POLITICA
La advertencia de ATE al Gobierno: paro nacional y marcha contra la reforma laboral
En medio del proyecto de la reforma laboral que prepara el Gobierno, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para el próximo martes 9 de diciembre, que estará acompañado por una movilización al Congreso de la Nación. La medida de fuerza se enmarca en el rechazo al proyecto que impulsa la administración de Javier Milei, que prevé cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y una reorganización del empleo público.
La decisión fue anunciada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza la orientación de la iniciativa oficial. Desde el sindicato sostienen que la propuesta apunta a “flexibilizar condiciones laborales” y a debilitar la estabilidad de los trabajadores del Estado, al tiempo que denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación.
“La reforma que plantea el Ejecutivo no busca mejorar la producción ni generar empleo genuino, sino disciplinar a los trabajadores”, afirmó el dirigente en sus redes sociales, donde también exigió la reapertura inmediata de paritarias. Según explicó, el salario de los empleados públicos quedó “muy por detrás del costo de vida” y no hubo respuestas concretas en las últimas instancias de diálogo.
El borrador de la Reforma Laboral: todos los cambios que busca el Gobierno
La convocatoria al paro llega luego de una reunión virtual mantenida a fines de noviembre entre funcionarios nacionales y los gremios del sector, que terminó sin acuerdos salariales. Desde ATE calificaron ese encuentro como “estéril” y señalaron que el Gobierno no ofreció ninguna propuesta de recomposición ni un cronograma de negociación.
Además del congelamiento salarial, el sindicato alerta por un presunto plan de recorte de personal en diferentes dependencias del Estado. Entre los organismos que aparecen en la mira del ajuste figuran áreas sensibles como Anses, Conicet, Indec, INTA, INTI, ENARGAS y ENRE, entre otros. Según la asociación gremial, podrían producirse despidos masivos en el marco de la “revisión de la planta” que impulsa la Casa Rosada.
En el documento oficial que acompaña la convocatoria, el gremio enumera una batería de reclamos que incluyen la reapertura de paritarias, un aumento salarial de emergencia, el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, la reincorporación de despedidos y el rechazo a cualquier intento de privatización de empresas públicas.
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También se oponen a reformas en el régimen previsional, exigen la restitución de fondos a las provincias y reclaman por la situación de los jubilados, que atraviesan —según el sindicato— una fuerte pérdida de ingresos reales.
Desde el Gobierno, en tanto, defienden la reforma laboral como una herramienta para modernizar el mercado de trabajo y atraer inversiones. Funcionarios cercanos al Ejecutivo argumentan que la rigidez del sistema actual desalienta la contratación formal y promueven cambios en rubros como indemnizaciones, vacaciones y modalidades de contratación.
La CGT, si bien todavía no convocó a una medida de fuerza de alcance nacional, expresó su rechazo a varios de los puntos que trascendieron del proyecto. Otros gremios del sector público analizan sumarse a la protesta convocada por ATE, lo que podría generar una jornada de alta conflictividad frente al Congreso.
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POLITICA
Se oficializaron los aumentos salariales para ministros y altos funcionarios: no aplicará para Milei y Villarruel
El presidente Javier Milei oficializó este viernes un aumento salarial para los altos funcionarios de su Gobierno, medida que no incluirá al propio mandatario ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 931/2025, aunque aún no se precisó el monto de la suba.
En la actualidad, el Presidente cobra $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510.
A partir de este mes, los incrementos acumulados del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, negociados entre enero de 2024 y julio de 2025, se aplicarán a ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios equivalentes. Sin embargo, queda explícitamente excluida la remuneración del presidente y la vicepresidenta, y la medida no tendrá efecto retroactivo.
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El decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a implementar un “nuevo sistema de empleo público” que contemple ingreso por mérito, evaluación periódica del desempeño, movilidad basada en competencias y remuneraciones ajustadas a responsabilidad y funciones. El objetivo declarado es garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y profesionalización del sector.
El Gobierno justificó la decisión en el tiempo de congelamiento salarial y en el saneamiento de las cuentas públicas, destacando 22 meses de superávit fiscal y una reducción del índice de pobreza. No obstante, se estableció que, si el Ministerio de Economía detecta un déficit fiscal, los incrementos quedarán automáticamente congelados hasta recuperar superávit, sin necesidad de un acto administrativo adicional.
El decreto también invita al Poder Judicial, al Legislativo, a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de suspensión de aumentos en contextos de déficit. La norma deroga además el artículo que mantenía congeladas las remuneraciones desde diciembre de 2023, adoptado en plena crisis inflacionaria de 2023.
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POLITICA
El Gobierno decretó el aumento de sueldo de funcionarios: Milei y Villarruel quedan excluidos
Tras dos años de congelamiento en los haberes, el Gobierno dispuso este viernes el aumento de sueldos de ministros y funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo, de acuerdo al Decreto 931/2025 publicado este 2 de enero en el Boletín Oficial. Según la norma, el incremento no será retroactivo, quedará sujeto a la continuidad del superávit fiscal y del aumento quedaron excluidos el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.
El texto primero hizo hincapié en la situación al momento de la asunción de la administración libertaria, con inflación y pobreza en aumento, y la declaración de la emergencia económica. Así, se instruyó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, a que diseñe e implemente “un nuevo sistema de empleo público basado en los principios de mérito, capacidad, competencia e igualdad de oportunidades”.
De esta manera, la medida alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, autoridades superiores, y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
Sin embargo, el decreto no mencionó el porcentaje de recomposición ni en cuánto quedan los sueldos.
La estimación oficial de la desactualización que sufrieron los haberes de los funcionarios en los últimos dos años ronda el 60% en cuanto a poder adquisitivo en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
El monto final del aumento no está aún precisado y se prevé que vaya acorde a los aumentos que fueron recibiendo los empleados estatales a raíz de las paritarias vigentes.
Se trata del primer aumento de Milei a sus funcionarios desde que asumió el poder en diciembre de 2023 y va en línea con un pedido extendido entre buena parte de los secretarios y directores de áreas, por lo desactualizados que fueron quedando sus sueldos.
Cuánto ganan los funcionarios
Los sueldos en bruto de los funcionarios, con información de la página oficial del Gobierno, son los siguientes:
Tal como publicó , desde antes de las elecciones se acumulan quejas en las distintas carteras por el congelamiento y el desfase entre los funcionarios de alto rango con las líneas más bajas.
Entre Navidad y Año Nuevo una altísima fuente del Gobierno ya había anticipado a este diario que se iba a concretar. Esta postura era impensable antes del 26 de octubre. Por ese entonces, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue a decirle al Presidente que se le complicaba contratar gente idónea o sostenerla en su cartera, ya que por el bajo nivel de sueldos nadie quería trabajar para la Casa Rosada y se iban al privado. Entonces Milei no se hizo eco y descartó de plano subir los salarios durante esa charla.
En tanto en estos más de dos años hubo quejas de parte del mandatario y sus ministros para los constantes aumentos en el Congreso, sobre todo de parte de los senadores. En marzo de 2024, Milei debió anular una suba salarial que se había otorgado para él y sus ministros, después de que recibiera críticas desde todos los sectores de la oposición. El Presidente atribuyó el aumento a la aplicación automática de un decreto firmado en 2010 por Cristina Kirchner y dijo que desconocía la medida para aplacar el revuelo político.
Finalmente, no se aumentó el sueldo pero sí a sus ministros. Respecto a Villarruel, que también quedó afuera, en público se quejó por la cuestión. “En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, arremetió, a principios de 2025, en un comentario en su cuenta de Instagram.
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El Gobierno estableció este viernes por decreto de necesidad y urgencia (DNU) una reestructuración integral de la SIDE, como anticipó TN. Implica una reforma del Sistema de Inteligencia Nacional, a fin de modernizar su funcionamiento, clarificar roles y fortalecer los mecanismos de control.
El DNU reorganiza la estructura de la SIDE, le quita algunas áreas, pero refuerza su capacidad de influencia y control.
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Uno de los puntos más controvertidos es que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”. El Gobierno justificó la medida por la sensibilidad de la información y para reducir el riesgo estratégico nacional”.
Además, el decreto autoriza a los agentes de inteligencia a “aprehender” personas en casos de flagrancia o por orden judicial. En esos casos, deberán avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad.
Reforma integral de la SIDE por DNU: los puntos clave
El DNU disuelve la Agencia de Seguridad Nacional y crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como misión prevenir amenazas como el espionaje, el sabotaje, la injerencia externa y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las medidas de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.
En el plano digital, el Gobierno separó la ciberseguridad de la ciberinteligencia. Se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con foco exclusivo en inteligencia en el ciberespacio.
Otro cambio fuerte es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Desde ahora, toda la inteligencia estratégica militar queda bajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, para evitar superposiciones y simplificar la estructura.
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La SIDE pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, a aprobar y controlar los presupuestos del área —incluidos los gastos reservados— y a requerir información a todos los organismos del Estado nacional, provincias y Ciudad de Buenos Aires.
El DNU crea dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que reúne a los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF); y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y áreas vinculadas a energía, lo nuclear y el espacio. Su función será proveer información relevante para la producción de inteligencia.
El DNU también modifica el sistema de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE. Ahora, esa función pasa del Poder Ejecutivo al secretario de Inteligencia.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá modernizar y legitimar el sistema, integrarlo de manera más clara al Estado, separarlo de funciones policiales y adecuarlo a las amenazas contemporáneas, con mayores controles y transparencia.
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