El Gobierno mantiene en revisión el paquete de reformas y dilata su envío al Congreso. Los cambios sobre el Código Penal siguen bajo análisis del Ministerio de Justicia y los vinculados a la propiedad privada continúan en manos de los equipos legales del Ejecutivo. “Todavía falta para que estén terminadas”, expresan en Nación.

En la Casa Rosada reconocen que la mesa política volverá a reunirse la semana que viene para ordenar la estrategia parlamentaria, aunque todavía no tiene un día cerrado. La definición política sigue abierta incluso sobre el recorrido legislativo del paquete. “Falta cerrar definiciones de estrategia legislativa”, agregan.

Más allá de que en la última reunión se había acordado que la reforma penal ingresara por el Senado, en sectores del oficialismo ahora ponen esa hoja de ruta en duda. “Patricia (Bullrich) quiere absorber todo y hay algunas quejas en Diputados”, expresan en el oficialismo, en referencia a la discusión interna sobre qué cámara debe concentrar el primer tramo del debate.

En paralelo, en Balcarce 50 advierten que no hay un borrador final para el paquete de reformas sobre propiedad privada, que está previsto que ingrese por la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem. El proyecto apunta a reducir la intervención estatal y dar mayores garantías a los inversores en línea con la lógica de desregulación que impulsaron desde el inicio de la gestión.

El texto incluye cambios en la ley de expropiaciones para acotar la definición de utilidad pública junto con una revisión de la ley de tierras rurales para flexibilizar las restricciones a la compra por parte de extranjeros. Contempla además modificaciones sobre el régimen de manejo del fuego, con la idea de habilitar cambios en el uso del suelo en zonas incendiadas, y una revisión del esquema de integración socio-urbana de barrios populares para reducir herramientas expropiatorias.

La prioridad del Gobierno es la reforma de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado y está en tratamiento en Diputados. La Cámara baja convocó a audiencia pública para el 25 y 26 de marzo sobre el expediente en revisión y luego fijó un criterio de participación para administrar la fuerte cantidad de inscriptos, con instancias presenciales, virtuales y presentaciones por escrito o video.

Ese expediente se convirtió en el frente más sensible del paquete porque combina interés económico e impacto ambiental. En el Ejecutivo sostienen que quieren acelerar esa discusión antes de abrir varios frentes en simultáneo. Es por eso que la estrategia legislativa pasó a centrarse en una lógica más escalonada.

En la Casa Rosada reconocen que no definieron todavía en qué instancia impulsarán los cambios a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. En Balcarce 50 admiten también que no tienen una planificación cerrada para el tratamiento de los compromisos con los Estados Unidos. “Vamos viendo sobre la marcha”, expresan.

Gobierno, reforma, Congreso

Marzo no suele ser un mes benigno para el poder. La advertencia atraviesa siglos y geografías. Desde la Roma de Julio César hasta la Argentina contemporánea, los terceros meses del calendario concentran crisis, quiebres políticos y puntos de inflexión. No es una categoría científica, pero sí una regularidad histórica que la política —siempre atenta a los símbolos— incorpora como marco interpretativo. En ese registro, Javier Milei transita su propio “idus de marzo”, en el tercer mes de su tercer año de Gobierno, con un combo que combina presión política, ruido judicial y señales económicas ambiguas.

El paralelo no es meramente retórico. La política argentina tiene una relación recurrente con marzo como punto de inflexión. Cristina Kirchner lo experimentó en 2008, cuando el 11 de ese mes firmó la resolución 125 que detonó el conflicto con el campo. Aquella decisión no solo abrió una crisis sectorial: terminó con el “voto no positivo” de Julio Cobos, selló la ruptura con amplios sectores del interior y coincidió con el inicio de la crisis subprime internacional, que tuvo en la caída de Bear Stearns su primer síntoma estructural antes del colapso de Lehman Brothers. Líos afuera, que encontraron a la Argentina con líos adentro.

Mauricio Macri, a su vez, tuvo su propio marzo crítico en 2018. Fue cuando pronunció aquella frase —“lo peor ya pasó”— que quedó desmentida por los hechos semanas después, cuando anunció el regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, marcando el inicio del tramo final de su gobierno. Alberto Fernández también enfrentó su momento de inflexión en marzo de 2022, con el impacto global de la invasión rusa a Ucrania y la ruptura interna del Frente de Todos, cristalizada en el voto en contra de La Cámpora al acuerdo con el FMI y la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista.

El presente no desentona. Milei llega a este marzo con un frente externo complejo —marcado por una nueva escalada bélica en Medio Oriente, con impacto directo en los precios internacionales del petróleo— y con tensiones internas que combinan variables económicas, judiciales y políticas. A ese cuadro se suma la crisis en desarrollo por el caso $Libra y las acusaciones que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de la revelación de su viaje a Nueva York y Punta del Este.

En ese contexto, el Presidente regresó de Hungría y tomó una decisión política inmediata: sostener a Adorni y ordenar la gestión. La conversación que mantuvo con su jefe de Gabinete fue, en ese sentido, un gesto de respaldo explícito. No habrá cambios en el equipo. La lectura en la Casa Rosada es que ceder en este punto implicaría validar el eje de ataque que impulsa la oposición.

Milei está particularmente fastidiado por lo que considera una ofensiva coordinada. En los últimos días, intensificó su actividad en redes sociales, donde cuestionó con dureza las coberturas que describen un clima de deterioro económico y social. Su diagnóstico es que existe una intencionalidad política en la construcción de esa narrativa, que no se condice —según su visión— con los datos duros de la economía.

En ese plano, el Gobierno exhibe cifras que considera contundentes. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sintetizó esa mirada en un mensaje público: la economía creció 4,4% interanual en 2025, con un incremento del 16,4% en la inversión, del 7,9% en el consumo privado y del 7,6% en las exportaciones. En el cuarto trimestre del año pasado, el PBI se expandió 0,6% en términos desestacionalizados y 2,1% en comparación interanual. A precios constantes, el producto alcanzó un máximo histórico, ubicándose 1,1% por encima del pico previo de 2022. Doce de los dieciséis sectores de actividad mostraron subas, con destaque para hoteles y restaurantes (+7,4%), el agro (+6,2%) y la construcción (+4,3%).

Sin embargo, esos datos conviven con señales más complejas en la microeconomía y en los ingresos que vienen corriendo de atrás la inflación. Ya no existe el desquicio de las remarcaciones cotidianas del último gobierno kirchnerista, pero las correcciones en las góndolas encuentran a la mayoría de los asalariados con sus ingresos casi estancados. Ese contraste entre los indicadores macro y la percepción cotidiana alimenta la disputa por el relato. Para el oficialismo, los datos estructurales validan el rumbo. Para la oposición, la experiencia diaria de los ciudadanos desmiente ese optimismo. En ese terreno, se inscribe la ofensiva política que el Gobierno identifica como un intento de erosionar su capital simbólico.

El caso $Libra funciona como catalizador de esa disputa. La revelación de información vinculada al celular de Mauricio Novelli —el empresario detrás de la fallida memecoin— y las denuncias que alcanzan a Adorni son leídas en la Casa Rosada como parte de una secuencia que excede lo estrictamente judicial. Sin pruebas concluyentes, en el oficialismo hablan de una “confabulación” que combina elementos verosímiles con otros que consideran operaciones.

La idea de una ofensiva más o menos concertada recorre los despachos oficiales. El objetivo, según esa interpretación, sería condicionar al Gobierno o forzarlo a modificar su rumbo. Milei, que durante la campaña se definía como un “fundamentalista de la verdad”, sostiene ahora que su gestión tiene en la moralidad uno de sus pilares centrales. En ese marco, todo lo que apareció en las últimas semanas es encuadrado como parte de una estrategia para atacar ese eje.

Esa convicción explica también la decisión de sostener a Adorni y de reposicionarlo en la gestión. El jefe de Gabinete tendrá en los próximos días una agenda intensa de reuniones con ministros y figuras clave del oficialismo, entre ellas la ministra de Seguridad y presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. El objetivo es claro: ponerlo al frente de la coordinación política en un momento de alta exposición.

La agenda parlamentaria será uno de los frentes a reactivar. La Casa Rosada había lanzado una serie de iniciativas la semana pasada, pero el ritmo quedó alterado por los viajes presidenciales y por la irrupción de las controversias judiciales. Ahora, la intención es retomar ese impulso, en paralelo con una señal institucional relevante: el envío al Senado de pliegos para cubrir vacantes judiciales.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene previsto iniciar ese proceso en los próximos días. Se trata de más de 300 cargos sin cubrir en todo el país, una situación que afecta el funcionamiento del Poder Judicial. La iniciativa no solo apunta a mejorar la operatividad del sistema, sino también a recuperar iniciativa política en un terreno —el judicial— donde el Gobierno quedó a la defensiva.

En paralelo, el oficialismo buscará disputar el sentido de la agenda pública en torno a los 50 años del golpe militar. Esta noche se difundirá un anticipo del video institucional elaborado por el equipo audiovisual de Santiago Oría. Mañana, por la mañana, se conocerá la versión completa: una pieza de cerca de una hora que incluye testimonios de hijos de militares y de desaparecidos y que retoma la idea de la “historia completa”.

El concepto ya genera rechazo en organismos de derechos humanos, que advierten una reedición de la teoría de los dos demonios. Pero en el Gobierno lo consideran una herramienta central para dar la batalla cultural en un terreno que históricamente fue dominado por el kirchnerismo.

Ese contrapunto tendrá su correlato en la calle. La marcha convocada para mañana a Plaza de Mayo, con acto central a las 16.30, será una demostración de fuerza de la oposición. Participarán todas las vertientes del peronismo —desde La Cámpora hasta el PJ tradicional y el Frente Renovador de Sergio Massa—, además de la CGT, que movilizará de manera institucional, y distintos movimientos sociales. También estará el radicalismo y todas las expresiones de izquierda y de organismos de derechos humanos.

Estará presente el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que impulsa su espacio Movimiento Derecho al Futuro con proyección presidencial, con el respaldo de sectores como Madres de Plaza de Mayo. La Cámpora, por su parte, marchará desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo, con una parada simbólica frente a San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario.

La escena condensa la grieta en su máxima expresión. No se trata solo de una disputa política, sino de una confrontación de narrativas sobre el pasado reciente y sobre el presente. Para el Gobierno, es una oportunidad de diferenciarse y de recuperar iniciativa. Para la oposición, un escenario para mostrar volumen y cuestionar al oficialismo en un terreno sensible.

En ese contexto, la referencia a los “idus de marzo” adquiere un valor más que literario. En “Julio César”, Shakespeare construye una advertencia que el protagonista escucha pero desestima. “Cuídate de los idus de marzo”, le dice el adivino. César oye, pero no actúa. Cuando llega el día señalado, la amenaza ya está en curso.

La política argentina no replica tragedias clásicas, pero sí reproduce lógicas de acumulación y ruptura que encuentran en marzo un momento de condensación. Milei enfrenta ese escenario con una estrategia definida: sostener a su equipo, confrontar con la oposición y retomar el control de la agenda.

No habrá repliegue ni concesiones. La apuesta es avanzar en medio de la tormenta, confiando en que su base electoral se mantiene sólida y en que los datos económicos terminarán imponiéndose sobre las percepciones negativas. Es una jugada de alto riesgo. Porque, como en la obra de Shakespeare, la advertencia puede ser escuchada, pero la clave está en cómo se la interpreta. Y, sobre todo, en si se actúa a tiempo.

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Tras los primeros reveses en tribunales, la Confederación General del Trabajo (CGT) sostiene la vía judicial para intentar frenar aspectos de la reforma laboral, pero en paralelo reactiva su presencia en las calles al sumarse a la movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y empieza a intervenir en la discusión política del peronismo con una propuesta que excede al partido.

En la central obrera hay preocupación por la caída del empleo y el deterioro del ingreso, pero también por la dificultad para traducir ese malestar en volumen político propio. Ese es uno de los principales argumentos por los que se suma a la idea de crear un frente amplio para enfrentar electoralmente a Javier Milei en 2027, que hoy atraviesa al Partido Justicialista.

En ese equilibrio aparece una consigna que empieza a repetirse entre sus dirigentes. La salida de fondo no es sindical, sino política, pero no puede limitarse a la oferta actual del peronismo. Los gremios buscan lugar en esa discusión sin quedar atrapados en las internas que fragmentan a la oposición.

La vía judicial como límite y señal política

La CGT mantiene activa su ofensiva legal contra la reforma laboral. Presentó un nuevo amparo en el fuero laboral para cuestionar artículos vinculados al derecho colectivo y a la regulación de la huelga.

Así, el expediente sobre la reforma laboral se mantiene como el eje institucional de la respuesta sindical. La CGT insiste en que hay artículos que afectan derechos individuales y colectivos, y por eso recurrió al fuero laboral con un planteo más acotado que el inicial. La apuesta es que ese ámbito tenga otra recepción que la que tuvo el contencioso administrativo.

Al mismo tiempo, la central obrera observa el impacto de la reforma en la negociación cotidiana. La discusión paritaria y las condiciones de contratación aparecen como los espacios donde esos cambios empiezan a materializarse. En ese plano, la disputa no depende de un fallo, sino de la capacidad de cada gremio para sostener sus posiciones.

En ese contexto, la CGT avanza con la creación de un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales en convenio con la UBA. El objetivo es contar con mediciones propias sobre inflación, empleo y canasta básica. La iniciativa busca aportar datos para la negociación salarial y, al mismo tiempo, construir una referencia alternativa frente a los indicadores oficiales.

Movilización acotada y disputa sindical

La decisión de marchar el 24 convive con un esquema de movilización más selectivo. La CGT no impulsó en las últimas semanas una escalada de protestas, aunque sí acompañó conflictos sectoriales y mantuvo el respaldo a gremios en disputa. Esa dinámica refleja una tensión interna con sectores más duros que buscan mayor presencia en la calle.

En la central obrera también registran un dato que condiciona esa estrategia. El malestar por la situación económica no se traduce de manera directa en mayor conflictividad. Entre los factores que mencionan aparecen el temor a perder el empleo y una lectura crítica sobre el Gobierno de Alberto Fernández, que complejiza la construcción de una agenda común.

Ese cuadro explica por qué la CGT combina presencia en movilizaciones de alta convocatoria con una administración más cuidadosa de sus propias iniciativas. La prioridad pasa por no quedar desfasada respecto de sus bases y sostener capacidad de articulación con otros actores del sindicalismo.

La discusión política hacia 2027

En paralelo a la agenda judicial, la conducción cegetista empezó a intervenir con mayor claridad en el debate político. La idea de construir un frente más amplio aparece como un punto de coincidencia entre distintos dirigentes, con el argumento de que el peronismo, por sí solo, no alcanza para ordenar una mayoría.

“Con el peronismo es indispensable, pero con el peronismo no alcanza”, planteó Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, en Futurock. La definición no implica un corrimiento del espacio, sino una discusión sobre su alcance. “Lo que tiene que suceder es un enorme frente”, explicó.

La propuesta es avanzar en un esquema que incluya a otros sectores políticos y sociales, pero la central obrera evita, por ahora, cualquier definición sobre candidaturas. La posición dominante es que el orden de la discusión debe ser inverso al habitual. Primero el programa y después los nombres. Esa secuencia busca evitar que la interna condicione la construcción de acuerdos más amplios, pero es frecuente ver a dirigentes de la cúpula cegetista acompañando al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Al mismo tiempo, la CGT plantea la necesidad de “canalizar el malhumor social”. La expresión aparece como una síntesis del diagnóstico que comparten varios dirigentes. El descontento existe, pero no encuentra todavía una traducción política clara. La central intenta ubicarse en ese espacio sin dejar de lado su rol gremial.

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Esa misma lectura es la que hacen Miguel Ángel Pichetto, que se reunió con Cristina Kirchner y luego con Carlos Kikuchi —exarmador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires—; Kicillof, que desde el Movimiento Derecho al Futuro promueve el lanzamiento de un frente amplio contra Milei; y hasta Victoria Tolosa Paz, diputada, consejera del PJ y cercana al expresidente Alberto Fernández.

“Lentamente, se van generando mesas, reuniones y principios de acuerdo sobre la forma en que esa alternativa tiene que reconstruir un espacio político bien amplio y justamente es alternativa porque es una alternativa al pasado y al presente”, planteó Tolosa Paz en Radio Splendid. La frase sonó al interior del peronismo entre propuesta y crítica a los gobiernos kirchneristas.

Ese movimiento convive con diferencias internas y con apuestas diversas dentro del sindicalismo. Algunos sectores mantienen alineamientos más definidos dentro del peronismo, mientras otros exploran alternativas por fuera de ese esquema. La CGT, como estructura, busca sostener un margen de acción que le permita intervenir en ese proceso sin quedar atada a una sola opción.

CGT, Peronismo, PJ, Partido Justicialista