La entrevista con Jorge Sola en Infobae a las Nueve expuso el rechazo sindical a la reforma laboral aprobada en el Senado. El secretario general de la CGT advirtió sobre una presunta pérdida de derechos de acuerdo a la visión de su sector y el impacto político de la votación.

Jorge Sola, secretario general de la CGT, adjudicó la media sanción de la reforma laboral a lo que definió como una “esquizofrenia electoral” de la sociedad argentina que le permitió al oficialismo ganar las elecciones presidenciales en 2023 y aumentar su representatividad en el Congreso durante los comicios legislativos del año pasado.

“La sociedad vota con emoción un domingo y el lunes te reclama con la razón. Te dice voto esto porque no me gustaba lo de atrás, porque hay incertidumbre de futuro, pero después al otro día te dicen ‘pero che, estos derechos me los van a sacar’”, señaló. “Sí, son los que votaste y hoy tienen noventa diputados y veinte senadores. Eso es lo que se votó. Bien. Contra eso, que es una fortaleza política de este gobierno, hay que pelear”.

Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Sola remarcó la postura de la CGT frente al avance del proyecto oficialista: “Nosotros militamos por un proyecto que se oponía al de la senadora Bullrich, en ese caso candidata a presidenta, y al del presidente Milei. Perdimos. Exactamente, lo hicimos militando, diciendo: ‘Lo que está enfrente va a venir por los derechos de los trabajadores’. Tratamos de convencer a la gente, no lo logramos. Se ganó esa opción”.

La CGT y la advertencia sobre la pérdida de derechos laborales

Sola enfatizó que la reforma se apoya en “la conculcación de muchos derechos individuales”, y criticó el debilitamiento de la representación gremial. “Hay una gran cantidad de derechos individuales de los trabajadores que van a ser conculcados. El debilitamiento de las representaciones gremiales, el derecho de huelga, las asambleas, la representación gremial, las estructuras gremiales, y después una gran transferencia de recursos económicos por parte de los trabajadores hacia el sector empresario”, enumeró.

El dirigente gremial sostuvo que la organización advirtió con anticipación el riesgo de este escenario: “La CGT advirtió sobre lo que se enfrentaba ante este proyecto y que se votara. Apenas inició el gobierno, fuimos los primeros que estuvimos en pie de lucha y seguimos estándolo. Somos la única estructura del movimiento social que está en pie de lucha permanente desde el primer mes en que asumió este presidente”.

Consultado sobre la magnitud de la movilización sindical tras la media sanción, Sola defendió la capacidad de convocatoria de la central obrera: “Había cien mil personas en la plaza. Yo estuve ahí adentro, caminé cada una de las columnas. Por supuesto, hubo otros grupos que se sumaron a los que nosotros no controlábamos. Nosotros, la protesta y el reclamo en paz social, lo hemos mantenido en cada situación de la democracia argentina”.

Las críticas a la reforma y el rol de la CGT

Uno de los puntos más discutidos fue la supuesta falta de contundencia de la CGT en su respuesta. Sola rechazó esa lectura: “Es una percepción tuya. Nosotros estamos en un plan de acción que empezó el 18 de diciembre con una convocatoria y ayer tuvimos otra, desvirtuada por servicios que trataron de cambiar el foco. Pero la herramienta del paro y de la huelga todavía está en vigencia”.

A la vez, Sola se desligó de los incidentes ocurridos tras la retirada de la CGT de la Plaza de Mayo: “Cuando los tres secretarios generales llegamos al frente de la columna, a los diez minutos se desvirtuó todo. Ese sector fue para el lado de la CGT, pero no voy a hablar de eso, porque si no estamos hablando de la anécdota y no de lo central”.

Respecto a la defensa de los derechos laborales, Sola remarcó: “No hay modo de recuperar ningún derecho individual si no hay una estructura gremial que represente a los trabajadores. El proceso que se pretende, de tratar de que cada trabajador puede defender por sí mismo sus derechos en esta suerte de idealización que tiene el gobierno, no existe. La única manera es con estructuras gremiales fuertes que representen los intereses de los trabajadores”.

El debate por los aportes sindicales y la judicialización de la reforma

Sola contestó a quienes acusan a la CGT de priorizar el mantenimiento del aporte sindical por sobre otros derechos: “Ningún aporte es obligatorio de por sí. Vos no te afiliás a un gremio porque el gremio lo decide”. Y aclaró: “Ese aporte solidario es el que se hace en algunas cuestiones circunstanciales y particulares por la negociación paritaria o convenio colectivo. No todos los gremios lo tienen”.

El dirigente advirtió sobre las consecuencias del debilitamiento de la estructura social: “Cualquier estructura social que se debilite, como lo están haciendo con las jurisdicciones provinciales sacando dinero o con las obras sociales, implica profundizar la rotura del tejido social productivo y eso implica mayor desorden social del que hoy tienen”.

En cuanto a la judicialización del tema, Sola fue tajante: “¿Ustedes creen que puede pasar que hay violaciones de derechos constitucionales? El derecho de huelga no pasa el filtro de la constitucionalidad ni cerca, sino otro que atraviesa todo el proyecto de ley y que tiene que ver con el principio protectorio del derecho del trabajo. Esta ley, así como está votada, no termina aplicándose. Ya lo digo”.

Sola también abordó el tema de las licencias laborales, a raíz de declaraciones de Federico Sturzenegger: “No hay licencias eternas. Las licencias siempre tienen una certificación médica. En la actual ley de contrato de trabajo, el empleador puede chequear que esa enfermedad inculpable suceda. La filosofía de Sturzenegger es que la economía no está al servicio del trabajador, el trabajador es un engranaje para que funcione la economía. No funciona así el mundo, ni en los países que él dice llevar como norte”.

El desafío de la representatividad sindical y el recambio generacional

Sola defendió su rol y el de la actual conducción de la CGT ante las críticas a la dirigencia sindical: “Yo represento a la CGT, que muchas veces desde los medios piden un recambio. Este es un recambio, no solo desde lo discursivo, sino también de lo pragmático. Todavía no pudimos poner en agenda la gran cantidad de cuestiones que tenemos para hacer de la CGT porque la agenda que apenas asumimos nos la puso el Gobierno con la reforma laboral”.

Al ser consultado sobre la percepción social de los líderes sindicales, respondió: “Vos no sabés lo que soy yo. Corro solidariamente, construyo merenderos, voy a mi ciudad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A nosotros nos revalidan con una inspección permanente del Ministerio de Trabajo. Después, la moral de cada uno se la defiende cada dirigente”.

Finalmente, defendió la legitimidad de la afiliación sindical: “La representación sindical en la Argentina es una de las más grandes del mundo. Tenemos alrededor de nueve millones de trabajadores formales y más del 50 % de los afiliados. Firman y dicen: ‘Yo quiero estar afiliado a este gremio’, porque ven que ahí hay una representación”.

Sola concluyó explicando el próximo paso del plan de lucha: “Nos reunimos en consejo directivo para definir cómo seguimos el día que se trate en diputados. Prefiero muchas más veces la gente en la calle que un silencio que no hable”.

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Diputados debate en el Congreso la Ley Penal Juvenil. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. La propuesta alinea la legislación nacional con la tendencia de algunos países de la región. Al mismo tiempo, genera un amplio debate legislativo y social. En Infobae en Vivo Al Mediodía brindaron detalles acerca de qué territorios disponen de una normativa similar.

“El proyecto que están discutiendo en este momento en la Cámara Baja fija en catorce años la edad de imputabilidad”, explicó Federico Mayol durante Infobae en Vivo Al Mediodía. El proyecto legislativo busca modificar el sistema vigente, que fija la imputabilidad desde los dieciséis años, para situarla ahora en una cifra debatida regionalmente.

La propuesta, según precisó el periodista, se inscribe en un contexto regional: “Catorce años es lo que rige en países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. En Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la edad es aún menor: doce años”, detalló Mayol.

De acuerdo con el profesional, “la tendencia regional es hacia edades más bajas de imputabilidad penal”. Aclaró que cada país introduce matices según la gravedad del delito y los sistemas de protección a la infancia.

Por otro lado, si se observan los países europeos, muchos disponen de una ley similar al proyecto tratado este jueves en la Cámara Baja. En el caso de España, desde el año 2000 que la edad punitoria descendió hacia los 14, pero la legislación no admite que los menores que delinquen afronten sanciones penales.

Asimismo, las normativas de Italia, Austria y Alemania podrían contemplar una penalización, si se demostrara que el adolescente juzgado estaba en plena consciencia de sus actos y pudiera ser capaz de comprender la gravedad de los mismos. Además, el régimen penal aplicado a menores de edad en Inglaterra comparte cierta similitud con estas condiciones, salvo que la definición de minoridad varía entre los 10 y los 17 años.

Modificaciones en la ley

Sobre los alcances concretos del proyecto, Mayol describió: “Se privilegian medidas complementarias o no privativas de la libertad. Por ejemplo, prestación de servicios a la comunidad, prohibición de conducir o de salir del país, siempre y cuando el delito no sea un homicidio ni haya víctimas graves”. Además señaló: “El texto fija una pena máxima de quince años para los menores, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena”.

Continuamente, Mayol analizó los desafíos de aplicar la normativa en la práctica. “La discusión no es solo la edad, sino qué condiciones materiales existen para que la ley se cumpla”, advirtió. Y planteó las dudas presupuestarias: “El presupuesto destinado es de veintitrés mil millones de pesos”, e interrogó si ese monto permitirá contar con los recursos y el personal especializado para alojar a los menores adecuadamente y ofrecerles tratamientos contra las adicciones.

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