El Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Se trata una de las opciones más fuertes que tiene en carpeta el Ejecutivo, que planea solicitar la nulidad de la sesión en el Senado en la que se votaron las iniciativas. La otra apunta al fuero Contencioso Administrativo.

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, está a cargo de la estrategia legal del oficialismo en conjunto con su mesa de abogados, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro. “Vamos a intentar dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia”, expresan en Nación.

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En la Casa Rosada rechazan el argumento de que el veto haya validado la sesión y aseguran que agotarán todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones legislativas sin realizar la erogación presupuestaria. “Bajo ningún aspecto vamos a promulgar las leyes. Los fondos no se van a gastar”, manifiestan.

En Balcarce 50 aseguran además que no preparan una medida para compensar los vetos con aumentos jubilatorios o con una recomposición de las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está en la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. “Vamos a seguir recortando pensiones”, agregan.

El Gobierno mantiene la intención de argumentar que la autoconvocatoria de Senado es ilegal y que lo aprobado durante la sesión del jueves no tiene validez. Planea invocar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que fija la convocatoria de sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias entre las atribuciones del Presidente.

Otro de los argumentos que tiene en carpeta el Ejecutivo es el impacto fiscal de la medida, que ya lo incluyó en los considerandos del veto. Insiste además en que las fuentes de financiamiento de la ley no contemplan más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla y apela a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

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La Casa Rosada amenaza además con vetar el proyecto que aumenta los fondos para las provincias en caso de que se convierta en ley. Se trata de la iniciativa que busca incrementar la distribución regular de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y modificar la distribución del impuesto a los combustibles.

En Balcarce 50 reconocen que esperan una “sesión negra” este miércoles en la Cámara de Diputados, aunque los funcionarios que mantienen contacto con los bloques aliados intentaron sumar adhesiones hasta última hora para conseguir el número de 86 diputados que les permite sostener los vetos. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, están a cargo de las negociaciones parlamentarias.

Gobierno, Corte Suprema, veto

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Una publicación de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, sobre la situación de los menores involucrados en delitos graves en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte controversia, una vez más, con la gestión bonaerense. La funcionaria nacional señaló que en esa jurisdicción “un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”, un comentario que apareció tras un caso reciente que involucró a dos adolescentes, entregados por sus madres, acusados del asesinato de una mujer en Villa Luzuriaga. La reacción no tardó en llegar por parte de Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia gobernada por Axel Kicillof, quien respondió con dureza a Bullrich buscando refutar su apreciación sobre el tratamiento de los menores que delinquen.

El mensaje inicial, difundido a través de las redes sociales el lunes 19 de agosto, expuso el profundo desacuerdo entre las gestiones de seguridad a nivel nacional y provincial.

El asesinato en Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, implicó a dos menores de 15 y 17 años, quienes, según la investigación, participaron activamente del crimen. El hecho motivó no solo operativos policiales y manifestaciones vecinales, sino también declaraciones de funcionarios que pusieron en primer plano una discusión sobre la edad de imputabilidad y la respuesta estatal frente al delito cometido por adolescentes.

Según publicó Patricia Bullrich en su cuenta, “en la provincia de Buenos Aires un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir a su casa como si nada hubiera pasado”. La funcionaria nacional añadió en su publicación: “Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres.”. Con estas afirmaciones, Bullrich planteó la necesidad de discutir el marco normativo aplicable a los jóvenes involucrados en delitos graves, especialmente en la jurisdicción bonaerense.

“¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor”, enfatizó Bullrich.

La postura la reacción inmediata del gobierno provincial. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, respondió también desde su cuenta oficial: “Bullrich mentirosa e irresponsable. Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”.

“Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Finalmente sostuvo: “Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso slogan impulsado por Milei”.

“Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”, cerró.

El funcionario bonaerense defendió así la actuación del poder judicial y de los organismos responsables de la protección de la infancia y adolescencia en la provincia, aportando detalles sobre la aplicación de la ley penal juvenil y subrayando el acompañamiento a las víctimas de situaciones como la ocurrida en Villa Luzuriaga.

El trasfondo del cruce tiene como referencia inmediata el caso conocido el lunes 18 de agosto, en el que una mujer de 44 años, identificada como Marina Gómez, murió tras recibir una puñalada durante un asalto cometido por dos adolescentes en un barrio residencial. Según la investigación, las madres de los acusados, al enterarse del crimen, decidieron entregarlos a la policía para que la justicia tomara intervención. Los adolescentes quedaron así a disposición del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, que investiga su participación directa en el asesinato.

El caso provocó protestas de la comunidad local por la sucesión de hechos violentos en la zona y renovó las críticas al sistema de seguridad local y nacional.