POLITICA
A qué hora del domingo se conocerán los resultados de las elecciones Argentina 2025
El domingo 26 de octubre, millones de argentinos asistirán a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales en el marco de las elecciones legislativas 2025. Como en cada jornada electoral, la expectativa no solo estará puesta en la participación ciudadana, sino también en la hora en que comenzarán a conocerse los primeros resultados oficiales.
Según lo informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), los primeros datos del escrutinio provisorio estarán disponibles a partir de las 21.00 horas. Este horario no es casual, ya que la ley establece que los resultados no pueden difundirse antes de esa hora, salvo que la Justicia Electoral autorice una excepción si se verifica un porcentaje mínimo de mesas escrutadas. El objetivo de esta restricción es garantizar que la información oficial se difunda con un nivel de representatividad suficiente, lo que evita interpretaciones erróneas o proyecciones prematuras.
A pocos días de las elecciones, la Cámara Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión que modifica la forma en que se presentarán los resultados preliminares. El organismo dispuso que el Poder Ejecutivo deberá publicar los datos distrito por distrito y no como un recuento nacional único, como había propuesto el Gobierno encabezado por Javier Milei.
Según pudo corroborar , la resolución lleva la firma de los jueces Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, y responde a un pedido formal de partidos políticos como el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (distrito CABA).
Estos espacios habían presentado una denuncia administrativa ante la DINE al considerar que un conteo nacional único podría distorsionar la percepción de los resultados y beneficiar a la fuerza oficialista La Libertad Avanza, que compite bajo una misma denominación en todo el país, mientras que otras alianzas utilizan sellos diferentes según la provincia.
En su fallo, la Cámara Electoral remarcó que la Constitución Nacional establece que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyen distritos electorales independientes. “Tal como resulta de la letra expresa de la Constitución Nacional y la legislación electoral aplicable, no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional”, explicaron los camaristas.
Además, aclararon que el escrutinio provisorio no tiene validez jurídica, ya que lo realiza el Poder Ejecutivo a través de una empresa contratada. Su función es meramente informativa, a diferencia del escrutinio definitivo, que es competencia exclusiva de la Justicia Electoral y es el único con valor legal para proclamar a los candidatos electos.
La forma en que se comunican los resultados puede impactar directamente en la percepción pública de la elección, influir en la confianza ciudadana y hasta moldear la lectura política de la jornada. Por esto mismo, la Justicia busca que el recuento preliminar respete la estructura federal del sistema electoral argentino y evite proyecciones engañosas que no reflejen la realidad distrito por distrito.
Para consultar el padrón electoral, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial de la CNE y proporcionar su número de DNI, género, distrito y un código de validación. Esta consulta brinda información detallada como el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden correspondiente a cada elector.
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POLITICA
Licencias por enfermedad y billeteras virtuales: los puntos más conflictivos de la reforma laboral que complican la negociación del Gobierno
La reforma laboral impulsada por el Gobierno entra en una etapa clave esta semana, cuando el oficialismo busque avanzar con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados tras la media sanción en el Senado. La iniciativa incluye cambios en distintos aspectos del régimen laboral y hay varios puntos conflictivos que podrían complicar su aprobación.
Para avanzar con el debate, se convocó para el miércoles 18 de febrero a un plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda. Durante la jornada expondrán especialistas, representantes de las centrales sindicales CGT y CTA, además de cámaras empresariales, con la intención de firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto al día siguiente.
Leé también: En la previa a la cumbre, la CGT advirtió que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general contra la reforma laboral
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la modificación del sistema de licencias médicas por enfermedad o accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado propone reemplazar el esquema actual -que garantiza el cobro del 100% del salario durante la licencia- por un sistema escalonado que reduce la remuneración durante el período de recuperación.
Según el artículo 44, el trabajador cobraría solo el 50% del salario si el empleador considera que la incapacidad se originó en una actividad voluntaria y riesgosa para la salud, como lesiones producidas durante prácticas deportivas o actividades similares.
En los casos en que no exista una conducta riesgosa -por ejemplo, enfermedades o accidentes imprevistos- el pago sería del 75% del sueldo, lo que igualmente implica un recorte respecto del régimen vigente.
El nuevo esquema se aplicaría por períodos de tres o seis meses, según la antigüedad y la situación familiar del empleado (si tiene o no familia a cargo), y además incorpora mayores controles. Los trabajadores deberán presentar certificados médicos más detallados y los empleadores podrán solicitar revisiones médicas propias. En caso de discrepancias, podrían intervenir juntas médicas con costo a cargo de la empresa, lo que amplía la participación del empleador en la determinación de la licencia.
Quienes respaldan la modificación sostienen que apunta a reducir el ausentismo injustificado y a aliviar los costos laborales para las empresas, que actualmente deben afrontar el pago completo del salario durante las licencias. Sin embargo, sindicatos y especialistas en derecho laboral advierten que el cambio podría implicar una pérdida de derechos para los trabajadores y generar conflictos en la interpretación de las causas de las enfermedades o accidentes.
Otro de los puntos de fricción es la discusión sobre la posibilidad de cobrar los salarios a través de billeteras virtuales. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó que su espacio insistirá en reincorporar ese mecanismo, eliminado durante el tratamiento en la Cámara alta.
“Vamos a pedir que se vuelva a incluir que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Con tu plata hacés lo que querés: es tu sueldo, no es del Estado ni de ninguna empresa”, sostuvo ante distintos medios, entre ellos TN.
El planteo del PRO busca restablecer la opción de que los sueldos puedan acreditarse en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) regulados por el Banco Central. Esa alternativa había sido incluida en el dictamen original, pero fue retirada tras objeciones de las cámaras bancarias ABA y ABAPPRA, que advirtieron sobre posibles riesgos jurídicos y sistémicos.
La discusión también expone diferencias dentro del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven posturas dispares sobre el alcance de la reforma. Los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone acompañan el reclamo para reabrir el debate sobre el cobro de salarios mediante plataformas digitales y suman otros planteos.
Desde el bloque Provincias Unidas, que encabeza la diputada santafesina Gisela Scaglia, trabajan en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.
El foco está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.
Además, legisladores de provincias productoras —principalmente Córdoba y Santa Fe— preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.
reforma laboral, licencia, BILLETERAS VIRTUALES
En Infobae en vivo, la reforma penal juvenil fue abordada desde su eje más innovador: el sistema escalonado de sanciones, que busca transformar el modo en que la justicia responde a los delitos cometidos por adolescentes. “El sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto. No es que el menor va a ser detenido ante todos los delitos”, describió Malena de los Ríos, y marcó así el corazón del cambio.
Durante el análisis con el equipo de Infobae al Regreso –Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz–, se detallaron los criterios y alcances del nuevo régimen. Aziz precisó: “Son pasibles de ser juzgados y penalizados los menores que cometen delitos cuya pena en el Código Penal supere los tres años de prisión”. De los Ríos amplió: “Servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico. O sea, sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto”.
Cómo opera el sistema escalonado en la ley penal juvenil
El principal cambio de la reforma penal juvenil pasa por la gradualidad de las sanciones: la prisión queda reservada solo para los delitos graves, mientras que la mayoría de los casos accederán a penas alternativas. Aziz sintetizó: “Delito más grave, escalona pena más grave. Es como una escalera que sopesa el tamaño del delito versus la cantidad o el tipo de penalidad”. De los Ríos explicó: “Solamente para delitos graves, por ejemplo, homicidio, va a ser la detención la alternativa”. El nuevo régimen marca que la última instancia sea la prisión y que, en la práctica, los jóvenes cumplan sanciones como servicios comunitarios o reparación del daño.
La especialista remarcó: “Prisión solo para delitos graves, pena máxima hasta 15 años. El proyecto del oficialismo buscaba que sean veinte. Hubo consenso para bajar de 20 a 15 y sin contacto con adultos en institutos especializados”. Además, advirtió: “Hoy preguntás, hay realmente escasez… no tienen las herramientas para brindar monitoreo electrónico, pero van a tener que buscar la manera para también financiar ese tipo de herramientas”.
La reforma de la ley penal juvenil incorpora nuevas figuras y responsabilidades estatales para asegurar la efectividad del sistema escalonado. De los Ríos puntualizó: “Lo del supervisor especializado es una figura nueva. No solamente es el armado de la infraestructura, también los sueldos profesionales tienen que estar contemplados”.
Iglesias sumó: “Lo que yo tengo duda es que efectivamente estén estos lugares en las condiciones necesarias”. De los Ríos explicó: “La ley actual hoy, en función de los niños, lo que pasa es directamente el juzgado, el juez decide inmediatamente: la opción es vayan directamente con los padres. Acá el supervisor lo que ayudaría es que el chico esté dentro de un entorno donde pueda cumplimentar con estas penas alternativas”.
Imputabilidad, garantías y el seguimiento internacional
El proyecto de reforma penal juvenil mantiene la imputabilidad desde los 14 años, pero suma garantías procesales y defensa para los adolescentes. Aziz recordó: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso un ojo sobre la Argentina al decir: ‘Ojo, porque vos tenés un juez que no tiene la facultad de penalizar a un pibe de menos de dieciséis, pero sí lo puede meter en un instituto de menores, lo está privando de la libertad sin darle la posibilidad de ser juzgado y eventualmente condenado de manera justa’”. Según de los Ríos, “respecto a la imputabilidad, es a partir si sale de los catorce. Después, en eso no va a haber cambio”.
Aziz reforzó: “Abogado gratuito, asistencia social gratuita, acompañamiento a la familia gratuito. Hay como una especie de ley de victimario que al mismo tiempo, por la edad, es una víctima también de un montón de cosas que la sociedad le ha propinado. Darle la garantía desde el Estado de que se pueda defender aun luego siendo condenado”.
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Diputados,Reforme Penal Juvenil
POLITICA
Libertarios contra Villarruel en La Rioja: “Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia”
La visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a La Rioja para participar de la Fiesta Nacional de la Chaya −a la que Sergio Galleguillo, máximo referente del folklore provincial, había invitado públicamente a Javier Milei− generó molestia entre los dirigentes libertarios. La foto de Villarruel con el gobernador Ricardo Quintela alteró los ánimos y abonó la tensión entre ella y la Casa Rosada. El territorio riojano es el que ambicionan los libertarios con Martín Menem. Una concejal aliada de Patricia Bullrich calificó de “vergüenza” la foto con los peronistas locales.
Ya unos cinco días antes de la visita, desde la Gobernación riojana −enfrentada con Javier Milei desde antes que asumiera la presidencia− el ministro de Cultura y Turismo, Gustavo Luna, confirmó que le habían comunicado la posibilidad de la presencia y que estaban trabajando en una agenda para que Villarruel “pudiera conocer” la provincia.
Buena parte de la oposición riojana interpretó que la visita de Villarruel fue utilizada por el peronismo local como cortafuego ante la posibilidad de que el Presidente decidiera venir a la fiesta chayera, repitiendo lo que hizo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La invitación de Galleguillo era la que abría la puerta. La Vicepresidenta no tuvo ningún contacto con los libertarios locales.
Horas antes de la llegada de la Vicepresidenta, Quintela siguió criticando duramente la reforma laboral con media sanción del Senado y calificó de “absolutamente impropio” el vínculo de Nación con las provincias. Insistió en el reclamo de recursos: “No se distribuyen a través de programas, obras públicas ni políticas sociales, educativas, culturales o sanitarias. Las provincias hemos perdido muchísimo”. Y ratificó el reclamo riojano por la eliminación de fondos compensatorios por coparticipación.
La concejal de la capital riojana, Luciana de León, le dedicó una carta abierta a Villarruel. “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo: trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza y en su mayor parte en negro, ausencia total de un proyecto de desarrollo económico más allá de la dádiva política, y dirigentes del oficialismo que multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante siendo que la mayoria jamás trabajaron en el sector privado”.
El texto, publicado en las redes sociales de la concejal, señala también que en La Rioja “los organismos de control están cooptados por mayorías automáticas del oficialismo que encubren en lugar de denunciar las irregularidades que sufrimos todos los días”.
“Por eso duele verla legitimar con una foto a quienes representan exactamente lo contrario a la agenda del presidente Milei, y que respaldamos miles de riojanos. Duele porque quienes vivimos y trabajamos acá sabemos el esfuerzo que implica vivir en una provincia donde el mérito vale cada vez menos y el acomodo pesa cada vez más”.
Cierra con “también quiero que lo tenga claro: la desilusión no nos frena. Vamos a seguir dando pelea para que este sistema se termine y para que La Rioja vuelva a ser una tierra de oportunidades reales, donde nuestros hijos puedan quedarse, crecer y construir su futuro sin depender del poder político de turno. Estoy convencida de que otra Rioja es posible”.
El enfrentamiento de Quintela y Milei es histórico. Ya en los últimos tiempos el Presidente dejó de responderle al gobernador como sí lo hacía electo o apenas asumió, pero la tensión sigue.
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