En medio de la turbulencia política y judicial que atraviesa al Gobierno, la Casa Rosada busca avanzar en el plano legislativo. El oficialismo planea abrir el recinto de Diputados el miércoles para sancionar definitivamente la reforma a la ley de glaciares, una iniciativa que busca reducir las áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras.

La jugada se dará mientras persisten los interrogantes sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sobre la participación del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en el auge y caída de la criptomoneda $LIBRA, cuyo desarrollo investiga la Justicia como una presunta estafa.

El recinto amplificará las tensiones políticas que atraviesan al Gobierno. La oposición se prepara para la sesión y trabaja en una estrategia para incomodar al oficialismo por los episodios que aún no logró esclarecer. Según confirmó a un referente crítico, intentarán impulsar una interpelación al ministro coordinador. Para eso se requiere una mayoría simple: las ausencias pueden ayudar a construir el número, una salida elegante para los aliados del Gobierno que prefieren quedar al margen tanto de la defensa de Adorni como de embestidas directas.

En paralelo, la Justicia se muestra activa. Si persisten las revelaciones sobre viajes, departamentos y gastos, los pedidos de explicaciones públicas podrían cobrar mayor fuerza. Será, en definitiva, la carta que la oposición podrá jugar en una sesión en la que corre de atrás. La correlación de fuerzas no le sería favorable: el Gobierno se encamina, por ahora sin sobresaltos, a convertir la reforma ambiental en ley.

Según un sondeo informal realizado por , el oficialismo reuniría más de 130 voluntades junto a sus aliados de Pro, la UCR, el MID y diputados cercanos a gobernadores de provincias con potencial minero, como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy. En este debate, además, es probable que se quiebren las lógicas partidarias tradicionales: prevalecerán los intereses regionales vinculados al desarrollo minero.

Algo similar podría ocurrir dentro de Unión por la Patria. En el oficialismo descuentan que algunos diputados de distritos cordilleranos acompañarán la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre ellos figuran Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca. En el Senado, sus comprovincianos Sergio Uñac y Lucía Corpacci ya votaron a favor de la reforma.

Mientras tanto, el oficialismo intenta sumar respaldo político de los gobernadores mineros. La Casa Rosada impulsa la convocatoria a un plenario de comisiones el martes para dictaminar el proyecto con la presencia de los mandatarios provinciales. Inicialmente estaba previsto hacer una reunión informativa aparte, el lunes, pero eso luego se descartó. “Algunos gobernadores no quieren aparecer porque saben que sus diputados se dividirán y no quieren exponerse”, deslizó un referente libertario.

Ante ese escenario, el Gobierno al menos buscará que las provincias envíen a sus funcionarios. Durante las audiencias públicas previas, solo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó indirectamente del debate a través de representantes, entre ellos su ministro de Producción, Gustavo Fernández. El resto de las provincias mineras evitó exponer públicamente su posición, pese a que participaron en la elaboración del proyecto.

Los cambios en la legislación ambiental dominarán la agenda de esta semana en la Cámara baja. Pese a que se barajó la posibilidad de avanzar también con el proyecto “hojarasca” -que busca eliminar normas obsoletas, que afectan libertades individuales o implican costos inútiles-, esa opción se descartó. En el oficialismo prefirieron no mezclar temas para evitar contratiempos. El primer abordaje de la iniciativa que impulsa el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se postergó, así, para mitad de abril.

La iniciativa del Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado y, si supera el trámite en Diputados, será ley. La disputa, sin embargo, no terminará allí. Diversas organizaciones socioambientales anticiparon que acudirán a la Justicia para impugnar la reforma por inconstitucional.

Sostienen que la modificación vulnera el principio de “presupuestos mínimos” establecido por la Constitución Nacional para la protección ambiental, que fija estándares uniformes para todo el territorio argentino.

El proyecto propone diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implicaría que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino únicamente aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La legislación vigente protege tanto los glaciares visibles como los cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que forman parte del ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance al limitar la protección a las geoformas consideradas relevantes desde el punto de vista hídrico.

Otro punto central del debate es el mayor poder que la reforma otorgaría a las provincias. El proyecto establece que será la autoridad jurisdiccional la encargada de actualizar el inventario glaciar “sobre la base de estudios técnicos-científicos”.

Actualmente esa tarea está en manos del Ianigla, un organismo científico nacional con sede en Mendoza. Para la oposición, transferir esa atribución a las provincias podría debilitar el sistema de protección ambiental y vulnerar el principio de presupuestos mínimos fijado por la Constitución.

La agenda del Senado está aún en construcción. El oficialismo evalúa sesionar el jueves con un temario acotado: el pliego de Lucía Crexell como embajadora en Canadá y una serie de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada –Oscar Santiago Zarich y Juan Carlos Romay, respectivamente-, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare. También se le darían ingreso formal a los 62 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

La decisión final se confirmará el martes tras una reunión de jefes de bloque dialoguistas con la senadora Patricia Bullrich. Es probable también que el miércoles se inicie en Comisión el debate sobre los cambios en materia de propiedad privada. Un día antes, la senadora radical, Carolina Losada, hará un acto para impulsar el proyecto que volvió a presentar sobre “falsas denuncias”.

En un escrito presentado ante la Justicia federal, el abogado Martín Romeo, en su rol de querellante, solicitó formalmente que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei, y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en la causa por la que se investiga una supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA.

El pedido incluye al total de los 15 acusados en el expediente, entre los que también se destacan el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el “referenciador” Mauricio Novelli, que ofició de intermediario entre Milei y Hayden Davis, cuya comparecencia es también reclamada, el principal responsable de la operación antes y durante del lanzamiento del activo de la polémica.

Romeo acusa a los 15 imputados por los cargos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y estafa masiva en un escrito de más de 200 páginas en las que hace un pormenorizado detalle de la operatoria que terminó en escándalo.

Así, asegura que hubo una coordinación en el “gatillo” presidencial para que se pudiera perpetrar el fraude, al sostener que el 14 de febrero de 2025 el jefe del Estado acordó telefónicamente con Novelli el momento exacto para publicar un tuit dando a publicidad el contrato del token $LIBRA.

Para Romeo, el mensaje funcionó como un “gatillo” emocional para atraer a miles de ahorristas bajo el efecto FOMO (miedo a quedarse afuera), mientras los “insiders” de la banda compraban segundos antes para luego vender y dejar al activo sin liquidez, lo que se conoce como maniobra de Rug Pull, y sustraer, así, 44,5 millones de dólares.

La querella sostiene que se firmó un contrato por US$ 1.550.000 mediante el cual la organización local vendía a capitales extranjeros acceso exclusivo al Presidente y la potestad de redactar marcos regulatorios para Argentina. Segú el escrito, este pacto se materializó en una anotación digital de Novelli que rezaba “Pago Javier kari” y en reuniones clandestinas en la Casa Rosada.

También se denuncia la captura regulatoria e infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV), señalando a la persona de Sergio Morales, quien fue nombrado asesor del directorio del organismo mientras era socio administrador de la empresa “Tech Forum S.R.L.”

En la presentación se sostiene que Morales habría redactado las normativas que debían regular a las mismas plataformas que el grupo de acusados utilizaba para triangular y lavar los fondos del público.

También denuncia los delitos de lavado de activos y vaciamiento de cajas de seguridad, al detallar que, mientras estallaba el escándalo, familiares de los organizadores (la madre y la hermana de Novelli) vaciaron cajas de seguridad en el Banco Galicia para retirar el dinero físico del sistema formal.

Además, destaca que, de manera simultánea, se detectaron transferencias masivas de dólares digitales hacia “cuevas” cripto para licuar el botín y distribuirlo entre los miembros de la organización.