Intendentes peronistas se movilizarán el próximo martes 14 frente a las oficinas del ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar mayores fondos, a partir de una propuesta del jefe comunal de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza.

Los convocantes cuestionaron que el Gobierno nacional “recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, pero no los está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas”.

Espinoza es el titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y, en la interna del PJ, está alineado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Según reconstruyeron fuentes de la FAM en diálogo con , el matancero lanzó la idea en una reunión de la federación, con el argumento de que había que terminar con los “diagnósticos pasivos”.

Los impulsores de la iniciativa argumentan que el deterioro de la situación del Conurbano exige mayores fondos para los municipios.

Desde La Matanzan dan por descontada la adhesión de otros intendentes como Julio Alak (La Plata), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), entre otros. Incluso ven posible que se sumen jefes comunales de La Cámpora, un sector del kirchnerismo enfrentado a Espinoza.

“Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos para exigir respuestas”, expresaron los convocantes.

La protesta tendrá como objetivo la sede del Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250.

La Cámara Federal de Casación confirmó la integración del tribunal que debe decidir qué juez investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFAR), Claudio “Chiqui” Tapia, por los delitos de fraude y eventual lavado de dinero.

El tribunal quedó integrado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, quienes deberán resolver sobre la competencia en la causa.

Una decisión de mero trámite procesal, casi formal, como resolver qué juez es competente para investigar el caso, provocó en este expediente el apartamiento o recusación de varios magistrados, sin que a lo largo de cuatro meses se tome una decisión.

La pelea por la competencia es entre el juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charbay y el juzgado en lo penal económico que subroga Marcelo Aguinsky, o en su defecto el juzgado federal de Daniel Rafecas.

Gonzalez Charbay es el magistrado que prefiere la AFA para que siga adelante con sus causas, en la creencia de que será favorecida.

Cualquiera de esos tres magistrados deberá investigar a la AFA por todas las denuncias en su contra, excepto la de evasión. Deberán decidir en el caso de supuestos fraudes por el desvío de unos 400 millones de dólares de las cuentas del organismo en Estados Unidos a cuentas de empresas fantasma.

Y el juez designado deberá además investigar si ese dinero supuestamente ilícito fue lavado mediante la compra de una mansión en Pilar, valuada en 20 millones de dólares, que figura a nombre de una jubilada y su hijo monotributista, exdirigente de fútbol, supuestos testaferros.

La disputa por la competencia llegó a la Sala I de la Cámara de Casación. El juez Carlos Mahiques, que integra la sala como suplente, renunció a ese ereemplazo. Fue señalado porque supuestamente festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar.

En simultáneo, el juez de la Sala I Daniel Petrone se apartó del caso porque tenía vínculos sociales con los investigados.

Finalmente quedaron incorporados a la Sala I para este caso los jueces Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, junto a Javier Carbajo.

Pero la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió recusó a Ledesma y pidió que no vote en el caso, pues le asigna vínculos con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, al frente de un distrito en el que el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene influencia con el poder y negocios.

Ahora la Sala I de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Borinsky y Carbajo, rechazó la solicitud de inhibición y recusación de la jueza Ledesma.

Borinsky y Carbajo afirmaron que el instituto de la recusación con causa es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos.

Señalaron que su uso es para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional de juez natural.

Consideraron que el planteo de inhibición o recusación dirigido a Ledesma fue realizado por la denunciante, que no es parte en el proceso, por lo que no se encuentra legitimada: eso constituye un primer obstáculo para que progrese la pretensión.

Además, explicaron que los motivos por los que Carrió pidió apartar a Ledesma “están basados en hipótesis conjeturales, sin anclaje en circunstancias objetivas y verificables que permitan entender plausible el temor de parcialidad meramente alegado”.

Y concluyeron que “las afirmaciones abstractas esbozadas como causal para pretender el apartamiento de quien reviste el carácter de juez natural en el caso debían ser rechazadas”, a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema en materia de independencia del Poder Judicial.

También destacaron que “la integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión, el sentido de la responsabilidad que es dable exigirles y el deber de cumplir con la función encomendada deben colocar a los magistrados por encima de las insinuaciones” y conducirlos a no aceptar sospechas no probadas de parcialidad.

En tanto, ante el pedido de recusación del fiscal Mario Villar formulado por la defensa del monotributista Luciano Pantano, supuesto dueño de la mansión de Pilar, el tribunal corrió vista para que opine.