A cuatro meses de las elecciones del 26 de octubre, los gobernadores de todo el arco político redoblan los reclamos al presidente Javier Milei por el recorte de recursos, las deudas con las cajas previsionales y el freno de la obra pública, en una escalada de tensiones que pueden trasladarse al Congreso nacional.

Un punto de inflexión fue el proyecto de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al que suscribieron los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño y que sería presentado en el Senado en los próximos días.

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Tras un año y medio de gestión libertaria, que los había atomizado y dividido entre aliados, dialoguistas y opositores duros, los mandatarios provinciales lograron de forma inédita unificar un reclamo que pone a prueba del poder de veto de Milei.

Pero no es el único frente abierto con el Gobierno nacional. Las deudas previsionales fueron judicializadas en la mayoría de los casos; algunos gobernadores presentaron recursos ante la Justicia por el incumplimiento de obras nacionales, como las rutas que corresponden a esa jurisdicción, y otros avanzan con acuerdos para el traspaso de responsabilidades, siempre que se cuente con recursos o se salden deudas provinciales.

En el Gobierno confían en lograr desactivar una vez más el intento de los gobernadores por recuperar recursos redirigiendo la mirada al respaldo necesario para aprobar la ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, conocida como los dólares del colchón, que, aseguran, “implica más plata para las provincias (por mayor IVA e ingresos brutos)”. Pero los gobernadores aseguran que esta vez no será tan fácil.

La situación en algunas provincias es muy compleja, con riesgo de enfrentar dificultades para pagar el medio aguinaldo de junio en distintos niveles del Estado. Además de la escasez de recursos para enfrentar la gestión en año electoral.

Según un la consultora Analytica, las transferencias automáticas a las provincias cayeron un 23,4% interanual en términos reales en mayo, aunque subieron exponencialmente las no automáticas, es decir, las discrecionales. Sin embargo, aunque algunas jurisdicciones fueron más beneficiadas, todas firmaron el proyecto de ley.

Judicialización de la deuda previsional

Las deudas millonarias de Nación con las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que no transfirieron sus cajas previsionales a la Anses, fueron en su mayoría judicializadas y es uno de los principales frente que afronta Milei con muchos de los gobernadores aliados.

Uno de los principales argumentos del Gobierno nacional para frenar los pagos fue la necesidad de auditar las deudas con cada jurisdicción, pero las provincias creen que se trata de un mecanismo para dilatar el cumplimiento de los compromisos y poder mostrar un exitoso superávit.

El gobernador cordobés Martín Llaryora es uno de los que tiene más adelantada la resolución. Llevó el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia y, tras varios intentos y en el marco de la audiencia de conciliación convocada por el máximo tribunal, logró que el Gobierno nacional reconociera formalmente la deuda y los incumplimientos con la caja de jubilaciones de la provincia.

Nación presentó una propuesta de pago, que contempla transferencias mensuales de fondos a Córdoba por $60.000 millones a cuenta de 2025, pagados con aportes mensuales de $5000 millones durante 12 meses, según confirmó el mandatario provincial al salir de la audiencia de la audiencia judicial a fines de mayo.

Pero además del compromiso de pago, Córdoba consiguió que se fijara un nuevo encuentro para dentro de seis meses “para evaluar la marcha del acuerdo”. En la provincia serrana siguen de cerca el cumplimiento.

El tuno del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue este miércoles. Se presentó ante el máximo tribunal acompañado por sus antecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti.

Se llevó como parte del acuerdo que en 15 días se abrirá una instancia técnica para analizar el flujo de deuda. “El Estado nacional reconoce que hay una deuda. El reclamo de Santa Fe se sostiene sobre dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto aún debe determinarse; y por otro, el flujo de fondos que Nación dejó de transferir de manera unilateral desde enero de 2024, incumpliendo el decreto 280, firmado el año pasado”, dijo Pullaro.

Mientras tanto, mantiene la medida cautelar presentada ante la Corte, “que exige la restitución inmediata del flujo que Nación interrumpió, sin perjuicio de que luego se discuta el monto total del stock adeudado”, explicó.

Según cifras oficiales de la Provincia, la deuda equivale a 1500 kilómetros de rutas nuevas o a la construcción de 170 escuelas.

Obras públicas nacionales

En forma paralela a los reclamos por las cajas previsionales, los gobernadores cuestionan el freno de la obra pública, especialmente la que tiene que ver con infraestructura vial, porque afecta de forma directa a la producción de las economías regionales.

El proyecto de ley que avalaron los gobernadores respecto de la coparticipación del Impuesto a los Combustibles incluye la eliminación de todos los fideicomisos. Lo que cuestionan los mandatarios provinciales es que el dinero que se recauda debería destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales, pero el Gobierno nacional no cumple con esa responsabilidad.

En el Palacio de Hacienda desconocen esos reclamos y presionan para trasladarle a las provincias la responsabilidad de las obras en rutas nacionales. “Si se llevan las rutas, también la plata. Pero no podemos darles la plata y mantener las rutas”, dicen.

Para intentar destrabar el conflicto, el ministro de Economía, Luis Caputo, avanza sobre acuerdos bilaterales con los gobernadores para compensar deudas provinciales a cambio de las obras.

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En ese sentido giró el acuerdo que selló este martes con otro gobernador dialoguista, el chubutense Ignacio Torres, con quien convino incorporar, en el marco del Acuerdo de Compensación de Deuda, la obra de reparación de la ruta 40, que la provincia va a ejecutar con fondos propios.

Además, iniciaron las gestiones para que se incorpore al acuerdo la deuda de la Anses. Entre Ríos fue otra provincia que avanzó en un sentido similar.

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