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POLITICA

Reforma laboral: tras la gira de Diego Santilli por las provincias, el Gobierno ajusta la cuenta de votos clave en el Congreso

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La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei entró en una etapa decisiva tras la gira que Diego Santilli realizó por distintas provincias durante enero. El ministro del Interior ya visitó seis distritos y logró, al menos en términos políticos, un respaldo explícito de cuatro gobernadores, mientras que otros optaron por mantener una postura ambigua, a la espera de concesiones fiscales y políticas.

En la Casa Rosada el clima es de cauteloso optimismo: no hubo rechazos frontales y el oficialismo cree que la ley puede avanzar si logra cerrar acuerdos puntuales.

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El último encuentro relevante fue en Entre Ríos, donde el hombre del PRO se reunió con el gobernador Rogelio Frigerio. Tras la reunión, el mandatario provincial habló de un “apoyo contundente” al proyecto de modernización laboral y destacó que la iniciativa apunta a ampliar derechos y fomentar el empleo formal. Ese gesto fue leído en el oficialismo como una señal clara de alineamiento político.

Un día antes, el ministro había estado en Neuquén, donde el respaldo fue menos explícito. Rolando Figueroa evitó comprometer un apoyo cerrado y condicionó cualquier acompañamiento al impacto concreto que la reforma tenga en su provincia.

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Además, volvió a reclamar una deuda de unos 200 millones de dólares que la Nación mantiene con la caja previsional neuquina, un planteo que se repite en casi todas las reuniones con gobernadores.

En cada visita, Santilli insiste con el mismo argumento: que ninguna provincia puede oponerse a una ley orientada a generar empleo privado, aumentar la productividad y atraer inversiones.

Sin embargo, el principal foco de tensión sigue siendo el impacto fiscal del proyecto, en especial los artículos que reducen alícuotas de impuestos como Ganancias y que afectarían los fondos coparticipables. Según cálculos oficiales, la rebaja tendría un costo del 0,65% del PBI, de los cuales un 0,15% recaería sobre las provincias.

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Dentro del propio oficialismo hay diferencias sobre cómo encarar esta negociación. Sectores cercanos a Patricia Bullrich y Santiago Caputo creen necesario hacer concesiones para asegurar votos, mientras que el ala económica, encabezada por Luis Caputo, apuesta a sostener el texto original y compensar la pérdida fiscal con mayor actividad y formalización laboral.

El Gobierno confía en el respaldo de al menos cinco gobernadores para aprobar la reforma laboral

 

En la Cámara alta, el Gobierno parte de un piso de 21 votos propios de La Libertad Avanza, a los que se suman tres del bloque amarillo. A ese bloque se agregan diez senadores radicales que ya acompañaron al oficialismo en votaciones clave, como el Presupuesto 2026, muchos de ellos alineados con gobernadores provinciales.

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Con esos apoyos, el Ejecutivo tendría alrededor de 34 votos afirmativos, todavía por debajo del quórum de 37. Por eso, la mirada está puesta en un grupo reducido de senadores provinciales que pueden inclinar la balanza: representantes de Chubut, Salta, Neuquén, Santa Cruz y Misiones aparecen como los interlocutores centrales.

También entran en juego los peronistas no alineados con el kirchnerismo, como los senadores cercanos a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, que en votaciones anteriores ya acompañaron al Gobierno.

En la Casa Rosada estiman que, con esos acuerdos, la aprobación en general podría superar los 40 votos, aunque reconocen que los artículos más sensibles se discutirán uno por uno.

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Diputados, el otro frente

En Diputados, el escenario es similar pero con números más ajustados. El oficialismo cuenta con 95 votos propios, a los que se suman 12 del PRO y dos del MID. Con el apoyo anticipado de bloques provinciales y del radicalismo, el Gobierno se acerca a los 121 votos, a solo ocho del quórum necesario para abrir el recinto.

Otra vez, las provincias aparecen como árbitro final. Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Luis concentran la atención de los negociadores, que buscan cerrar acuerdos a cambio de obras, alivio fiscal o compromisos políticos futuros.

Mientras tanto, algunos gobernadores también siguen de cerca otra discusión clave: la posible modificación de la Ley de Glaciares, que otorgaría mayor margen de decisión a las provincias mineras. Ese tema, aunque no forma parte formal de la reforma laboral, se cruza en las negociaciones y suma presión al delicado equilibrio político que el Gobierno intenta construir en el Congreso.

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Diego Santilli,Javier Milei,PRO,Reforma Laboral

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POLITICA

Los vuelos de Adorni: operativo en la TV Pública por la causa que investiga al jefe de Gabinete

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza un operativo este viernes en el edificio de la TV Pública en busca de información en el marco de la causa por los vuelos del jefe de Gabinete y vocero de Javier Milei, Manuel Adorni.

Los procedimientos apuntan a conseguir documentos del periodista amigo de Adorni Marcelo Grandio, quien tiene un contrato con la señal estatal y es presuntamente quien pagó el vuelo de regreso del funcionario libertario desde Punta del Este junto a su familia.

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La acción de la PSA tiene lugar horas después de que el piloto al que le facturaron el vuelo en el que Adorni volvió a Buenos Aires, Agustín Issin Hansen, declarara como testigo durante casi cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde dijo que la reserva y el vuelo fueron pagados por Grandio.

También se da luego de que por la noche del jueves efectivos de la misma fuerza allanaran las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando.

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POLITICA

Milei le habla sólo a su tribuna: reduce todo a la defensa de Adorni y malgasta el caso YPF

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El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF es trascendental para la Argentina, no sólo porque libera al país de un pago de US$ 16.000 millones -que podrían haber trepado a 18.000 millones-, sino además por lo que representa en términos de soberanía. El oficialismo dijo celebrarlo como un hecho “histórico” pero lo utilizó políticamente con una mirada de vuelo bajo: buscó reanimar la disputa con el kirchnerismo y, sobre todo, correr del escenario el caso de Manuel Adorni, que suma complicaciones.

El apuro por darle sentido de cabotaje a una decisión judicial cuyo impacto supera la frontera local fue evidente apenas el círculo de Olivos tuvo el anticipo del tema. Fue evidente al punto de postergar unos minutos el acto oficial armado para exhibir el apoyo de Javier Milei al jefe de Gabinete, coronación de un par de días marcados por el alineado respaldo al jefe de ministros. El Presidente abrió el encuentro con una fuerte carga sobre Axel Kicillof y CFK: trató de “imbécil” al gobernador y mencionó como “corrupta presidiaria” a la ex presidente. Después agregó la cadena nacional, algo más medida en descalificaciones, pero igualmente básica y hasta contradictoria con el fondo de la cuestión. De hecho, la justicia de Estados Unidos finalmente tomó en cuenta criterios sobre la legalidad de la expropiación del 2012.

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Resultó llamativa la reacción del Gobierno y no por la obviedad de la utilización política atada a la coyuntura -áspera para el Gobierno por el caso de Adorni y también por $LIBRA-, sino además porque se limitó al intento de mostrar el fallo como una desacreditación de lo hecho por el kirchnerismo, cuando, en rigor, también la ex presidente y Kicillof pueden celebrar esta decisión judicial. Nadie en la primera línea del oficialismo fue sobre la cuestión de fondo, que no es este juicio sino lo costoso y opaco -hasta oscuro- de aquella decisión de Cristina Fernández de Kirchner.

La disputa en tribunales de Nueva York estuvo originada y ceñida a la apuesta “buitre” de un grupo inversor. De hecho, el resonante fallo de estas horas desarma esas pretensiones y, en reducida cuenta, respalda que la expropiación se ajustó a la legislación argentina. La línea argumental de la Argentina -con sus más y sus menos según la época- se apoyó en ese punto y en dos más, que juegan asociados: el rechazo a la jurisdicción de Nueva York y la prevalencia de la ley sobre el estatuto de una empresa.

La reacción violeta -el mensaje presidencial y la actividad en las redes sociales- se ajusta al manual básico de campaña: reducir y forzar todo como consignas simples -ahora, cargadas de adjetivos insultantes- y utilizar el tema en función de su necesidad del momento, esta vez el oleaje del caso Adorni. Pero en esa simpleza, esta vez eligió un terreno no necesariamente adverso para el kirchenerismo, porque el fallo no va a contramano de este capítulo de su relato sobre la expropiación de YPF. Eso, claro, sólo en este punto: el rechazo a la demanda de Burford.

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Curioso o fruto de una escasa visión de aquel momento de la gestión cristinista, la letra del mensaje violeta omitió los aspectos realmente cuestionables de aquella operación, una postal del doble discurso y de manejos cruzados por oscuridades. Por ejemplo, el costoso desenlace de la negociación con Repsol, que a pesar del discurso -se decía que era prácticamente gratis y hasta con algún resarcimiento por cuestiones ambientales- terminó generando una indemnización a US$ 5.000 millones en títulos públicos, que en la práctica habrían representado más de US$ 6.000 millones. Pero además, todo lo ocurrido fue cruzado por sospechas domésticas de arrastre, desconfianzas sobre el entramado que había dejado Néstor Kirchner -nunca desarmado- y conjeturas sobre la caja de YPF.

Axel Kicillof, en un reciente encuentro con intendentes. Cruce con Milei por el caso YPF

Milei prefirió forzar el análisis del fallo para presentarlo como un logro exclusivo de su gestión y un alivio frente a otra herencia K. En cadena nacional, felicito sólo a su equipo por el resultado judicial, algo que presentado así desconoce la serie completa en tribunales de Estado Unidos, que lleva más de diez años. Habló de una sentencia histórica fruto de “esta administración”. Y cargó sobre Kicillof y la ex presidente: “Nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.

El mensaje no se apartó un centímetro de la línea repetida para confrontar con el kirchnerismo. Está claro que tiene como objetivo cerrar filas, frente a la fisura en el discurso anticasta. De hecho, pudo haberse diferenciado con una mirada superadora que lo colocara por encima de CFK, desde otra perspectiva: sin llegar a la desproporción de considerar que existió algo así como una política de Estado, valorar cierta continuidad -con algunos vaivenes- en la estrategia judicial. Y celebrarlo de ese modo, en lugar de presentarlo como un éxito personal, que algunos voceros completan adjudicándolo mecánicamente a su alineamiento acrítico con Donald Trump.

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El oficialismo, está visto, eligió el camino señalado y lo hizo en un contexto complicado para Olivos. Voceros formales e informales del Gobierno vienen repitiendo desde hace al menos dos semanas que Milei busca “recuperar el manejo de la agenda” pública, para correr el caso de Adorni, que según los relevamientos que consume el propio oficialismo -encuestas y estudios sobre redes sociales- tiene alta repercusión y significativa evaluación negativa.

En apenas tres días, fue desplegada una amplia exposición de funcionarios en respaldo del jefe de Gabinete. El miércoles, cinco ministros lo acompañaron en su reaparición con una conferencia de prensa, casi en paralelo con mensajes del Presidente y de Karina Milei. El jueves, fueron encuentros por separado con otros tres ministros y con Patricia Bullrich. Y el viernes, el acto oficial que lo mostraría junto a Milei fue potenciado por la noticia llegada desde Nueva York.

La intención de dar vuelta la página con esas muestras de sostenimiento político -que sumaron de manera inesperada el aire temáticodel fallo por YPF– enfrenta al menos dos problemas. El primero es la secuencia de novedades vinculadas con el propio Adorni. A la primera ola por la inclusión de su esposa en el vuelo a Nueva York -hace ya casi tres semanas- y el viaje familiar a Punta del Este, se agregaron cuestiones de otra naturaleza: la propiedad en un country de Exaltación de la Cruz y la confirmación de su mudanza a un departamento del barrio porteño de Caballito.

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Algunos de estos temas empiezan a generar movimientos en el terreno judicial. En el caso del viaje a Punta del Este, procedimientos y testimonios que complican al funcionario por posible dádiva. También está dando sus primeros pasos la investigación sobre su patrimonio.

Los tiempos y el cuadro general no responden al menos exclusivamente a decisiones del oficialismo. El caso YPF es celebrado como oxígeno. Y si es sólo eso, malgastado.

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Qué es la Ley Hojarasca de Milei y Sturzenegger y cuáles son los principales cambios que impone

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La iniciativa de “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, propone la eliminación de más de 70 normas. En el documento, presentado en el Congreso, el Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.

En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes a dar de baja y las dividió entre: “Obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”.

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“Existe una enorme cantidad de leyes que actualmente aparecen como vigentes pero que ya no tienen aplicación práctica alguna. Algunas nunca la tuvieron”, argumentaron desde el Poder Ejecutivo.

En 2024, cuando Sturzenegger impulsó el proyecto, el Gobierno declaró que la prioridad de la Ley Hojarasca era derogar aquellas legislaciones que “afectan las libertades individuales” y enumeró las que consideró más destacables para eliminar. Entre ellas, mencionó a la Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: “Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“.

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Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.

También intentará suprimir la Ley 18.312, de 1969, que impone la creación de un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa. En este caso, desde el Ejecutivo señalaron que “busca restringir la libertad de expresión”.

El Gobierno incluyó además dos legislaciones del gobierno de Alejandro Lanusse, que también consideró que atentan contra la libertad individual. Por un lado, agregó a la Ley 19.787, que, según el Ejecutivo, “restringe la elección de temas musicales en la programación de radios” y la Ley 20.120, que “hablita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos”.

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Asimismo, también añadió la Ley 20.959, de 1975, que le otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento. De esta manera, Sturzenegger apuntó: “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.

Entre las más destacadas, el Gobierno también quiere eliminar la Ley 26.688, aprobada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, considerándolos bienes sociales. El Ejecutivo argumentó que la reglamentación de la legislación no impone acciones concretas.

Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto


ley Hojarasca,eliminación de más de 70 normas,pic.twitter.com/CkllI0gYd5,October 13, 2024,Conforme a

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