Con la reforma laboral en vigencia, un nuevo capítulo se abre en el mercado de trabajo argentino, en medio de una disputa creciente entre el Gobierno y el sector industrial por el rumbo de la economía. Mientras el oficialismo defiende la apertura económica y cuestiona el modelo productivo anterior, los empresarios reclaman un período de transición para adaptarse al nuevo escenario.

La ley, aprobada por el Congreso hace el viernes 27 de febrero, comenzó a regir desde el momento en que fue publicada en el Boletín Oficial. Desde entonces, se aplica tanto a los nuevos contratos laborales como a los ya existentes.

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Sin embargo, la implementación inmediata de la norma deja una incógnita relevante: qué jueces serán los encargados de aplicarla. Los jueces laborales nacionales dejaron de recibir nuevas demandas, mientras que el fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires todavía está en etapa de creación. Además, aún falta la reglamentación de algunos aspectos de la reforma.

El Gobierno considera que la modificación del régimen laboral es una condición necesaria para fomentar la creación de empleo. Pero dentro del propio debate económico se reconoce que la reforma por sí sola no garantiza ese resultado. El factor decisivo seguirá siendo el nivel de actividad económica.

Ese punto está en el centro del conflicto entre la Casa Rosada y el sector industrial. La tensión quedó expuesta durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando el presidente Javier Milei calificó a algunos empresarios de “prebendarios”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó esa línea de argumentación. En distintos planteos públicos hizo una defensa del libre mercado y reiteró que el Gobierno mantendrá la política de apertura económica.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) respondieron con un posicionamiento defensivo del sector. Los industriales sostienen que el Estado debe acompañar el período de transición que implica pasar de un modelo económico cerrado a otro más abierto.

Caputo, por su parte, afirma que el Gobierno acompañará a aquellas industrias que estén dispuestas a competir. Pero al mismo tiempo sostiene que el país no tiene hoy un modelo industrial que valga la pena preservar porque, según su visión, no es suficientemente potente ni genera empleo.

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Debajo de ese malestar oficial con el empresariado también aparece otro desacuerdo de fondo. En el Gobierno creen que parte del sector industrial impulsa una devaluación y se opone a la política de dólar barato que adoptó la administración de Milei.

Los industriales rechazan esa interpretación. Señalan que no pretenden volver al esquema económico anterior, pero advierten que la transición hacia una economía más abierta implica un proceso de normalización complejo.

Según explican, el modelo actual ya no depende de la emisión monetaria ni del gasto público para sostener la actividad. En ese nuevo escenario, las empresas consideran que el desafío pasa por reducir costos —algo que describen como difícil debido al peso de los impuestos— y lograr un abaratamiento del crédito para la producción y el consumo, que todavía se mantiene en niveles elevados.

La interna por el control de Justicia

Mientras la discusión económica dominó el plano público durante la semana, en el terreno político el foco estuvo puesto en la interna dentro del Gobierno por el control del Ministerio de Justicia.

La disputa entre Santiago Caputo y Karina Milei terminó resolviéndose a favor de la hermana del Presidente. El nombramiento de Santiago Viola como nuevo secretario de Justicia reflejó ese desenlace: Viola, apoderado de La Libertad Avanza, conoce a Karina Milei desde la campaña electoral. Además, fue quien acercó al actual fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques al primer círculo de poder del oficialismo.

El anterior secretario de Justicia, Sebastián Amerio —alineado con Santiago Caputo— es considerado dentro del Gobierno como un funcionario con capacidad técnica. Por ese motivo le ofrecieron ocupar la Procuración del Tesoro.

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El actual titular de ese organismo, Santiago Castro Videla, está siendo evaluado como posible candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia.

En paralelo, el frente judicial también tendrá novedades en los próximos días. La semana próxima el juez Diego Amarante indagará al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al dirigente Pablo Toviggino.

El magistrado investiga si ambos cometieron un delito al no entregar al Estado, dentro del plazo legal, los aportes que la Asociación del Fútbol Argentino había retenido a sus empleados y jugadores. Según fuentes del expediente, el juez parece inclinado a procesarlos. De todos modos, la definición final del caso dependerá del avance de la causa, que continúa abierta.

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Con la mente en las elecciones del 2027, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ideó un plan para que las regionales provinciales de La Libertad Avanza puedan dar lugar a la formación de referentes que se conviertan en futuros dirigentes políticos del espacio y defiendan las ideas de Javier Milei. Con algunas experiencias en funcionamiento, las autoridades nacionales trabajan en la unificación de criterios para centralizar el objetivo partidario.

Bajo esa premisa, la referente porteña, Pilar Ramírez, anunció recientemente la organización de lo que denominó “Escuela de Dirigentes”, que funciona con otra metodología en varias provincias. “Nuestro modelo de Ciudad exige cuadros bien formados“, argumentó la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña a través de su cuenta de X, luego de una reunión organizativa con la titular de La Libertad Avanza.

Según supo Infobae de fuentes partidarias, la Ciudad de Buenos Aires motoriza el diseño de una instancia formativa, con la participación de varios integrantes del Poder Ejecuivo, para “crear una comunidad” que nuclee e integre a personas que se referecian con el espacio.

Asimismo, se abrirá un canal de capacitación, con actividades formativas y sociales como charlas, debates y cursos en los que participen ministros y referentes que permitan moldear el perfil “anti casta” de los militantes y nutrirlos del lineamiento ideológico. El proyecto en el que trabajan los equipos que responden a la legisladora podría estar listo a mitad de año y apunta a robustecer las filas violetas en la previa al desafío de competir por la Ciudad.

En Buenos Aires, el diputado y armador libertario, Sebastián Pareja, impulsó la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, fundada por la legisladora Miriam Niveyro, y con sede en distintos puntos de la provincia. “Esta institución desarrolla el pensamiento crítico de ideas comprometidas con los principios del liberalismo; los mismos promueven el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada”, reza la página web de la entidad que dirige académicamente Fernanda Coitinho y que funciona desde hace cinco años con intención de “educar a la ciudadanía”.

Algo similar ocurre, de manera artesanal, en el interior del país en provincias como Córdoba, La Rioja y San Juan, con las particulares que cada regional le imprime a la dinámica.

Ante este escenario, las autoridades nacionales del sello buscan unificar criterios y centralizar la metodología para ordenar las instancias formativas a las que someterán a la militancia, pero también a quienes quieran acercarse. “Todo partido en formación tiene la obligación de hacerlo”, reveló una importante fuente de La Libertad Avanza a Infobae.

“La idea es retomar experiencias de las provincias y centralizar criterios después del 20 de marzo”, sostuvo una fuente del ecosistema libertario.

Es que detrás de la necesidad de elevar el nivel de los referentes del partido se esconde la determinación de ampliar la representación a nivel nacional rumbo al 2027 por lo que este año apostaran a reforzar la presencia en el interior. Atentos a la posibilidad de que los gobernadores desdoblen las elecciones, en las filas libertarias prometen que atenderán las alianzas trazadas, pero anticipan que de anticipar los comicios competirán con los propios en todos las provincias sin importar el sintonía con los gobiernos provinciales. “Si adelantan, tenemos obligación de presentar listas”, afirmó una voz al respecto.

Pasados los primeros dos años de gestión, y luego de haber conquistado la personería jurídica, La Libertad Avanza vio validada en octubre la estrategia que lleva el sello de Karina Milei y la colaboración del titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del espacio, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

“La demostración de octubre es que la gente sigue confiando en la marca por eso tenemos que trabajar para potenciarla y llevar el modelo de Milei a todos lados”, argumentó a este medio un dirigente del espacio.

Pasada la primera reunión partidaria convocada por la menor de los Milei, en la que los referentes provinciales se llevaron el mandato de impulsar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todas las legislaturas, en la mesa nacional maduran la posibilidad de repetir una vez por mes las reuniones con las autoridades provinciales del partido para mantener aceitada las instancias de debate internas.

En paralelo, el Poder Ejecutivo tiene entre su lista de prioridades el envío al Congreso de una reforma política que modifique el sistema de votación actual. Para eso, aspiran a eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el régimen de partidos políticos, entre otros puntos.

Ante la ofensiva judicial lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la entrada en vigencia de la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei se prepara para sostener la norma en los tribunales. Aunque el Ministerio de Justicia se encuentra en pleno recambio de autoridades, el Ejecutivo había planeado semanas atrás el despliegue de un equipo legal dedicado exclusivamente a contrarrestar los recursos judiciales que buscaran bloquear la aplicación de la nueva legislación, especialmente en lo relativo al traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La CGT presentó un amparo ante el Juzgado Contencioso número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, con el objetivo de declarar la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos que habilitan el traspaso del fuero laboral. La central sindical argumenta que la medida, incluida en la ley sancionada durante las sesiones extraordinarias, no cumplió los requisitos constitucionales y advierte sobre el posible colapso judicial y la incertidumbre laboral para empleados y funcionarios judiciales. La CGT planea sumar más presentaciones cautelares en tribunales de primera instancia y en el fuero laboral.

En paralelo, la administración nacional anticipa que la judicialización del tema es inevitable. Según fuentes consultadas por Infobae, el Gobierno pone toda la responsabilidad en el nuevo equipo del Ministerio de Justicia, con Juan Bautista Mahiques como su flamante titular. “La estrategia depende de ellos, principalmente, aunque va a seguir habiendo coordinación”, afirmaron desde la anterior administración ministerial.

Aun así, por las particularidades del asunto, la sostenibilidad de la reforma laboral depende de la confluencia de distintas áreas del Gobierno. Además de la nueva conformación de Justicia, adquiere importancia la Procuración General del Tesoro, que engloba a los abogados del Estado, y que hoy anunció que su nuevo titular será el exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Antes de que se produjera el recambio en la cúpula ministerial, la estrategia trazada por la Casa Rosada también involucraba a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, liderada por María Ibarzabal Murphy. En ese entonces el equipo estaba coordinado bajo la órbita de Santiago Caputo, asesor presidencial. Semanas atrás, desde despachos afines habían marcado: “Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte”.

Entre los puntos más conflictivos identificados por el oficialismo, y que se esperan como eje de futuras demandas, se encuentran la prioridad otorgada a los convenios de empresa sobre los nacionales, la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos, y la redefinición del cálculo de indemnizaciones. Además, la decisión de transferir la Justicia del Trabajo a la CABA genera tensiones institucionales, ya que la disputa por el control de los tribunales laborales se arrastra desde la reforma constitucional de 1994. El Gobierno, a través del Decreto 95/2026, autorizó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar los acuerdos de traspaso, un punto que la CGT estima irregular por la falta de intervención de la Comisión Bicameral.

El conflicto no solo involucra a los sindicatos y al Ejecutivo. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó cuestionamientos al tratamiento legislativo, mientras que funcionarios porteños, como el procurador de la Ciudad, Javier Martínez Zabaleta, manifestaron la voluntad de que la transición del fuero laboral sea ordenada.

Desde el entorno de Milei apuestan a que la reforma superará el test judicial, confiando en antecedentes de la Corte Suprema que avalaron la reorganización del fuero laboral porteño. Uno de los involucrados en la estrategia había asegurado a Infobae: “Van a intentar discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder”.

Mientras tanto, la CGT mantiene su ofensiva sindical, con movilizaciones y la amenaza de nuevos paros. El Gobierno insiste en que la modernización laboral “es irreversible”. “Juan Bautista [Mahiques] llegó hace muy poco tiempo, pero ya está en autos de que s un tema de especial prioridad para el Presidente“, comentó una fuente de acceso directo al despacho de Milei.

En ese mismo plano, Mahiques tomaría la decisión en los próximos días de llamar a veedores para que estén presentes en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “No vengo a tapar ninguna investigación“, ratificó ante LN+, debido a los contactos que ha tenido en el pasado con las autoridades del ente que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Una fuente de la mesa política afirmó esta tarde a Infobae que “el Gobierno va a seguir haciendo lo que tiene que hacer para investigar a esa manga de delincuentes, pero siempre en el marco de la ley”.

En ese sentido, marcó que está a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): “No es que yo las valide. Hay una causa judicial en trámite que la Corte Suprema tiene que resolver por las SAD. Yo estoy a favor. Me gustaría que cada club elija si quiere tener eso o no. Que los clubes tengan la posibilidad, a traves de sus socios, si quieren ser una SAD o no. Me parece mal que la AFA les quite esa posibilidad o no”.

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