Una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, apareció en la ruta del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta mujer figura a cargo de Tronador Import Export LLC, una de las empresas pantalla que fueron utilizadas para desviar los fondos que administraba TourProdEnter, representada por el exlegislador del Frente Renovador, Javier Faroni. Esa firma, que recibió US$2,4 millones entre 2024 y 2025, se registró en la misma dirección que otras sociedades sospechosas: un edificio de alquiler de oficinas en la calle Ives Dairy Road, a diez minutos del Aventura Mall. En total ya son diez empresas que absorbieron casi US$57 millones y, el mecanismo sobre managers que no están al tanto de los giros que perciben sus compañías se repite, según surge de documentación judicial, comercial y testimonios obtenidos por .

La historia de las 10 empresas “pantalla” incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelación de , no regresó a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoración, a solo 200 metros; dos empresas “gemelas”; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales. Ahora, la nómina sumó a una jubilada que vive en un edificio de Palermo: Marcela Koldobsky.

Según los registros comerciales del estado de Florida (Estados Unidos), esa mujer es mánager de Tronador Import & Export LLC. Los documentos obtenidos por la Justicia norteamericana y que todavía deambulan entre jueces y fiscales argentinos indican que TourProdEnter le transfirió US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank.

Son catorce transferencias. Las más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.

contactó a Koldobsky, quien respondió algunas preguntas en una primera comunicación.

– ¿Usted efectivamente forma parte de esa empresa (Tronador Import Export LLC)?

-Sí, pero no te puedo dar más información. Yo te voy a pasar con la persona que te va a informar. No hay ningún problema con esa empresa, prefiero que te hable la persona que está encargada.

-¿Conoce a TourProdEnter?

-No, yo a TourProdEnter no la conozco. O sea, ni se a qué se dedica. Yo no tengo contacto con TourProdEnter.

Al día siguiente de ese diálogo, este medio volvió a contactar a Koldobsky al mismo número de teléfono pero la jubilada se hizo pasar por otra persona: “En este momento ella (en presunta alusión a Koldobsky) no está, salió a hacer unas cosas y dejó el teléfono”.

El caso de Tronador muestra un patrón en común con otras sociedades “fantasma” como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compañía recibió US$14,9 millones desde TourProdEnter. ¿Usted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consultó a fines de diciembre. “No, no, eso no es correcto. Esa sociedad ya no está”, respondió sorprendido.

En ambos casos, se trata de argentinos que fueron responsables de empresas radicadas en Miami, no pudieron brindar información completa, y negaron conocer a la firma intermediaria de la AFA que les transfirió el dinero.

envió consultas a representantes de AFA y de TourProdEnter, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas. Al comienzo de la investigación, la entidad presidida por Claudio Tapia había indicado en un comunicado que su vínculo con la firma de Faroni estuvo sometido al “análisis de distintos Tribunales tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”. En paralelo, TourProdEnter se definió como una empresa privada “que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen”.

En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette, figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias, pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, también autorizó pagos millonarios, y hasta derivó fondos hacia otras sociedades que utilizó para comprar un club de fútbol en Italia.

Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que saltó a la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández. Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidió crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte, Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.

¿Por qué llegó Faroni a administrar la fortuna de la AFA? Todavía es un misterio.

Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en común con las empresas sospechosas. Su dirección, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road, ya había aparecido desde el primer día de la investigación. Ahí también registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC, tres compañías que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos días después de la primera revelación de , según consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.

Tronador había sido creada en junio de 2024 por una empresa denominada MMXVII Consulting LLC, con oficinas en Weston (Florida). Recién en septiembre apareció Koldobsky en los papeles. Ante el silencio de la jubilada, contactó varias veces al agente registrador, Ian Perchick, pero se escudó en cuestiones legales. “Por ley no podemos compartir información sin expresa autorización y consentimiento de los dueños”, respondió hace unas semanas. Nunca más contestó los mensajes.

La lista de sociedades en ese edificio de “oficinas virtuales” no se agota. La investigación primero detectó a W Trading, que absorbió US$2,3 millones en transferencias de TourProdEnter. Matías Fernandez aparece como su manager, un hombre de 45 años, que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y hasta beneficiario de una AUH. Luego, se hallaron los giros de dinero hacia Mafer Trading LLC (US$1,5 millones), también de Fernández. Sus iniciales conforman al nombre de la empresa (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández).

Otras tres empresas ligadas a las AFA utilizaron la suite 450 de un edificio en 8333 NW 53 Street, donde también se alquilan oficinas por hora. Allí se registraron las sociedades Seriva, Delker e Ikane. Los giros de TourProdEnter a esas tres firmas coinciden en cuatro fechas, del 1 al 4 de abril de 2024. En ocasiones fueron casi simultáneas, con diferencia de sólo algunos minutos. Por ejemplo: 1 de abril, a las 10:46 fue el turno de Ikane; a las 10:49, el de Delker; y a las 10:51, el de Seriva. En total, recibieron US$6,4 millones.

Las empresas “fantasma” de Miami fueron el primer eslabón de maniobra. El dinero luego quedaba en manos de un grupo reducido de financistas y aterrizaba en Buenos Aires a través de una operación conocida como “cable”. De este modo, entraron en escena “cueveros” como Diego Pasztor quien coordinaba el delivery de billetes con Juan Pablo Beacon, la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

“B día Juan Pablo. Tengo para darte 830. Tipo 14 hs paso. Donde Siempre?”, le escribió Pasztor a Beacon el 9 de agosto de 2021. El abogado contestó al instante: ”Dale hmno. Si, donde siempre, en Lavalle». Todo indica que eran 830.000 dólares. En esa oficina, en Lavalle 1718, fueron grabados los videos de la “Rosadita de la AFA”, en alusión a la financiera donde se contaba el dinero del empresario Lázaro Báez.

El circuito, a plena luz del día, terminaba en un domicilio vinculado a Toviggino. El delivery se hacía en cajas de vino, bolsas, o mochilas, según revelan las fotos y videos obtenidos por este medio. Se sospecha que ese dinero provenía de los desvíos de la AFA y tenía una parada intermedia en la oficina de Beacon. En ese lugar se hacía el recuento y salían los paquetes rumbo a Montevideo y Quintana.“Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino, según el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentación.

Los jefes de la AFA apuestan por estas horas a una maniobra para acumular todas las causas en el juzgado de Adrián González Charvay, en Campana. Todas las miradas están puestas en la Cámara de Casación, que llamó este lunes a una audiencia clave, y en Juan Pablo Beacon, que amaga con “arrepentirse” ante la Justicia.

Con la colaboración de Ricardo Brom.

Con la llegada del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el gobierno reconfiguró su agenda reformista: dejó atrás la idea de presentar un nuevo Código Penal, con cambios de alto impacto político y social, para avanzar con ajustes parciales.

En esa reformulación aparecieron cambios significativos. Por ejemplo, se reducirían las penas para funcionarios condenados por delitos de corrupción.

También se elevaría el piso para los delitos de lavado de dinero a 5000 millones de pesos (unos 4 millones de dólares).

Se eliminaría, además, el capítulo que aparecía en la reforma sobre genocidio y delitos de lesa humanidad que estaba y desparecería o se debilitaría el castigo para los delitos contra el medio ambiente, según dijeron a fuentes con acceso al nuevo borrador.

Los cambios resultan sustanciales y alteran el espíritu original de las reformas que fueron trabajadas por una comisión de juristas y luego revisadas por el exministro Mariano Cúneo Libarona y la hoy senadora Patricia Bullrich.

El texto que había elaborado aquella comisión de expertos, coordinada por el juez Mariano Borinsky, sufrió luego nuevas modificaciones cuando pasó por las manos de Cúneo Libarona y Bullrich, pero ahora tendrá la impronta del nuevo ministro Mahiques.

Estos cambios están alineados con los deseos de Javier Milei que la semana pasada traabajó en la Quinta de Olivos los ajustes con el ministro Mahiques y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

El texto que se analiza ahora plantea una nueva condición objetiva de punibilidad del lavado de dinero, es decir, un criterio que debe cumplir para ser considerado delito.

La ley de 2024 fijó el piso para perseguir el lavado en 150 salarios mínimos, unos 52 millones de pesos. Por debajo de esa cifra quedan exentos de investigación.

Ahora se analiza elevar ese número a 5.000 millones de pesos, lo que impediría perseguir importantes casos en trámite.

Según pudo saber , Mahiques se abocó en las últimas semanas a la tarea de una revisión pormenorizada de los cambios a presentar en el Congreso. El eje ordenador de los ajustes ya no sería librar la “batalla cultural” sino avanzar sobre lo seguro: agravamiento de penas y nuevos tipos penales.

En cambio, el oficialismo abandonó por ahora la idea de volver a penalizar el aborto, eliminar la figura de femicidio -que establece la pena máxima para el hombre que asesine a una mujer por cuestiones de género- y declarar como imprescriptibles a los delitos de corrupción.

“Iba a ser una guerra absoluta”, evaluó un referente libertario sobre la idea original, que finalmente quedó en pausa.

El nuevo criterio, que se inauguró con el desembarco de Mahiques y su viceministro de Justicia, Santiago Viola -en reemplazo de Sebastián Amerio, aliado de Santiago Caputo-, se afinca en la idea de avanzar con pasos firmes. “Cambiar las cosas, no polemizar en X”, sintetizan.

“No se va a enviar nada que no se haya revisado”, aseguró a una encumbrada fuente ministerial. La semana pasada, el ministro de Justicia se reunió con los tres magistrados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Tras ese encuentro se confirmó que el ministro hará consultas con el máximo tribunal sobre los ajustes del Código Penal y elevará un informe al presidente Javier Milei antes de su presentación formal.

El mismo principio rige para los pliegos judiciales que se enviarán al Senado. Se avanzará con aquellos que hayan sido revisados y presenten mayor urgencia: vacantes en fueros con alto impacto en el funcionamiento del sistema, pero menor exposición política. Los cargos en Comodoro Py, donde se investiga al poder, quedan fuera de la agenda inmediata.

El paquete de reformas penales en elaboración combina una ampliación de derechos para las víctimas con un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas que reflejan modalidades criminales en expansión.

Uno de los cambios más relevantes apunta a reforzar el lugar de las víctimas dentro del proceso penal. El proyecto introduce un “criterio de interpretación pro-víctima”, que obligará a jueces y fiscales a ponderar sus derechos con mayor amplitud, y les otorga un rol más activo en decisiones clave.

En paralelo, se busca tipificar conductas que hasta ahora no estaban contempladas de manera específica en el Código Penal, pero que forman parte del delito cotidiano. Entre ellas, las estafas piramidales, que pasarán a tener penas de entre tres y doce años de prisión, con agravantes cuando se acredite que la víctima no podrá recuperar el dinero invertido.

La misma lógica se aplicará a modalidades de robo que ganaron visibilidad en los últimos años. El proyecto incorpora figuras como las “viudas negras”, las salideras y entraderas, y los denominados motochorros.

En estos casos, además de fijar escalas penales específicas -que en algunos supuestos van de los dos a los 12 años- se introducen agravantes vinculados al uso de sustancias o cuando ocurren al ingreso o salida de bancos o escribanías.

También se avanzará sobre delitos vinculados al sistema migratorio. La iniciativa incorporaría al Código Penal figuras ya existentes en la legislación vigente -como el tráfico ilegal de personas o el fraude migratorio– y sumar nuevas conductas punibles, con penas que pueden alcanzar hasta los 20 años en los casos más graves. Entre ellas, el ingreso ilegal al país o la violación de prohibiciones de reingreso tras una deportación.

El endurecimiento alcanza, además, a otros frentes sensibles. Se prevé elevar las penas por grooming y explotación sexual infantil, con agravantes cuando las víctimas sean menores de 13 años o personas con discapacidad, y se incorpora un esquema más severo para la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

En materia de seguridad urbana, se incrementarán las sanciones por picadas callejeras -con penas de hasta seis años, que pueden escalar en caso de homicidio- y se crea un delito específico para la tenencia de armas dentro de establecimientos penitenciarios, con castigos más altos si hay participación de funcionarios.

El proyecto también incluiría un capítulo sobre incumplimiento de deberes familiares, con penas que pueden llegar a los seis años de prisión en casos de reiteración o evasión fraudulenta de obligaciones alimentarias. También una reformulación integral de los delitos vinculados al maltrato animal, que pasarán a estar incorporados directamente en el Código Penal, con escalas más elevadas.