La primera audiencia por la reforma de la ley de glaciares inició esta mañana en Diputados cargada de tensión. Entre los primeros discursos, hubo reclamos al oficialismo por acotar las exposiciones −a último momento se bajó de 5 a 4 minutos el tiempo para hablar− y advertencias sobre la futura judicialización de la norma. Se espera un debate extenso con 180 participantes que podrá extenderse después de las 19.

Las organizaciones socioambientales rechazan la propuesta que impulsa Javier Milei −que ya cuenta con media sanción del Senado− por considerarla inconstitucional y “regresiva”. Argumentan que la iniciativa viola el principio de presupuestos mínimos definido por la Constitución Nacional para las provincias −que impone condiciones de protección uniformes en todo el país− y anticipa que comprometerá a las cuencas hídricas.

“Este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores, pero sepan una cosa: la única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, un litigio abierto por mucho tiempo”, anticipó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Y aseguró a que las próximas generaciones van a seguir defendiendo el agua. “Es algo mucho más importante que los minerales para su vida”, lanzó.

Los defensores de los cambios −sobre todo referentes de las provincias cordilleranas con potencial minero− replican que, en vez de prohibir se debe mejorar el uso del agua para que conviva la protección con el desarrollo productivo.

Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, defendió los cambios propuestos y buscó desarmar lo que definió como una “falsa dicotomía” entre la minería y otras actividades productivas. Para graficarlo, apeló a datos de consumo hídrico: “Se consumen anualmente 1500 hectómetros cúbicos de agua: el 81% corresponde al uso agrícola, el 16% al consumo humano y apenas el 3% a la minería”.

El oficialismo desplegó desde temprano un amplio operativo de seguridad en el perímetro del Congreso. A las 17 se espera una movilización impulsada por organizaciones socioambientales, que convocaron a una protesta con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. Es que de los más de 100.000 inscriptos, menos del 0,3% podrá hacerlo frente a los diputados: hoy de manera presencial y mañana en forma virtual.

La audiencia pública es conducida por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente.

“Los diputados tendrán para escuchar y para leer todas las ponencias a través de todos los medios. Todas por igual van a formar parte del expediente para que sean consideradas por los diputados”, dijo Mayoraz al inaugurar las exposiciones.

Uno de los primeros picos de tensión se dio cuando los referentes de distintas organizaciones ambientales denunciaron que no dejaban entrara a 15 ciudadanos inscriptos y confirmados. “Ahora dicen que no están en la lista”, vociferó Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados ambientalistas. Hubo un cruce que fue frenado a tiempo entre el libertario Sebastián Pareja y el peronista de vertiente sindical, Mario “Paco” Manrique.

En la antesala de la audiencia, diputados de distintos espacios políticos como la Coalición Cívica, el PJ, parte del radicalismo y el Frente Patria Grande formalizaron una impugnación a la audiencia. “Será un argumento más para la judicialización de la norma”, anticiparon a Viale y Nápoli.

La presentación dirigida a Martín Menem sostiene que la audiencia resulta inválida. “Restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”, argumentaron sobre la metodología adoptada por el oficialismo.

Mayoraz señaló que “se le está dando curso”. Recordó que hubo medidas cautelares que se rechazaron por la Justicia y consideró que el procedimiento previsto “se ajusta a derecho y debe seguir”.

“La Pampa no puede discutir esto en abstracto: el agua es una condición de existencia”, planteó la secretaria de Ambiente provincial, Marina Basso. Con respaldo en datos técnicos, sostuvo que los ambientes glaciares y periglaciares funcionan como reservas hídricas clave y advirtió sobre el impacto interjurisdiccional. “El 70% de nuestra población depende del río Colorado. Los ríos no reconocen límites políticos, por eso existen los presupuestos mínimos”, señaló. En esa línea, alertó que cualquier flexibilización puede “poner en riesgo la equidad territorial” y evocó la experiencia del Río Atuel: “No es una hipótesis, es nuestra historia. Decisiones aguas arriba generaron desertificación. Sin agua no hay presente ni futuro”.

En un sentido similar, la presidenta comunal de Villa Cerro Azul (Córdoba), Natalia Di Pace, cuestionó los cambios propuestos en la autoridad de aplicación. Advirtió que la redacción abre zonas grises que podrían desarticular el esquema institucional actual y derivar en una ola de judicialización. “El agua es un bien público, escaso y vulnerable. Requiere mecanismos de cooperación, no discrecionalidad”, resumió.

Desde el otro lado del debate, el ministro de Producción de San Juan defendió la iniciativa y buscó correr la discusión de una lógica binaria. “Hay una falsa dicotomía entre la minería y el cuidado del agua”, sostuvo. Aseguró que la provincia mantiene un compromiso con la protección de los glaciares, pero remarcó que la actividad minera es “ineludible” para su desarrollo en el marco de una matriz productiva diversificada.

Una de las intervenciones más críticas fue la de Marta Maffei, exdiputada de la Coalición Cívica y coautora de la ley vigente, quien apuntó directamente contra la arquitectura del proyecto. Recordó que el artículo 41 de la Constitución establece presupuestos mínimos de orden público −no meras recomendaciones− y advirtió que el nuevo texto los debilita. “Es una norma regresiva respecto de la legislación ambiental vigente”, afirmó. También alertó sobre el criterio federal que propone la reforma: “Bajo una fachada de federalismo, lo que se habilita es discrecionalidad para que cada provincia disponga sobre el agua y los glaciares”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también se expresó en rechazo y encuadró el debate en términos de derechos. “El agua no es una mercancía, es un derecho humano”, afirmó, al tiempo que denunció afectaciones a comunidades indígenas y sectores vulnerables. Citó además principios constitucionales para advertir sobre el impacto social de la iniciativa.

En el plano técnico, el glaciólogo Gabriel Carrera, con más de cuatro décadas de trabajo en el Ianigla, cuestionó la precisión conceptual de la ley actual y propuso ajustes. Señaló que el “ambiente periglaciar” resulta una categoría difusa y sugirió reemplazarla por “geoformas periglaciares”. Y subrayó: “El Ianigla viene inventariando glaciares en el ambiente glacial y glaciares de escombros en el ambiente periglaciar, y no otra cosa que no tenga función hídrica”.

Por fuera de los planteos institucionales, también hubo intervenciones con fuerte anclaje territorial. Desde Chubut, Marcelo Arteaga describió un escenario crítico en su localidad: denunció contaminación de cursos de agua, escasez en el suministro y falta de impacto laboral de la actividad extractiva. “En mi pueblo, de siete días, cuatro no tenemos agua”, graficó.

El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.

Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario. La oposición argumenta que esto viola el principio de presupuestos mínimos ambientales definidos por la Constitución Nacional.