Gabinete en el centro de la escena pública y bajo la lupa judicial, en dos expedientes que están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini.

“Mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, manifestó en la conferencia. Luego precisó que su salario está congelado desde hace dos años y que vive en el barrio porteño de Caballito: “El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”.

El respaldo de Javier y Karina Milei

Tras la conferencia de prensa, el presidente Javier Milei se alineó con el discurso del jefe de Gabinete y apuntó contra el “conjunto de ignorantes” que ve “fantasmas donde no hay”.

“Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad…“, deslizó en X.

Horas más tarde, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei también se sumó al respaldo. Compartió una foto de ambos en la misma red social y sumó la siguiente descripción: “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”.