La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el grupo que reúne a las economías más grandes del mundo, publicó un informe en el que recomienda al Gobierno que adopte, “con carácter urgente”, medidas para investigar los delitos de cohecho internacional. Es decir, las denuncias de sobornos en casos de corrupción que involucren a funcionarios extranjeros.

Así lo consignó el último informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, publicado este martes. El relevamiento, que presenta una evaluación crítica y recomendaciones sobre la implementación del convenio, también destaca que Argentina “ha avanzado en la lucha contra el cohecho internacional”, al detectar que hubo mejoras en materia de cooperación e investigación judicial.

Ese reconocimiento dio pie a que el canciller, Pablo Quirno, celebre el reporte como un hecho positivo y “un paso relevante hacia el acceso a la OCDE, en línea con las reformas y la estrategia de inserción internacional impulsadas por el Presidente Milei”.

Sin embargo, el organismo remarcó la persistencia de un déficit de Argentina y del Gobierno para afrontar este tipo de delitos vinculados a la corrupción. En concreto, señaló que el país aún enfrenta “barreras estructurales”.

Uno de los puntos señalados es que el sistema de detección de este tipo de delitos internacionales carece de un marco legal que garantice la protección de los denunciantes y testigos (los “whistleblowers”). Además, el informe remarca que las causas judiciales de cohecho internacional en Argentina siguen experimentando retrasos, lo que “plantea dificultades en materia de pruebas y de plazos de prescripción. De hecho, los casos que involucran en delitos complejos a empresas son inexistentes.

“Son muy pocos los casos que avanzan hasta el enjuiciamiento. Hasta la fecha, ninguna persona jurídica ha sido investigada ni sancionada por cohecho internacional conforme a la Ley de Responsabilidad Empresaria, ocho años después de su adopción”, indica la OCDE en un comunicado. Solo existe una aplicación concreta de acuerdos de colaboración en casos de corrupción doméstica, dice el reporte.

Incluso, el grupo deslizó comentarios que contrastan con la prédica de la moral del Gobierno y la batalla cultural libertaria: señaló que el periodismo de investigación es la principal vía de detección de casos de este tipo y llamó la atención que el reporte de denuncias de soborno transnacional por parte de funcionarios públicos “sigue siendo mínima, y no se han detectado casos a través de canales contables, de auditoría o fiscales”.

Los avances que consigna la OCDE, con base en París, se contrastan en relación a la última evaluación realizada hace casi una década, realizada en el año 2017. Desde ese momento, se identificaron 17 nuevas denuncias por cohecho vinculados a causas argentinas en el exterior y, en 2025, se resolvió el primer caso contra una persona física en Argentina.

El balance sobre este aspecto sabe a poco, teniendo en cuenta la corrupción endémica en el país. El único fallo con condena fue para un responsable de una firma tecnológica (Technological Services) que buscó obtener contratos en El Salvador: recibió una pena en suspenso de un año, inhabilitación para cargos públicos y la obligación de donar 2 millones de pesos a una entidad de bien público. Otro de los procesados alcanzó un acuerdo en un juicio abreviado.

En concreto, la única sanción aplicada fue de alcance mínimo, sin sentar un precedente relevante. “La indulgencia de las sanciones -en particular, la pena condicional en el extremo más bajo del rango previsto por el artículo 258bis (de uno a seis años de prisión) y el acuerdo de suspensión de juicio- genera preocupación sobre su eficacia, proporcionalidad y carácter disuasorio”, señala el reporte, que recomienda transparentar los criterios para acuerdos no judiciales y sanciones.

Otra mención llamativa es el uso creciente de la Unidad de Información Financiera (UIF) como fuente de detección de sobornos transnacionales, con cuatro casos identificados por lavado de dinero. Es algo visto como una “buena práctica” frente a otros países de la región, pero el propio informe advierte que la calidad y el origen de los reportes siguen muy concentrados en el sistema financiero y que la integración plena de profesiones “clave” (como abogados y síndicos) recién empieza

El grupo internacional ponderó positivamente la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), esta última conocida por realizar escuchas judiciales y realizar relevamientos de redes sociales, correos electrónicos y geolocalización.

Según el análisis, ambos organismos judiciales “han reforzado sus capacidades analíticas y han adoptado enfoques más proactivos en los casos de cohecho transnacional, entre otras cosas reforzando la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional”.

Pablo Quirno destacó esa mención de la OCDE, al consignar que el organismo identificó “más coordinación interinstitucional, mejor articulación en las investigaciones y uso efectivo de la cooperación internacional para investigar y sancionar”. “Un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal, coordinado por la Cancillería como punto focal”, subrayó el canciller en sus redes sociales, al calificarlo como “buenas noticias”.

Como recomendaciones, además de la aprobación urgente de un “marco integral de protección de denunciantes tanto en el sector público como privado”, la OCDE instó a acelerar la tramitación de los casos para evitar demoras indebidas, aplicar plenamente el Código Procesal Penal Federal en todas las jurisdicciones, y reducir de manera sustancial las vacantes judiciales y la dependencia de jueces suplentes. Algo sobre el aspecto judicial se hizo esta semana: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado los pliegos para cubrir 62 cargos de camaristas, jueces, fiscales y defensores. La OCDE también planteó elevar las exigencias de las licitaciones públicas.

La fase final del análisis del grupo de trabajo anti sobornos se realizó entre el 16 y el 19 de marzo, en la capital francesa. Una delegación argentina ejerció la defensa en el plenario. Entre septiembre y octubre del año pasado, los expertos del organismos habían visitado el país para recabar opiniones de las partes interesadas del sector público, la sociedad civil y el mundo académico.

Creado en 1994, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho está integrado por 46 países firmantes de la convención internacional. Argentina adhirió en 2001 a este compromiso, que se considera como uno de los más exigentes en materia de lucha contra la corrupción a nivel global.

Cumplir con estos estándares es fundamental para que el gobierno de Javier Milei cumpla con su objetivo de ingresar al selecto grupo de naciones con mayor poder económico. En noviembre de 2025, el canciller Quirno presentó un memorándum para adherir al grupo internacional.

La OCDE es una entidad de gobernanza global cuyas decisiones no son vinculantes para los países miembro, pero que acatar sus recomendaciones y prácticas sirven a los fines de “soft power” global, como un sello de calidad para atraer inversiones.

Argentina presenta una historia reciente con casos reconocidos que incluyeron sobornos internacionales. El más relevante fue el de la empresa alemana Siemens, que salió a la luz por un contrato de licitación en 1996 para emitir DNI y construir un sistema de control fronterizo. Entre 1996 y 2001, la firma pagó aproximadamente 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos, miembros de la oposición y candidatos a ocupar cargos durante el gobierno de Carlos Menem.

La otra causa fue la de la constructora brasileña Odebrecht, que realizó pagos ilegales superiores a 35 millones de dólares en Argentina entre 2007 y 2014, distribuyendo el dinero a intermediarios con la intención de hacerle llegar a funcionarios del gobierno kirchnerista. Las coimas tuvieron alcance regional e involucró a 14 países de América Latina.

Son casos excepcionales. La evaluación del Grupo de la OCDE consigna que el promedio de duración de las investigaciones puede extenderse, en promedio, a los 8 años, y algunas superan la década. Hay 8 investigaciones cerradas y 8 en curso, con varios procesos cerca de prescribir o con riesgo de pérdida de pruebas.

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El panorama para el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sigue complicando. Mientras el Gobierno busca mostrarse seguro respecto de la continuidad del jefe de los ministros, desde la oposición se preparan para ponerlo en mayores aprietos.

En medio del escándalo por la compra de propiedades que hasta ahora Adorni no puede explicar y por las que se le van acumulando presentaciones en los Tribunales, el funcionario tiene previsto presentarse el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados para realizar el informe de gestión de la Administración Nacional.

En tan solo 48 horas, plazo que comenzó el pasado jueves a las 09:00 de la mañana, los 19 bloques que contienen a los 257 diputados que conforman la Cámara presentaron 4.800 consultas para que responda el jefe de gabinete. En promedio, durante dos días, los diputados ingresaron en el sistema 100 preguntas por hora para que responda por escrito el funcionario a cargo de la administración del Ejecutivo.

El número de preguntas, que no son las únicas que deberá responder, es un récord desde que existe la figura de Jefe de Gabinete y realizan informes al Congreso. En las últimas tres presentaciones que hicieron sus antecesores en el Palacio Legislativo, los diputados presentaron 2.900, 4.000 y 3.300 consultas. En abril del 2025 cuando el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que responder por el caso $Libra, su oficina recibió 4.000 preguntas.

Además de las consultas que recibió por escrito, Adorni deberá responder en el recinto los requerimientos de los legisladores que quieran sumarse, por lo que se espera que muchos de los cuestionamientos respecto de sus ingresos en general y sus propiedades en particular se concentren en el ambiente de la Cámara Baja.

En medio de la tormenta que atraviesa el Poder Ejecutivo por los cuestionamientos a los ingresos del Jefe de Gabinete, la jornada del 29 de abril también tendrá un condimento político de alto voltaje. Por lo menos así se espera que sea hasta ahora.

Luego de que Adorni anunciara que irá al Congreso, el Presidente de la Nación, Javier Milei, reposteó el video en X de la cuenta del funcionario en donde había un recorte del anuncio y escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré”. Esto fue leído como un apoyo de parte de la máxima autoridad del Ejecutivo al funcionario. Además, se espera que el Presidente no asista solo y se especula que también vaya la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Un acuerdo transversal

Pero así como cada uno de los bloques presentó sus preguntas, en el caso de los cuestionamientos al Jefe de Gabinete, desde algunos sectores están trabajando para establecer una estrategia conjunta.

“Ya tuvimos la experiencia de Francos en el Senado, no puede pasar lo mismo», explicó un diputado de la oposición que asegura haber enviado una buena cantidad de preguntas en relación a cuando el ex funcionario se ofendió y se retiró del recinto. “La intención es organizarnos con el fin de que Adorni tenga que responder todos los cuestionamientos. Para eso no hay que entrar en el juego de las provocaciones que seguro van a plantear los libertarios en el recinto con el fin de pudrirla. No tenemos que ser “cabeza de tacho” y tener una buena estrategia conjunta”, agregó.

El informe llegará con una demora de diez días y con una denuncia de parte de los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, al cuestionar su ausencia en el Congreso durante marzo, que se suma a las denuncias que afronta Manuel Adorni por el crecimiento patrimonial que muestra desde que llegó a la administración pública.

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El Gobierno dispuso ayer la expulsión del principal funcionario diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. La medida, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel, escala la tensión entre ambos países y reactualiza el histórico conflicto judicial por los atentados terroristas en la Argentina.

El encargado de negocios iraní tiene menos de 48 horas para dejar el país. Como antecedente inmediato, solo por citar un ejemplo, una medida similar en cuanto a las relaciones diplomáticas tuvo lugar en 2023, cuando la administración de Alberto Fernández expulsó al embajador de Ecuador, Xavier Alfonso Monge Yoder, como respuesta exacta a la decisión ejecutada en aquel entones por el presidente Guillermo Lasso, que declaró persona no grata al embajador argentino Gabriel Fucks, y le exigió que abandone Quito en un plazo máximo de 72 horas.

En cuanto al conflicto Argentina-Irán, comenzó a escalar en las últimas semanas, luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzo elevar el nivel de seguridad a “Alto” e implementar un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.

Un nuevo contrapunto inició el martes, cuando el gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.

En un comunicado oficial, se aseguró que el actual líder de esa fuerza, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo.

“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.

A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta vez, la respuesta de al República Islámica, a través de su representación diplomática en Uruguay, incluyó una advertencia hacia la Argentina. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señaló el comunicado.

Consultado por Infobae, el exembajador en EEUU y China Diego Guelar se refirió a la decisión del gobierno libertario de expulsar al encargado de negocios de Irán. “Nosotros deberíamos haber roto relaciones diplomáticas con Irán desde el 11-4-2024, fecha en la que la Cámara de Casación Penal indicó la responsabilidad del gobierno Iraní en los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA”, sostuvo.

El senador uruguayo Javier García, en tanto y también en diálogo con Infobae, pidió que el gobierno de Yamandú Orsi, a través de la Cancillería, explicite su repudio a la embajada de Irán en Uruguay. “Irán utilizó ayer su embajada para publicar un comunicado agraviante contra Argentina. Usar nuestro país para atacar a Argentina, vecino e integrante del Mercosur, fue una decisión política iraní que tendrá sus motivos. Pero merece el rechazo oficial de nuestra cancillería. Mucho sufrió Argentina en terrorismo y muerte con apoyo iraní como para olvidar y dejar pasar esto en silencio”, planteó.

Y agregó: “Hay una solidaridad y un recuerdo que a nosotros nos despierta lo que significó los atentados que sufrió Argentina, la AMIA, la embajada de Israel, y los nexos demostrados de Irán con Hezbolá, ¿no? Entonces, que se haya utilizado a Uruguay como plataforma para atacar y agraviar a la Argentina es un dato geopolítico no menor y que para nosotros, desde nuestro punto de vista como uruguayos, no puede pasar en silencio. Por eso es que, que pedimos a nuestra Cancillería que que actúe y rechace oficialmente esa utilización. Irán podría haber elegido otros medios y utilizó Uruguay», amplió.

Y completó: “Yo planteé que esto merecía un rechazo oficial por la vía diplomática; si así no fuera, evaluamos convocar a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado al canciller uruguayo. Por eso lo prudente ahora es esperar. La noticia fue conocida hace pocas horas”.

En sintonía, el exministro de Relaciones Exteriores Omar Paganini afirmó en X: “La embajada de Iran en Uruguay no es concurrente en Argentina. Los representantes diplomáticos tienen inmunidades y privilegios para ejercer funciones en el país que están acreditados. No corresponde lo que hicieron y debe llamárseles la atención”.

Las credenciales de Mohsen Soltani Tehrani habían sido aceptadas en diciembre de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández. Como contraparte, el encargado de negocios de Argentina en Teherán es Jorge Mariano Jordan, que opera desde Bakú, Azerbaiyán, luego de que el gobierno decidiera la evacuación de todo el personal diplomático por la escalada de violencia, en junio de 2025.

Horas después de la oficialización del pedido de expulsión, el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, afirmó: “Celebro la decisión. Entre los motivos de esta decisión se encuentran la persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en relación con la investigación del atentado contra la AMIA, y el nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)“.

“Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo. El régimen iraní es asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; es la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales. No es legítimo. Punto”, finalizó.

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