Los vecinos del siempre coqueto Barrio Parque oscilan por estos días entre la sorpresa y la incredulidad. Luego de varios años en la zona norte del Gran Buenos Aires, Mauricio Macri volvió al barrio, aunque esta vez, según sus vecinos, con nueva compañía: un perro, al que saca a pasear y del que se ocuparía en sus tiempos libres. En esta nueva etapa de su vida, con casa nueva y compañía perruna, el expresidente está entusiasmado con la reconstrucción de Pro, al que le adjudica un rol importante en los próximos tiempos del país.

“Mauricio está más para apuntalar que para protagonizar”, dice uno de sus principales escuderos, al tanto de sus pasos y mientras niega sin mucho énfasis que una nueva candidatura presidencial de Macri esté en los planes. Mientras observa de cerca el presente complicado que atraviesa el gobierno de Javier Milei –al que, de todos modos, apoyará en el Congreso en iniciativas como la ley de Glaciares, la denominada “hojarasca” y la reforma tributaria–, el expresidente dio el aval para iniciativas partidarias, pensando en lo que viene. “Vamos a definir 150 candidatos a intendentes, para tener representación en el 80 por ciento del territorio nacional”, comentan desde la estructura partidaria, que lidera el hoy diputado nacional Fernando de Andreis.

El juzgado federal de Daniel Rafecas abrió la primera causa penal por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos.

La denuncia, sorteada en los tribunales de Comodoro Py, pone el foco en la transparencia de estos préstamos tras la difusión de una lista de beneficiarios vinculados al oficialismo.

Entre los señalados aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, con una deuda de $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con $510 millones. La nómina también incluye a Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, el diputado Santiago Santurio, el director de la secretaría privada en Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la situación durante el programa La Cornisa. “No tienen ventaja respecto del resto”, afirmó el funcionario al referirse a sus colaboradores. Por su parte, el canciller Pablo Quirno respaldó el accionar del banco estatal mediante sus redes sociales. “Las tasas y condiciones son para todos los que cumplen los requisitos, entre ellos cobrar sus sueldos en el banco”, señaló.

El funcionario aclaró además que el banco no utiliza dinero de los contribuyentes para estas operaciones y calificó de irónica la comparación con préstamos de gestiones anteriores.

Guillermo Madero, otro de los mencionados, explicó a que el trámite fue convencional. “Me inscribí sin privilegios a través de la página web”, aseguró tras precisar que el préstamo financió la compra de su primera vivienda.

Desde el Gobierno, las fuentes oficiales sostienen que todos los créditos poseen garantías hipotecarias o codeudores y subrayan que el directorio de la entidad bancaria no interviene en las operaciones menores. El equipo de auditoría del banco, dirigido por Darío Wasserman, prepara la documentación para presentarla ante la Justicia este martes.

El caso ya provocó consecuencias políticas internas. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió el desplazamiento de Leandro Massaccesi, quien figuraba en la lista de beneficiarios.

Si bien desde el Gobierno intentaron separar la salida de Massaccesi de la polémica por el crédito, el hecho generó ruido en el gabinete. En el caso de Gabriela Real, otra funcionaria de la misma cartera que posee un crédito activo, las fuentes oficiales justificaron su situación al señalar que el préstamo fue tramitado durante la gestión de Mauricio Macri, lo cual marca una diferencia temporal y administrativa.

Mientras avanza el proceso judicial, la Casa Rosada insiste en que el proyecto para capitalizar el 20 por ciento de las acciones del banco estatal y cotizar en la Bolsa de Nueva York mantiene su vigencia. La causa por supuesta defraudación e incumplimiento de deberes sigue su curso bajo el análisis de Rafecas, quien deberá determinar si existieron irregularidades en el acceso al financiamiento de estos funcionarios.

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