En medio de un creciente escándalo que salpica al fútbol argentino, la Corte Suprema comenzó a mover fichas para que jueces y fiscales abandonen sus cargos en organismos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La señal, aunque no formalizada en una resolución directa del máximo tribunal nacional, ya tuvo efectos concretos: varios magistrados iniciaron su salida de estructuras clave dentro de la entidad.

La presión se da en paralelo a causas judiciales que tienen en la mira al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, quienes enfrentan acusaciones vinculadas a presuntas maniobras con fondos millonarios correspondientes a aportes jubilatorios e impositivos.

Según trascendió, tres camaristas federales —Diego Barroetaveña, Juan Ignacio Pérez Cursi y Néstor Barral— dejaron sus posiciones en tribunales internos de la AFA tras recibir “sugerencias” provenientes del entorno de la Corte. En algunos casos, incluso, hubo contactos directos.

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La preocupación dentro del Poder Judicial radica en un posible conflicto de intereses: muchos de estos funcionarios cumplen roles en organismos disciplinarios del fútbol mientras, al mismo tiempo, podrían intervenir en causas que involucran a dirigentes de la propia asociación.

“Acá todos ganamos el Oscar por fingir demencia. A los camaristas federales les recordaron que, quizá más temprano que tarde, los avances y derivaciones de las varias causas que enfurecen al Chiqui y a Pablo (Toviggino), los iban a involucrar en su trabajo como magistrados. Pero ninguno es boludo o tan boludo: por un lado todos sabemos lo que correspondería hacer, que es irnos de la AFA. Pero estamos a dos meses del Mundial y los pasajes a Miami y Nueva York ya están emitidos. Lo único que nos faltan son las entradas”, deslizó con ironía un alto funcionario judicial en diálogo con Clarín, que también integra la estructura de la entidad.

El entramado entre Justicia y fútbol no es nuevo, pero en este contexto vuelve a quedar bajo la lupa. En los tribunales de Disciplina y Ética de la AFA conviven jueces, fiscales y abogados con peso propio en Comodoro Py, lo que alimenta sospechas sobre vínculos cruzados y posibles zonas grises en la toma de decisiones.

En paralelo, la Suprema Corte bonaerense avanzó con una resolución que refuerza esa línea: recordó que los integrantes del Poder Judicial provincial tienen prohibido ocupar cargos en asociaciones deportivas, en un claro intento por marcar límites institucionales.

Mientras tanto, el clima dentro de la AFA se vuelve cada vez más tenso. No se descartan nuevas renuncias en los próximos días, especialmente entre aquellos funcionarios que buscan evitar quedar expuestos ante el avance de las investigaciones.

El trasfondo de la disputa también incluye cambios en el estatuto de la entidad impulsados en los últimos meses, que consolidaron el poder de la actual conducción y ampliaron su margen de maniobra. En ese esquema, la figura de Tapia y su alianza con Toviggino —bautizada internamente como “el Audi TT”— aparece como el eje de un modelo que hoy enfrenta su momento más delicado.

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“Jornadas contra las Falsas Denuncias” es el título del evento que servirá para presentar nuevamente el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada, con el respaldo del oficialismo y de otros sectores de la oposición dialoguista. La actividad se desarrollará el martes en el Salón Azul de la Cámara alta y se enmarca en el respeto al Tratado Internacional de la Convención de Belém do Pará, con rango constitucional, sobre la violencia contra la mujer.

La iniciativa fue presentada en 2023, logró dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, liderada por el senador Juan Carlos Pagotto en 2025. Pero nunca llegó al recinto para su debate final y perdió estado parlamentario. Ante la renovación del Cuerpo, el pasado mes de diciembre, Carolina Losada decidió volver a presentarla, lo que hará este martes 7 de abril.

La diferencia en esta nueva oportunidad es que el proyecto ya contó con el respaldo del Ministerio de Justicia durante su debate, cuando participó el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona. Además, tiene el acompañamiento de Patricia Bullrich para ser tratado en este período de sesiones ordinarias como parte de la agenda legislativa del oficialismo.

“Me resulta una saludable iniciativa que, no tengo dudas, el país y nuestra sociedad necesitan. El delito de falsa denuncia, contemplado en el actual artículo 245, tiene una pena de dos meses a un año de prisión; es decir, un delito prácticamente insignificante dentro del Código Penal. No tiene agravantes y contempla una multa desactualizada e insignificante”, señaló el exministro Cúneo Libarona ante la atenta mirada de los senadores de la comisión en noviembre de 2024.

En declaraciones periodísticas, la senadora radical se mostró preocupada por el crecimiento de denuncias de supuestos abusos de padres a hijos. “Sucede en todo el país. Es vergonzoso que alguien le mienta a la Justicia de esa manera; no queda otra que pensar que hay un gran negocio detrás. Al no haber números oficiales, muchos desestiman esta problemática”, afirmó.

La falsa denuncia es un delito doloso que consiste en acusar falsamente a una persona ante la autoridad competente. Sus consecuencias afectan la seguridad jurídica y generan incertidumbre, ya que cualquier ciudadano puede ser denunciado sin haber cometido delito alguno.

En casos de denuncias falsas por abuso sexual, el acusado queda envuelto en un proceso penal que implica una carga muy gravosa. Además de tener que demostrar su inocencia, puede perder el contacto con sus hijos, ver afectada su situación laboral y enfrentar graves estigmas sociales de manera injusta.

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El debate que viene

El proyecto propone modificaciones en los artículos 117, 245 y 275 del Código Penal. En el caso del artículo 245, establece: “Se impondrá prisión de uno a tres años al que denuncie falsamente a una persona, determinada o indeterminada, ante la autoridad. Si la falsa denuncia se da en el contexto de delitos de violencia de género, contra menores o contra la integridad sexual, la pena será de tres a seis años”.

En cuanto al artículo 275, referido al falso testimonio, se dispone: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirme una falsedad o niegue o calle la verdad, total o parcialmente, en su declaración, informe, traducción o interpretación ante la autoridad competente”.

En sus fundamentos, Losada también se refiere a las denuncias difundidas por medios de comunicación o redes sociales. Señala que, en muchos casos, la condena social ante hechos aberrantes —denunciados formalmente o no— se produce rápidamente, aun sin pruebas suficientes ni proceso judicial. Esto deriva en exclusión, rechazo y, en ocasiones, escraches públicos injustos frente a hechos falsos que hoy no tienen una sanción penal adecuada.

Además, se proponen cambios en el artículo 117 bis del Código Penal para agravar las penas en casos de difusión de datos falsos e injurias en contextos de violencia de género, abuso, acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Casos testigos de falsas denuncias

Para fundamentar la iniciativa, la senadora citó casos concretos ocurridos en los últimos años. Entre ellos, el de Agustín Muñoz, un joven rionegrino acusado falsamente por una amiga de abuso sexual “en un momento de bronca”, que en 2018 se quitó la vida. La vergüenza, la depresión y el miedo derivados de esa situación no pudieron ser reparados por una simple disculpa.

Otro caso es el del médico obstetra Pablo Ghisoni, quien estuvo preso por una falsa denuncia de abuso sexual realizada por su hijo mayor, Tomás. En 2025, el joven confesó que la acusación fue falsa y que había sido manipulado por su madre, Andrea Vázquez. Tras pasar tres años detenido, Ghisoni fue absuelto por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Había sido acusado de abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia en hechos contra sus dos hijos, ocurridos en distintos períodos entre 2010 y 2016.

“La historia de Pablo es terrible. Toda la manipulación y las mentiras que vivió las escuchamos en una de nuestras jornadas. Su absolución llegó después de años de sufrimiento que nadie debería atravesar. Su caso expone el enorme daño de las mentiras y la urgencia de actuar. Necesitamos que este año todos los senadores acompañen para que sea ley el aumento de penas”, concluyó Losada.

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