El Gobierno de la Nación resolvió este miércoles no extender el mandatado de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien el próximo 1 de febrero cumplirá 75 años. La decisión se conoció luego de que el Ejecutivo decidió desistir de los pliegos en el Senado de la Nación para que continúe por cinco años más.

La responsable de los defensores oficiales estaba en el cargo desde el 2006, cuando asumió tras ser propuesta por el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández. En aquel entonces, el cargo estaba vacante y era Martínez quien ocupaba el rol de forma interina por ocho meses.

Ahora, quien tendrá la responsabilidad será el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín, de 64 años. Así, se suma al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que ejerce desde el 2017 de forma interina y es el jefe de los fiscales. De esta manera, dos de los cargos más importantes dentro del Poder Judicial tienen nombramientos interinos.

De esta manera, desde Casa Rosada estudian como hacer frente a la crisis de vacantes que se viene expandiendo en la Justicia y que incluso se ve en la Corte Suprema, donde dos de las cinco sillas están vacías, pese a los esfuerzos del Ejecutivo con los nombramientos fallidos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Justamente, según pudo saber Infobae, se espera que en el corto lapso y a la espera del inicio de las sesiones ordinarias, el Gobierno envíe al Senado de la Nación una serie de pedidos masivos para cubrir parte de las vacantes que hay en la Justicia.

La estrategia, diseñada en el hermetismo de la Casa Rosada y ejecutada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, busca desactivar una bomba de tiempo institucional. Según cifras que manejan tanto en el Palacio de Tribunales como en el Ejecutivo, la Justicia Nacional y Federal opera hoy con una fragilidad estructural alarmante, con cerca del 37% de sus cargos clave sin titular. Esta situación obliga a centenares de magistrados a desdoblarse para cubrir juzgados vecinos mediante subrogancias, un sistema de parches que resiente el servicio y demora las causas de los ciudadanos.

Sin embargo, la novedad no radica solo en la voluntad de cubrir los puestos, sino en el criterio de selección. En un giro discursivo respecto a administraciones anteriores —que solían priorizar la lealtad partidaria—, el oficialismo asegura que apostará al purismo técnico.“No habrá jueces mileistas”, es la consigna que repiten como un mantra en los pasillos de Justicia.

El plan es desafiar al Senado a aprobar los pliegos, respetando estrictamente el orden de mérito de los concursos, poniendo a la oposición en la incómoda posición de tener que rechazar a los candidatos mejor calificados.

Para entender la magnitud del desembargo que prepara el Gobierno, primero hay que dimensionar el “tapón” que se generó en el último tiempo. Los datos oficiales del Consejo de la Magistratura, a los que accedió Infobae, confirman que el sistema de selección entró en una fase de letargo profundo.

El 2025 cerró como el año menos productivo desde 2022. El organismo encargado de administrar el Poder Judicial y seleccionar a los jueces envió apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo durante todo el ejercicio. La cifra representa un desplome vertical si se la compara con el desempeño de 2024, cuando se habían aprobado y elevado 96 expedientes. Para encontrar un nivel de parálisis similar hay que remontarse a los años 2012 o 2013, momentos de altísima tensión política entre el kirchnerismo y la Justicia.

Este “apagón” en el Consejo no fue un accidente, sino parte de un escenario más complejo. Mientras la maquinaria de concursos bajaba su ritmo, el stock de expedientes pendientes de definición política crecía exponencialmente. El informe de gestión detalla que, al cierre de diciembre, existen 203 vacantes cuyos concursos ya terminaron, pero que aguardan “pisados” en el escritorio del Presidente. A esto se suman otras 157 vacantes que actualmente están en trámite dentro del Consejo, la mayoría de ellas correspondientes a tribunales ya habilitados que hoy funcionan con jueces prestados.

La auditoría silenciosa

¿Por qué el Gobierno dejó acumular más de 200 pliegos sin mover una ficha? Ante la consulta de Infobae, una alta fuente del Ministerio de Justicia con acceso directo al despacho presidencial justificó la demora bajo la premisa de la “auditoría”. El oficialismo decidió no enviar nombres “a libro cerrado” ni convalidar automáticamente las ternas heredadas de la gestión de Alberto Fernández.

“Estuvimos dos años estudiando los candidatos”, explicó en estricto off the record. Según detallaron fuentes oficiales, la revisión de los antecedentes no fue una tarea política delegada en operadores, sino un trabajo técnico donde se analizó caso por caso para depurar la lista de los 203 postulantes.

Con ese trabajo finalizado, la luz verde ya está encendida. “Los tenemos casi todos listos. Imaginamos que, una vez retomada la actividad legislativa ordinaria, estaremos enviándolos”, confirmó la misma fuente. El objetivo es ambicioso: el envío no será por goteo, sino que se espera una “catarata” de expedientes que busque cubrir no solo juzgados de primera instancia, cámaras y tribunales orales, sino también fiscalías y defensorías que se encuentran acéfalas.

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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó que el Congreso incorpore la figura de ecocidio al Código Penal y establezca penas severas para quienes provoquen incendios forestales de manera intencional. El planteo se apoya en un proyecto de ley ya presentado en el Senado por la legisladora chubutense Edith Terenzi y apunta a que las sanciones reflejen el daño ambiental causado.

Según Torres, el marco legal vigente no contempla la magnitud del perjuicio que generan los incendios deliberados y las condenas actuales resultan insuficientes como mecanismo disuasivo. El pedido se formuló en declaraciones a medios nacionales y se enmarca en el debate por la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

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Además, el mandatario provincial confirmó la llegada de fondos para asistir a familias afectadas y destacó el trabajo coordinado con la Nación en la respuesta institucional, al tiempo que tomó distancia de hipótesis difundidas sobre el origen de los incendios.

“Hay un acompañamiento de la Nación como pocas veces se vio, un trabajo conjunto y de infraestructura”, afirmó en Radio Rivadavia, y remarcó que en la respuesta institucional “no se distingue entre Nación y provincia”.

Penas acordes al daño ambiental

Torres reclamó que “los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”. En ese sentido, respaldó la iniciativa que incorpora la figura de ecocidio, una demanda que, según indicó, se viene planteando desde hace años.

La propuesta fue elaborada como una ley de formas especiales de criminalidad ambiental y define al ecocidio como “daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.

En una entrevista con Urbana Play, Torres insistió en que la reforma del Código Penal abre una oportunidad concreta para avanzar con esta figura. “Es importante dimensionar el daño real que se hace y la figura de ecocidio tiene que existir, sea por un problema de vecinos, un pirómano o un delirante con delirio revolucionario anarquista, lo que sea”, sostuvo.

Rechazo a versiones conspirativas

El gobernador chubutense tomó distancia de versiones que apuntaron a comunidades mapuches u otros grupos como responsables de iniciar el fuego. “Jamás dije nada de los pueblos originarios. Hay que separar entre los pueblos originarios, con los que vivimos en armonía, que son gente de bien, de trabajo; de los que tuvimos un enfrentamiento y no tienen nada que ver con pueblos originarios y la gran mayoría vienen de afuera”, afirmó.

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“Son grupos violentos que se embanderan en falsas banderas originarias para cometer delitos, tomar tierras de manera ilegal, no quieren turismo y son personajes que no queremos en la provincia, son delincuentes y tienen que estar presos”, sostuvo.

En cuanto a las hipótesis que apuntan a los mapuches, opinó que “son teorías conspiranoides para generar ruido” y advirtió que ese tipo de versiones “angustia y asusta” en un contexto de alta sensibilidad social.

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