POLITICA
A un año del caso $LIBRA: los avances y puntos muertos de un expediente que se mueve a dos velocidades
A un año del tuit con el que Javier Milei promocionó la moneda digital $LIBRA, la causa local que investiga el caso como una supuesta estafa muestra algunas zonas fértiles, con medidas que esclarecieron rasgos de la maniobra, y otras áreas más pantanosas, marcadas por las demoras y los puntos muertos.
En los tribunales de Comodoro Py, el expediente se abrió con vértigo, a pocos días del hecho, cuando el caso ya había tomado por asalto la agenda pública. Pero desde entonces, avanzó por dos carriles de distinta velocidad.
Ese desfase quedó reflejado en un fallo reciente de la Cámara Federal que avaló las medidas patrimoniales dictadas contra algunos de los investigados, pero advirtió al juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre la necesidad de acelerar la investigación para que esas medidas no se desnaturalicen con el paso del tiempo.
Los principales involucrados son casi los mismos que hace un año: el presidente Milei, cuyo tuit hizo disparar la cotización del activo; el creador de la moneda digital, Mark Hayden Davis; y quienes habrían sido el puente entre ambos, los socios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La investigación también alcanza a Karina Milei, señalada por haber facilitado los encuentros entre las partes, y, en un segundo orden, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales y a Julian Peh, un empresario ligado al proyecto $LIBRA desde el plano técnico.
Los progresos más visibles ocurrieron sobre una serie de millonarias transferencias cripto, sospechosas tanto por sus montos como por sus fechas coincidentes con momentos clave en la vida del caso.
Un puñado de estos movimientos se concretaron el 30 de enero de 2025, luego de que Davis, Novelli y Terrones Godoy se reunieran por tercera vez con Milei en la Casa Rosada, catorce días antes del lanzamiento de la moneda y el tuit presidencial.
Con la asistencia técnica de organismos especializados y los aportes de plataformas digitales, la fiscalía de Eduardo Taiano esclareció parte de ese complejo entramado de transacciones. En la causa está acreditado que el 30 de enero -luego de su reunión con Milei- Hayden Davis transfirió un total de USDC 1.015.000 (una moneda virtual que corre aparejada al dólar) a una cuenta a nombre de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años con domicilio en una dirección del municipio de Tigre cuya numeración no existe, según pudo corroborar la Justicia. Mellino recibió ese dinero digital a través de dos operaciones espejo y horas más tarde lo giró a una tercera cuenta.
Sobre Mellino flota una nube de misterio y la presunción de ser un “prestanombres”. La Justicia le impuso una medida patrimonial, pero hasta el momento no se ordenó ningún allanamiento y ni siquiera cuenta con domicilio válido en el expediente, confiaron las fuentes consultadas.
En la causa también está acreditado que unos días más tarde, el 3 de febrero, el empresario Hayden Davis giró un total de USDC 3.965.627 a la cuenta de otra cara nueva del caso: el influencer cripto colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Tanto él como Mellino habrían sido un puente de paso en la maniobra investigada, porque la Justicia validó también que gran parte de los activos que recibió el influencer fueron luego movidos a cuentas controladas por Novelli y Terrones Godoy. Una cuenta de la que Novelli es cotitular, por caso, recibió USDC 695.990 en la noche del 3 de febrero.
La fecha es clave porque un día después, Novelli, su hermana María Pía, y su madre, María Rafaele, arribaron a una sucursal del banco Galicia en Martínez con bolsos en sus manos, manipularon varias cajas de seguridad y se fueron, según consta en las actuaciones de la causa. Los familiares de Novelli volverían al banco 13 días después, durante el primer día hábil tras el lanzamiento de $LIBRA, presumiblemente a vaciar esas cajas, porque cuando la Justicia las registró estaban vacías.
Sobre Camilo Rodríguez Blanco, Novelli, su hermana y su madre, Morales y Terrones Godoy también rigen medidas patrimoniales, pero algunas de ellas fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo -ahora hay embargos por montos menores- y la Cámara, en su fallo de enero de este año, marcó que, por ser de carácter excepcional, estas medidas patrimoniales deben sustentarse sobre avances genuinos en la causa.
“No solo para asumir una postura respetuosa de los derechos de quienes se encuentran sometidos a proceso, sino también para procurar los restantes fines del proceso penal”, marcaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Los teléfonos y las querellas
Otra línea de la investigación que avanza sin apremios es la relativa a los peritajes. En allanamientos realizados en marzo del año pasado a domicilios de Novelli, Terrones Godoy y Morales, la Justicia secuestró una serie de dispositivos electrónicos.
El fiscal ordenó analizar su contenido en septiembre, siete meses después del operativo y, al día de hoy, en el expediente no figura ningún avance en ese sentido, según fuentes del caso que consultó . Uno de los investigadores, sin embargo, dijo a este medio que ya se trabaja sobre la información que arrojaron los peritajes.
Por el momento, del caso forman parte dos grupos de querellas. Consideran que hay reunidos suficientes elementos para avanzar, al menos, con la indagatoria de Novelli y Terrones Godoy.
El abogado Nicolás Oszust representa al especialista cripto Martin Romeo, y Juan Grabois y Nicolás Rechanik a otros tres damnificados.
Las querellas han presentado escritos cuestionando la marcha del expediente y solicitando una gran serie de medidas, algunas más fuertes que otras, como la detención de Novelli y Terrones Godoy y su indagatoria.
La defensa de Novelli y Terrones Godoy, por su parte, buscó apartarlos del caso, pero en diciembre último, la Corte Suprema los ratificó al no atender el reclamo que presentó su abogado Daniel Rubinovich.
El juez Martínez de Giorgi calculó en U$S 12.000 el perjuicio de los querellantes, pero eso podría cambiar si a la querella se suman nuevos damnificados: un grupo de dos bielorrusos golpea las puertas del expediente y clama haber perdido más de 2,3 millones de dólares.
Entre abril y noviembre del año pasado, la causa en los tribunales de Comodoro Py convivió incómoda con una investigación paralela que llevaron adelante diputados de la oposición en el Congreso, una pesquisa que, por momentos, parecía llevar la delantera sobre algunos vértices del caso.
Entre sus conclusiones -que fueron giradas al juez de la causa-, la comisión destacó que $LIBRA repitió la lógica de tres proyectos previos en los que también participaron Novelli, Terrones Godoy y Milei. Son CoinX, Vulcano y $KIP, el precedente más cercano a $LIBRA y del que también formaron parte Julian Peh y Hayden Davis. Todos fueron impulsados por Milei y acabaron con el colapso del valor de sus activos y denuncias por estafa.
En una de sus pocas aclaraciones posteriores al escándalo, Hayden Davis negó que $LIBRA fuera una estafa, al decir que fue un “plan que salió muy mal a nivel presidencial”.
Pese a ser uno de los asuntos más delicados para el Gobierno y a que en la causa se tomaron medidas tempranas contra Milei -se pidió información sobre sus teléfonos-, a casi un año del nacimiento del expediente, el Presidente no ha designado aún un abogado que lo represente en el caso.
Significa que, en términos formales, el jefe de Estado no tiene acceso al expediente. Es una toma de posición que contrasta con la reacción inicial cuando la causa crecía y el presidente deslizó que sería el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien se pondría al frente de la estrategia judicial del Gobierno.
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POLITICA
Antes de renunciar a la IGJ, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar otros negocios de la AFA
Antes de renunciar a la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen otros negocios vinculados a la AFA. La solicitud apunta a la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. El expediente se suma a otro similar que ahora deberá resolver el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar los balances de la AFA.
El expediente fue remitido al Ministerio de Justicia el jueves, cuando Vítolo aún ejercía formalmente el cargo. La decisión final sobre la designación de veedores quedó ahora en manos del nuevo ministro, quien juró ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La resolución de la IGJ amplía el alcance de la investigación sobre la administración del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes pasado la designación de veedores en la AFA en el marco de un expediente que investiga presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y vínculos económicos con empresas privadas. Con la nueva resolución, la ofensiva del organismo de control se extiende ahora a la Superliga, cuya existencia jurídica persiste en paralelo al actual esquema organizativo del fútbol profesional.
La IGJ solicitó la intervención en grado de veeduría en la Superliga por 180 días, sin desplazar autoridades, sino mediante veedores que puedan recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional de la entidad.
El organismo requirió que los veedores obtengan toda la documentación necesaria para determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, la resolución ordena investigar eventuales vínculos comerciales con empresas nacionales y extranjeras ligadas a la gestión de derechos audiovisuales y contratos comerciales del fútbol.
La solicitud se dirigió al Ministerio de Justicia porque, según el régimen legal vigente, la intervención de asociaciones civiles en grado de veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.
Así, la continuidad o no de la investigación dependerá del criterio que adopte Mahiques, quien asumió el cargo en medio de una reconfiguración interna en el Gobierno.
La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de administrar y profesionalizar la organización del fútbol de Primera División. La entidad comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la administración de los contratos de derechos audiovisuales del fútbol argentino, considerado uno de los principales activos económicos del sistema.
Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la Superliga gestionó ingresos por aproximadamente USD 348 millones, derivados de contratos con empresas de transmisión televisiva de partidos del fútbol argentino. Esos recursos se distribuyeron entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales, según mecanismos de reparto definidos por los reglamentos internos.
La creación de la Superliga respondió a una estrategia de los clubes para dotar al fútbol profesional de una estructura más autónoma respecto de la AFA, con mayor capacidad de negociación comercial y gestión empresarial. Sin embargo, ese esquema institucional fue modificado pocos años después.
En 2020, la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia AFA. Esta nueva entidad asumió la organización de los torneos de Primera División y, en la práctica, desplazó a la Superliga del centro del sistema. No obstante, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances. Ese punto es uno de los ejes centrales del análisis realizado por la IGJ.
La coexistencia de estructuras y los interrogantes sobre la Superliga
Según la IGJ, la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre el verdadero rol de esta última en el esquema económico del fútbol argentino. La investigación se inició tras observaciones sobre los estados contables presentados por la Superliga correspondientes a distintos ejercicios. El organismo solicitó información adicional sobre partidas de relevancia, como fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.
Las respuestas aportadas por la entidad y por su auditor externo no habrían sido suficientes para aclarar los cuestionamientos, según consta en el expediente. La IGJ considera que esa falta de información impide evaluar adecuadamente la transparencia en el manejo de recursos y el origen de determinadas partidas económicas.
En ese contexto, fue citado el auditor que firmó los balances, quien brindó explicaciones ante el organismo. No obstante, la resolución firmada por Vítolo sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas planteadas por el área técnica de la Inspección General de Justicia.
Uno de los aspectos centrales es la posible contradicción entre el objeto social de la Superliga y las actividades que desarrolla. Como asociación civil, la entidad debería perseguir fines institucionales vinculados al desarrollo del deporte y al funcionamiento del sistema futbolístico. Sin embargo, la actividad reflejada en los balances parece orientarse principalmente a la administración de contratos comerciales y distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.
De acuerdo con la IGJ, la entidad distribuye la mayor parte de los recursos entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden distribuir utilidades entre sus miembros. El expediente señala que la propia Superliga habría reconocido, en algunas respuestas, que actúa como un instrumento administrativo para canalizar recursos hacia los clubes.
Vínculos con la AFA y posibles conflictos de interés
El organismo también analizó la relación institucional entre la Superliga y la AFA. Según el expediente, la estructura de gobierno de la Superliga estaría conformada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la AFA. Esta superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas y estratégicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.
La IGJ advierte que el órgano de administración de la Superliga es elegido finalmente por asambleístas vinculados a la AFA, lo que debilita la autonomía institucional que originalmente se buscó con la creación de la entidad.
Ante este panorama, la IGJ solicitó la designación de veedores para analizar el funcionamiento de la Superliga, revisar las decisiones económicas adoptadas desde 2017, y verificar operaciones comerciales con empresas vinculadas al negocio del fútbol, tanto nacionales como internacionales, especialmente en la comercialización de derechos audiovisuales.
La investigación contempla la posibilidad de identificar actos que pudieran constituir violaciones a la ley, al estatuto de la entidad o a los reglamentos aplicables.
El pedido de veedores en la Superliga se suma al expediente abierto sobre la AFA, que también incluye observaciones sobre balances recientes y la creación de la denominada Universidad de la AFA. En este caso, la IGJ busca obtener información adicional sobre el funcionamiento de esa iniciativa educativa y sobre relaciones económicas con empresas privadas vinculadas al sistema del fútbol.
El futuro de las investigaciones tras la renuncia de Vítolo
Las investigaciones en curso sobre la estructura institucional del fútbol argentino quedaron bajo la lupa del organismo de control de las asociaciones civiles. La ofensiva administrativa se produjo en las horas previas a la salida de Vítolo de la conducción de la IGJ.
La renuncia de Daniel Roque Vítolo se formalizó este viernes mediante una carta al presidente Javier Milei, en la que expresó que dejaba el cargo tras recibir el pedido de apartamiento de sus funciones. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (…) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, escribió en el texto.
En la misma carta sostuvo que aceptaba esa determinación “con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”.
La resolución firmada el jueves, horas antes de dejar el cargo, dejó ahora en manos del nuevo ministro de Justicia la decisión sobre el futuro de los pedidos de veedores tanto en la AFA como en la Superliga, dos expedientes que colocan bajo revisión el funcionamiento institucional y económico del fútbol profesional argentino.
POLITICA
Cuál es el nuevo reclamo salarial de Hugo Moyano que rompe la pauta del Gobierno y preocupa a los empresarios
El Sindicato de Camioneros hizo este jueves un reclamo salarial que supera la pauta del Gobierno y causará rechazo en las pymes del sector: 8% de aumento para el trimestre marzo-mayo, más la suba al 20% de los adicionales de las ramas expreso y mudanza, logística y correos, la creación de un premio mensual por presentismo de $100.000 y el incremento de la contribución empresarial para la obra social a $35.000 para cada trabajador (que hoy es de $22.000).
Además de la cifra exigida, que supera el tope buscado por el Ministerio de Economía, a los funcionarios libertarios les preocupa que se firmen acuerdos trimestrales como el que exige el gremio que lidera Hugo Moyano ya que hasta ahora buscaban que fueran anuales o semestrales para desalentar el alza de la inflación.
El Sindicato de Camioneros hizo este planteo durante la primera audiencia oficial para acordar la paritaria 2026, que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, aunque habrá reuniones extraoficiales para tratar de acercar las posiciones: este viernes, el sindicato se encontrará con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y el lunes, con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).
Sin embargo, las pymes del sector ya advirtieron que no podrán hacer frente a ese aumento por la crisis del transporte automotor de cargas, por lo que se prevé un escenario de tensiones por el reclamo de Camioneros.
En la audiencia oficial, el sindicato confirmó la postura que había fijado a mediados de enero pasado en una nota dirigida a las cámaras: una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implica dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Por eso ahora pidió una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo firmado para diciembre 2025-febrero 2026.
El trabajador, según Camioneros, recién luego de transcurridos 4 meses ve reflejada la diferencia existente entre lo pautado y la inflación real del Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, Moyano pretende tomar del IPC sólo aquellos rubros que más impactan en el trabajador: alimentos, transporte público y servicios públicos y privados (luz, gas, agua corriente, telefonía, internet). Por eso ahora pide un 8% de aumento debido a la diferencia con el período paritario anterior.
Además, reclama un incremento del 2% al 4% para las ramas expreso y mudanza, logística y correos con el fin de equiparar en un 20% la mejora ya otorgada; establecer con carácter remunerativo un premio por presentismo de $100.000 en forma mensual, y aumentar la contribución empresarial para la obra social a $35.000 por trabajador, que hoy es de $22.000 (por lo que Camioneros, que tiene 200 mil afiliados, recaudaría por mes unos 7 mil millones de pesos).
En las cámaras del sector no sólo se analiza la viabilidad del aumento reclamado por Moyano sino que también se evalúa si pueden exigir que se firme una paritaria nivel regional o por empresa, como contempla la ley de reforma laboral que se acaba de promulgar.
Este punto se convertiría en un banco de pruebas de la nueva legislación, que le sacará poder de fuego al sindicato con personería, que es el que firma el convenio colectivo de trabajo para toda la actividad.
La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros estuvo en sintonía con la pauta del Gobierno: un aumento del 3,3% en tres tramos, que tuvo vigencia de seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.
En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.
Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.
En diciembre pasado, Moyano y las cámaras acordaron también una suma fija de 35 mil pesos, que fue cobrada con los sueldos de enero de 2026.
hugo moyano,sindicato de camioneros
POLITICA
Javier Milei llegó a Miami para participar de la cumbre de mandatarios de América Latina organizada por Trump
(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Javier Milei llegó a Miami para participar del lanzamiento oficial del Escudo de las Américas, un foro multilateral conformado por Donald Trump para combatir el narcoterrorismo, la ofensiva comercial de China y la inmigración indocumentada en la región.
El presidente arribó pasadas las 22:42 horas -00:42 horas, según el horario local- a Estados Unidos, acompañado por Karina Milei –secretaria general-, Manuel Adorni -jefe de gabinete- y Pablo Quirno -canciller-, y toda la delegación oficial se alojará en el hotel Trump Doral, que ya está protegido por el servicio secreto como una fortaleza.
“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.
Y añadió: “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.
Trump había convocado a la cumbre para definir una estrategia común destinada a frenar el avance regional de Beijing, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán colocó en un segundo plano las aspiraciones de Xi Jinping respecto a America Latina.
En este sentido, el líder republicano aprovechará la ceremonia inaugural del foro Escudo de las Américas para describir sus razones geopolíticas que llevaron a iniciar el conflicto con Teherán y su probable evolución en las próximas semanas.
Trump ha sostenido en las últimas horas que pretende la rendición incondicional del régimen chiíta y que eso sucederá cuando considere que el poder de los ayatollahs ha terminado en Irán.
Las deliberaciones serán este sábado antes del mediodía en el hotel Trump Doral, y participarán doce mandatarios que tienen sintonía ideológica y geopolítica con la administración republicana.
Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura –Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.
Será la primera vez que Trump expone ante mandatarios extranjeros su perspectiva del enfrentamiento contra el régimen fundamentalista, justo a una semana del comienzo de las operaciones militares en Medio Oriente.
La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso se tratará en detalle durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.
Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.
Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).
En 1992 y 1994, Hezbollah ejecutó dos ataques terroristas en Buenos Aires, y la justicia argentina ya probó que estos atentados se decidieron en Teherán.
El presidente argentino Javier Milei es un aliado clave de los Estados Unidos y dispuso incorporar a la lista de organizaciones terroristas a todos los resortes de Irán vinculados a actos fundamentalistas a nivel global.
Ante el inédito escenario internacional, Trump entonces propondrá ante los doce mandatarios de América Latina establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista que Teherán tiene a su disposición en América Latina.
Cuando termine la cumbre de presidentes, Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Pablo Quirno embarcarán rumbo a New York, para iniciar la segunda etapa de esta gira oficial por Estados Unidos.
North America
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