POLITICA
“Señores, de pie”: Hace 40 años cambiaron la historia. Hoy vuelven a la sala donde ocurrió todo
“Declárase abierto el acto”, anunció León Carlos Arslanian, que presidía el tribunal el lunes 22 de abril de 1985. El juicio a las juntas militares había empezado. “Nunca sentí tanta incertidumbre en mi vida como el fin de semana previo”, cuenta hoy Ricardo Gil Lavedra, que esa mañana de abril de hace 40 años, con anteojos grandes y bigotes largos, estaba sentado en el estrado a dos sillas de Arslanian frente a una sala de audiencias repleta.
La Policía había mandado a tapiar los gigantescos vitraux de atrás del estrado por miedo a que hubiera francotiradores al otro lado de la calle Uruguay, pero había muchas otras amenazas y los jueces lo tenían claro.
Ahora, cuando se cumplen cuatro décadas del inicio de aquel juicio histórico, reunió a Arslanian, Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz en esa misma sala en la que ellos, con Jorge Torlasco y Andrés D’Alessio, fallecidos, llevaron adelante el juicio. Implementaron sobre la marcha un proceso inédito, escucharon los testimonios más aberrantes, resistieron amenazas y discutieron entre ellos hasta el hartazgo para obtener una condena sin precedentes a las cúpulas de la dictadura que hasta poco tiempo antes concentraban el poder. Y todo en tiempo récord.
La sala, revestida íntegramente en madera oscura, ya no se usa para juicios y se conserva casi sin cambios. Los mismos bancos, escritorios, sillones de los jueces. “Creo que han sacado el crucifijo que estaba arriba de donde dice ‘Afianzar la Justicia”, señala Valerga Aráoz. “Y acá esta silla no iba”, dice Ledesma, que, sobre el estrado que domina la sala, empuja uno de los sillones de los jueces para recrear un escenario idéntico al de hace 40 años. Los muebles pesan como si fueran de piedra maciza.
“Los sillones son tan grandes que teníamos abajo un banquito para los pies”, cuenta Gil Lavedra. “Ahora nos vienen bien”, le contestan por lo bajo y todos se ríen. “Es que antes los jueces eran gigaaaaaantes”, dice Arslanian.
Pero el lugar que los excamaristas sienten realmente como su casa, es otro: una sala lateral, con acceso al estrado, que tiene solo una gran mesa decagonal y paredes cubiertas de libros; muchos ahí desde antes de 1985.
“Esta era nuestra cocina. Donde se discutía todo -dice Valerga Aráoz-. Acá pasábamos días enteros”. Fueron, en total, 14 meses de convivencia desde que empezaron a planear cómo sería el proceso. Los jueces se juramentaron la transparencia sería total; que todo se resolvería entre esas cuatro paredes y que hablarían con los demás sobre cualquier llamada, pedido o advertencia del exterior. “Era imposible hacer una empresa de esta envergadura si vos no confiás ciegamente en el otro”, dice Gil Lavedra.
A diferencia del estrado, donde iban rotando según quién tuviera la presidencia, en la mesa de la sala de audiencias tenían asientos fijos. “¿Te das cuenta? Nos sentamos cada uno en su lugar”, dice Arslanian mientras se acomodan en torno a la mesa. Nadie duda cuál era la silla propia, pero discuten sobre dónde estaban los demás. Otra vez les sobra una silla. “Está bien. Acá se sentaba el secretario cuando venía a informarnos”, zanja el debate Gil Lavedra. La dinámica de la discusión sobre detalles de los recuerdos es siempre bastante parecida: debaten un buen rato, llegan a un acuerdo y no discuten más, pero alguno sigue pensando que no fue así.
“Creo que en el juicio nunca hubo una disidencia”, recuerda Valerga Aráoz. Una disidencia formal, porque discusiones hubo infinidad, pero el que no estaba de acuerdo terminaba cediendo en función de la mayoría. Hoy son conscientes de que hicieron juntos la mayor proeza de sus vidas y si ya entonces se ofrecían confianza total, ahora se sienten hermanos.
Arslanian se reclina en su silla y levanta la cabeza. “Tirábamos los papeles hechos un bollo, los borradores, a la lámpara que colgaba del techo, que era como una palangana”, cuenta. “Eran nuestros escapes para distendernos… Al que no le gustaban nada las bromas era a Andrés”, recuerda Gil Lavedra.
Y Ledesma agrega en tono de confesión: “A mí, las relaciones con D’Alessio me costaban…”. Ellos dos eran los más discutidores. Venían de una misma sala porque para el juicio se juntaron las dos salas de la cámara, de tres jueces cada una. El tercer juez de la Sala II, con D’Alessio y Ledesma, era Valerga Aráoz, que, según Arslanian, compensaba porque era “una especie de monje conciliador”.
“Pero, ¿quién resolvió el tema cuando casi se agarran a piñas?… el malo de Ledesma”, dice el propio Ledesma, provocador. El cruce fue entre D’Alessio y Gil Lavedra, en el principio del juicio.
Fue un día en el que José María Olgeira, el abogado de Roberto Viola, se peleó en plena audiencia con Augusto Conte Mac Donell, padre de un joven desaparecido que estaba en el público. Arslanian, que presidía, ordenó detener al abogado y los jueces se retiraron a la sala de acuerdos. “Teníamos un tipo detenido. A los cinco minutos nos llegaban habeas corpus pidiendo por él, los otros abogados estaban como locos y discutíamos porque no teníamos idea de cómo salir –relata Gil Lavedra-. El que puso calma fue el Negro, que empezó a escribir una solución y nos fuimos serenando.”
Esos primeros días era vital para ellos demostrar que el juicio no se les iba a ir de las manos.
“Los encargados de ejecutar el plan criminal y tenían el poder de mando seguían en los cuarteles. Eran los mismos tipos que habían secuestrado, torturado… El riesgo era muy grande. De hecho, las circunstancias nos dieron la razón. Apareció Semana Santa [por el levantamiento militar de 1987]…”, dice Arslanian. “Por eso, no podíamos aplicar la matriz y los tiempos de la justicia federal porque el juicio iba a languidecer”. Para cumplir su cronograma, los jueces hacían audiencias hasta las 3 de la mañana si era necesario.
Cuando empezó el proceso, Arslanian les dijo una frase que recuerdan siempre. “Que teníamos que actuar como un trueno entre las hojas. Trataba de infundirnos, a mí mismo y a mis queridos compañeros, la fuerza, la convicción.”
El clima era muy adverso. Incluso los jueces amigos les trasmitían desconfianza. “A mí me vino a ver el presidente de la Corte Suprema, José Severo Caballero –dice Arslanian-. Me dijo: ‘No sé si es el momento, piensen, esto es muy difícil… Puede ser una suspensión, alguna nulidad, algo que, digamos, ponga paños fríos’. Como diciéndonos que no se hiciera el juicio”. Valerga Aráoz asiente: “A mí me dijo lo mismo en una quinta, delante de otra gente”.
Gil Lavedra añade que al principio tampoco contaban con un gran apoyo social. “Se fue gestando a medida que se fue conociendo la verdad. La enorme mayoría de la población desconocía lo ocurrido. El velo se empezó a correr con el informe de la Conadep y con el juicio. Cuando empezaron los testimonios de las víctimas no había nada que discutir. Ahí estaba la verdad”, relata. Torturas, violaciones, secuestros, asesinatos. Fueron más de 800 testigos.
Ledesma dice que incluso él se enteró en plena audiencia de “muchas cosas que eran subterráneas”. Y dice: “Yo pensé que algo había, pero no pensé que llegaban a este grado… tan aberrante”. En cuanto a los acusados, recuerda que no mostraron el menor rastro de arrepentimiento: “Soberbia total”.
Los excamaristas destacan el rol del expresidente Raúl Alfonsín como el “padre” del juicio y de la Conadep, comisión de notables creada por él para reunir las denuncias, como la base del proceso. “Sin la Conadep este juicio no se hacía porque juntó la prueba, y después Julio la extrajo de ahí”. Julio es Strassera, el fiscal del juicio, a quien los camaristas le reconocen un enorme mérito. Junto con Luis Moreno Ocampo, su fiscal adjunto, eligieron los “casos paradigmáticos” que presentaron al tribunal y promovieron las condenas.
“La Conadep fue la primera comisión de la verdad del mundo. Hacer lo que hizo, en nueve meses, fue extraordinario”, dice Gil Lavedra. Recuerda que los defensores se quejaban y decían el trabajo de la Conadep era prueba que no habían podido controlar, pero se esmera en aclarar que la sentencia se basó en testimonios que se escucharon todos en el juicio.
La sentencia fue por 709 casos. El juicio duró siete meses y medio. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua. También se condenó a Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti, que perdieron además su rango militar. Los otros cuatro acusados fueron absueltos (Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo).
En 1986, poco después del juicio, empezaron los movimientos militares y el Congreso sancionó en 1987 la ley de Obediencia Debida, que la Corte convalidó. En ese momento, ellos empezaban a juzgar los crímenes del I Cuerpo de Ejército y de la ESMA. Los dos procesos se cerraron.
Los cuatro jueces destacan hoy, como uno de los méritos del juicio que llevaron adelante, que ya no se discuten los crímenes aberrantes de la dictadura. Sí tienen algunas diferencias en sus miradas de lo que vino después.
Gil Lavedra dice: “Hoy hay una corriente que no llega a ser negacionista, porque nadie discute que los hechos ocurrieron, pero sí pretende quitarles su verdadera importancia y poner de resalto los delitos de las organizaciones armadas en la década del 70, que nadie discute que fueron gravísimos y tendrían que haber sido juzgados. Fue el plan criminal lo que evitó que eso sucediera”. Y, más explícito, afirma: “El último video del 24 de marzo [difundido por el Gobierno] reproduce la línea de defensa que tenían los excomandantes”.
Ledesma está convencido de que a Milei “no le importa nada el tema [de los derechos humanos]”. Y afirma: “Yo quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo con los juicios seguidos después de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, reabiertos durante el kirchnerismo, y dice que en esos procesos “se cometieron infinidad de prevaricatos y se pusieron unas penas enormes”.
“Yo en lo que sí estoy de acuerdo es en que se investiguen los hechos de la subversión –dice Valerga Aráoz-. Era la opinión de Alfonsín, que también había ordenado la investigación de las organizaciones subversivas y así se condenó a prisión perpetua a Firmenich y a otros más.” Mario Firmenich fue indultado por Carlos Menem, que lo mismo hizo con los condenados en el Juicio a las Juntas.
Los excamaristas conocen las diferencias de sus miradas sobre cómo evolucionaron los procesos sobre los crímenes de los ’70. “Tampoco discrepamos tanto”, dice Gil Lavedra.
En cuanto a la actualidad coinciden, con sus matices, en cuestionar las designaciones en la Corte por decreto y en criticar el funcionamiento de gran parte de la Justicia.
Poco después del Juicio a las Juntas, los cuatro dejaron los tribunales y desde entonces ejercen como abogados. Por sus estudios pasaron como clientes –y siguen pasando- personajes de la vida pública y grandes empresarios. Arslanian, peronista, y Gil Lavedra, radical, fueron además ministros de distintos gobiernos. Gil Lavedra fue también diputado y hoy preside el Colegio Público de la Abogacía de la Capital. Los cuatro siguen conociendo de primera mano el funcionamiento de los tribunales.
“Se ha ido produciendo una relación promiscua entre el Poder Judicial y el poder político –dice Arslanian-. Desde hace mucho tiempo se ha invadido a la Justicia y se la va debilitando. Se van generando puentes de unión complejas”.
Gil Lavedra asiente: “No solo los poderes políticos, sino también los económicos. Y hay una muy fuerte desconfianza pública sobre la imparcialidad de los jueces. Es muy importante recuperar esa confianza. Celebro en este sentido que en materia penal se esté avanzando con el sistema acusatorio”.
“La Justicia no respeta principios fundamentales. Tiene códigos para cada causa. La Justicia actual no es Justicia”, sentencia Ledesma. En este grupo cada uno tiene un rol y “El Negro” es siempre el más terminante. Los demás lo escuchan y sonríen. Después de 40 años no podrían conocerse mejor.
POLITICA
Las universidades públicas comienzan una semana de protestas que complica el inicio de clases por la cuestión salarial
A partir de este lunes 16 de marzo, la vuelta a clase en universidades públicas de todo el país se verá truncada por coincidir con el inicio de una semana de protestas del Frente Sindical, que nuclea a las federaciones de docentes y no docentes. En algunas casas de estudio y colegios preuniversitarios habrá paro toda la semana, mientras que en otras habrá movilizaciones, acciones de visibilización y otras medidas de fuerza.
Se trata de un nuevo capítulo del conflicto universitario que comenzó en 2024 y que afecta a más de 2 millones de estudiantes de las universidades estatales. Los gremios denuncian una pérdida salarial del 40% en los dos años del gobierno del presidente Javier Milei, cuestionan que el Poder Ejecutivo siga sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman la convocatoria a paritarias.
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el presupuesto nacional para la educación superior cayó 28,9% en términos reales, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Los salarios representan alrededor del 90% del presupuesto del sector.
La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) obliga al Estado a recomponer salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, exige actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales, ciencia y técnica, y ordena la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático. Su impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Aquella ley se aprobó en octubre de 2025 luego de seis votaciones legislativas, tres marchas federales y dos vetos presidenciales –el primero exitoso, el segundo no–. El Gobierno suspendió su aplicación en el mismo decreto con que la promulgó, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una cautelar. En diciembre, la Justicia avaló el planteo y exigió la aplicación “inmediata” de la ley.
En febrero el Gobierno apeló e intentó recusar al juez Martín Cormick, que interviene en la causa, pero ese intento fue rechazado la semana pasada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En diciembre el Gobierno también había intentado derogar la ley por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no tuvo los votos suficientes en el Congreso.
“La acción judicial que presentó el CIN sigue su curso y tiene un primer fallo favorable en relación con los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Hoy necesitamos que el Gobierno se siente en paritarias para empezar a actualizar estos valores”, dijo Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), a Infobae.
En paralelo a los intentos por neutralizar su aplicación, a fines de febrero, el Gobierno nacional anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales. El anuncio ocurrió luego de una reunión entre las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación –el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez–.
Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación del 26,1% para este año.
El proyecto del Gobierno mantiene la convocatoria periódica de paritarias –con un plazo máximo de tres meses–, pero elimina la cláusula que garantiza la actualización mensual por inflación. Desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.
La iniciativa del Ejecutivo contempla la actualización de los gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5% –según la cifra prevista en el Presupuesto 2026–, pero no reconoce la pérdida de 2024. También prevé una partida de $80.000 millones para los hospitales universitarios, pero desestima los aumentos de partidas para becas, ciencia y extensión. Aunque en febrero se especuló con que la ley se tratara en las sesiones extraordinarias, aún no hay fecha para el debate.
Un reclamo que persiste
Las federaciones de docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales expresaron un rechazo rotundo al proyecto del Gobierno: reclaman el cumplimiento de la Ley N° 27.795. En ese marco, anunciaron las medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que “comienza un ciclo lectivo que no va a poder desarrollarse con normalidad”.
Conadu y Fagdut anunciaron paros durante toda la semana del 16 al 22 de marzo; Conadu también hará huelgas de cinco días las últimas semanas de marzo y abril. Fatun, la federación que nuclea a los no docentes de 55 universidades públicas, ya confirmó un paro nacional por semana, empezando el lunes 16 de marzo y terminando el jueves 23 de abril. Fedun adhirió al paro el lunes 16 y luego impulsará otras medidas de protesta.
Entre los rectores hay malestar con el proyecto oficialista de reforma, pero algunos reconocen –en off– que puede ser un “mal menor” frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse de nuevo la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario en que la composición del Congreso es favorable a las necesidades del Ejecutivo.
“Todos queremos que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Pero ya no podemos recurrir al Congreso; el Ejecutivo ahora tiene los números para sostener un veto. Entonces algunos preferimos que se apruebe la modificación que propone el oficialismo, para poder al menos recuperar lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar la actualización de los gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales”, dijo a Infobae una alta autoridad universitaria.
“Tenemos que elegir entre la nada y una opción que es injusta, pero que al menos da algo de certidumbre hacia adelante. Si no podemos garantizar el comienzo de clases, muchos estudiantes van a empezar a buscar otras opciones. Y muchos profesores también”, agregó.
Esta lectura no es compartida por los sindicatos. “Frente al aumento del 51% que debería darnos el Gobierno, un 12,3% en tres cuotas no es un mal menor: es una cifra que volverá a perder con la inflación de este año. No representa ningún atenuante para el enorme malestar que tienen los trabajadores de las universidades y que surge en todas las asambleas”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, a Infobae.
Con respecto a las becas estudiantiles, un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) relevó que entre 2023 y 2025 se redujo un 62,4% la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar, mientras que el poder adquisitivo cayó 46,5%. Para volver a los niveles de diciembre de 2023, la inversión en este rubro debería crecer 63%.
El miércoles pasado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires volvió a pedir a los ministerios de Capital Humano y de Economía que apliquen la ley y ratificó la emergencia presupuestaria y salarial. También advirtió que el presupuesto nacional 2026 no solo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario: tampoco prevé la actualización de los gastos de funcionamiento.
“La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”, señaló la resolución del Consejo Superior. Desde la UBA también resaltaron la situación crítica de los seis hospitales e institutos universitarios que no solo atienden a la población sino que tienen un rol clave en la formación de profesionales de la salud.
El desgaste por el conflicto y por el impacto de los recortes se siente en las universidades. Desde la UBA señalan que, si bien la situación no afectó la inscripción al CBC –con unos 50.000 ingresantes, cifra similar a la de 2025–, hay facultades como Agronomía que perdieron el 10% de los profesores con dedicación exclusiva. A la vez, reconocen que es difícil cuantificar el impacto del deterioro salarial, porque muchos profesores no renuncian sino que se toman licencia o reducen la dedicación para sumar otros trabajos.
Pese a las diferencias en torno a algunas cuestiones, desde el Frente Sindical –que representa a los docentes y no docentes–, el CIN –que nuclea a los rectores– y la Federación Universitaria Argentina –que reúne a los centros de estudiantes– aseguraron que mantienen el diálogo y la coordinación de medidas ante la situación presupuestaria. Desde la FUA y el Frente Sindical no descartan convocar a una cuarta marcha federal; la fecha podría ser el 23 de abril, a dos años de la primera movilización.
“Hasta ahora hemos logrado mantener un bloque unido de todos los actores del sistema universitario. Creo que todos tenemos la voluntad de seguir construyendo en ese marco”, afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “El Gobierno no da respuesta a la necesidad de invertir en educación, y está empujando la situación hacia un escenario de gran conflictividad”, consideró Carvalho.
Varias universidades se preparan para elecciones estudiantiles en el primer cuatrimestre, entre ellas la UBA, la UNR, la UNC y la Universidad Nacional de Cuyo. También el CIN renovará sus autoridades el próximo 27 de marzo, cuando se reúna el plenario en la ciudad de Santa Rosa. Se espera que asuma la presidencia Franco Bartolacci, actual vicepresidente y rector de la UNR; lo secundará un rector del bloque peronista del CIN.
Después de dos años, todo indica que el conflicto por el presupuesto volverá a dominar la agenda de las universidades en 2026. En un escenario que, además de los recortes, estuvo signado por acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia, varios rectores lamentaron que el diálogo con las autoridades nacionales aún no haya podido enfocarse en políticas constructivas para el futuro del sistema. Las bajas tasas de graduación, la escasa articulación con la escuela secundaria, la irrupción de la inteligencia artificial, la actualización de las carreras, la evaluación de la calidad educativa, la necesidad de fortalecer la conexión con las demandas productivas y de profundizar la internacionalización aparecen como algunos de los desafíos pendientes.
POLITICA
Paro universitario: docentes inician una semana sin clases y anuncian nuevas medidas para todo el semestre
Los docentes universitarios iniciaron este lunes un paro nacional de una semana que afectará el dictado de clases en las universidades públicas de todo el país. La medida forma parte de un plan de lucha más amplio que prevé nuevas semanas completas de cese de actividades y una movilización federal en abril.
La decisión fue tomada por el Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió profundizar el conflicto con el Gobierno nacional en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial.
Leé también: Los docentes universitarios vuelven al paro y los rectores advierten que el cuatrimestre será crítico
Los gremios advirtieron además que el conflicto podría escalar durante el semestre si no se reabren las paritarias y si avanza en el Congreso una eventual modificación de la ley de financiamiento.
La marcha federal universitaria —con fecha tentativa para el 23 de abril— buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público. Por eso será coordinada con el Frente Sindical Universitario y con organizaciones estudiantiles, con el objetivo de replicar la masividad de las protestas que el sistema universitario protagonizó durante los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei.
Además, las organizaciones gremiales prevén instalar una “carpa por la universidad y la soberanía” en distintas ciudades del país. La iniciativa buscará visibilizar el conflicto en el espacio público y sumar el respaldo de otros sectores sindicales y sociales.
El plan de lucha durante el primer semestre
El Congreso de Conadu reunió a 30 sindicatos de base y más de 90 congresales. Ratificó el paro de esta semana y definió avanzar con nuevas semanas completas de cese de actividades a partir del lunes 30 de marzo y del lunes 27 de abril.
Desde la federación explicaron que las medidas se inscriben en un plan de lucha progresivo que abarcará todo el primer semestre del año y que será monitoreado por el plenario de secretarios generales del gremio.
Leé también: Interna del PJ bonaerense: Kicillof ganó diez municipios, pero La Cámpora se quedó con dos distritos clave
“El Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente”, señalaron desde Conadu al anunciar la profundización del conflicto. También insistieron con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
La conducción del gremio advirtió además que seguirá de cerca la agenda legislativa. Según definieron en el congreso sindical, el plenario quedó facultado para convocar a nuevas medidas de fuerza en caso de que comience el tratamiento en comisiones de un proyecto para modificar esa ley.
paro universitario, docentes universitarios, Conadu, Paro
POLITICA
Cristina Kirchner vuelve a Comodoro Py por la causa Cuadernos: operativo de seguridad y militancia convocada
La expresidenta Cristina Kirchner deberá presentarse este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en el juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las coimas, uno de los expedientes por presunta corrupción más relevantes vinculados a su gestión.
La audiencia marcará el inicio de una nueva etapa del proceso judicial: las indagatorias de los 86 imputados que forman parte del expediente. En ese marco, las autoridades judiciales ya dispusieron un fuerte operativo de seguridad para el traslado de la exmandataria y el desarrollo de la jornada en los tribunales de Retiro.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 12 de junio de 2025 en su departamento de San José 1111, luego de haber sido condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Operativo de seguridad y traslado a Comodoro Py
Según trascendió en el ámbito judicial, el traslado será coordinado por efectivos de la Policía Federal, que estarán a cargo de garantizar el ingreso de la expresidenta al edificio de los tribunales federales.
El operativo incluirá la comunicación previa con las áreas encargadas de controlar la tobillera electrónica que monitorea el cumplimiento de su arresto domiciliario, ya que el traslado implica salir del radio autorizado.
Una vez que llegue a Comodoro Py, Cristina Kirchner ingresará por una de las calles laterales del predio y será conducida directamente a la Sala AMIA, donde se desarrollan las audiencias del juicio.
El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, estableció que la exmandataria deberá estar presente antes de las 9 de la mañana para cumplir con los formalismos previos al inicio de la audiencia.
Convocatoria del kirchnerismo
En paralelo, sectores del kirchnerismo comenzaron a convocar a una movilización en respaldo a la exmandataria.
A través de redes sociales, militantes y organizaciones afines llamaron a concentrarse desde las 7 de la mañana frente al edificio donde “la jefa” cumple prisión domiciliaria, en San José 1111, para acompañarla durante el traslado hacia los tribunales.
La consigna difundida en la convocatoria sostiene que el proceso judicial forma parte de una “persecución política” y cuestiona al gobierno de Javier Milei.
Un juicio clave por presunta corrupción
La causa de los Cuadernos se originó a partir de los manuscritos del exchofer Oscar Centeno, quien registró durante años supuestos traslados de dinero vinculados a empresarios y funcionarios.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el expediente investiga la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Estado para recaudar dinero ilegal a partir de contratos de obra pública y otros beneficios otorgados por la administración nacional.
En ese esquema, los fiscales sostienen que Cristina Kirchner habría tenido un rol central dentro de la estructura investigada.
El juicio oral comenzó de manera virtual en noviembre de 2025 con la lectura de los requerimientos de elevación. A partir de esta semana, el proceso entra en una nueva etapa con las declaraciones de los imputados.
Además de la expresidenta, también fueron citados para declarar otros exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, quien actualmente se encuentra detenido por la condena en la causa de la Tragedia de Once.
La entrada Cristina Kirchner vuelve a Comodoro Py por la causa Cuadernos: operativo de seguridad y militancia convocada se publicó primero en Nexofin.
Causa Cuadernos,Comodoro Py,Cristina Kirchner,san jose 1111
Canales para ver el Unión vs. Boca Juniors por el Torneo Apertura
El riesgo de seguir en directo el conflicto de Oriente Próximo en plataformas hechas con IA: “Hacen que parezca casi como un videojuego”
Premios Oscar 2026: Conan O’Brien le dedicó un saludo especial al público argentino
Las universidades públicas comienzan una semana de protestas que complica el inicio de clases por la cuestión salarial
Rige desde hoy el aumento de la tarifa de colectivos en el AMBA: cuáles son los nuevos valores
Sorteo de Libertadores y Sudamericana: día, horario, TV y los bombos definidos
El ex novio de Luana de Gran Hermano reveló información sensible sobre su relación: “El bolso tenía plata”
Sorpresa en Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña: la reacción de la producción y las dudas sobre su reemplazo
Morena Rial salió de la cárcel y se conoció escalofriante dato que involucra a Jorge Rial: «Me pidió que me hiciera cargo»
Emanuel Noir, de Ke Personajes, anunció que dejará las redes sociales: “Una búsqueda mayor a la que creí, apareció”
CHIMENTOS2 días agoLa fuerte exigencia a Mauro Icardi para poder ver a sus hijas con Wanda Nara: “A Maurito se lo va a multar si no lleva a las menores al colegio”
- POLITICA2 días ago
BOMBAZO – Guerra abierta: Feinmann y Rossi contraatacan tras la denuncia de Victoria Villarruel
- POLITICA3 días ago
Milei llegó a Madrid para participar de un foro ultraliberal organizado por expertos en criptomonedas
