A través de una carta enviada por el Episcopado al ministro de Salud, Mario Lugones, la Iglesia insistió en su preocupación por la crisis que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad y reclamó “una respuesta concreta, visible y urgente”. El reclamo se produce en medio de la negativa del Gobierno de aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que recompone subsidios, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por el Congreso.

Se trata de una crisis que pone en riesgo a unas 250.000 personas que enfrentan problemas de discapacidad en todo el país y que eleva los afectados a casi un millón si se suma a las familias, trabajadores y proveedores de las instituciones, según un relevamiento del sector.

“Muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”, expresa la carta firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

Como signo de esta preocupación, monseñor Colombo celebrará la misa central de este Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Mendoza, donde tiene su sede el Hogar Don Orione, seriamente comprometido por la crisis del sector.

Como dato complementario, surgido de fuentes vinculadas con las entidades afectadas, el financiamiento de las prestaciones se encuentra gravemente comprometida. “El PAMI no interrumpía su cadena de pagos de esta forma desde 2002”, graficaron a .

La carta de los obispos al ministro Lugones expresa que “en estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones, en las que se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad”.

“Entre las muchas que podríamos nombrar señalamos, por ejemplo, los Cottolengos Don Orione, obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria donde la continuidad del cuidado de 1200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato”, sostiene el Episcopado.

Frente a este panorama, la Iglesia advierte que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”.

El Episcopado señala que “las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir”, al describir un cuadro de “endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”. Añade que “en muchos casos, además, se trata de residentes que requieren atención integral para alimentarse, higienizarse y realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana”.

La carta firmada por monseñor Colombo recuerda que en mayo de 2025 el Episcopado había advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar^”. Y, ante la angustiante situación actual, reclama el cumplimiento de la ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”.

La Iglesia entiende que las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad constituyen “un verdadero patrimonio social de nuestra patria”. Agrega en la carta que “el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”.

“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables”, dice el Episcopado en la nota enviada a Lugones.

Como integrantes de la comisión ejecutiva del Episcopado, firman la carta junto a Colombo el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del organismo; monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina.

En otra señal de las estrechas relaciones entre ambos gobiernos, la Cancillería de Israel le agradeció al presidente Javier Milei la decisión de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, comunicada ayer por la Casa Rosada.

“Agradezco al presidente de Argentina, Javier Milei, su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista”, escribió en sus redes sociales el canciller israelí Gideon Sa’ar. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys”, completó.

Ayer, y en medio de la escalada en la guerra de Medio Oriente, el gobierno de Milei anunció que la Guardia Revolucionaria de Irán será incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

“Con esta decisión, el presidente Millei −uno de los líderes más destacados de nuestra generación− demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos», destacó Sa’ar.

Antes, el canciller de Benjamin Netanyahu había recordado que «Argentina también fue blanco de la violencia asesina del régimen Iraní, en los graves atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y contra el centro comunitario judío (AMIA) en 1994″.

La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores de los pasdarán.

Su poder económico también es fuerte, ya que un tercio de la economía del país depende de compañías que controla la Guardia Revolucionaria. Es el principal enemigo de Israel y Estados Unidos en la guerra que ya lleva un mes de existencia para evitar el desarrollo de armas nucleares de parte de la República Islámica.

Su incorporación al RePET implica no solo que son declarados una organización terrorista, sino que también establece consecuencias para la Guardia Revolucionaria.

Tras su incorporación, se puede disponer el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso económico que esté bajo su control. Esto significa que la organización pierde la disponibilidad sobre sus fondos en la Argentina.

También prohíbe la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional. Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.

La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. El presidente Javier Milei se plantó en América Latina como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales. Incluso habló sobre la guerra en uno de sus discursos y afirmó: “Vamos a ganar”.

Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.

Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.

Vahidi había sido ministro de Defensa de Irán desde septiembre de 2009 hasta agosto de 2013, y ministro del Interior desde agosto de 2021 hasta agosto de 2024. También ascendió en las filas de las fuerzas terroristas Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que comandó de 1988 a 1998. En esta fuerza participó de actividades terroristas a nivel mundial.

El grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional lo completan el expresidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; los exministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; el excomandante Moshen Rezai; el exjefe de Seguridad Exterior, Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de la embajada, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.