El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, mantuvo un encuentro con autoridades fiscales de los Estados Unidos (EE.UU), con quienes intercambió información relevante en la causa que involucra un supuesto desvío de fondos al exterior por parte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Según trascendió, el funcionario se encontró en Washington con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), con el objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.

La AFA giró USD 8 millones a cinco empresas fantasma: una de ellas se disolvió hace una semana

La visita de Starc a EE.UU, se aceleró, tras revelarse una serie de transferencias millonarias de la AFA, hacia una empresa radicada en Miami, que pertenece al empresario teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que son investigados por lavado de dinero por la Justicia argentina.

En tanto, el titular de la UIF viajó para tener mayores detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia local y que involucran a los directivos de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha Pablo Toviggino.

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Una empresa que brinda servicios de limpieza denunció un mecanismo recurrente de demandas laborales millonarias en el Centro Atómico Bariloche (CNEA), donde afronta un juicio por más de 1000 millones de pesos ante reclamos de 49 trabajadores que se “autodespidieron” y exigen indemnizaciones.

Lo que sucede en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, se considera un caso típico de la industria del juicio en la Argentina que atormenta a los empresarios y ahora afecta a La Mantovana, una empresa especializada en servicios generales con más de 55 años de trayectoria, cuyo conflicto laboral, que pasó al ámbito judicial, está ahora a consideración del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia.

En el área jurídica de la empresa explicaron que todo comenzó cuando La Mantovana perdió en 2024 una licitación en el CNEA tras haber prestado el servicio de limpieza durante 5 años, con empleados encuadrados en el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM).

Al finalizar ese proceso, los 49 trabajadores reclamaron despido indirecto (figura prevista en la ley en caso de incumplimientos graves del empleador), pidieron dirimir qué convenio colectivo de trabajo les corresponde y exigieron el reconocimiento de diferencias salariales conforme al régimen del Sindicato de Comercio a pesar de que, según la compañía, no existe ninguna actividad comercial en el centro científico y ese convenio no resultaría adecuado para aplicar al personal.

La demanda inicial ascendía a $200 millones, cifra que, por la actualización de intereses impuesta por la justicia, trepó a $1.080 millones en octubre del año pasado.

El conflicto por una costumbre no escrita: cada vez que una compañía pierde una licitación en el Centro Atómico Bariloche, el personal debe ser absorbido por la nueva prestataria, aunque los pliegos no imponen esa obligación. Según fuentes empresariales, “cada 2, 4 o 6 años, depende cuándo se retire el concesionario, el personal cobra la indemnización por la antigüedad y sigue trabajando para el nuevo prestador del servicio”. Así, los empleados perciben compensaciones por el despido, pero mantienen su puesto tras el traspaso.

Esta tradición en el CNEA cobró una dimensión particular con la última licitación del servicio de limpieza. La Mantovana fue descalificada en el rubro sostenibilidad laboral por aplicar el convenio del SOM y proponer la respectiva obra social, frente a la exigencia, informal pero históricamente aplicada en la empresa, de utilizar el convenio mercantil, más antiguo y amplio. Finalmente, la empresa Linser ganó la licitación, aunque su oferta en la licitación resultó un 20% más cara que la anterior, de acuerdo con la información que surgió de ese proceso.

Tres días antes de la finalización formal de la concesión de La Mantovana, los 49 empleados firmaron el alta temprana como trabajadores en Linser, pese a que aún no había comenzado sus tareas en el CNEA, y algunos días después recién se dieron por despedidos. “Incumplieron su obligación y el principio más importante del contrato de trabajo, que es la buena fe, porque se inscribieron como personal de otro empleador y todavía trabajaban para La Mantovana”, explicaron abogados de esta compañía.

Es decir, comenzaron con las acciones legales por despido indirecto y reclamo de indemnizaciones, a pesar de que no existió una interrupción laboral real.

La fuente consultada aseguró que los 49 empleados se dieron por despedidos invocando que no les dieron continuidad laboral, algo incorrecto, según afirmó, porque primero tendrían que haber intimado a la empresa e incluso resaltó que les exigieron que retomen sus tareas en el CNEA y “nunca quisieron ir a trabajar”.

Incluso cuando la nueva concesionaria comenzó a prestar el servicio, los 49 empleados iniciaron juicios contra La Mantovana y por primera vez reclamaron diferencias salariales porque consideraron que tendrían que haber estado encuadrados en el convenio de Comercio y no del SOM, aunque el CNEA no ejerce la actividad mercantil.

“Los empleados declaran que ellos sabían que iban a continuar trabajando porque hace 20 años que vienen haciendo lo mismo y siempre mantienen su empleo”, señalaron en el sector jurídico de La Mantovana, donde calificaron la situación como “un armado” frecuente propiciado, entre otros, por un abogado que habitualmente lleva adelante estos reclamos y que “tiene siempre los mismos juicios por los mismos empleados contra todas las concesionarias que pasan por el CNEA”.

La empresa en conflicto rechazó resolver las demandas con arreglos expeditivos y decidió aportar documentación ante la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche. Según registros consignados en la sentencia, se presentaron recibos, nóminas, certificaciones y pruebas de protocolos de transición, en un expediente que fue unificado por acumulación de causas.

El 15 de septiembre de 2025, finalmente, el tribunal dictó sentencia de primera instancia, desestimando la multa prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (que establece las obligaciones del empleador al finalizar la relación laboral), aunque admitió parcialmente otros rubros reclamados en materia salarial e indemnizatoria.

El monto central de condena certificado asciende a más de $814 millones, mientras que el depósito inicial fue cubierto con un seguro de caución por $1.036.655.091,31, que incluye honorarios, IVA, caja forense y tasa de justicia. Este procedimiento sigue en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, al que la empresa dirigió un recurso de casación reclamando la revisión del fallo.

Los abogados de a Mantovana afirmaron que su estrategia fue “enfrentar el sistema de acuerdos forzados y litigar con prueba completa». “Está acreditado el encuadre, las certificaciones y las altas previas en el nuevo empleador con cobertura ART -agregaron-. No vamos a convalidar una matriz de reclamos seriales que castiga a quien cumple. Confiamos en que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ponga las cosas en su lugar”.

South America / Central America

Verónica Magario aceleró en sus intenciones de presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que el próximo 15 de marzo deberá renovar autoridades, tal como se dispuso en la última reunión del consejo partidario. En estos días, al Senado bonaerense están llegando las últimas afiliaciones en formato físico que se cargaron para la actualización del padrón del PJ en vistas a las elecciones. En La Cámpora se encargaron de remarcar que solo se van a incluir quienes hayan sido cargados hasta el 30 de diciembre del año pasado, que “se considera como fecha de afiliación la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel” y que, para votar, los afiliados deberán tener como mínimo 180 días de antigüedad a la fecha.

Si hay una interna, Magario competirá. Para esta instancia cuenta con el respaldo de algunos intendentes de peso del conurbano que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Hacia afuera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca mostrarse prescindible de la discusión. Puertas adentro, respaldará a Magario si hay internas; un escenario que muchos espacios prefieren evitar. En caso de que se llegue a un esquema de unidad, el mandatario ve en el intendente de La Plata, Julio Alak, una figura de posible consenso; más allá de que sea del riñón kicillofista. El ex ministro de Economía delegó en el jefe de la capital bonaerense la negociación para ampliar la cantidad de apoderados del partido; algo que el kirchnerismo aceptó. Alak puso a una abogada de su confianza llamada Ana Laura Ramos.

En tanto, que para ir hacia un esquema de unidad, el cristinismo podría aportar el nombre del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Esta semana, en la Cámara alta provincial -que preside Magario- se estuvieron recepcionando afiliaciones en formato físico. Fue por pedido de la vicegobernadora que junto a un grupo de intendentes se activó un operativo para sumar afiliaciones, luego de que en la última reunión del Consejo del PJ bonaerense celebrada en Malvinas Argentinas se acordó que el 15 de marzo se renovarán las autoridades del partido que hoy preside el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Sin embargo, la avanzada del sector de Kicillof podría chocar con lo dispuesto por la Junta Electoral del PJ que integran, entre otros, la propia Magario. Es que el viernes 9 de enero, cuando se reunió la Junta Electoral del partido, se acordó que los apoderados le pidan al Juzgado Electoral N°1 de La Plata que este jueves levante la feria judicial para la entrega de un nuevo padrón de afiliados en el que se incluyan todas las fichas presentadas en la mesa de entradas de dicho Juzgado, hasta el día 30 de diciembre de 2025. Inclusive, que se considere como fecha de afiliación, la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel.

Además, de acuerdo con el artículo 13 inciso a) de la Carta Orgánica del partido, “solo podrán computarse como válidas las afiliaciones con una antigüedad mínima de 180 días”. La cuestión burocrática podría trabar el acto eleccionario.

Entre los intendentes de Kicillof repiten que “durante cuatro años, si no eras de La Cámpora no podías afiliar”, en alusión a la administración del PJ en la figura de Máximo Kirchner. Por ello, pese a lo dispuesto por la Junta partidaria, en el MDF algunos dirigentes buscarán que se considere la carga virtual en la actualización del padrón. Luego de la reunión del consejo partidario, el MDF “logró” tener acceso a las claves del sistema interno de afiliaciones. Cargaron afiliaciones virtuales hasta el 30 de diciembre.

Sin embargo, la discusión por la renovación de autoridades del PJ aún no está saldada y va desde estirar los plazos y pedir una prórroga tanto para la conformación del padrón, mover la fecha de recambio de autoridades o llegar a un escenario de acuerdo.

Si se avanza en una mesa política que tenga representación de los distintos sectores en las próximas semanas para sellar qué camino tomar, Magario buscará tener una base de afiliaciones propias para poner en valor ante el kirchnerismo, que aún no mueve nombres propios.

Por lo pronto, según el cronograma electoral, el 8 de febrero es la fecha límite para presentar candidaturas. Ese día se sabrá si hay internas o un esquema de unidad. El 20 de enero se fijó una nueva reunión de la junta electoral del partido; ese órgano lo preside el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.