El nuevo año empieza con extrema tensión entre Jorge Macri y la oposición en la Legislatura porteña, en especial con Fuerza por Buenos Aires (PJ), la primera minoría de la cámara. En vísperas de Año Nuevo, el jefe de gobierno porteño vetó tres proyectos de la principal bancada opositora y dejó en pie de guerra a su conducción que, ya a principios de semana, ya preparaba una ofensiva contra parte del gabinete macrista.

El parlamento local sesionó por última vez el 27 de noviembre, cuando el oficialismo logró aprobar el presupuesto y la creación del sistema penitenciario en la Ciudad. Ese mismo día también se aprobaron tres iniciativas del bloque peronista: una referida a la realización de un estudio epidemiológico de salud mental (ley 6880), otra que apuntaba a mejorar los estándares de calidad de cuidado para hogares de niños (ley 6900); y una tercera que le renovaba el permiso de uso precario y gratuito de un terreno de la ciudad a una cooperativa (ley 6939).

Desde entonces, las iniciativas de Fuerza por Buenos Aires estaban a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, que ahora decidió vetarlas: de manera parcial en el caso de las leyes de salud mental y hogares de niños, pero total para la cesión del terreno. Los vetos, a los que pudo acceder , se firmaron el 30 de diciembre, pero por las fiestas de fin de año, aún no fueron publicados en el Boletín Oficial.

El jefe de Gobierno también vetó una parte de un proyecto de la Unión Cívica Radical que buscaba fortalecer el enfoque metropolitano de las políticas públicas de la ciudad y la coordinación con la provincia. El radicalismo -que mantiene buen vínculo con Pro pese a la ruptura de Juntos por el Cambio- podría actuar como un aliado estratégico del oficialismo en la Legislatura para saldar su debilidad parlamentaria por los próximos dos años.

En el entorno de Jorge Macri argumentan que algunas de las iniciativas rechazadas duplicaban competencias de organismos ya existentes. “Varios proyectos crean comisiones, consejos y órganos paralelos que interfieren con funciones que la Constitución y las leyes ya asignan a ministerios y áreas técnicas”, afirmaron en Uspallata, sede del gobierno de la Ciudad. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la ley de salud mental que, en su artículo 4° (uno de los vetados), crea una Comisión Especial para llevar a cabo el estudio propuesto, una tarea que debería quedar a cargo del Sistema Público de Salud, alegaron. En el caso de la ley 6900, en cambio, el veto tiene razones presupuestarias.

En el peronismo, en tanto, desestiman los motivos oficiales y denuncian que el oficialismo incumple con los consensos alcanzados en el recinto. Claudia Neira, presidenta del bloque del PJ en la Legislatura, publicó un duro posteo en X contra Jorge Macri a raíz de los vetos. Dijo que al jefe de gobierno no le importaban sus funcionarios ni los consensos y que parecía que tampoco los niños. «Gobiernan en minoría y rompen los acuerdos. Enojo es poco”, expresó.

El malestar que despertaron los vetos augura un año parlamentario complejo para el jefe de Gobierno que, a partir del marzo, enfrentará una cámara fragmentada en la que el bloque oficialista Vamos por Más quedó relegado a la tercera minoría. Mientras el bloque amarillo tendrá 11 legisladores, La Libertad Avanza -con quien Pro mantiene una frágil tregua desde las últimas elecciones nacionales- contará con 13 integrantes y Fuerza por Buenos Aires, con 20, es decir, un tercio de la Legislatura.

Con esa representación, el bloque peronista reúne el número necesario para convocar a sesiones especiales por fuera de la agenda del oficialismo. Es lo que sucedió el año pasado, cuando Unión por la Patria desafió al alcalde y, en alianza con la Izquierda y los legisladores larretistas, convocó a una sesión especial para aprobar el boleto gratuito de subte para jubilados.

Ahora, el peronismo podría convocar también a una sesión especial para que se constituya de manera anticipada la comisión de Seguridad y poder citar a funcionarios de la administración de Jorge Macri por unos recientes episodios de violencia policial. En la última sesión preparatoria, del 9 de diciembre, cuando juraron los nuevos diputados porteños, se había postergado la integración de las comisiones para febrero.

El lunes pasado, el bloque que conduce Neira presentó un proyecto de resolución para citar a dicha comisión al ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Pablo Luis Kisch. Les exigen explicaciones por la muerte de Juan Gabriel González durante un enfrentamiento entre efectivos de la policía local y vecinos del Barrio 20 de Villa Lugano el 25 de diciembre.

Según consigna en la resolución a la que accedió , tres días más tarde, otros incidentes en Constitución derivaron en la hospitalización de Leonardo Vargas, otro de los hechos por los que solicitan explicaciones a los funcionarios y las fuerzas de seguridad.

El problema es que, aunque tienen el número necesario para convocar una sesión especial, para obtener quórum y poder avanzar con la constitución anticipada de la comisión, el peronismo necesita reunir 31 votos afirmativos. De no conseguir respaldo suficiente, la citación podría demorarse hasta después de que se reanuden las sesiones ordinarias.

La Izquierda, por su lado, también prepara una ofensiva contra el gobierno local por los enfrentamientos de la semana pasada. “Ante la gravísima escalada de violencia de la Policía de la Ciudad, en las últimas 72 horas, que terminó en el asesinato de Gabriel González en Lugano y dejó peleando por su vida a Leonardo Vargas tras ser baleado en Constitución, presenté un pedido de interpelación al ministro de Seguridad Horacio Giménez, junto a la diputada Vanina Biasi (PO/FIT) y los diputados [Alejandro] Pitu Salvatierra y Andrés La Blunda (Fuerza por Bs. As.). El gobierno de Jorge Macri es responsable”, informó Andrea D’Atri en sus redes sociales.

Tanto la citación impulsada por el bloque peronista como el pedido de interpelación a cargo de los dos monobloques de la Izquierda, anticipan un turbulento inicio de año parlamentario para Macri, quien también deberá resistir la presión de Horacio Rodríguez Larreta y su interbloque Confianza y Desarrollo, de siete legisladores. El exalcalde pretende disputarle la jefatura de gobierno a Pro en 2027.

El Gobierno publicará mañana un decreto de Javier Milei que cambia la ley de inteligencia. Con el nuevo texto, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -comandada por el asesor presidencial Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra– queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional y se reconoce la posibilidad a los agentes de inteligencia de aprehender personas en situaciones puntuales.

Pero también se crea una nueva oficina en el marco de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, ladero clave de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se llamará Centro Nacional de Ciberseguridad y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así lo informaron fuentes del Gobierno a .

El texto del decreto cambia además denominaciones del rubro y modifica los nombres de órganos que están en la órbita de la SIDE.

En la primera parte de la norma, el Gobierno define conceptos vinculados al área. En el artículo uno, establece: “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

En el dos, dice: “Se entiende por investigación de inteligencia al conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la inteligencia nacional”.

Asimismo, ahonda sobre la contrainteligencia y la formaliza como un término legal. “Las actividades de ejecución de contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales. La contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como medidas de seguridad de contrainteligencia”.

En el decreto, el Gobierno establece también cambios en las denominaciones y funciones de organismos desconcentrados dependientes de la SIDE:

La SIDE, con sus organismos desconcentrados, junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas conformarán el total del Sistema de Inteligencia Nacional. Sin embargo, la SIDE será el órgano superior.

Pero el texto de la norma también crea, para atender las demandas de ciberinteligencia, el Centro Nacional de Ciberseguridad, como un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Adorni, que reporta a Karina Milei, quien todavía no tenía formalmente un pie puesto en este ámbito.

¿El objetivo del área? Según el texto, planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del sector público nacional. En resumen: será la autoridad nacional en materia de ciberseguridad y autoridad de aplicación de la normativa en la materia.

A este nuevo organismo, que dependerá finalmente de Adorni, por decreto se le transfieren los bienes muebles, los activos y el patrimonio, los compromisos, derechos y obligaciones asignados a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad de la SIDE.