POLITICA
A 50 años del golpe: un 71% tiene una visión negativa sobre la dictadura militar y el 70% dice que deben seguir los juicios

A 50 años del golpe de 1976, pese a las fragilidades de la coyuntura política y las deudas sociales que aún arrastra el país, en la Argentina se consolida el fuerte rechazo a la dictadura militar: el 71% tiene hoy una imagen negativa de ese período de la historia.
Así lo refleja un informe del observatorio Pulsar, el área especializada en opinión pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que a través de una encuesta nacional de 1136 casos y un estudio cualitativo, a partir de ocho grupos focales, publicó la investigación “Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después”.
En tiempos de grietas y polarizaciones políticas, los resultados del estudio arrojan una evaluación negativa contundente sobre la dictadura de 1976/1983. El 71% de la gente considera que el último gobierno de facto fue “malo” o “muy malo” y el 63% afirma que no hubo motivos que justificaran el golpe contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. A eso se suma que el 70% cree necesario que el Estado siga juzgando a los militares por violaciones a los derechos humanos.
Según el estudio, la memoria sobre la última dictadura tiene plena vigencia. El 71% conoce mucho o algo sobre lo que ocurrió en el país en aquellos años. El 22% admite que “sabe poco” y el 6% declaró no saber nada sobre el tema.
Además, apenas el 7% conserva una visión positiva de la experiencia militar en la Argentina. Un dato que llama la atención de los realizadores del estudio. “En otras experiencias similares, como el régimen de Augusto Pinochet en Chile y la dictadura de Francisco Franco en España, los niveles de imagen positiva duplican la valoración favorable en la Argentina”, reveló el director de Pulsar, Augusto Reina, al presentar los resultados.
Otro dato contundente de la muestra es que el 61% de los encuestados por Pulsar y el CELS describen el accionar del gobierno militar como el despliegue de “un plan sistemático de desaparición de personas y violación de derechos humanos”. Los que consideran, en cambio, que “fue un gobierno que encaró una lucha contra el terrorismo, en la que pudo haber habido excesos” alcanzan el 32 por ciento.
La franja de quienes sostienen la idea de “un plan sistemático” es mayor entre las mujeres (+12%), los que presentan un nivel educativo medio y alto (+6/8%) y residentes en Capital y Gran Buenos Aires (+8%).
Marcela Perelman, directora del área de investigación y archivo del CELS, observó que el rechazo a lo que significó la dictadura es amplio y que las divisiones que suelen plantearse en las discusiones públicas o en el ámbito político se focalizan en grupos reducidos. Llamó, de este modo, a “no dejarse llevar por los posibles microclimas”.
Reina y Perelman observaron que tanto en quienes se posicionan en los grupos de “plan sistemático” como en los que se cometieron “excesos”, predominan sentimientos negativos, como “dolor, temor y condena total”. Sin embargo, aparecen diferencias en los testimonios.
“La dictadura fue el peor monstruo de la Argentina”, describió una persona del AMBA, entre 40 y 50 años, frente al “plan sistemático de desaparición de personas”. Otra voz, de 20 19 años, del interior, que lamentó los “excesos”, sostuvo que “era otra vida… de los niños yendo a la escuela y ver gente armada, de ir a meterse en las casas rápido por miedo, no hablar con gente de más porque puede que éste le cuente al otro y vayan y te secuestren, se te metan a tu casa y te lleven”.
En lo que se refiere al origen de la información tomada en cuenta para sostener su argumentación, el 44% de los encuestados mencionó que se informó principalmente sobre los hechos ocurridos entre 1976 y 1983 a través de la escuela o la universidad. Otras fuentes de información han sido conversaciones con familiares y amigos (30%) y, en menor medida, por noticias o programas especiales (10%). Un 6% se enteró, según el informe, mediante series, películas, libros o producciones musicales.
Los autores del estudio concluyen que el golpe militar de 1976 no tenía justificación social. Mientras el 43% sostuvo que no existían razones, el 18% respondió que había “pocos motivos”. Ambas respuestas se engloban en un 63%. El 16%, en cambio, opinó que había “bastantes motivos” y otro 11% sostuvo que existían “muchos motivos”.
El 39% ubicó como principal responsable de la dictadura al gobierno de Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti, como primera mención. El 16% responsabilizó a los Montoneros y el 13% al gobierno de Isabel Perón.
Frente a los juicios por delitos de lesa humanidad, el 51% se mostró “muy de acuerdo” con que el Estado siga juzgando a los militares y el 19% se declaró “bastante de acuerdo”. Así, los procesos judiciales tienen un respaldo del 70 por ciento. En el otro extremo, un 13% se mostró “poco de acuerdo” y otro 13% respondió “nada de acuerdo”.
En tanto, el 30% de los encuestados dijo que tiene “algún conocido, familiar o amigo que haya sido desaparecido, detenido o perseguido por la dictadura. Proporción que los responsables del estudio consideraron significativa. No obstante, el número refleja que, medio siglo después, la experiencia directa con la dictadura de 1976 “es más limitada”.
Frente a la pregunta sobre “qué pasaría si mañana hubiera un golpe de Estado”, el 83% considera poco o nada probable esa posibilidad. El sentimiento transversal y mayoritario es que “eso no va a pasar”.
En tanto, el 78% marcó la opción de que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, frente a un 10% que admitió que en “algunas circunstancias” se podría aceptar un gobierno autoritario y un 7% que se mostró indiferente.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Referencia salarial. Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en marzo,,Promociones. Así funciona la verificación automática por DNI para los descuentos de Familia Militar,,Presión de la Casa Blanca. El Pentágono amenaza a una empresa que quiere restricciones para el uso de IA con fines militares
POLITICA
Con un comunicado, la embajada de Rusia rechazó la acusación sobre una presunta campaña de desprestigio contra Milei

Este jueves se conoció una campaña de desinformación presuntamente impulsada desde Rusia para perjudicar al presidente Javier Milei. Según detalla la investigación, la operatoria incluyó el financiamiento de cientos de artículos publicados en medios digitales argentinos con el fin de afectar la imagen del mandatario.
Tras la difusión del informe, el Gobierno advirtió que va a avanzar “hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”.
Desde la embajada de Rusia respondieron con un escueto: “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos”.
Asimismo, indicaron que “los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”.
“Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, concluyeron.
La postura del gobierno argentino
Javier Milei sostuvo que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.
“Los “periodistas” y “medios” vinculados a esto son solo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, escribió en su cuenta de X.
La SIDE ya había advertido sobre esta operatoria a fines de 2025. En un comunicado oficial, indicó que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado. Según precisaron, se trataba de una estructura con antecedentes en maniobras de injerencia internacional que buscaba consolidar redes de influencia en el país.
Respecto de la publicación de los contenidos, el informe señala que, en muchos casos, los artículos ingresaban a los medios a través de intermediarios como agencias, consultoras o voceros externos. Varios de esos textos carecían de firma o estaban atribuidos a autores inexistentes, algunos de ellos generados mediante herramientas de inteligencia artificial.
Los datos surgen de un informe elaborado por un consorcio internacional de periodistas. De acuerdo con los documentos analizados —una filtración de inteligencia rusa de más de mil páginas—, la estructura responsable, conocida como “La Compañía”, habría desembolsado alrededor de US$283.000 para la difusión de más de 250 notas y columnas de opinión en al menos 23 portales del país. El material fue examinado en Argentina por el sitio Filtraleaks, en el marco de un trabajo conjunto con organizaciones periodísticas internacionales.
Rusia
POLITICA
Sandra Pettovello echó a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccessi. Lo hizo tras conocer que el funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación, algo que según le dijeron fuentes de la cartera a TN ella no cuestiona, pero choca con el “perfil bajo” que pretende cultivar en su área.
En los últimos días se conoció que un grupo de miembros del equipo económico y legisladores oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$350.000 en el Banco Nación, la principal entidad pública de la Argentina, y desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer detalles de la operatoria.
Desde la entidad bancaria le aseguraron a TN que se cumplieron los requisitos y descartaron cualquier tipo de irregularidad: “No hay excepciones. El que califica, accede”, manifestaron.
Desde el oficialismo rechazaron los cuestionamientos y argumentaron que “en cualquier país la gente saca créditos”. De este modo, buscaron bajarle el tono a la polémica y desestimaron las denuncias por presuntas irregularidades.
Cuál es la normativa del Banco Nación
El Banco Nación, en su reglamentación, señala que los créditos para el sector público pueden solicitarlos personas que trabajen en relación de dependencia, clientes pertenecientes a Empresas con Capital mayoritariamente estatal y empleados de las empresas pertenecientes al Grupo YPF, que cobren sus haberes a través de esa casa.
La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden será de 85 años inclusive.
En todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplan con los requisitos correspondientes para la obtención del presente crédito hipotecario.
Sandra Pettovello, Banco Nación
POLITICA
Temen dilaciones: La Corte quiere apurar en el Consejo los cambios en el sistema de selección de jueces

El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces inició esta semana su camino dentro del Consejo de la Magistratura al ser girado, como un expediente más, a la Comisión de Reglamentación, la primera parada de muchas.
El tratamiento ordinario que recibió la iniciativa generó malestar entre los impulsores. Esperaban una mejor recepción y una mayor agilidad en el trámite.
Desde su presentación, el proyecto recibió amplias expresiones de respaldo, ya que limita la inicidencia de la política en la elección de jueces y reduce los márgenes de arbitrariedad.
La iniciativa fue firmada por dos de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, e introduce modificaciones en distintas instancias del proceso, pero recalibra, especialmente, el peso que tienen las entrevistas personales, una instancia cuestionada que, en palabras de Rosenkrantz, se utiliza para “reescribir el orden de mérito” de los candidatos.
Los efectos de esa “discrecionalidad” quedaron a la vista en la ventana hacia el pasado que abrió el lunes el envío al Senado del pliego de Emilio Rosatti, hijo del ministro de la Corte Horacio Rosatti. Tal como contó , en parte gracias a los puntos que ganó en la entrevista personal, Emilio Rosatti saltó del cuarto al primer lugar en ese ranking de mérito.
Rosatti, presidente del máximo tribunal, no firmó la acordada, aduciendo que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó de su presentación, el lunes, en una ceremonia de gran pompa judicial en el Palacio de Tribunales.
El nuevo reglamento apunta a poner nuevos límites al Consejo -donde se inicia el proceso de selección de jueces- para “limitar la injerencia” de la política. Dispone, por ejemplo, que los concursos se realicen con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice o que las entrevistas personales solo puedan dar puntos al candidato con un límite del 10%.
“Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”, dijo Rosenkrantz, el lunes, durante la presentación.
Respecto de las entrevistas personales, el ministro sostuvo que son una fuente permanente de queja “en los aspirantes serios”, que alteran el orden de mérito “sin parámetros claros ni límites cuantitativos”.
Los caminos
“Si lo dilata [al proyecto de la Corte dentro del Consejo], va a estar deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”, dijeron respecto a Rosatti en una de las vocalías de la Corte.
El malestar surge porque la acordada mayoritaria de la Corte no recibió un trato especial y ahora la iniciativa podría iniciar una larga peregrinación entre escritorios del Consejo y entremezclarse con otros proyectos similares.
“Dependerá de cómo se trabaje en las comisiones”, advierte una fuente del órgano respecto a los tiempos, que son inciertos.
Es que el texto deberá tratarse primero en la Comisión de Reglamentación -hay una reunión prevista para el jueves- y luego en la de Selección; recoger allí sus dictámenes, para después sí recalar en el pleno del Consejo. Compite junto a otra docena de proyectos orientados en el mismo sentido, que no han logrado grandes avances en el último año.
Formalmente, había al menos dos caminos alternativos al que se tomó: llevar la propuesta directamente al plenario previsto para el próximo 14 de abril y tratarlo “sobre tablas”, lo que requiere para su aprobación una mayoría agravada; o buscar darle un dictamen sin retoques profundos en una comisión conjunta, integrada por las de Reglamentación y de Selección.
Ninguna de las alternativas contaba con apoyo suficiente, en parte porque cualquiera de ellas habría sido abrirle la puerta del Consejo de par en par a la Corte.
Algunos constitucionalistas mostraron reparos en la forma en que la Corte presentó la iniciativa. Andrés Gil Domínguez sostuvo en redes que “la CSJN no quiso intervenir ‘lateralmente’ en el debate, sino que dotó al texto de una investidura institucional reforzada, con pretensión de autoridad y de irradiación sobre todo el sistema judicial argentino”.
El volumen que ganó el asunto, habiendo tantos otros proyectos en el Consejo, produjo en algunos consejeros la sospecha de que en el fondo del proyecto se libra una batalla interna de la Corte, que tuvo en este tema un realineamiento, con Rosenkrantz y Lorenzetti en la misma vereda.
Aún aquellos que ven con buenos ojos volver a sopesar el peso de las entrevistas defienden el camino adoptado por el Consejo, afirmando que es el habitual y respeta el “procedimiento interno”.
Las mismas fuentes del Consejo, sin embargo, reconocen amplios márgenes de mejora posibles. Es que no solo las entrevistas han quedado ensombrecidas en distintos concursos, sino también los exámenes escritos, cuyo contenido no se publica.
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