El Tribunal Oral Federal 7 retomó hoy las audiencias del juicio de la causa Cuadernos, con una nueva ronda de indagatorias a empresarios arrepentidos acusados de haber pagado coimas entre el 2003 y 2015.

La mayoría de los convocados se negó a ampliar sus declaraciones previas, mientras que uno de ellos, Jorge Balán, admitió aportes a la campaña oficialista, aunque negó que fueran a cambio de favores específicos.

“Roberto Baratta me pidió que hiciera un aporte para la campaña del oficialismo. Sí o sí debía aportar, no me pidió monto ni nada. Decidí hacerlo, fue una decisión mía”, dijo el titular de Industrias Secco. También especificó que no cuenta con un recibo por el dinero aportado y que no recibió beneficios por eso.

Luego de Balán, Julio Daniel Álvarez, exasesor del secretario general de la Presidencia, aceptó declarar, aseguró que es inocente y adelantó que responderá preguntas de las partes.

Al inicio de la audiencia, se negaron a declarar Benjamín Romero, titular de Hidrovía SA; Hugo Dragonetti, de Panedile; Rodolfo Poblete y Adrián Pascuchi. La misma postura habían adoptado en la jornada anterior Angelo Calcaterra y Aldo Roggio.

Por otra parte, las defensas de varios exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, plantearon objeciones a la incorporación como prueba de las declaraciones previas de los arrepentidos, argumentando que sin posibilidad de contrainterrogatorio se vulnera el derecho de defensa.

La causa se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones detallaban un mecanismo sistemático de cobro de coimas a empresas a cambio de la adjudicación de obras públicas durante más de una década.

Hasta el momento, la mayoría de los empresarios arrepentidos decidieron no declarar y eso generó tensiones entre las partes. Las defensas insisten en la necesidad de confrontar esos testimonios, mientras que la acusación busca sostener la validez de las pruebas recolectadas durante la etapa de instrucción.

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La acusación sostiene que Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.

Cuadernos de la coima, Justicia, Comodoro Py

Las audiencias del juicio a personas ligadas al exlegislador entrerriano serán un anticipo de su futuro. La jueza Sandra Arroyo Salgado decidió hace unos días remitir a juicio en forma parcial la investigación. Kueider será un protagonista ausente en la historia.

El exsenador y su pareja, Iara Guinsel, permanecerán fuera del proceso por razones materiales y formales.

Los que estarán en el banquillo serán dos de sus socios y supuestos testaferros. Se trata de Daniel González, alias «Gonzalito» o «Pajarito», y de su primo, Javier Rubel. Ambos formaron parte de Betail SA.

El fiscal Federico Domínguez y Arroyo Salgado coincidieron en calificar a esta firma como una «fachada». Su fin sería encubrir el presunto incremento patrimonial de Kueider mediante fondos provenientes de la corrupción. Así se lee en el documento fechado el 17 de marzo al que tuvo acceso Infobae.

Estas acciones habrían incluido la compra de departamentos en un edificio de lujo en Paraná. Según la investigación, para blanquear esta operación apelaron a falsificar préstamos entre ellos y con una financiera y a fraguar balances de Betail. También habrían adquirido vehículos. Uno sería la Chevrolet Trailblazer en la que viajaban Kueider y Guinsel cuando fueron detenidos en el puente De la Amistad.

González y Rubel enfrentarán el lavado de activos con agravantes. La investigación consideró que este delito se cometió con habitualidad y que ambos formaron parte de una banda para ejecutarlo. Asimismo, puso en la balanza que habrían intervenido funcionarios públicos. Además, se les imputó uso de instrumento privado falso. A Rubel se le sumó haber falsificado un balance.

El segundo escalón

Otro imputado importante es José Carlos Noguera. Es el contador porteño cuyo estudio, según subrayó Arroyo Salgado, habría sido el “epicentro de la operatoria delictiva”. Allí “se gestionaban y gravitaban las principales maniobras de maquillaje emprendidas por la organización”. En el lugar se preparaba “la documentación que resultó ser falsa o adulterada”, detalló la magistrada.

Nogueras enfrentará los tres cargos: lavado de activos agravado, balance falso y uso de documento público fraguado. También está comprometida su esposa, Gabriela Patricia Saint Pierre. Ambos aparecen como directivos de Lectus SA y de Felsir Biotecnologia SRL. Ambas firmas figuran fondeando la cuenta bancaria con la que Guinsel atendía los gastos de los departamentos de Betail y atribuídos a Kueider.

El contador también arrastró en la causa a la empleada de su estudio, Débora Ferreyra. Ella era la responsable del trato con Rubel y de llevar los papeles de Betail. También deberá defenderse de los tres cargos.

Saint Pierre no es la única pareja comprometida. «Gonzalito» involucró a la suya. Se trata de la abogada Adriana Crucitta. Ambos eran socios de Peninsular Sudamericana SAS. Al igual que Lectus y Felsir, la firma fondeaba a Guinsel para pagar los gastos de los departamentos. Crucitta está acusada de lavado de activos agravado.

El cuadro lo completan las empresas Lectus SA; Felsir Biotecnológica SRL; Vijusa; Industrial Argentina SA; Nopor Service SA y Vía SNP Logística. Todas, según la investigación, habrían tenido participación en la maniobra de ocultamiento del origen ilícito de los bienes de Kueider. La acusación a personas jurídicas por su responsabilidad penal en el lavado es algo reciente en Argentina.

¿Por qué Kueider no aparece en esta instancia?

El exsenador está en Paraguay con Guinsel bajo arresto domiciliario. Allí serán juzgados el 20 de abril por tentativa de contrabando. Es la causa que se montó cuando se los detuvo intentando ingresar con USD 200 mil sin declarar. Una vez que el trámite esté resuelto, la Justicia del país vecino podrá extraditarlos.

Pero, además, existe un conflicto de competencia entre el Juzgado Federal de San Isidro y el de Garantías de Concordia. Ambos se arrogan la potestad de investigar al exsenador. El diferendo llegó a la Corte Suprema de Justicia el año pasado. El expediente fue a la Procuración General para dictamen. Está en las oficinas de Eduardo Casal desde el 5 de noviembre de 2025.

Una vez que se conozca la opinión fiscal, que no es vinculante, la Corte deberá zanjar el diferendo por uno u otro Tribunal. San Isidro ha sido, por lejos, el más activo. La elevación a juicio de los supuestos cómplices de Kueider es una prueba de eso. Si llega a este estrado, el camino está pavimentado.

“Compromete los más altos intereses de la República”

Casi al cierre del documento, Arroyo Salgado dejó sentada una apreciación sobre la relevancia del caso que elevó a juicio. “La gravedad institucional de los hechos investigados no puede ser soslayada. La presente causa involucra la investigación de maniobras de lavado de activos presuntamente cometidas en el marco de la actividad de un ex Senador Nacional”.

Estas acciones se dieron en “un contexto que compromete los más altos intereses de la República en materia de transparencia pública y lucha contra la corrupción”. Luego, citó los compromisos internacionales tomados por la Argentina en la materia y estimó que se trata de “obligaciones que este Tribunal no puede desatender”.

El fiscal Delgado, en tanto, evaluó que los fondos ilícitos que Kueider habría lavado están relacionados con pagos de coimas. Los sobornos habrían corrido por cuenta de la empresa Securitas. El objetivo: quedarse con contratos de seguridad privada. En Entre Ríos, esa operación involucró a Enersa, la distribuidora eléctrica estatal. Kueider, repasó el funcionario judicial, fue “el representante de las acciones” del Estado en la empresa. Además, consignó que el exsenador “habría mantenido contactos con los imputados Marcelo y Claudio Tortul”. Se trata de empresarios paranaenses vinculados a la operatoria de Securitas.

“Hay fundadas sospechas de que los fondos convertidos y colocados por la asociación investigada son de procedencia espuria, ya que existen indicios suficientes para suponer, en virtud de la tipología de maniobras realizadas y sus fechas de concreción, una directa vinculación con los pagos indebidos realizados entre principios de 2017 a abril de 2019 por la asociación ilícita conformada por los ex directivos del grupo empresarial Securitas”, precisó Delgado.

Luego, remarcó que los videos en los que se ve a Kueider contando plata en su despacho también son contemporáneos a esos pagos. Por ello, razonó, constituyen un “importante indicio” del delito precedente al lavado de dinero.

En medio de las investigaciones judiciales que lo tienen como protagonista, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado este martes a viajar fuera del país. La medida, que regirá desde este miércoles, le permitirá trasladarse a Paraguay, Ecuador y Canadá para participar de reuniones de la Conmebol y la FIFA.

La medida fue autorizada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien la semana pasada procesó al titular de la Asociación del Fútbol Argentino en la causa que lo investiga por presuntamente no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales.

En ese contexto, Tapia tiene la prohibición de salir del país y debió solicitar autorización, que finalmente le fue otorgada por el magistrado.

Así, el dirigente de AFA estará entre este miércoles y el viernes en Luque, Paraguay, mientras que del 23 al 26 de abril se encontrará en Quito, Ecuador.

Los viajes de Tapia al exterior en medio del avance de sus causas judiciales

De acuerdo a la solicitud, los viajes serán para participar de la reunión de trabajo vinculada a los “Fondos Evolución” y del Congreso Ordinario N° 82 de Conmebol, entidad de la que Tapia es vicepresidente.

Luego, el dirigente viajará del 29 de abril al 1° de mayo a Vancouver, Canadá, para asistir al 76° Congreso de la FIFA en la previa del Mundial que tiene como sede al país del norte junto con Estados Unidos y México.

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De acuerdo al juez Amarante, “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas”. No fue así la última vez, cuando el mismo magistrado impidió la salida de Tapia del país. En aquel entonces, el magistrado señaló que el titular de AFA había pedido tener abierto un plazo de 60 días por viajes sin destino.

En esta oportunidad, Tapia acompañó su solicitud con las invitaciones a los eventos mencionados y los correspondientes lugares donde se alojará. También indicó que el viaje a Paraguay lo hará en un avión privado de a empresa Baires Fly, compañía bajo investigación por presunta facturación falsa en la causa por sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que conducía Diego Spagnuolo.

En ese contexto, Amarante señaló que “la petición aparece acotada, concreta y susceptible de control” y que “no interfiere con ningún acto procesal pendiente que requiera su presencia”. A su vez, el juez fijó una caución de 30 millones de pesos que ya está depositada por sus anteriores viajes.

El frente judicial: la gran preocupación de Tapia

En el mientras tanto, la máxima autoridad de la AFA recibió este martes una mal noticia en el frente judicial. Pese a un recurso presentado por el dirigente, la Cámara en lo Penal Económico decidió ratificar la vigencia de la causa en su contra por supuestas irregularidades en el manejo de tributos y aportes a la seguridad social.

La investigación, impulsada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca determinar si existió una evasión de 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

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Por ese motivo, tanto Tapia como el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; el gerente general del orgnaismo, Gustavo Álvarez; el secretario general, Cristina Malaspina; y el exsecretario general Víctor Blanco fueron procesados la semana pasada.

Los delitos que se les imputan son la apropiación indebida de tributos agravado y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado.

Claudio Tapia, AFA, FIFA