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POLITICA

Tras la aprobación en el Senado, el PRO buscará aplicarle modificaciones a la reforma laboral en Diputados

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El bloque del PRO, liderado por Cristian Ritondo, ratificó su respaldo general a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, aunque advirtió que condicionará su apoyo en puntos específicos para garantizar la “libertad del trabajador”.

Tras haber acompañado al oficialismo en el Senado con la reforma laboral y en Diputados con la baja de la edad de imputabilidad, el partido fundado por Mauricio Macri busca ahora introducir modificaciones técnicas durante el debate en comisiones que iniciará el próximo miércoles.

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La principal diferencia radica en la modalidad de pago de los salarios, punto en el que el PRO exigirá que se incluya la posibilidad de utilizar plataformas digitales. En el bloque sostienen que la opción debe contemplar “efectivo, banco, billeteras virtuales; la opción que mejor se acomode a la realidad del trabajador”.

El Gobierno busca aprobar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil antes del 1 de marzo

El objetivo de la bancada es evitar que la normativa se vea limitada por intereses sectoriales, advirtiendo que “no se puede ir en contra del espíritu de la ley (…) por transar con el lobby bancario”.

Pese a las disidencias, desde el partido aseguran que el acompañamiento al proyecto madre no está en riesgo, dado que consideran que la reforma es necesaria para el país. Sin embargo, aclararon que la estrategia parlamentaria podría derivar en un rechazo parcial si no se aceptan sus sugerencias: “A lo sumo no acompañaremos ese artículo”.

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Esta postura se terminará de definir en la reunión de bloque del martes, donde se acordará la metodología para la votación, dependiendo de si el tratamiento en el recinto se realiza por artículos o por capítulos.

Desde el PRO reconocen que, si bien mantienen una alianza clave en el Congreso, el diálogo con La Libertad Avanza para modificar los textos originales presenta dificultades. “Es un tema que el oficialismo está al tanto y que nosotros vamos a plantear eventualmente en comisiones (…) De ahí a que nos escuchen, hay un largo trecho”, explicaron integrantes de la bancada a medios nacionales.

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Cristian Ritondo,Javier Milei,PRO,Reforma Laboral

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Los vuelos de Adorni: operativo en la TV Pública por la causa que investiga al jefe de Gabinete

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza un operativo este viernes en el edificio de la TV Pública en busca de información en el marco de la causa por los vuelos del jefe de Gabinete y vocero de Javier Milei, Manuel Adorni.

Los procedimientos apuntan a conseguir documentos del periodista amigo de Adorni Marcelo Grandio, quien tiene un contrato con la señal estatal y es presuntamente quien pagó el vuelo de regreso del funcionario libertario desde Punta del Este junto a su familia.

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La acción de la PSA tiene lugar horas después de que el piloto al que le facturaron el vuelo en el que Adorni volvió a Buenos Aires, Agustín Issin Hansen, declarara como testigo durante casi cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde dijo que la reserva y el vuelo fueron pagados por Grandio.

También se da luego de que por la noche del jueves efectivos de la misma fuerza allanaran las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando.

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Milei le habla sólo a su tribuna: reduce todo a la defensa de Adorni y malgasta el caso YPF

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El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF es trascendental para la Argentina, no sólo porque libera al país de un pago de US$ 16.000 millones -que podrían haber trepado a 18.000 millones-, sino además por lo que representa en términos de soberanía. El oficialismo dijo celebrarlo como un hecho “histórico” pero lo utilizó políticamente con una mirada de vuelo bajo: buscó reanimar la disputa con el kirchnerismo y, sobre todo, correr del escenario el caso de Manuel Adorni, que suma complicaciones.

El apuro por darle sentido de cabotaje a una decisión judicial cuyo impacto supera la frontera local fue evidente apenas el círculo de Olivos tuvo el anticipo del tema. Fue evidente al punto de postergar unos minutos el acto oficial armado para exhibir el apoyo de Javier Milei al jefe de Gabinete, coronación de un par de días marcados por el alineado respaldo al jefe de ministros. El Presidente abrió el encuentro con una fuerte carga sobre Axel Kicillof y CFK: trató de “imbécil” al gobernador y mencionó como “corrupta presidiaria” a la ex presidente. Después agregó la cadena nacional, algo más medida en descalificaciones, pero igualmente básica y hasta contradictoria con el fondo de la cuestión. De hecho, la justicia de Estados Unidos finalmente tomó en cuenta criterios sobre la legalidad de la expropiación del 2012.

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Resultó llamativa la reacción del Gobierno y no por la obviedad de la utilización política atada a la coyuntura -áspera para el Gobierno por el caso de Adorni y también por $LIBRA-, sino además porque se limitó al intento de mostrar el fallo como una desacreditación de lo hecho por el kirchnerismo, cuando, en rigor, también la ex presidente y Kicillof pueden celebrar esta decisión judicial. Nadie en la primera línea del oficialismo fue sobre la cuestión de fondo, que no es este juicio sino lo costoso y opaco -hasta oscuro- de aquella decisión de Cristina Fernández de Kirchner.

La disputa en tribunales de Nueva York estuvo originada y ceñida a la apuesta “buitre” de un grupo inversor. De hecho, el resonante fallo de estas horas desarma esas pretensiones y, en reducida cuenta, respalda que la expropiación se ajustó a la legislación argentina. La línea argumental de la Argentina -con sus más y sus menos según la época- se apoyó en ese punto y en dos más, que juegan asociados: el rechazo a la jurisdicción de Nueva York y la prevalencia de la ley sobre el estatuto de una empresa.

La reacción violeta -el mensaje presidencial y la actividad en las redes sociales- se ajusta al manual básico de campaña: reducir y forzar todo como consignas simples -ahora, cargadas de adjetivos insultantes- y utilizar el tema en función de su necesidad del momento, esta vez el oleaje del caso Adorni. Pero en esa simpleza, esta vez eligió un terreno no necesariamente adverso para el kirchenerismo, porque el fallo no va a contramano de este capítulo de su relato sobre la expropiación de YPF. Eso, claro, sólo en este punto: el rechazo a la demanda de Burford.

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Curioso o fruto de una escasa visión de aquel momento de la gestión cristinista, la letra del mensaje violeta omitió los aspectos realmente cuestionables de aquella operación, una postal del doble discurso y de manejos cruzados por oscuridades. Por ejemplo, el costoso desenlace de la negociación con Repsol, que a pesar del discurso -se decía que era prácticamente gratis y hasta con algún resarcimiento por cuestiones ambientales- terminó generando una indemnización a US$ 5.000 millones en títulos públicos, que en la práctica habrían representado más de US$ 6.000 millones. Pero además, todo lo ocurrido fue cruzado por sospechas domésticas de arrastre, desconfianzas sobre el entramado que había dejado Néstor Kirchner -nunca desarmado- y conjeturas sobre la caja de YPF.

Axel Kicillof, en un reciente encuentro con intendentes. Cruce con Milei por el caso YPF

Milei prefirió forzar el análisis del fallo para presentarlo como un logro exclusivo de su gestión y un alivio frente a otra herencia K. En cadena nacional, felicito sólo a su equipo por el resultado judicial, algo que presentado así desconoce la serie completa en tribunales de Estado Unidos, que lleva más de diez años. Habló de una sentencia histórica fruto de “esta administración”. Y cargó sobre Kicillof y la ex presidente: “Nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.

El mensaje no se apartó un centímetro de la línea repetida para confrontar con el kirchnerismo. Está claro que tiene como objetivo cerrar filas, frente a la fisura en el discurso anticasta. De hecho, pudo haberse diferenciado con una mirada superadora que lo colocara por encima de CFK, desde otra perspectiva: sin llegar a la desproporción de considerar que existió algo así como una política de Estado, valorar cierta continuidad -con algunos vaivenes- en la estrategia judicial. Y celebrarlo de ese modo, en lugar de presentarlo como un éxito personal, que algunos voceros completan adjudicándolo mecánicamente a su alineamiento acrítico con Donald Trump.

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El oficialismo, está visto, eligió el camino señalado y lo hizo en un contexto complicado para Olivos. Voceros formales e informales del Gobierno vienen repitiendo desde hace al menos dos semanas que Milei busca “recuperar el manejo de la agenda” pública, para correr el caso de Adorni, que según los relevamientos que consume el propio oficialismo -encuestas y estudios sobre redes sociales- tiene alta repercusión y significativa evaluación negativa.

En apenas tres días, fue desplegada una amplia exposición de funcionarios en respaldo del jefe de Gabinete. El miércoles, cinco ministros lo acompañaron en su reaparición con una conferencia de prensa, casi en paralelo con mensajes del Presidente y de Karina Milei. El jueves, fueron encuentros por separado con otros tres ministros y con Patricia Bullrich. Y el viernes, el acto oficial que lo mostraría junto a Milei fue potenciado por la noticia llegada desde Nueva York.

La intención de dar vuelta la página con esas muestras de sostenimiento político -que sumaron de manera inesperada el aire temáticodel fallo por YPF– enfrenta al menos dos problemas. El primero es la secuencia de novedades vinculadas con el propio Adorni. A la primera ola por la inclusión de su esposa en el vuelo a Nueva York -hace ya casi tres semanas- y el viaje familiar a Punta del Este, se agregaron cuestiones de otra naturaleza: la propiedad en un country de Exaltación de la Cruz y la confirmación de su mudanza a un departamento del barrio porteño de Caballito.

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Algunos de estos temas empiezan a generar movimientos en el terreno judicial. En el caso del viaje a Punta del Este, procedimientos y testimonios que complican al funcionario por posible dádiva. También está dando sus primeros pasos la investigación sobre su patrimonio.

Los tiempos y el cuadro general no responden al menos exclusivamente a decisiones del oficialismo. El caso YPF es celebrado como oxígeno. Y si es sólo eso, malgastado.

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POLITICA

Qué es la Ley Hojarasca de Milei y Sturzenegger y cuáles son los principales cambios que impone

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La iniciativa de “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, propone la eliminación de más de 70 normas. En el documento, presentado en el Congreso, el Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.

En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes a dar de baja y las dividió entre: “Obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”.

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“Existe una enorme cantidad de leyes que actualmente aparecen como vigentes pero que ya no tienen aplicación práctica alguna. Algunas nunca la tuvieron”, argumentaron desde el Poder Ejecutivo.

En 2024, cuando Sturzenegger impulsó el proyecto, el Gobierno declaró que la prioridad de la Ley Hojarasca era derogar aquellas legislaciones que “afectan las libertades individuales” y enumeró las que consideró más destacables para eliminar. Entre ellas, mencionó a la Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: “Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“.

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Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.

También intentará suprimir la Ley 18.312, de 1969, que impone la creación de un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa. En este caso, desde el Ejecutivo señalaron que “busca restringir la libertad de expresión”.

El Gobierno incluyó además dos legislaciones del gobierno de Alejandro Lanusse, que también consideró que atentan contra la libertad individual. Por un lado, agregó a la Ley 19.787, que, según el Ejecutivo, “restringe la elección de temas musicales en la programación de radios” y la Ley 20.120, que “hablita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos”.

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Asimismo, también añadió la Ley 20.959, de 1975, que le otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento. De esta manera, Sturzenegger apuntó: “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.

Entre las más destacadas, el Gobierno también quiere eliminar la Ley 26.688, aprobada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, considerándolos bienes sociales. El Ejecutivo argumentó que la reglamentación de la legislación no impone acciones concretas.

Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto


ley Hojarasca,eliminación de más de 70 normas,pic.twitter.com/CkllI0gYd5,October 13, 2024,Conforme a

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