POLITICA
La CGT ratificó el paro general: “Tenemos una situación sociolaboral absolutamente complicada”

En conferencia de prensa la Confederación General del Trabajo (CGT), ratificó el paro general por 24 horas para el próximo jueves 19 de febrero, en contra de la reforma laboral de Javier Milei.
La medida de fuerza se llevará a cabo cuando se trate el proyecto dentro de la Cámara de Diputados. “Vamos a hacer un paro de 24 horas que será contundente”, señaló uno de los dirigentes de la central obrera, Jorge Sola.
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“La Argentina va a estar paralizada de una punta a la otra. Esta CGT está en desacuerdo con este proyecto de ley. Nos oponemos porque es inconstitucional. No hay una sola modernización”, sostuvo el triunviro durante su discurso.
A lo que agregó: “Tenemos una situación socio-laboral absolutamente complicada. Hoy la empresa Fate ha cerrado y ha dejado a casi 1000 trabajadores sin empleo, con los cuales nos solidarizamos. Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales y han quedado en el camino más de 21.000 pymes en estos dos años”.
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“Eso no es casualidad, es parte del fracaso de este programa económico que tiene este Gobierno”, indicó el secretario general de la CGT durante la conferencia, en donde mostraron su solidaridad con los 920 trabajadores de la fábrica de neumáticos que cerró este miércoles.
Por su parte, Cristina Jerónimo, destacó´: “Queremos hacerle un llamado de atención a los diputados, como lo hicimos con los gobernadores, senadores. Tengan muy claro que lo que representan dentro de la cámara son los intereses del pueblo argentino. Tienen que dejar de priorizar la rosca política y tienen que priorizar la dignidad del pueblo argentino”.
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“Si no somos escuchados, lo único que hará es que se profundice más el reclamo social. Nosotros, como CGT, vamos a encabezar todos los reclamos de los trabajadores”, concluyó el tercero de los dirigentes cegetistas, Octavio Argüello.
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POLITICA
Tensión: gremialistas cortaron la Panamericana y están cara a cara con la Gendarmería

Un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales quisieron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, sentido a CABA de la Panamericana, y personal de Gendarmería se interpuso en el camino.
La medida estaba dispuesta para alrededor de las 8 de la mañana cuando varias columnas de trabajadores y gremialistas marcharon a paso veloz por la calle Uruguay hacia la autovía para intentar cortar el ramal completo.
Al momento de llegar a la Panamericana, un cordón de Gendarmería Nacional estaba apostado en uno de los accesos con la intención de que los manifestantes no corten la circulación de forma total. “Hay una resolución ministerial que dice que no pueden cortar, tienen que dejar habilitado, tienen que dejar liberada la traza”, indicó un gendarme a las personas que se concentran allí. “La situación está explosiva, no está para que anden montando provocaciones de esa manera”, le contestó uno de los gremialistas.
Por otro lado, uno de los trabajadores de la empresas se quejó cara a cara con el jefe del operativo. “Somos de FATE, estamos siendo atacados. Nos cerraron la fábrica. Tengo un hijo con discapacidad. Nos quedamos en la calle y vamos a tener que comer de la basura. No podemos soportar este atropello”, dijo uno de los trabajadores cara a cara con el jefe del operativo.
Y agregó: “Nos echan con un papelito en la puerta. Nada, los mandaron los correos de un día para otro. A las 6 de la mañana empezaron los avisos. No podemos resistir así esta situación. Nos negamos a comer de la basura. Por eso tenemos que estar acá todos los trabajadores en un paro activo para voltear esta reforma esclavista de mi ley y de las grandes patronales, como ya lo está demostrando los que lo están haciendo en Fate”, sumó en plena tensión.
“Estamos reclamando porque está cerrada la FATE, es una violación a los derechos incluso constitucionales. Estamos haciendo valer el derecho a la protesta, porque imagínate que 900 familias en la calle sin el pan para sus hijos, un día donde se está votando justamente leyes que son totalmente anticonstitucionales”, se quejó uno de los manifestantes.
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POLITICA
Abogados objetan la ley de reforma laboral porque afecta su patrimonio y sus honorarios

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal objetó el proyecto de ley de reforma laboral en cuanto afecta su patrimonio, dispone el pago de la indemnización en cuotas y limita el pago de las costas.
La entidad, en una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su preocupación porque dice que la reforma debe ajustarse a los límites de la Constitución y los tratados internacionales.
Los abogados se quejaron de los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, al afirmar “que afectan de manera directa al ejercicio profesional de la abogacía”.
El artículo 20 prevé que el abogado laboralista tenga que pagar las costas del juicio con su propio patrimonio si el juez considera que el reclamo fue una “pluspetición inexcusable”.
Es decir, si el trabajador reclama una “sobreestimación inexcusable”, la norma propone hacer responsable también al abogado por las costas.
“La ambigüedad de cuándo estaríamos frente a una pluspetición inexcusable implica introducir un riesgo patrimonial directo para el y la profesional actuante”, dice la carta.
Ya hay otras normas que sancionan la temeridad o malicia del abogado, pero introducir este cambio supone “una discriminación no aceptable para los laboralistas en comparación con el ejercicio profesional en otras ramas del derecho”, añadieron desde el Colegio Público.
“Parecida situación presenta el texto proyectado del artículo 277 que establece −diferencialmente− la posibilidad de pago en cuotas de las sentencias condenatorias recaídas en juicios laborales, incluyéndose en la previsión legal a créditos de los trabajadores y honorarios de sus abogados y abogadas, todos ellos de naturaleza alimentaria”, observaron.
“Contrariando los principios y normas de Derecho del Trabajo que establecen privilegios para el cobro de créditos de índole laboral, se establece una categoría de acreedores en situación desventajosa respecto de aquellos que obtienen sentencias favorables en otros procesos”, puntualizaron.
Por otra parte, también criticaron la posibilidad de pagar la indemnización en cuotas, “lo cual −en virtud del principio de gratuidad establecido por el artículo 20 de la Ley 20.744− se traduce en una directa limitación al derecho de percepción de honorarios por parte de abogados y abogadas, desalentando el ejercicio profesional en la materia”.
Por último, la misiva reconoció que “aun cuando podría ser deseable la introducción del ‘stare decisis’ en nuestro derecho respecto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no resulta razonable hacerlo exclusivamente para los jueces que decidan conflictos laborales”.
Por su parte, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) consideró que el acuerdo para la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye un paso institucional necesario para completar el mandato constitucional de autonomía previsto en el artículo 129 de la Constitución Nacional.
“A casi treinta años de la reforma de 1994, resulta imprescindible avanzar en la adecuación del mapa judicial argentino para fortalecer la coherencia federal y mejorar la calidad del servicio de justicia”, indicaron.
“Desde una perspectiva sistémica, la superposición de jurisdicciones nacionales y locales en un mismo territorio ha generado ineficiencias, incertidumbre competencial y dificultades en la planificación institucional”, agregaron, para señalar que la reforma aportará “seguridad jurídica”.
“Fores exhorta a todos los actores del sistema judicial (magistrados, funcionarios, empleados, colegios profesionales y autoridades políticas) a dejar de lado cualquier lectura coyuntural y colaborar activamente en la implementación técnica, prolija y racional del traspaso. El Poder Judicial debe estar a la altura de las circunstancias”, concluye la entidad.
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Régimen Penal Juvenil: libertarios buscan dictamen en el Senado y dialoguistas miran la letra chica

La frenética agenda de las sesiones extraordinarias continúa sin freno en el Senado, que buscará dictaminar esta tarde y dejar listo para el recinto la iniciativa que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El tema será tratado, desde las 14.30, por el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
El proyecto fue aprobado la semana pasada por Diputados, con votos del oficialismo libertario y bancadas dialoguistas que, al comparar con la Cámara alta, previsualizan una eventual sanción de la ley la semana próxima. No obstante, tras la mini crisis generada por el propio Gobierno con la reforma laboral, al menos dos bancadas aliadas deslizaron en las últimas horas que si bien acompañarán esta tarde con sus firmas en el plenario de comisiones, reclamarán precisiones sobre la letra chica del texto.
“Hay algunos puntos que, por ahora, no están del todo claros. Vamos a firmar mañana -en referencia a hoy- el dictamen, pero no queremos que pase lo de la reforma laboral y si no se resuelven los interrogantes hasta el día de la sesión, ya sea con un reaseguro preciso y anticipado en la reglamentación, evaluaremos los pasos a dar”, manifestaron a Infobae desde un despacho de peso. Bajo esta premisa no sería extraño que, en el encuentro de hoy, algunos avales sean en disidencia.
El nuevo Régimen Penal Juvenil no sólo baja la edad de imputabilidad a los 14, sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.
Por otra parte, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.
Durante el debate en el recinto de la Cámara baja, la diputada libertaria -y miembro informante- Laura Rodríguez Machado (Córdoba) señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni da respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.
Guiño a embajador político
La comisión de Acuerdos del Senado analizará -desde las 11- el pliego del exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador -político- en Bélgica y la Unión Europea. En caso de luz verde -se esperan dardos de todo tipo desde el kirchnerismo-, también quedará listo para la semana próxima. La presidencia de este Cuerpo iría para el mileísta Juan Carlos Pagotto, quien ya comanda la de Justicia. Esto representa un inconveniente reglamentario.
Con la sesión preparatoria del martes 24 de febrero, los estrategas de la Cámara alta ya prevén dos convites más para el recinto: el jueves, con Iglesias, Régimen Penal Juvenil y -quizá- la ley de glaciares. La agenda en cuestión fue consensuada entre oficialismo y dialoguistas durante la mañana de ayer, en una reunión virtual.
En tanto, para el viernes quedaría la reforma laboral, siempre y cuando Diputados la modifique entre hoy y la madrugada de mañana y regrese, en segunda revisión, antes de un plenario ya convocado para las 10 de este viernes en el Senado. Esto agita el siempre denostado vicio del “rodillo parlamentario” con el que el kirchnerismo, en sus diversos gobiernos, se cansó de romper récords. No obstante, es el peor camino a imitar y será, de mínima, desprolijo. El otro tema será el convenio entre el Mercosur y la Unión Europea.
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