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A 40 años del alegato del “Nunca Más”: del abrazo de Strassera y Moreno Ocampo a la reacción de los militares

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Apenas Julio César Strassera dijo “Nunca más” sucedió algo inédito luego de cinco meses del Juicio a las Juntas Militares: la sala explotó. Una ovación conmovedora surgió desde las tribunas superiores y se extendió a la planta de abajo y a los palcos de los periodistas.

Fue un gesto espontáneo y colectivo, esos fenómenos que surgen y son imposibles de replicar de manera artificial. Difícil no emocionarse cada vez que nos enfrentamos a esa explosión pese a que la hayamos visto decenas de veces. Hay abrazos, gritos de vivas, llantos desconsolados.

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Después de siete jornadas había finalizado el alegato de la fiscalía. Con esas palabras finales se consolidó la intervención judicial más célebre, más relevante y sobrecogedora de nuestra historia.

Desde su sitial, León Arslanián, presidente del tribunal, pidió silencio en la sala. Pero al ver que cualquier intentó sería infructuoso ordenó, con energía, desalojarla.

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Mientras los aplausos no se apagaban, los comandantes se pusieron de pie y salieron por la puerta del costado. Videla con su carpeta bajo el brazo miró desafiante a las tribunas. Viola moviendo los labios teatralmente para que nadie dejara de entender, modulando sílaba por sílaba, les dijo repetidas veces Hijos de puta a los que seguían celebrando el alegato del fiscal.

En simultáneo a la salida de los acusados, Strassera y Moreno Ocampo se pusieron de pie, como siempre. Apenas se miraron de frente y con las ovaciones de fondo, se fundieron en un abrazo emocionado. Un abrazo que tuvo más de afectuoso y de alivio que de celebración. La foto que lo registra muestra cómo cada uno con un brazo caído y el otro detrás de la espalda de su compañero, esconde la cabeza en el hombro ajeno: no querían que los vieran llorar. Habían llegado al final del camino. Habían superado la incertidumbre, las amenazas, la falta de apoyo de los colegas, las sospechas, las presiones, el trabajo que en algún momento pareció imposible.

Hay una foto sacada desde uno de los palcos del primer piso que retrata el momento a la perfección: los comandantes saliendo abatidos, y Strassera y Moreno Ocampo dándose su propio abrazo del alma. En los días siguientes hubo editoriales en matutinos muy importantes y notas de opinión criticando el abrazo. Decían que se trató de un gesto casi de ostentación, que afectaba el decoro que debe mantenerse en una sala.

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El abrazo fue pudoroso y no tuvo nada de festivo y mucho menos de provocación. Da la impresión que los columnistas estaban molestos por otra cuestión más dolorosa y con mayores consecuencias que ese abrazo inicuo y noble.

El fiscal y su adjunto salieron de la sala juntos. Querían llegar a la fiscalía para escuchar los comentarios de los chicos que trabajaron con ellos, para compartir la alegría, para poder celebrar en la intimidad. Pero al llegar al hall principal del Palacio se encontraron con una sorpresa inesperada. La gente desalojada de la sala y varios empleados de tribunales los esperaban para seguir aplaudiéndolos. Una pequeña multitud los saludaba. Se acercaban, los abrazaban, les agradecían, los tomaban de las manos. Atravesaron el amplio hall sin que los aplausos se desvanecieran.

Esa escena podría ser un gran final de película.

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Se cumplen 40 años del histórico alegato de Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas. (Foto: Archivo Télam/lz)

El 18 de septiembre de 1985 Julio César Strassera cumplía 53 años. Pero no era eso lo que lo desvelaba ese día. Después de siete jornadas, finalizaba el alegato de la fiscalía en el Juicio a las Juntas. Sabía que la atención de todo el país estaría, una vez más, puesta sobre él.

Strassera era, hasta principios de ese año, un funcionario judicial gris aunque capaz, conocido en su mundillo por algunas excentricidades y calenturas, que le valieron el mote de Loco. Pero enfrentado a un desafío profesional ciclópeo, estuvo a la altura. Dio la talla. La misión era muy difícil. En la Argentina no se sustanciaban juicios orales, la presión era demencial y estaba representando a miles que ya no estaban y a sus familiares. En Estados Unidos, las causas judiciales que impulsa la fiscalía llevan en la carátula “El Pueblo Vs. …” Y en el Juicio a las Juntas, casi como en ningún otro, el fiscal cargaba con el peso de representar, literalmente al pueblo.

La labor de la fiscalía fue notable. Valiente, profesionalmente irreprochable, técnicamente inteligente y pedagógica. Y extraordinariamente convincente.

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Antes de comenzar el juicio, una encuesta demostró que menos del 20% de los argentinos estaba a favor de que se llevara a cabo. En la semana posterior al alegato, el 83% se mostraban a favor y pedían condena dura para los acusados.

El alegato de siete días y el cierre histórico que trascendió fronteras: “Señores jueces, Nunca Más”

El alegato empezó a las 15.13 hs del miércoles 11 de septiembre. Era la primera vez que los acusados ingresaban a la Sala. Había expectativas, rumores y, también, absurdas suposiciones. Algunos hasta soñaban (los diarios utilizaban el potencial para informar) algún tipo de pequeña revuelta que mostrara la dignidad de los comandantes.

Lo cierto es que entre trajes a medida y uniformes militares, los nueve que eran juzgados entraron en fila y se acomodaron en los bancos de madera. Algunos mostraron enojo, otros estaban serios y también estuvieron los que simularon desinterés.

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Videla leía un libro religioso que sacó de un portafolio de cuero marrón que tenía sus iniciales en dorado: Las siete palabras de Cristo de Charles Journet. Leía por espacios breves y muchas veces se quedaba en una página muchos más minutos que los que requería su lectura habitual: hacía que leía para que pasaran las horas. El resto del tiempo miraba el techo o posaba sus ojos por encima de la cabeza de los jueces, en el crucifijo colgado en la pared que debajo tenía la inscripción: Afianzar la Justicia.

El alegato final del Juicio a las Juntas describió -entre otras cosas- el plan sistemático instrumentado por la Dictadura.(Foto: archivo Telam)
El alegato final del Juicio a las Juntas describió -entre otras cosas- el plan sistemático instrumentado por la Dictadura.(Foto: archivo Telam)

Una digresión: el episodio hace recordar otro juicio célebre. Mientras se preparaba el juicio en su contra, el Estado de Israel puso a un oficial del ejército para resguardar el bienestar físico y mental de Adolf Eichmann: no querían juzgar a alguien demasiado demacrado ni que alucinara. Deseaban que pareciera lo más normal, sano e íntegro posible para que el juicio tuviera más impacto. El detenido no creaba problemas: tenía apetito, se mostraba dispuesto a colaborar, respondía todo tipo de preguntas, su trato era amable y siempre parecía de buen ánimo.

El oficial israelí que lo cuidaba le acercó el libro del momento para que lo leyera, para que se distrajera un rato. Dos días después cuando el militar pasó por la celda, encontró a Eichmann de mal humor, renuente al diálogo. En el piso de la celda, contra la puerta estaba el ejemplar de Lolita de Vladimir Nabokov que le había entregado. Eichmann, indignado, le dijo: “Lléveselo. Es un libro completamente malsano”.

Y Eichmann en esta historia tiene su importancia. No sólo por los argumentos jurídicos que se plantearon en los diferentes alegatos y el antecedente de lo que decidieron los jueces en Jerusalén y cómo la doctrina lo interpretó. La imagen que preocupaba era la de Eichmann en esa jaula de vidrio blindado, asistiendo a cada instancia del juicio. Por eso los pedidos de las defensas para que los acusados no estuvieran en la sala fueron aceptados hasta esta instancia. Procesalmente era imposible que no escucharan la acusación. También cada uno estaría –con la excepción de Videla- en sus propios alegatos y hasta harían uso de la palabra.

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Galtieri se veía abatido: un par de años atrás se imaginaba en bustos y hasta debe haber soñado con alguna estatua ecuestre en plazas céntricas de todo el país y ahora las revistas lo dibujaban con traje a rayas y bolas de acero atadas a sus tobillos.

Massera hacía saber, a través de sus periodistas amigos, que llevaba un riguroso archivo de todo lo publicado sobre el Juicio. Una amenaza. Como si nada hubiera cambiado. También disfrutaba que publicaran que él participaba activamente en sus estrategias de defensa.

En los estrados de los acusados, los empleados de la Cámara habían dejado varios ceniceros y nueve blocks de hojas y biromes sobre cada uno de ellos. Sólo Agosti, Viola y Massera tomaron algún apunte durante las intervenciones de los fiscales.

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Massera sonreía con sarcasmo cada vez que se le adjudicaba a la Marina algún asesinato, asentía con un leve sacudón de la cabeza cuando surgía su nombre.

Todos se veían más viejos.

El primer incidente se produjo en el primer cuarto intermedio. Los comandantes salieron en fila de la sala y pasaron por al lado de Moreno Ocampo que se había puesto de pie y los miraba con ojos encendidos, socarrones. Galtieri, con los músculos de la cara tensos, le dijo algo al pasar. Se presume que lo insultó. Moreno Ocampo rio con algo de estruendo. Cuando los periodistas corrieron a preguntarle qué le había dicho Galtieri, el fiscal adjunto minimizó la cuestión y se lamentó de no haber escuchado: “Es una lástima. Seguro la historia se perdió una frase célebre”, dijo.

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Esa primera jornada se extendió hasta más de las nueve de la noche. Strassera y Moreno Ocampo se alternaban en el uso de la palabra. El fiscal comenzó parafraseando a su colega Hausner, el del juicio a Eichmann y siguió hablando de la violencia del país hasta llegar a los años setenta. Luego describió en líneas generales el plan sistemático instrumentado por la Dictadura. Moreno Ocampo, en su turno, les pidió a los jueces que no se dejaran convencer por el aspecto de gente decente de los acusados. Eran criminales y habían sumido a la Argentina en un infierno, habían cometido la peor masacre de la historia.

Esa introducción conceptual provocó una gran conmoción. Era una pieza con profundidad y claridad, que no se enroscaba en el lenguaje jurídico ni en esas frases carentes de sentido pero altisonantes que los abogados suelen utilizar mientras creen que escriben bien. El alegato a esa altura ya era una pieza excepcional.

Luego ingresaron en el análisis caso por caso, las imputaciones específicas de homicidios, secuestro, torturas y delitos contra la propiedad.

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Aun en las secciones más farragosas, en las que predominaba la información y la descripción somera de los casos, el alegato del fiscal mantenía un estilo impecable y tenaz. En cada jornada de exposición del alegato, pocas veces decayó el interés, casi nunca se descuidó el estilo.

Los chicos de la fiscalía habían hecho un trabajo cotidiano que resultó de gran utilidad en el momento de preparar el alegato. Apenas recibían las copias de las declaraciones de los testigos, unos días después de presentarse ante el tribunal, las leían en profundidad, las marcaban en los márgenes y las identificaban con números y siglas para ir catalogando y sistematizando la información.

Strassera aclaró que esos pocos más de setecientos casos que había utilizado no agotaban el número escalofriante de víctimas. Lo siguiente que dijo fue recibido sin escándalo en la época: “Me acompaña el reclamo de más de 9000 desaparecidos que han dejado, a través de los que pudieron volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador”. (Aunque en los días posteriores y hablando de la destrucción de la documentación por parte de las autoridades militares en los días previos a las elecciones del 83, dijo que a raíz de esa actitud y de la falta de información “no se sabe con certeza cuántas fueron las víctimas: si fueron 5000, 9000 o 30.000”).

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Hoy a nadie se le ocurriría decir eso en ninguna instancia judicial ni en ningún foro público. Pasados 40 años, en algunas cuestiones, nos hemos vuelto un poco menos libres.

Jorge Luis Borges con Julio César Strassera, fiscal en el histórico Juicio a las Juntas Militares, minutos antes de participar de una de las audiencias públicas del proceso judicial. (Foto: Juan Carlos Piovano - Agencia Télam)
Jorge Luis Borges con Julio César Strassera, fiscal en el histórico Juicio a las Juntas Militares, minutos antes de participar de una de las audiencias públicas del proceso judicial. (Foto: Juan Carlos Piovano – Agencia Télam)

Después de describir la irrupción de la Triple A –violencia desde el estado, también- entró de lleno en la represión desatada por la dictadura tras el golpe del 24 de marzo. La describió, en la cara de los comandantes, con tres palabras precisas y contundentes: feroz, clandestina y cobarde. Y explicó que decidieron responder a la guerrilla con los mismos métodos ilegales y bárbaros.

En ese momento fija algo que había repetido en cada entrevista. Al preguntarse cuántos de los que fueron desaparecidos y asesinados eran culpables y cuántos inocentes, responde que nunca lo sabremos porque no les dieron la posibilidad de un juicio y de defenderse. Por lo tanto para la ley todos eran inocentes porque ninguno había sido juzgado. “Al suprimirse el juicio, se produjo una verdadera subversión jurídica. Se sustituyó la denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura, y la sentencia razonada por el gesto neroniano del pulgar para abajo”.

Moreno Ocampo en su turno recordó las palabras de la señora Corbin de Capisano en esa misma sala. La mujer mientras se levantaba de la silla destinada a los testigos dijo: “Mi hijo también merecía un juicio como este”.

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En otro cuarto intermedio fue Videla el que se hizo notar. Cuando quiso salir por el pasillo estrecho, se cruzó con Strassera que estaba de espaldas y obstaculizaba el paso. El dictador lo pechó por la espalda y siguió su camino sin pedir perdón ni permiso. El fiscal supo contenerse. Supo también que estaba haciendo un buen trabajo.

Luego los casos. Divididos por junta, por campo clandestino, por zonas. Esa información fue más tediosa y uniforme. Pero ese catálogo además de ser monstruoso y de demostrar que a pesar de que hacía meses que escuchaban esos relatos, nadie se habituaba a tanto horror, además de todo eso, demostraba lo que era la democracia. Un lugar en el que se cumplían las reglas, en el que a veces lo monótono era la norma, en el que se respetaban los pasos institucionales y en el que la fiscalía debía exponer sus acusaciones ante los acusados para que tuvieran pleno acceso a su derecho de defensa. Cada secuestro, tortura, asesinato, sustracción de bebés y robo era un caso individual atroz. Y al mismo tiempo un mosaico del plan sistemático montado por el Proceso, de la instauración del terrorismo de estado.

Carlos Somigliana: trabajó en el poder judicial y participó del equipo que trabajo con los fiscales en el alegato del Juicio a las Juntas. (Foto: EAAF)
Carlos Somigliana: trabajó en el poder judicial y participó del equipo que trabajo con los fiscales en el alegato del Juicio a las Juntas. (Foto: EAAF)

Los siguientes días los abogados defensores empezaron a decir que el alegato había sido escrito por Carlos Somigliana. Lo afirmaban como si se tratara de un demérito. Pero en el mismo gesto reconocían que estaba muy bien escrito. Moreno Ocampo aclaró que Somigliana era empleado del Poder Judicial desde hacía tres décadas, que colaboraba desde hacía meses con ellos y que sí, que por supuesto escribía bien. También quisieron impugnar lo dicho porque los fiscales leían y el Código decía que los alegatos debían ser orales y que sólo se podía recurrir a apuntes. Una idea para una posible investigación: la influencia de Teatro Abierto y sus dramaturgos en los albores de la Democracia. No sólo el eco de Teatro Abierto, la bomba, los textos valientes, el boom de público, el quiebre de la censura. También Carlos Somigliana escribiendo el alegato con Strassera y Gerardo Taratuto dándole forma al Nunca Más a pedido de Sábato. Intelectuales que no opinaban obviedades por las redes (en ese tiempo no existían pero sí los medios) y que actuaban virtuosamente sobre la realidad.

En el penúltimo día de presentación, Strassera brindó los fundamentos doctrinarios en especial las teorías de responsabilidad del jurista alemán –al que leía en el idioma original- Claus Roxin.

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El 18 de septiembre fue la última jornada.

En el momento previo a pedir las condenas, Strassera hace un gesto que pasó desapercibido. Con las dos manos se toma del apoyabrazos de su silla y se levanta un poco, como acomodándose para el gran momento. Después pidió condenas durísimas para todos los comandantes, incluyendo varias reclusiones perpetuas. Pero todavía faltaba algo más.

El párrafo final es célebre y tiene varios méritos. Su contundencia, la facilidad con que se fijó en la memoria colectiva y el haber utilizado una frase que ya tenía peso, que no era propia, que era un tótem de la lucha de los organismos de DD.HH. Ese cierre es el otro rezo laico de los albores democráticos junto al recitado del preámbulo de la Constitución con el que Alfonsín cerraba sus discursos: “Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’.”

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Ese gran final, inolvidable, con su enorme impacto, logra tapar un párrafo dicho unos minutos antes y que debiera haberse convertido en el lema de nuestra democracia. “Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me remito al período que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Ésta es nuestra oportunidad: quizá sea la última”.

Allí, en ese párrafo, Strassera siembra su legado y muestra el camino. Memoria, paz y justicia. Todavía estamos a tiempo de escuchar ese mensaje.

Ojalá se haya equivocado y no haya sido la última. Ojalá tengamos aún una nueva oportunidad.

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Julio Cesar Strassera, Luis Moreno Ocampo, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Leopoldo Fortunato Galtieri, Terrorismo de Estado

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Reforma laboral: la mesa política del Gobierno se reúne para definir si elimina el artículo de Ganancias tras el pedido de los aliados

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La semana clave para la reforma laboral de Javier Milei continúa hoy a partir de las 10:00 con una reunión decisiva en la Casa Rosada. La mesa política de La Libertad Avanza se encontrará en la previa de la sesión del Senado, convocada para este miércoles, en un clima marcado por la negociación con los bloques aliados que piden la eliminación del capítulo de Ganancias y una creciente tensión sindical en la calle.

El oficialismo llega a esa instancia con el objetivo de ordenar su estrategia legislativa y despejar incertidumbres sobre el texto final que se debatirá en el recinto. La discusión se da mientras la CGT prepara una movilización al Congreso en rechazo al proyecto y sectores gremiales combativos avanzan con medidas de fuerza propias, que incluyen un paro de actividades de transporte y estatales, un plan de lucha que la central obrera rechazó convocar.

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La sesión en la Cámara Alta será el primer gran test parlamentario del año para el Gobierno. En ese marco, la conducción libertaria busca evitar sorpresas y llegar al debate con el mayor nivel de previsibilidad posible, tanto en la votación en general como en los artículos más sensibles.

En Balcarce 50 ya avisaron que están dispuestos a hacer cambios y, en ese contexto, la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades está cada vez más cerca de ser excluida del proyecto por pedido de las provincias, que cuestionan tener que afrontar una nueva caída de recursos coparticipables.

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Mientras los gobernadores piden garantías sobre una compensación de esas pérdidas, como volver a coparticipar el Impuesto al Cheque, el senador radical Eduardo Vischi planteó la opción de que Nación y provincias acuerden un nuevo pacto fiscal.

Reunión clave del oficialismo

La mesa política de LLA volverá a encontrarse con la mirada puesta en el poroteo fino del Senado y en la coordinación con gobernadores y bloques dialoguistas. El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación de los principales armadores políticos del oficialismo: Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Luis Caputo e Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada dan por hecho que la definición de la estrategia no se limitará a un solo punto del proyecto. El foco está puesto en asegurar apoyos y reducir el margen de conflicto durante la sesión, en un contexto en el que cada voto resulta determinante para el Gobierno.

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Durante las últimas horas, los contactos con mandatarios provinciales y senadores aliados se intensificaron. El objetivo fue llegar a la reunión política con un panorama claro de los respaldos y de los eventuales costos de sostener o modificar algunos artículos del proyecto.

Patricia Bullrich confirmó que en las últimas horas se hicieron modificaciones en 30 artículos de la reforma laboral (Foto: X @PatoBullrich).

Además, Bullrich recibió a los presidentes de bloques aliados, en la que acordaron la modificación de unos 30 artículos, según confirmó la titular del bloque de LLA en el Senado, y quedó a un paso la eliminación de Ganancias.

Negociaciones contrarreloj con aliados y gobernadores

En ese marco de negociaciones contrarreloj se sucedieron varias reuniones en la Casa Rosada con mandatarios provinciales aliados, con el eje puesto en el impacto de la reforma y en la necesidad de garantizar el avance de la agenda legislativa.

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Desde el Gobierno insisten en que la reforma laboral forma parte del plan para atraer inversiones y mejorar la productividad, un argumento que fue reiterado en los encuentros con dirigentes del interior. Sin embargo, también admiten que el respaldo parlamentario depende de equilibrios frágiles y de acuerdos que deben cerrarse antes de la sesión.

La mesa política evaluará este martes cómo traducir esas conversaciones en votos concretos y qué margen de maniobra tiene el oficialismo para sostener el texto sin abrir nuevos frentes de conflicto en el Senado. La clave está en la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente a los recursos coparticipables y que es el de mayor resistencia de parte de los senadores de las provincias dialoguistas.

La presión sindical y la fractura del frente gremial

Mientras el Gobierno define su hoja de ruta, el sindicalismo mostró señales de fragmentación. La CGT convocó a una movilización al Congreso para el miércoles, pero evitó llamar a un paro general, con la intención de que una demostración masiva en las calles durante el debate legislativo alcance para frenar los artículos más conflictivos para los gremios.

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En paralelo, los gremios del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron un paro desde las 13:00. La medida afectará vuelos, trenes, subtes y el transporte de carga, con impacto en todo el país, y coincidirá con la marcha cegetista.

A esa decisión se sumaron otros sindicatos industriales y de servicios que optaron por medidas de fuerza propias, que se desmarcaron de la conducción de la CGT para elevar la presión sobre el Senado en la jornada del debate.

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En la misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó una huelga de 24 horas con movilización al Congreso y llamó a “parar igual” aunque no exista una convocatoria formal de la CGT, según expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar, en un plenario federal de delegados y horas después de haberse reunido con Pablo Moyano.

reforma laboral, Javier Milei, Senado

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El Gobierno tuvo que retirar su reforma penal juvenil y enviará otra que lleva la edad de imputabilidad a 14 años

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A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió no avanzar con el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso, debido a que no contempla la edad que se había consensuado con la oposición en ambas cámaras, y remitir uno nuevo para ser tratado mañana en comisiones.

El Poder Ejecutivo enviará este martes nuevamente un proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil que establece el límite para la punibilidad en menores será de 14 años y no de 13, como establecía el documento que se había remitido al Poder Legislativo al comienzo de la semana.

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Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

La hoja de ruta prevista para los próximos días será la siguiente. Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones clave donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de esta jornada se verá quienes ocuparán la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Mientras que a las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia. Ambas deberán fijar sus respectivos presidentes, vices, secretarios y vocales.

Reunión de comisión de diputados que analizaron el Régimen Penal Juvenil de agosto de 2024

La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. La incorporación de esta última comisión se produce porque, además de tener un efecto concreto en la baja de la edad en la cual un menor cumple responsabilidades penales, el proyecto tiene una importante implicancia presupuestaria.

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En el artículo 51 se determina la asignación de $23.739.155.303,08 para la implementación del nuevo régimen, detallando las partidas que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre las provincias y la Nación para el envío de partidas presupuestarias específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones. “Este último punto fue negociado desde el Ejecutivo y el mismo bloque de LLA en Diputados, presidido por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien fue el principal responsable de convencer internamente la necesidad de movilizar de manera exprés el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años”.

Pese a que ciertos sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR ya estaba fijada en 14 años. “Ese fue el consenso”, marcaron a Infobae. Así, el régimen penal juvenil presentado replica el espíritu del texto del año previo, proponiendo penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua.

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El proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años.

El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem

El enfoque del proyecto busca dar respuesta a las inquietudes sociales en materia de inseguridad asociada a adolescentes y desarticular posibles usos de menores como instrumentos para el delito, considerando que en la actualidad los menores de dieciséis años son inimputables. El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias. Para los menores de hasta quince años imputados por delitos graves, los jueces tendrán la potestad de dictar privaciones de libertad, aunque deberá prevalecer la reinserción social.

Los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, incluyendo tareas comunitarias y la obligación de reparación del daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso. El Gobierno también propone la creación de institutos especiales donde los menores condenados cuenten con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.

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El texto subraya derechos reforzados para los imputados durante el proceso judicial: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia, elementos que fueron motivo de debate presupuestario y que ahora aparecen previstos en la nueva estructura financiera del proyecto.

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Ranking mundial de corrupción: en qué puesto quedó Argentina entre 182 países

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La Argentina cayó cinco puestos en el ranking de índice de Percepción de la corrupción que realiza la organización Transparencia Internacional, que año a año analiza el desempeño de los países a nivel global. El país pasó del puesto 99 en el 2024 al 104 en el 2025, con 36 puntos sobre 100, en el segundo año de mandato del presidente Javier Milei. De esta manera se ubica en el puesto 106 entre 182 naciones.

El nuevo informe se conoció luego del procesamiento sin prisión preventiva del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa por corrupción en el organismo. Sumado al caso Libra y a la renuncia de Demian Reidel como titular de Nucleoeléctrica Argentina en medio de sospechas de sobreprecios.

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Leé también: La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en la causa por corrupción en la ANDIS

La organización advirtió, en el caso de la Argentina, que “las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”. La Argentina comparte el puesto con Belice y Ucrania, y está por encima de otros países como Zambia, Lesoto, Gambia, y República Dominicana.

La Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países en América, donde quienes tienes mejores puntuaciones son Canadá (75 puntos) en el puesto 16, y Uruguay (73 puntos) en el puesto 17. Mientras que Nicaragua y Venezuela son los países con las peores calificaciones del continente.

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El presidente de Poder Ciudadano, Martín D´Alessandro, dijo al respecto que “es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo». Advirtió que “en el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente».

Mientras que el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó: “Las malas novedades para la Argentina en este índice están relacionadas con la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción».

Secchi le hizo fuertes advertencias al Gobierno en materia de transparencia, luego de la difusión de un nuevo informe de Transparencia Internacional: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos de $LIBRA y la Agencia Nacional de Discapacidad que, además de la sospecha de corrupción, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”.

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Javier Milei, Corrupción

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